Miembros de comunidades mapuche se encadenaron a la Embajada de Chile en Argentina
Nueve integrantes de comunidades mapuche de Chubut y Buenos Aires se encadenaron el pasado martes a la embajada chilena en repudio por el encarcelamiento y enjuiciamiento de 6 mapuche en manos del estado chileno.
Chile se niega a reconocer la condición de presos políticos de los detenidos. La urgencia del reclamo se da en el marco del peligro físico y la internación de cinco de ellos a causa de una huelga de hambre de 28 días.
En el día en que el Tribunal Oral de Angol, Chile, declaró culpable al preso político mapuche Jorge
Manquel Torres, el pueblo mapuche en Argentina, con el apoyo de varias organizaciones sociales, reclamó «la desmilitarización de las comunidades mapuche, el cierre de todos los procesos judiciales contra los mapuche en el contexto de la reivindicación territorial y política, que el gobierno de Lagos retire las querellas terroristas contra sus hermanos, y que todos los actuales imputados mapuche tengan una defensa debida y profesional que garantice los derechos humanos».
Según miembros de la comunidad mapuche Pillán Mahuiza, «hace unos días Jorge Manquel Torres sangraba continuamente de sus oídos y permanecía en cama, Jaime Huenchullan tenía serios problemas renales y pérdida momentáneas de la visión, y los restantes experimentaron náuseas, mareos e intensos dolores de cabeza».
En la mayoría de los casos, se trata de comuneros investigados por el Ministerio Público bajo cargos de «terrorismo» y cuyos enjuiciamientos estuvieron plagados de irregularidades, tal como lo han denunciado diversos organismos de derechos humanos ante el gobierno chileno e instancias internacionales.
El Estado chileno no les reconoce su condición de presos políticos -figura vigente en la legislación de este país- y los encerró en cárceles junto a presos comunes. Según Moira Millán, miembro de la comunidad Pillán Mahuiza, «el peligro que encarna la actual violación a los derechos humanos de los hermanos mapuche presos en Chile radica no sólo en el hecho de ser encarcelados por luchar contra el desalojo de sus territorios que lleva adelante la empresa forestal Mininco, siendo acusados por ello de asociación ilícita y terrorismo, sino que además se los encierra junto a presos comunes, sin reconocer su condición de presos políticos».
El antecedente inmediato a la situación que están viviendo los presos políticos mapuche es el asesinato de Julio Huentecura, miembro de la organización Meli Wixan Mapu, apuñalado el 26 de septiembre de 2004 en la penitenciaría de Santiago de Chile durante un episodio no esclarecido ante la justicia.
Si bien el gobierno de Lagos, en su intervención durante la 61° Sesión de la Comisión de Derechos
Humanos de la Organización de Naciones Unidas que se celebró en Ginebra, descartó «cualquier intento por criminalizar o judicializar el movimiento indígena», los mapuche imputados en procesos judiciales amparados en la ley antiterrorista son acusados por acciones realizadas en el marco de la defensa del territorio ancestral de sus comunidades.
Las organizaciones sociales que adhirieron al reclamo son: Movimiento de Villas y Asentamientos; Frente Popular Darío Santillán; CORREPI; Frente José Martí; Movimiento 26 de Junio; CTD Anibal Verón; Quebracho; Agrupación de chilenos residentes en Argentina; Federación de Trabajadores Combativos; Equipo de Educación Popular de Madres de Plaza de Mayo; entre
otros.
Para más información, de la acción directa llamar al: 15-5319-2814 ó 4373-6303/04
ANRed y CEPPAS