Dictadura y Democracia: las dos caras de una misma moneda

Luego de masacrar a toda una generación de trabajadores e intelectuales, la dictadura militar argentina de 1976 pactó con los partidos tradicionales el retorno del régimen democrático y aseguraron la instalación de la política económica neoliberal.

Tras el golpe del 24 de marzo de 1976 que derrocó al gobierno de María Estela Martinez de Perón (Isabel Perón), fue instaurado un régimen militar que sería conocido como Proceso de Reorganización Nacional. Una Junta militar compuesta por los comandantes de las tres armas general Jorge Rafael Videla, almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, se hizo cargo del poder y nombró al Presidente. El cargo ejecutivo recayó en uno de los miembros de la Junta Militar, el general Videla, quien hasta agosto de 1978 fue simultáneamente comandante en jefe del Ejército. El objetivo de extirpar el cáncer de la subversión izquierdista para lograr el orden a cualquier precio, pasó a ser la prioridad de la dictadura del ’76. Los golpistas justificaron su accionar represivo argumentando «el propósito de terminar con el desagobierno, la corrupción y el flagelo subversivo». Se suspendieron actividades políticas, gremiales y parlamentarias.

El uso de la fuerza estatal coincidía con el impacto del ascenso revolucionario de la clase trabajadora a nivel mundial, abierto con la Revolución Cubana y el Mayo Francés.

Las movilizaciones populares afectaban los intereses de la clase dominante que pretendía abandonar el modelo de sustitución de importaciones por un nuevo tipo de inserción en la economía mundial. En Argentina, las luchas de trabajadores en conjunción con otros sectores se originaron con el Cordobazo en 1969, luego los dos Rozariazos del mismo año y el Viborazo de 1971. En este último, donde por primera vez desde el surgimiento del peronismo, el Sindicato de Trabajadores de Concord (SITRAC) y el Sindicato de Trabajadores de Materfer (SITRAM) levantaron consignas de autonomía con respecto a viejos sectores y proclamaron la anexión con otras fuerzas oprimidas.

En el gobierno del presidente Héctor Cámpora, se produjo el Devotazo que desencadenó los reclamos por la reincorporación de delegados y activistas despedidos durante la anterior dictadura. Sus demandas iban desde el enfrentamiento hasta la remoción de autoridades y reivindicaciones propias.

El ascenso de luchas fue eclipsado con la intervención militar en la fábrica Fiat y el regreso de Juan Domingo Perón que logró el Pacto Social, firmado en 1973. El acuerdo formal, estaba basado en la política económica de Jose Ber Gelbard, cuyo fin era el de otorgar algunas concesiones a la población como el congelamiento de precios y un alza en los salarios aunque se suspendieron la negociaciones colectivas por dos años. Sin embargo, la huelga de los obreros metalúrgicos de Villa Constitución durante la presidencia de Isabel Perón en 1974 (el Villazo) retomó el camino del clasismo y se convirtió en un arquetipo para aquellos trabajadores que pretendían una ruptura con el peronismo, debido a que la huelga duró 59 días.

La persecución de la Alianza Anticomunista Argentina o Triple A se agudizó pero los conflictos se profundizaron entre mayo y junio de 1975 y culminaron con la huelga contra el Plan Rodrigo (programa que intentó combatir la inflación como un fenómeno puramente fiscal, lo que causó un reajuste tarifario con una contracción de salarios y un recrudecimiento en la puja distributiva).

La dictadura del ’76 justificó el genocidio o liquidación física de los sectores mas avanzados de la clase trabajadora, juvenil e intelectual. Fuerzas combinadas ocuparon plantas industriales del país, detenían a trabajadores de comisiones internas, numerosos dirigentes medios y activistas eran incluidos en Actas de Responsabilidades políticas, puestos a disposición del Poder Ejecutivo, secuestrados o asesinados clandestinamente. Mientras que las empresas despedían a obreros involucrados en actividades huelguísticas.

