La lenta agonía de los trabajadores santafesinos

En los últimos 30 meses, nuestro país perdió un puesto laboral cada tres minutos, sea por despidos, suspensión o retiro voluntario. En Santa Fe cerraron en ese mismo período tres empresas por día. Se estima que por cada puesto laboral en blanco que se pierde, desaparecen cuatro puestos «en negro». Por Mario Hernández.

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El diputado provincial Leandro Busatto presentó a principios de agosto el informe “Cierre de industrias y despidos en Santa Fe”. Ese trabajo expone que entre diciembre de 2015 y junio de 2018 cerraron en la provincia de Santa Fe un total de 2.726 empresas. Un promedio de 91 empresas por mes. Tres empresas por día.

En los primeros 30 meses de gobierno de la Alianza Cambiemos se contabilizan en la provincia 3.929 cesantías, con un fuerte impacto sobre el sector metalúrgico.

“Cambiemos está destruyendo las industrias santafesinas. Los aumentos tarifarios decididos por el Ejecutivo nacional, que fueron acompañados sin titubeos por la administración provincial, sumados a la devaluación de los últimos meses, dispararon los costos de producción de industrias que, encima, deben afrontar la apertura indiscriminada de las importaciones”, afirmó Busatto. Y puntualizó que “el desplome del poder adquisitivo de la clase media afectó los niveles de ventas, por lo que el ajuste macrista selló la suerte de 2.611 locales comerciales sólo en la ciudad de Rosario”. Para Busatto, “esas políticas afectan a la provincia de norte a sur, de este a oeste, en cada pueblo, cada ciudad. En ninguno de los 19 departamentos hay más empresas registradas que en 2015”.

El informe consigna que sólo en el departamento Constitución existen hoy 67 empresas menos que en diciembre de 2015; el departamento General López perdió en el mismo período 192 empresas; el departamento Caseros cuenta con 69 empresas menos; mientras que los departamentos San Lorenzo y Rosario perdieron 58 y 1.196 empresas respectivamente en estos 30 meses.

“Hay, además, una pérdida de la calidad en el empleo: el 53,2% de los nuevos empleos que se generaron en el país son monotributistas. En muchos casos, son trabajadores que fueron despedidos y con la indemnización abrieron un negocio, en un contexto absolutamente desfavorable. El propio Marcos Peña admitió que desde 2015 a la fecha cerraron en el país más PyMes de las que abrieron”, advierte el propio informe.

Alrededor de cuatro de cada diez trabajadores van poblando un mapa de precariedad laboral, de informalidad, de empleo en negro. Los propios registros oficiales para el primer trimestre de 2018 advierten que “la precarización laboral alcanzó su nivel más elevado para un primer trimestre desde 2011”.

Los números del ajuste laboral

En forma paralela, más de la mitad de los nuevos empleos conseguidos corresponden a trabajo informal, no registrado: los datos brindados por el Ministerio de Trabajo indican que desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri a la actualidad, el total de los trabajadores registrados creció un 2,6%; cifras que se sostienen -según un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional “Atenea”- en el crecimiento de modalidades precarias de empleo.

Los números evidencian que los porcentajes de crecimiento más altos coinciden con las modalidades de ocupación más precarias. Es decir, trabajadores que no gozan de todos los derechos formales, que pueden tener contratos temporales o relaciones de dependencia encubierta y que pueden perder su trabajo sin derecho a la indemnización.

También para el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas se verifica “un cambio de composición del empleo a favor de los cuentapropistas y asalariados no registrados”. Más trabajo de baja calidad. Dice el Boletín Estadístico sobre la Situación Social de junio de este año, editado por ese organismo: “durante el bienio 2016-2017, del total de nuevas ocupaciones generadas (812.633), el 57,6% fueron inserciones de autoempleo -mayormente de subsistencia- y el 31,2% fueron asalariados contratados informalmente en el marco de una caída de puestos de trabajo formales”.

En síntesis, “9 de cada 10 empleos nuevos generados en los últimos dos años son precarios: 6 fueron estrategias de subsistencias mediadas por el autoempleo y 3 tuvieron lugar como resultado de la extensión de la informalidad en el conjunto de asalariados”.

