El otoño del general: Milani a juicio por delitos de lesa humanidad
Como lo anticipara con exclusividad esta agencia en su edición del 17 de julio de este año, Milani al banquillo de los acusados, no solo por delitos de crímenes de lesa humanidad sino también por corrupción. En ese sentido el rigor de la información, cuestionada por tendenciosa, o falsa noticia (fake news), el cansino andar de las causas que despierta rabia o desmovilizar tiende a revertirse. En La Rioja es la primera cita de Milani, y después en Tucumán donde el juez federal Fernando Poviña lo imputo por encubrimiento de la desaparición del soldado Alberto Ledo. Por Lucho Soria para ANRed
De acuerdo a fuentes judiciales y de los organismos de derechos humanos de La Rioja, el 7 de febrero se iniciara un juicio, después de mas de un año de estar cerradas las puertas del juzgado federal, en la que están imputados militares y policías acusados por delitos de lesa humanidad, privación ilegitima de la libertad, aplicación de tormentos, allanamientos ilegal y asociación cometidos en la última dictadura contra más de 12 víctimas que darán su testimonio y que ahora lo relatarán nuevamente.
Cuando finalice este juicio, finalmente y con una nueva composición del Tribunal Oral Federal de la provincia (no estará Reynaga), en fecha que tendrán que definir y se estima será en abril, se iniciará el postergado juicio a Milani como autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad y allanamiento ilegal, y participe necesario de los tormentos calificados sufridos por Olivera padre e hijo, entre otros militantes. En este proceso también a otros militares y policías están imputados, por delitos cometidos en la cárcel, que se transformó en centro clandestino de detención, de acuerdo a las causas acumuladas.
En tanto en Tucumán el juez federal Fernando Poviña, elevó a juicio ante el Tribunal Oral Federal local una causa en contra del ex jefe del Ejército César Santos Milani, por la desaparición del soldado Alberto Ledo. El magistrado lo consideró autor del delito de encubrimiento en concurso ideal con falsedad ideológica, le trabó un embargo por $200.000 y le prohibió la salida del país. Ahora resta que el TOF fije fecha para el inicio de las audiencias, tras lo cual la defensa de Milani podría plantear recusaciones en contra de alguno de los miembros del tribunal, tarea que estará cargo del juez federal David Casas, presidente del Tribunal Oral Federal de esa provincia, quien no está demás recordar que Casas demando alejarse de los juicios, pero La corte Suprema de Justicia de la Nación, le negó su borratina.
Según el auto de procesamiento, Milani «confeccionó falsamente el acta de deserción del desaparecido soldado Ledo, con la finalidad de encubrir el hecho delictivo y la responsabilidad de sus perpetradores». El procesamiento fue dictado conforme a la imputación del fiscal federal N°1, Carlos Brito, que impulsó la causa.
El 15 de febrero de 2017, Milani se presentó en Tucumán ante el juez Poviña, había dicho que nunca conoció al soldado Ledo y que no tuvo nada que ver con el acta en la que se hizo figurar como desertor al conscripto riojano con la finalidad de ocultar su desaparición forzada.
En la edición del 17 de julio de este año esta agencia informó que el juicio contra César Milani en la Rioja llegó a una etapa crítica y no hay margen para la dilación que siempre favoreció al militar. De acuerdo a lo resuelto por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, conformada por los jueces Alejandro W. Slokar y Gustavo Hornos, se declaró inadmisible el último recurso de queja presentado por la defensa oficial de Milani. Este último recurso iba contra la resolución por medio de la cual se había rechazado la nulidad del requerimiento fiscal de elevación a juicio.
En síntesis el 15 de noviembre se dará inicio al debate oral y público ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, presidido por el juez federal Juan Carlos Reynaga.
Se lo juzgará como autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y allanamiento ilegal, y partícipe necesario de los tormentos calificados sufridos por Ramón Alfredo Olivera, y por último, como miembro de una asociación ilícita.