El gobierno dictó una batería de leyes prohibitivas como la Ley de Prescindibilidad para depurar al personal de la administración pública. Se suspendió la actividad sindical y se prohibió el derecho constitucional de huelga. Fue decretada la intervención militar de la CGT y declarada la ilegalidad de las 62 Organizaciones. El mismo día del golpe se suspendieron 12 sindicatos, una cifra que se fue ampliando con posterioridad hasta abarcar varios centenares como la UOM, la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA) y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), entre otros. El dictado de una serie de Actas Institucionales (Acta para el proceso de reorganización nacional del 24 de marzo y la ley 21256) posibilitaron la instauración de una seudo legalidad por parte de la Junta.

El endeudamiento externo

La segunda mitad de la década del ’70 se caracterizó por una liquidez en los mercados financieros mundiales, derivada del déficit norteamericano y los saldos comerciales positivos de los países de la Organización de países exportadores de petróleo (OPEP), que ampliaba la magnitud de los préstamos.

La reforma financiera de 1977 aplicada por Martinez de Hoz, liberalizaba por completo los movimientos de capitales de todo tipo con el exterior, a lo que se sumaba la profunda apertura comercial. La tasa de interés se situaba en niveles superiores a los internacionales, estimulando ingresos de fondos y un avance de movimientos de capitales especulativos.

Se pueden identificar dos etapas del endeudamiento externo. La primera transcurrió entre 1976 y 1979. Dadas las dificultades para el acceso al crédito interno, la necesidad de financiamiento del sector estatal se orientó hacia la banca internacional. Sin embargo, la manipulación de moneda extranjera resultó un negocio formidable para la intermediación financiera, pero catastrófico para el Estado porque pagó intereses de un costo estimado en 500 millones de dólares.

La segunda etapa, entre 1980 y 1981, se vinculó con la apertura comercial. Se produjo un aumento de importaciones, viajes turísticos al exterior , remisión de regalías por el capital o tecnología foránea, que provocaron un déficit comercial. Si bien en la primera etapa el endeudamiento se reflejaba en el crecimiento de las reservas, la segunda etapa rompió con este comportamiento. Las salidas de divisas representaron mas del 60% del incremento del nuevo endeudamiento contraído.

La política para la atracción de capitales impuso una desprotección absoluta a las actividades productivas internas y un costo por la vía del incremento de las tasas de interés imposible de solventar. Las personas de ingresos mas altos (altos funcionarios, empresarios nacionales o transnacionales y bancarios) vieron crecer sus ganancias a costa de una reducción en los estratos medios y bajos.

Preparando el terreno

El regreso de la democracia en 1983, fue un proyecto que comenzó a gestarse durante la dictadura militar. La posible vuelta de la democracia generó diferentes posturas entre militares, partidos tradicionales como el radicalismo, peronismo y empresarios.

En términos estrictamente políticos, existió dentro del régimen militar una corriente liberal partidaria de una gradual y ordenada transición hacia la democracia, también llamados blandos o palomas. Esta corriente ideó un proceso político dividido en dos etapas. La primera, de necesaria represión de la guerrilla, y la segunda, donde una vez lograda la eliminación del fenómeno subversivo, la transición se llevaría adelante por un partido oficial surgido del gobierno militar y los partidos tradicionales. Si bien la corriente liberal, a pesar de la común convicción de sus integrantes de que el proceso militar no debía ser indefinido, distó mucho de ser homogénea, ya que no hubo acuerdo respecto de quiénes serían los protagonistas de la futura democracia. Habían dos proyectos distintos de apertura política: el proyecto del presidente Videla, José Rogelio Villareal (secretario general de la Presidencia) y el subsecretario de este último Ricardo Yofre (abogado radical) y por otro lado el proyecto de Viola.

El primero buscó la transición sobre la base de partidos políticos ya existentes, en particular el radicalismo , por la desconfianza de Videla hacia el peronismo.

En la etapa videlista, se designaron embajadores en el exterior provenientes de partidos políticos tradicionales (por el radicalismo a Héctor Hidalgo Sola, Tomás Anchorena, al demócrata progresista a Rafael Martinez Raymonda y al desarrollista Oscar Camilión, entre otros). En 1979 la Junta Militar dio a conocer públicamente las llamadas «Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional», que señalaban el segundo semestre de 1980 como fecha para dar a conocer las normas legales sobre el régimen de los partidos políticos y la normalización institucional. Incluso Videla transmitió por cadena oficial televisiva y radial el inicio del llamado diálogo político, que finalmente se instaló luego de la derrota de la guerra de las Malvinas.

