El tema seguridad para tapar el desastre inflacionario en el año electoral
“Al problema de inseguridad lo tapó la inflación”, expresó Alfredo Cornejo en Abril de 2016, cuando describía los primeros meses de Cambiemos. Macri habrá tomado nota y dió vuelta al problema, eligiendo la bandera de la inseguridad para tapar el desastre de la inflación, el desempleo, y la pobreza en el país que gobierna desde 2015. Camino al año electoral y pensando en una reelección, con Bullrich a la cabeza hizo y deshizo en materia de seguridad y a sólo diez días de haber comenzado el 2019 cuesta seguir el ritmo de todas las medidas adoptadas y promesas de modificación. Por Mucho Palo Noticias.
Entre los temas más preocupantes se encuentran la baja en la edad de imputabilidad, la compra de pistolas Taser, la amenaza de expulsar a mil migrantes y la restitución de policías que hubieren sido absueltos de delitos de abuso, asesinato, etc., todas medidas anunciadas por el gobierno pero además aplaudidas y mostradas de modo exageradamente positivo por los medios de comunicación hegemónicos.
A pesar de las cifras, se sigue apuntando a la niñez
Las cifras oficiales no acompañan el pedido del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad a 15 años (Bullrich había pedido bajar a 14 años): en 2017 hubo 221 personas acusadas de homicidio, sólo siete eran personas de menos de 18 años. Este es uno de los datos relevados que no respaldarían el apuro del gobierno de Cambiemos para pedir -según indican algunos voceros- sesiones extraordinarias en febrero para que el Congreso debate la modificación. Ya la ONU se expidió contra este tema y solicitó al gobierno argentino que no avance en el tema sino que en todo caso mejore la situación de los niños y jóvenes de menos de 18 años que ya se encuentran dentro del sistema penal, en condiciones devastadoras.
Incluso un sinnúmero de organizaciones, instituciones, ONGs, y especialistas se han pronunciado en contra de la iniciativa pedida por Mauricio Macri desde 2017 y que quedó postergada por la campaña legislativa de ese año. Pero ahora, con un escenario de endurecimiento de la represión y un aval social muy fuerte construido con la colaboración de los medios hegemónicos y la campaña del miedo que está activa 24/7 en el país, las bases parecieran estar más fuertes para -a pesar de los reclamos de quienes se especializan en el tema, de las cifras oficiales y de informes en contra de organismos internacionales– avanzar en un nuevo atropello a los derechos de los niños y jóvenes más vulnerables.
El hijo obediente de Trump
El 20 de enero de 2017 Trump asumió la presidencia de EEUU, y entre sus banderas de campaña la expulsión de migrantes y la xenofobia extrema fueron moneda corriente. En ese mismo mes Macri modificó la Ley Migratoria, planteando un escenario en la misma sintonía. Durante todo el 2017 y 2018 ese discurso y escenario de persecución a la comunidad migrante se endureció. El DNU 70/2017 amplió el abanico de personas que pueden ser expulsadas y establece un trámite exprés para las deportaciones. Sin embargo, y mediante la presentación de diversas demandas incluso ante la CIDH, en marzo de 2018 -un año después-, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional del DNU por no cumplir con los requisitos de ese tipo de decretos y porque las modificaciones son contrarias a los derechos de los migrantes.
Macri finalizó 2018 con una brutal persecución mediática y judicial a los cuatro extranjeros (uno de ellos con residencia permanente) detenidos en la desconcentración de la movilización contra el presupuesto 2019. Si bien finalmente no pudo concretar sus amenazas de deportación en 48 horas por la situación regular en materia de residencia de los 4, arrancó este año con la nueva amenaza de ya contar con “una lista con 1000 migrantes” que serían expulsados, sin explicación o razón mediante. Con la declaración de que endurecerá la ley migrante, desde el gobierno expresaron que se creará una unidad especial que se encargue de buscar y expulsar a extranjeros, y que dicha unidad estará a cargo de la ministra de seguridad Patricia Bullrich. La ministra trató de justificar sus declaraciones indicando que el 20% de los delitos de narcotráfico de los últimos meses eran generados por extranjeros, cosa que las mismas cifras oficiales desmienten. Por ejemplo, los últimos datos del Sistema Nacional de Ejecución de Estadísticas Penitenciarias, que es producido por el propio ministerio de Justicia desde 2005 la población carcelaria migrante es del 20%, el porcentaje no se ha modificado, sin embargo el porcentaje de población carcelaria total a aumentado en un 40%, esto implica que el delito migrante no creció, pasó de 1986 migrantes presos en 2005 a 2094 en 2018, mientras que el número total de presos aumentó exponencialmente. Otro dato que contradice los dichos de Bullrich: de las 386 detenciones por narcomenudeo -según cifras de la propia PFA- 286 fueron de nacionalidad argentina, un abrumador 75%.