La información provista por el SIPA (Dic. 2017 vs Dic. 2015) confirma lo anterior y agrega un dato de la dinámica laboral observada: “más de la mitad de las nuevas ocupaciones resultan ser autoempleos, que conforme a la figura fiscal del monotributo se corrobora el carácter de baja escala de tales emprendimientos”.

En síntesis, “9 de cada 10 empleos nuevos generados en los últimos dos años son precarios: 6 fueron estrategias de subsistencias mediadas por el autoempleo y 3 tuvieron lugar como resultado de la extensión de la informalidad en el conjunto de asalariados”.

La desigualdad

El periodista y diputado provincial Carlos del Frade publicó una serie de números basados en información del INDEC y la Encuesta Permanente de Hogares, que ponen de manifiesto la realidad de los hogares santafesinos:

-Casi 800.000 personas, entre el Gran Rosario y el Gran Santa Fe, ganan menos de $20.000 mensuales.

-Mientras tanto, 15 empresas radicadas en la provincia y que no pagan ingresos brutos por sus exportaciones, según los últimos balances presentados en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, vendieron por 388.758 millones de pesos en el año 2017.

-A razón de 1.065 millones de pesos diarios; 44 millones por hora y 739.646 pesos por minuto.

-El promedio de ingresos del 80% de las personas en el Gran Santa Fe y Gran Rosario por mes, es casi la décima parte de lo que Vicentín factura por minuto.

-13.519 pesos por mes contra 116.695 pesos cada sesenta segundos.

-En el Gran Rosario, 659.683 personas tienen ingresos promedios por debajo de los $15.000 mensuales, y representan el 80% de los que perciben algún tipo de ingresos.

-El 10% más acomodado se queda con el 30% de los ingresos totales, mientras que el subsuelo rosarino apenas araña el 1,15% de la torta.

-La diferencia es de 15 veces entre los que más ganan y los que menos reciben.

En ese marco, el legislador presentó en la Cámara de Diputados un Proyecto de Comunicación para que el Poder Ejecutivo, “a través del organismo correspondiente, informe sobre la pérdida de puestos laborales en blanco en los primeros seis meses de 2018”; así como una “estimación del número de personas que se desenvuelven por afuera de los convenios colectivos de trabajo en la provincia de Santa Fe”.

“En los primeros cuatro meses del año -sostiene Del Frade- se perdieron nada menos que 94.500 empleos en blanco, siendo la construcción y la industria los dos rubros más golpeados, según datos del Ministerio de Trabajo. En abril la baja fue de 28.600 empleos registrados, debido a las menores contrataciones y mayor morosidad entre los trabajadores independientes, entre monotributistas y autónomos”.

“Según los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo, los asalariados e independientes no registrados o en negro suman unos 7.000.000 y 1,5 millones los desocupados, conformando una población activa de casi 21 millones de personas”, puntualiza Del Frade.

Y advierte: “Entre los asalariados privados se perdieron 39.800 empleos, monotributistas (2.000), los autónomos (500) y monotributistas sociales (5.700). A partir de esas cifras es necesario contar con números de nuestra realidad provincial”.

Poco tiempo atrás, el titular de la CGT Regional con asiento en Venado Tuerto, Jorge Sola, advertía que los trabajadores de la industria textil, del calzado, la construcción, peones rurales, y operarios de frigoríficos son los más precarizados en su relación laboral. La situación es un tanto más normal en los casos del gremio docente, bancarios, empleados del Estado, trabajadores del seguro o conductores de camiones. Sobre el tema, no sin ironía, señalaba: “Encontrar trabajadores en negro o precarizados es como cazar animales en un zoológico. Todos sabemos donde hay empleados en esas condiciones. Sólo falta la decisión política”.

Entre Electrolux, General Motors y Helvética suman 2.500 suspensiones

En medio de la crisis económica y el ajuste de Cambiemos las patronales de estas empresas, con el aval de las direcciones sindicales peronistas, suspendieron a miles de trabajadores industriales de Santa Fe.

En julio un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) relevó los casos de despidos y suspensiones en el período enero-junio 2018, que sumaron más de 4.000 por mes, cifra que implica un aumento del 17 % con respecto al mismo período del año pasado.

En ese marco, la firma de electrodomésticos Electrolux dio licencia a todo su personal, la empresa automotriz General Motors dio también inicio a un esquema de suspensiones rotativas y la empresa productora de vehículos acoplados Helvética paralizó su producción hasta fin de este año. Así, la crisis generalizada se concentra principalmente en la provincia de Santa Fe.