El Movimiento de Opinión Nacional (MON), patrocinado por sectores violistas, pretendió ser un partido integrado por numerosas fuerzas políticas donde no estaban excluidos los representantes del peronismo y otros equivalentes populistas. Por cierto, los contactos que Viola mantuvo con el sindicalismo, le valieron tanto la oposición de Massera como la de los sectores duros del Ejército y la Marina.

La idea de ajuste gradual, fue defendida por Viola que temió que el plan de ajuste de Martinez de Hoz de tinte antinflacionario, privatizador y de apertura económica, provocara un nuevo Cordobazo. Este temor explica la elección de un liberal ortodoxo como el economista Lorenzo Sigaut durante la presidencia de Viola, entre marzo y diciembre de 1981.

Los sectores duros o halcones del ámbito militar, representados por los generales Carlos Guillermo Suárez Mason y Luciano Benjamín Menéndez. Ellos se inclinaron por un esquema gubernamental dictatorial de corte rígidamente anticomunista y antisemita, optaron por un Estado autoritario e intervencionista .

A principios de 1980, la SRA, expresó sus opiniones acerca de la posibilidad de un regreso a la democracia. La entidad defendió la permanencia del gobierno militar sosteniendo que «sobre lo que no puede caber duda es que el retorno al funcionamiento plenamente democrático del país ha de depender en todos los casos de una aplastante sensación de madurez en el cuerpo cívico de la nación, cosa que por el momento nadie puede afirmar que haya ocurrido» .

Finalmente el general Reynaldo Bignone fue designado como presidente por el Ejército en 1982. El se encargó de conducir la inevitable transición hacia la democracia, luego de la presidencia de Viola y la presidencia del halcón General Leopoldo Fortunato Galtieri en 1981. En su primer discurso oficial en 1982, el último presidente de facto sostuvo que su misión era la de institucionalizar al país a más tardar en marzo de 1984. Pero a pesar del deseo del Ejército de alargar lo mas posible el llamado a elecciones y entrega del poder a las autoridades civiles, ambos se adelantaron debido a la presión de los partidos político y del conjunto de la sociedad.

La llegada de la democracia

En Argentina, la retórica privatizadora comenzó a instalarse en el discurso público tras el golpe de estado de 1976, debido a los lineamientos ideológicos de la dictadura militar. Sin embargo, la estrategia de los militares provocó la extensión del sector público y el aumento de su déficit, fundamentalmente con la absorción estatal de gran cantidad de empresas quebradas y por la consolidación de la acumulación de los grandes grupos económicos, a través de contrataciones estatales, subsidios y promoción industrial.

Es recién bajo el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), cuando se comprueba la ruptura del modelo sustitutivo de importaciones establecido desde 1930 y se agudizan los efectos de la crisis de la deuda latinoamericana de 1982, comienza un período en el que la reducción del tamaño y la transformación de las funciones del Estado cobran gran significado. La solución privatizadora se instala con fuerza en los medios masivos de comunicación y finalmente aparece en la agenda pública como cuestión digna de atención gubernamental.
El primer inconveniente era la magnitud que había alcanzado la deuda externa. En la segunda mitad de1970, la deuda externa representaba entre el 20% y el 25% del Producto Bruto Interno (PBI) mientras que en 1984 ya superaba el 60%. El regocijo internacional por la vuelta a la democracia se centraba en el interés de los acreedores de tener un horizonte mas previsible de cobro que con los militares. En 1985, es reemplazado el ministro de Economía Bernardo Grinspun por Juan Sourrouille que implementó el Plan Austral para detener la inflación, aunque fracaso. Su lanzamiento se realizó tras el acuerdo argentino de cumplir los objetivos mas ortodoxos impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además la política económica del radicalismo coincidía con los argumentos neoliberales de achicamiento estatal y limitación en sus funciones.

El gobierno democrático, fue el garante de la estatización de la deuda contraída por los privados (a instancias del por entonces presidente del Banco Central Domingo Cavallo), cuyo pago se convirtió en un serio problema presupuestario, que causó una reducción de la inversión en infraestructura y contrajo el gasto público en subsidios sociales.

