22/12/2018

Jujuy: 3683 firmas para que no se quiten hectáreas al Parque Nacional Calilegua

Pasado el mediodía de este viernes 21 de diciembre se consiguió presentar en casa de gobierno el petitorio, que también se presentó ante el directorio de Parques Nacionales, con 3683 firmas más el acompañamiento de 51 organizaciones ambientalistas, sociales y políticas. Resumen de una larga lucha y sus antagonistas. Por El Foco Insurgente.


El petitorio

La Asamblea Ampliada en Defensa del Parque Nacional Calilegua, nucleamiento que contiene a trabajadores y trabajadoras de Parques Nacionales, organizaciones sociales, ambientales, políticas y vecinos y vecinas del parque, promovió, tanto de manera virtual como física, la firma de un petitorio que retrotraiga el inconsulto convenio firmado por Parques Nacionales y la provincia.

Numerosas fueron asimismo las jornadas de concientización sobre las consecuencias del convenio en materia ambiental, de biodiversidad, de conservación y económica realizadas en escuelas, instituciones y actividades al aire libre a lo largo de la geografía provincial.

Las consecuencias del convenio

Las consecuencias del convenio ya firmado en octubre por la provincia y Parques Nacionales, sin participación de ninguno de los sectores sociales que velan por el Parque, son varias.

Estas al menos 1000 ha desafectadas, que podrían llegar a ser incluso 1800, pues el convenio no las explicita, se encuentran en un sector de selva pedemontana protegida y obstaculizarían un corredor de la zona núcleo de reserva de las yungas, ecorregión que se extiende desde Perú hasta Argentina que se encuentra ya muy castigada y reducida, poniendo en peligro la biodiversidad del Parque y con ello el carácter de reserva de biósfera que tiene.

Otro problema que presenta la desafección es que Parques Nacionales renuncia también al control de estas tierras desafectadas, algo que, además de incurrir en violación de sus funciones como institución conservacionista, dejaría sin posibilidad de fiscalizar la remediación de la zona a los actores más idóneos para ello y quienes de hecho descubrieron y denunciaron el peor desastre ambiental de la zona: los trabajadores y trabajadoras del Parque Nacional Calilegua. Respecto del mencionado pozo, este no había sido detectado por ninguna institución hasta que trabajadores de parques en sus habituales rondas dieron con el rastro contaminante y lo siguieron hasta el pozo, constatando también que los efluentes de este pozo sin remediación se internan en las tierras del parque y llegan hasta el arroyo Yuto.

Una gran consecuencia contaminante de los pozos es que por las características geomorfológicas de la zona estos son pozos al excavarse se vuelven surgentes, o sea, una vez realizada la perforación por la presión existente en las napas los líquidos afloran, llevando con ellos toda la contaminación química y de metales pesados que poseen.

Entre la zona ya desafectada y que quieren desafectar se calcula (pues no hay un trabajo minucioso) que se realizaron 34 pozos.

El convenio puede resultar asimismo en un negativo precedente para los parques y reservas a nivel nacional, puesto que podría llevar también a la desafección de zonas de otros parques nacionales con problemáticas similares, quedando así el dominio y el control de las mismas por otros actores e intereses ajenos a quienes tienen al mandato de preservar nuestra biodiversidad.

En materia económica el costo de remediación de los pozos petrolíferos, de millones cada uno, no es asumido así por las empresas extractivistas que se enriquecieron con la explotación de los recursos no renovables de la zona, explotación de dudosa legalidad al hacerse en zona protegida, quedando entonces el lento proceso de paliar la contaminación a cargo de nuevas estrategias asumidas por el sector público, en una repetición de beneficios privados y costos públicos como la sucedida con Metal Huasi.

En este caso la decisión de la provincia no es otra que remediar la contaminación resultante de la explotación petrolífera recurriendo a nuevas explotaciones petrolíferas, contradicción que se agrava al no preveer el convenio ni medida de fiscalización sobre la zona, que pasa a ser de dominio provincial, ni tiempo límite para remediar y que vuelva al parque, lo que deja un limbo legal que pueda extender la explotación hasta que no quede nada más para extraer, ni para conservar.

Las responsabilidades institucionales

Estas contradicciones no son de manera alguna desconocidas por los firmantes del convenio, todo lo contrario, por ejemplo Emiliano Ezcurra, actual vicepresidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales manifestó en octubre de 2015, apenas unos meses antes de ser nombrado vicepresidente de la entidad, su rechazo a la desafección de estas hectáreas argumentando la inexistencia de remediación del daño producido hasta ese momento (y que sigue sin realizarse, ni se realizará por sus responsables naturales) o el precedente que sienta para otros parques.

Otro argumento de Ezcurra en 2015 fue que una desafección va en contra de las tareas de recolección de fondos para la compra de tierras para su conservación. Esta argumentación no sólo es lógica desde el punto de vista de que ni privados ni organismos públicos nacionales o internacionales van a querer donar dinero para comprar unas hectáreas que luego graciosamente serán cedidas para una explotación extractivista, sino también porque, como figura en la web de Parques Nacionales, el propio Ezcurra “en el año 2008 creó la Fundación Banco de Bosques, ONG que recibe donaciones con el objetivo de salvar bosques nativos en riesgo”. Cabe mencionar que antes de ello Ezcurra fue Director de Campañas de Greenpeace Argentina.

La provincia tampoco desconoce estas contradicciones, no sólo porque el fin de la explotación petrolífera fue uno de los ejes ambientales de la campaña de Gerardo Morales para su elección como gobernador, firmando con bombos y platillos el retiro de las petroleras de la zona como accediendo a un reclamo largamente exigido por organizaciones y comunidades de la zona, sino también porque no desconoce el reclamo, legal y legítimo, de que esas mismas empresas que contaminaron deban ser las responsables de la remediación.

Hoy, con una desafección con brumosos y abstractos objetivos, la remediación queda ligada a la continuidad de la explotación petrolífera.

En esencia, la desviación de los objetivos manifestados arrancó temprano, pues la Comisión Ah Hoc sobre la que debería haberse basado todo el proyecto tuvo una actividad nula y no solamente que fue constituida sin la participación de ninguno de los grupos denunciantes del extractivismo vulnerante del PNC sino que los representantes de Parques Nacionales nombrados para esta comisión, Julio Monguillot y Raúl Chiesa eran nada más ni nada menos que los trabajadores de parques sospechados o denunciados por favorecer a las petroleras antes de su retiro.

El petitorio está presentado, 3683 firmas y 51 organizaciones ambientalistas, sociales y políticas lo avalan, están todas cartas sobre la mesa, y quedó desvelado el truco.



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