Los cursos de acción
El año pasado, en Tucumán, el juez federal Fernando Poviña procesó a Milani imputándolo por falsificación del sumario de deserción de Alberto Ledo para encubrir su secuestro y asesinato en 1976. Según fuentes judiciales, esta causa, tras los sucesivos planteos de la defensa del ex jefe de ejército, estaría en los pasos previos a la elevación a juicio oral y público.
En aquel momento Ledo cumplía el servicio militar en Monteros a las órdenes del ex jefe de ejército César Milani y del ex capitán Esteban Sanguinetti, que también está imputado en la causa Ledo, y que actualmente goza de arresto domiciliario.
Además del procesamiento por falsificación, el juez federal Daniel Rafecas envió al fiscal Jorge Di Lello la causa por enriquecimiento ilícito que se sigue para que disponga el envío del expediente a juicio oral y público.
La medida surge a partir de la tasación del cuerpo médico forense sobre uno de los inmuebles que compró Milani en La Horqueta, San Isidro, ya que no pudo justificar de dónde obtuvo el dinero. La compra de la casa se habría realizado en el 2010 por un valor de 1.500.000 pesos. Milani quiso justificar la compra diciendo que en 2009 había recibido un préstamo de 200 mil dólares por parte del condenado a perpetua en el juicio CCD “La Perla” Córdoba, Guillermo “El Nabo” Barreiro, pero nunca lo pudo justificar en función de sus ingresos así como tampoco tenía declarados los dólares ante las autoridades.
Recientemente la fiscal federal Alejandra Mangano lo imputó por “defraudación al Estado” por la selección de una empresa norteamericana para la adquisición de puentes móviles en noviembre de 2014. La causa volvió a avanzar tras una serie de exhortos a Estados Unidos para reconstruir el circuito del proceso de licitación y adjudicación y la etapa del desenvolvimiento de la concesión “como partes de una misma maniobra compleja” precisaron fuentes judiciales.
Dada la fecha de inicio del juicio, 25 de noviembre, el muro de impunidad se derrumba por el peso de las pruebas. La imagen imborrable es la de su primer día en la cárcel de La Rioja, el 17 de febrero del 2017, ordenada por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena y la captó el fotógrafo del diario “El Independiente”. La memoria, verdad y justicia que no ceden, sino todo lo contrario». Como se podrá apreciar se produjeron recambios judiciales y por ende cambios de fechas, pero la esencia de la noticia se conserva.
En el norte. El anticipo en agosto
Estados Unidos investiga al exjefe del Estado Mayor del Ejército, César Milani, a pedido de la Justicia argentina por presuntos actos de corrupción en connivencia con una empresa de aquel país, según lo reveló el diario La Nación.
Una jueza federal de Washington DC autorizó la pesquisa, y buscan ahora evidencia. En concreto, analizan la compra de puentes móviles a una empresa de Estados Unidos que Milani autorizó en 2014, pero que la Justicia argentina sospecha que se habría digitado para defraudar al Estado nacional en supuesta connivencia con la firma Acrow Corporation, con casa matriz en New Jersey, y oficinas en Canadá, Italia y Sudáfrica.
En Buenos Aires la investigación la instruye la jueza federal María Romilsa Servini con la fiscal federal Alejandra Mangano (MPF), quien acudió a la colaboración de eses país para reconstruir los procesos licitatorios de los puentes, detalló el periodista Hugo Alconada Mon.
El presunto negociado habría alcanzado la cifra de US$1,5 millón, lo cual no es mayormente significativo pero sí simbólico.
El artículo de La Nación recuerda que Estados Unidos colabora con la Justicia argentina en otra investigación, centrada en una compra directa que impulsó la Agregaduría Militar argentina en Washington, DC -por entonces bajo el mando del Brigadier Juan Rodolfo Brocca-, mediante un proceso que la fiscal Mangano sospecha que «fue direccionado desde sus comienzos».
Según la Fiscalía, la Agregaduría contó con el apoyo de Milani, quien dictó una resolución para habilitar la compra de determinados bienes y servicios, al mismo tiempo que derogó otra resolución que regía los actos contractuales en el exterior, al tiempo que también modificó los montos autorizados en esas operaciones.