Durante esta gestión en 1984, se creó (por decreto N° 414 del Poder Ejecutivo) una Comisión que se encargó de privatizar empresas estatales como SIAM, Opalinas Hurlingham y la empresa de turismo Jet, se encargó la venta de la compañía azucarera Las Palmas del Chaco Austral, sin alcanzar a concretarla, así como la de Austral Líneas Aéreas, que finalmente concluyó en 1987, ya desaparecida la Comisión. En todas ellas el procedimiento siguió las disposiciones de la ley de facto 22.177, evitó actuaciones parlamentarias y evadió eco alguno sobre las privatizaciones. En 1987, el ministro de Obras y Servicios Públicos Rodolfo Terragno, lanzó un proyecto que incluía la privatización parcial de ENTEL, de Aerolíneas Argentinas y del sector petrolero. Esta propuesta generó fuertes antagonismos en el propio radicalismo, en el peronismo, en partidos de izquierda y gremios estatales. La pérdida de capacidad política del gobierno, que se hizo notoria en 1988, impidió que los proyectos privatizadores se concretaran aunque el tema había quedado instalado en el debate público.

El gobierno democrático desechó el terror de estado, lo cual puede verse como progresivo en relación a la dictadura, pero buscó validarse a través del consenso ciudadano, estimulado por los medios de comunicación e intelectuales destinados a sostener ideológicamente al régimen. Instaló el argumento de deterioro de los servicios ante los usuarios así la gestión alfonsinista descartó la posibilidad de sanear las empresas como paso previo a su venta, estrategia recomendada en los manuales de privatización del Banco Mundial.

La llegada de la democracia implicaba la fundación de un período contrarrevolucionario, que no implico necesariamente la aplicación de represión estatal o una simple restauración del régimen sino «Una revolución a la inversa. Una renovación de los medios de producir, de las formas de vida, de relaciones sociales, no deja nada intacto. Es un Nuevo Orden».

Si bien a partir de los ’80, en el ámbito académico se instalaron definiciones de democracia como el de un régimen ideal emparentado con la igualdad, libertad, progreso económico, fue precisamente ese período el que preparó la reconversión de la economía del país para insertarse en el mundo globalizado. De este modo, la democracia se convirtió en la antesala que permitió al Estado motorizar la modernización del país en el mercado mundial, ocurrida en 1990. Sin importar los altos costos sociales y la dependencia con los países centrales, el retorno de la democracia significó una nueva revolución desde arriba «típica de los procesos de modernización latinoamericanos, donde el Estado tiene un papel primordial para adecuar las relaciones económico-políticas con el centro, llevando a cabo una fuerte intervención estatal para instaurar , paradójicamente, una sociedad de mercado».

La década del ’80, fue testigo de luchas obreras y populares como los 14 paros generales (planteando en el ’86 la moratoria de la deuda externa) y las luchas democráticas por el castigo a los militares genocidas (la mas relevante fue la de Semana Santa del ’87) con la participación de amplias franjas de las clases medias.

Luego del establecimiento del régimen democrático a fines de 1983, ninguna de estas luchas logró transgredir los marcos institucionales. Fue un período caracterizado por la derrota física de la clase obrera acrecentado por el fracaso en la Guerra de Malvinas de 1982. Mientras que para el progresismo dictadura y democracia, coerción y consenso son dos caras completamente opuestas, la historia ha demostrado que son dos vías alternativas para imponer la dominación del capital. Es así, que la dictadura videlista no destruyó a la clase política democrática sino que la resguardó para que se modernizara en 1983 mientras que miles de trabajadores, estudiantes e intelectuales fueron masacrados y desaparecidos.

Notas:
1- Rapoport. Historia económica política y social de la Argentina, pág 738.

2- Las 62 Organizaciones fueron el primer núcleo gremial justicialista completamente legal desde el derrocamiento de Juan Domingo Perón, en 1955.

3- Rapoport, Mario, ob.cit, pág.767.

4- Virno, Paolo,¿Do you remember contrarrevolution?.

5- García Delgado, Estado-nación y Globalización. Fortalezas y debilidades en el umbral del tercer milenio, pág.53.