En Electrolux, la patronal decidió adelantar las vacaciones de 1.000 operarios durante todo el mes de octubre. Cabe recordar que el año pasado despidió a 80 trabajadores. Por su parte, en General Motors suspendieron de manera rotativa a 1.400 trabajadores que están cobrando sólo el 70 % de sus sueldos. Y en la fábrica de acoplados Helvética suspendieron a 90 operarios, pagándoles la mitad de su salario.

En julio pasado, la UOM Rosario y las fábricas de línea blanca firmaron un convenio para evitar despidos y suspensiones. “Estamos moviéndonos por todos lados para frenar despidos y suspensiones hasta diciembre en diferentes empresas”, dijo el líder local de los metalúrgicos, Antonio Donello. Sin embargo, frente a estos nuevos ataques hacia los trabajadores las direcciones sindicales los dejan pasar, incumpliendo lo pactado. Es evidente que la UOM se ha puesto a tono con el gobierno y las empresas para perjudicar a los trabajadores y garantizar sus propias ganancias.

La ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, explicó que en la provincia hay 170 empresas en Procedimiento preventivo de Crisis. El universo de trabajadores alcanzado por ese sistema de conciliación llega a 15.000.

La crisis económica que atraviesa la Argentina como producto de la política económica llevada adelante por el Gobierno de Mauricio Macri y sus aliados del PJ golpea duro a los trabajadores. En ese escenario, la dirigencia sindical peronista también juega un rol clave permitiendo que pasen las suspensiones y despidos. Los kirchneristas que dirigen estas seccionales solo piensan en juntar votos para 2019.

Mientras, el FMI busca profundizar un paquete de condiciones para el ajuste entre los que exige más desocupación, tarifazos, ajuste y otras tantas miserias para el pueblo.

Con despidos y suspensiones las empresas profundizan el ajuste en Santa Fe

Los trabajadores de la rama metalúrgica son de los más golpeados por estos ataques. Metalsur, carrocera de Villa Gobernador Gálvez, es otra empresa que impulsa un esquema de suspensiones rotativas de los 400 operarios de la planta, durante un mes. El sindicato metalúrgico firmó una paz social con la patronal que incluye la imposibilidad de despedir hasta fin de año. Sin embargo se habilitan los retiros voluntarios, que son despidos encubiertos.

La metalúrgica Bambi también suspendió a todo el personal, y en Liliana electrodomésticos echaron a 20 operarios.

Estos ataques se suman a los que llevaron adelante Mefro Wheels y Vassali. El fabricante de llantas Mefro Wheels cerró sus puertas y dejó en la calle a los más de 170 operarios. La UOM aboga por que aparezca un comprador para la planta y los trabajadores aún se encuentran a la espera, después de casi dos años de que la multinacional alemana se fuera.

Vassalli aún adeuda un promedio de 100.000 pesos a cada uno de sus casi 400 trabajadores, y aún no está claro si la empresa va a seguir funcionando. La accionista mayoritaria Mariana Rossi Vassalli asegura que, una vez que recupere la totalidad de las acciones que había cedido a tres empresarios hace algunos años, saldrá a buscar inversores para aumentar la producción.

En la metalúrgica Dasa, también de Firmat, los operarios se encuentran en conflicto con la empresa hace casi dos meses a raíz de que no está pagándoles el salario. La propietaria amenaza con el cierre de la planta.

Las patronales aceiteras vienen lanzando ataques en distintas empresas. Comenzaron por Cargill de Villa Gobernador Gálvez y Punta Alvear, donde luego de un largo conflicto lograron el despido de 49 operarios, con dos lock-out incluidos.

Luego siguieron por Molinos Agro, que suspendió a toda la planta y abrió los retiros voluntarios. Jefes y gerentes vienen apretando a los trabajadores para que acepten irse con el retiro. La reducción es una decisión tomada para la empresa, les dicen. O aceptan los retiros o los van a despedir en poco tiempo más, pero se irán con menos plata en el bolsillo. Una verdadera extorsión.

Por su parte Bunge Ramallo despidió a 84 trabajadores en julio. Y ahora en Cargill hay nuevamente amenazas de suspensiones y despidos, con la intención de eliminar un turno.