“La población migrante en Argentina representa un 4% del total de personas en el país, es ofensivo y humillante que nos atribuyan responsabilidad por la delincuencia”, dijo Marta Guerreño, de la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba (UCIC) cuando presentaron la denuncia en la CIDH. Sobran los datos que echan luz sobre un discurso horrorosamente xenófobo que está sumamente alejado de la realidad, pero que se pone en línea con la política que Trump está llevando adelante desde su asunción como jefe de estado.
Armando civiles por si las moscas
Otra medida que el gobierno anunció en este comienzo de 2019 es la de reformar la carrera militar. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, dejó trascender al respecto que las Fuerzas Armadas sumarán a sus filas un grupo de reserva integrado por voluntarios civiles, que quedarán a disposición para ser convocados ante un conflicto bélico o desastre natural. Estos civiles voluntarios recibirán un entrenamiento militar y se les abonará un salario por estar a disposición. Al parecer la reserva será de alrededor de 10000 reservistas que intentará atraer a ingenieros y técnicos que ayuden en los nuevos desafías de la “ciberdefensa”.
Esta medida se suma al decreto que Mauricio Macri emitió en 2018 sobre seguridad interior, dando mayor vía libre a las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior.
Picanear… digo Taser
Otra medida implementada en esta última semana fue el anuncio de que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich aprobó la compra de 300 pistolas Taser X26, por lo que organismos de DDHH advirtieron que el uso de las mismas “afecta el derecho a la salud e integridad física de sus víctimas y resulta riesgoso para la vida de las personas que sufran su aplicación”, en especial sobre quienes han padecido o padecen enfermedades cardíacas o similares.
Otro aspecto interesante es que de la serie X26 hay un modelo que filma el uso de la pistola para asegurar su “correcta aplicación” (debido a denuncias de tortura y muerte en el uso desmedido del arma), sin embargo el gobierno adquirió el modelo que no tiene ningún registro fílmico, sólo un registro de los momentos en los que se haya sido aplicada. Otro aspecto preocupante es que este tipo de pistolas no dejan marcas corporales, lo que incrementa la posibilidades de uso abusivo, dada la fama (respaldada en cifras) que tienen las fuerzas de seguridad en Argentina en lo que respecta a asesinatos, torturas y demás.
La frutilla del postre: “limpiando el honor”
Si algo más hacía falta para dejar claro el escenario represivo de este 2019 fue la implementación del programa “Restituir”, también con Bullrich a la cabeza, que consiste en devolver al servicio activo a todos los uniformados que hayan sido absueltos de causas penales por homicidios y/o torturas seguidas de muerte. Este programa se puso en marcha el mismísimo 2 de enero, restituyendo a las fuerzas a 11 policías. La ministra declaró: “Este programa busca revertir una cuestión de fondo: el hecho de que un funcionario policial sea acusado cuando lo que hizo fue cumplir con su deber”, abonando nuevamente la doctrina Chocobar y el protocolo de fines del año pasado que permite disparar en casi cualquier caso de persecución policial.
“Comete un chicle”
A comienzos del año 2001 un cantante de cuarteto puertorriqueño quiso abrirse paso en Córdoba pagando un dineral para que una canción que solo repetía “comete un chicle por favor” hasta el hartazgo, se metiera en la mente de cada persona en Córdoba. Muchas emisoras difundían el tedioso corte de difusión cada 15 minutos en promedio. Macri parece haber tomado nota de aquella experiencia que dejó marcada a una generación cordobesa. Haciendo uso de los medios hegemónicos a su servicio, mientras la familia argentina almuerza, mientras alguien toma un café en un bar, cuando uno lee un diario, o simplemente cuando se comparte alguna cola de super el tema se reproduce, como caja boba: más policías, militares en las calles, robos, perfiles de ladrones, videos de seguridad de cuánto comercio lo disponga, en un promedio ya no de 15 minutos sino una tras otra las noticias, que en medio del caos económico y social que atraviesa la sociedad argentina, parece que sólo eso sucediera y no otras cosas como desempleo, pobreza o inflación. Es que parece que para la prensa hegemónica la “inseguridad” y por consiguiente el aumento de los robos nacieron de un repollo, y la solución es un intermedio entre matar a todos los pobres y o encarcelarlos, y usar diferentes métodos: más controles, más policías, más licencia para matar, más discriminación, impunidad y tortura disfrazada de pistolas Taser.
Ningún medio de comunicación ni funcionario de gobierno hablan del aumento de los robos, o del crecimiento del mercado del narcotráfico como consecuencia directa del hambre, la miseria, el desempleo, la inflación, etc. que atraviesa Argentina hoy.
En pleno año electoral el macrismo encontró como bandera la seguridad, mientras sus serviles medios empresariales le dicen a la sociedad “comete un chicle”, pedí más policías, no mires las cifras, repetí, repetí, repetí: la inseguridad salió de un repollo y se combate con muerte y tortura.