20/01/2019

Mendoza: enero caliente por el “boletazo” y el nuevo sistema de transporte público

El pasado jueves 17, en las calles de la ciudad de Mendoza se realizó la quinta manifestación en lo que va de 2019, contra el brutal aumento del boleto y el nuevo sistema de transporte público (Mendotran), que restringe el servicio para gran parte de la población trabajadora, estudiantes y jubilados/as. Por ANRed

El nuevo año arrancó con una fuerte conflictividad en la provincia de Mendoza. El gobierno de Alfredo Cornejo, con Natalio Mema –titular de la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia- generaron un enorme problema para la población: la anulación de todo el sistema transporte en el Gran Mendoza (conglomerado que agrupa en la actualidad alrededor de 1.200.000 personas) y la puesta en funcionamiento de uno nuevo para la provincia llamado Mendotran, pero instalado hace tiempo en otras ciudades como Santiago de Chile.

Sumado a esto, -y para no desentonar con las costumbres de las gestiones provinciales- como todo principio de año, este 2019 se estrenó con un aumento en el precio del boleto interurbano que pasó de 11 a 18 pesos, lo que representa un aumento del 63%. En los departamentos alejados de la zona metropolitana como el Valle de Uco, el aumento para los servicios de media distancia alcanza el 45%, cifra que implica el 30% de los ingresos para quienes cobran el salario mínimo vital y móvil. Con los sucesivos incrementos durante la gestión de Alfredo Cornejo (UCR-Cambiemos), el aumento del valor del colectivo ha sido de más de 200%.

Como todo ajuste contra el pueblo trabajador, el mismo beneficia a las empresas concesionarias-privadas que brindan ahora un peor servicio y encima más caro. Desde el 2 de enero, día de su implementación, el flamante sistema Mendotran trajo innumerables complicaciones. Todo cambió: el color y número de las unidades, los recorridos, se incluyeron nuevos trazos, cambios de paradas y de distancias para acceder a los ómnibus. Pero no se trató de modificaciones informadas con anterioridad lo que, sumado a la falta de señalización en las paradas y la desinformación del propio cuerpo de choferes, produjo el desconcierto e indignación de la población a la hora de salir a sus trabajos y obligaciones. En algunos barrios implicó tener que caminar cuadras interminables para abordar un colectivo; para muchos/as las demoras se tradujeron en la pérdida del presentismo en el trabajo.

Sin embargo, el sistema no modificó en absoluto a sus responsables privados agrupados en AUTAM (Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza): Pensalfine, Estoco, Marchetta, Elmelaj, Gasque y Croceri son los apellidos de los principales empresarios que desde hace 25 años están detrás del millonario negocio del transporte público en Mendoza. Por su parte, el diseño del polémico sistema, apodado irónicamente por la población como “Mendotransa” o “Mendotrump”, fue realizado por una consultora española cuyos servicios fueron contratados sin licitación alguna y le implicaron al Estado provincial la suma de 450.000 dólares.

Podemos resumir al Mendotran con una sola palabra: violencia. Su implementación es la consagración de una suma de factores: improvisación, indiferencia hacia el pueblo trabajador que usa cotidianamente el sistema, atropello a la personas con capacidades reducidas o discapacidad, desconocimiento total de las necesidades del pueblo y para culminar una insensibilidad absoluta hacia las protestas y muestras de rechazo del pueblo.

Es necesario destacar cómo el gobierno provincial de Cambiemos creó en su imaginario un estereotipo de ciudadano que se acoplaría rápidamente a tamaña mutación del servicio: el perfil de una persona joven con acceso a internet y con habilidad para manejarse en las burdas aplicaciones creadas al efecto, que, para variar, son imprecisas. Con esto, excluyeron a miles de mendocinos/as que por distintos factores, como pueden ser la edad (adultos/as mayores), la ausencia de telefonía celular, la falta de accesibilidad a internet, etc. quedaron fuera del juego del Mendotran.

La combinación de la suba del boleto y la implementación del nuevo sistema generó una enorme movilización por abajo, que permitió catalizar la enorme bronca y dolor que implican los sucedáneos ajustes del gobierno de Cambiemos a nivel nacional y provincial. Movilizaciones en las céntricas calles mendocinas y también en las distintas barriadas del Gran Mendoza, departamentos del Este provincial y  del del Valle de Uco, piquetes autoconvocados y también organizados, llamadas a la desobediencia civil a través del no pago del boleto fueron parte del repertorio de lucha del pueblo trabajador que obligó al gobierno a realizar improvisadamente algunas modificaciones, retornando a recorridos anteriores en algunas zonas.

Desde el 2 de enero a la fecha se han realizado cinco movilizaciones multitudinarias en el centro de la ciudad, convocadas por distintos sectores de la sociedad como estudiantes, sindicatos, jubilados/as, vecinos/as autoconvocados/as, partidos políticos de izquierda, asambleas socioambientales y otras organizaciones sociales. Las distintas convocatorias sumaron más de 20 mil marchantes en pleno enero, y fueron enormemente apoyadas al caminar por la ciudad por transeúntes que acompañaban aplaudiendo y automovilistas con sus bocinas.  Hasta los mismos choferes de los colectivos mostraban su apoyo al transitar de la movilización.

La respuesta del gobierno provincial fue la soberbia y la represión.  En el Departamento de Las Heras, vecinos/as autoconvocados/as soportaron la represión del estado policial, que detuvo e imputó a tres personas que habían salido a reclamar por la pérdida de recorridos. Guaymallén, el departamento más poblado del conurbano mendocino, contó con varias medidas de acciones directa por parte de habitantes de la zona, terminando una de ellas con una fuerte represión policial donde varias mujeres y hasta una niña de 3 años terminaron heridas por balas de gomas de la Policía de Mendoza.

El broche de oro de la represión estatal fue la presencia de hasta dos policías por colectivo al momento en que la consigna de “No pagar el boleto” comenzó a ganar popularidad. La ecuación no es tan complicada: cuando fuese necesario el gobierno mendocino, a través de la policía provincial, reprimiría abiertamente como fueron los casos de Las Heras y Guaymallén. Y  cuando fuese necesario apelaría a la represión preventiva para no dejar fluir la resistencia abierta de la sociedad frente a este enorme atropello. Garantía última de la ganancia empresaria, la represión es decisión política de un gobierno que quizás tema se replique en estas tierras el ejemplo chileno: la evasión (no pago del boleto) alcanza entre el 25 y el 30% de la población usuaria del “Transantiago”; primo hermano de Mendotran con más de una década de implementación en el país trasandino. Aunque de la mano de sus gobiernos, de Pinochet en adelante, el Estado chileno se haya convertido en el alumno prodigio del neoliberalismo en la región, no logra acallar la combatividad de un pueblo que reaparece como el viejo topo en las alamedas santiaguinas, en los puertos y carreteras desde Arica hasta el Wallmapu, desafíando la lógica capitalista del despojo y la explotación.

El rol del Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom), con Rodolfo Calcagni a la cabeza ha sido por demás funcional al gobierno provincial. Los choferes son enormemente perjudicados por estas medidas, desde el estrés generado a partir de los nuevos recorridos, hasta tener que habitar nuevas e improvisadas “terminales” de ómnibus en descampados o plazas, sin siquiera tener baños ni un espacio adecuado para descansar entre turno y turno de los interminables nuevos recorridos trazados por funcionarios que nunca han pisado un colectivo en su vida.

Lejos de funcionarios y empresarios, el termómetro social de la Provincia arroja cifras preocupantes: la desocupación supera el 6%, la pobreza afecta al 27% de la población,  los salarios sólo han subido un magro 25% que se desvanece cada día con la inflación, que en 2018 llegó al 47,6%, siendo la cifra más alta de las últimas tres décadas. En este contexto, el Mendotran y el boletazo implican una enorme provocación para la población trabajadora, jubilada y para el estudiantado que ve restringido aún más el acceso a la educación, amenazado por recortes presupuestarios y cierre de carreras en el nivel superior.

El pueblo sigue en las calles luchando contra este enorme saqueo del gobierno, sus empresarios amigos y la complicidad de ciertos sectores políticos y sindicales que están dispuestos a ir por todos los derechos del pueblo en este nuevo capítulo de entrega al FMI y el capital financiero internacional. Enero seguirá caliente en la provincia cuyana y el próximo jueves se reeditará la convocatoria en las calles para decir: “No al Mendotran, no al ajuste y al saqueo, no a la baja de edad de punibilidad, Sí al boleto gratuito para estudiantes y jubilados/as”.



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