En el fabricante de cafés La Virginia vienen repitiéndose despidos antisindicales, en el marco de una brutal reducción de la planta en los últimos años. Entre las operarias y operarios hay temor a nuevos despidos.

En Fabricaciones Militares de Fray Luis Beltrán hubo 49 despidos en agosto, que se suman a los 36 del año pasado, y los directivos de la empresa amenazan con que habrá más. En esa misma localidad el intendente recién asumido despidió a 11 trabajadores a comienzos de este año, y aún 7 pelean por su reincorporación.

La petroquímica Dow Dupont de Puerto San Martín cesanteó en junio a 22 operarios, que luego de un largo proceso de negociaciones con la intervención del Ministerio de Trabajo, se mantuvieron bajo la figura de retiros voluntarios.

Otros casos de ataques contra los trabajadores en el cordón industrial de San Lorenzo son los de la petroquímica IDM, la petrolera Oil y la aceitera Buyatti. IDM afirma que se encuentra en crisis y hace algunas semanas despidió a dos delegados. Las dos últimas se encuentran paralizadas y sin certeza acerca de su futuro. Oil está en un largo proceso de remate judicial para poder ser comprada por otra firma. Si bien hay varias interesadas, lo más atractivo para las potenciales compradoras resultan el puerto y las bocas de expendio de combustible, no así la refinería. Eso podrá implicar la pérdida de unos 200 puestos de trabajo de los 400 que hoy existen.

En el caso de Buyatti la familia propietaria de la empresa aún no definió si la venderá, si alquilará el inmueble o retomará las tareas. La incertidumbre es total para los más de 120 trabajadores de esta aceitera.

En el fabricante de motos Guerrero también se rumorea, entre los 200 operarios que trabajan allí, que podría haber despidos.

La agroquímica Síntesis Química, localizada en Fighiera, suspendió a todo el personal hace tres meses, sin goce de sueldo. La patronal se fue y los 40 trabajadores permanecen tomando la fábrica.

En Santa Fe cerraron 244 industrias

El dato alarmante surge de un informe de la Federación Industrial de esa provincia. “Hay muchas industrias que están sobreviviendo día a día y no hay a quién recurrir. El Gobierno no está”, advirtieron.

“La actividad industrial es en algunos casos desesperante. Máxime cuando hay noticias de que las tasas de interés se van a mantener al 60% hasta fin de año. Con esas tasas de interés no hay comercio ni industria que pueda sobrevivir”, explicó Alejandro Taborda, vicepresidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).

Que el panorama productivo sea tan desolador en una de las provincias más industrializadas del país es grave. La situación repercute además en miles de familias trabajadoras que se quedan sin sus fuentes de ingresos. “El último informe de nuestra Federación ya habla de 244 industrias cerradas y eso significa ya pérdidas de trabajo constante”, confirmó Taborda.

Ante este escenario complicado, el dirigente reveló que el sector enfrenta este momento signado por el desamparo. “Hay muchas industrias que están en el día a día, sobreviviendo de viernes a viernes, de quincena a quincena y no hay a quién recurrir. El gobierno no está, los bancos no están, no hay ningún tipo de financiamiento. La Afip estiró algunos planes pero uno sabe que se acaban y hay que pagarlos”, se quejó al tiempo que criticó la falta de políticas públicas del Ministerio de Producción nacional.

“Todos sabemos que las industrias una vez que se cierran tardan años en recuperarse y más en un contexto de ajuste. Ya se habla del 2020 con un crecimiento del cero por ciento. Hace años que no se veían perspectivas de este tenor. La actividad productiva es inversión a largo plazo y expectativas, pero hoy lo que vemos son expectativas negativas”, lamentó.

¿Empresas en crisis?

Muchas de las empresas que están llevando adelante estas medidas alegan crisis por una reducción en las ventas y por el aumento de los costos operativos debido a los tarifazos, la importación de materia prima y otros componentes para la producción, que se encarecieron con el aumento del dólar. Según testimonios del ministro de Trabajo Julio Genesini, unas 200 empresas radicadas en Santa Fe solicitaron el Procedimiento Preventivo de Crisis, que entre otras cosas facilita las rebajas salariales, la reducción de aportes laborales, las suspensiones y los despidos.

Las patronales toman estas medidas, en acuerdo con las direcciones sindicales y el visto bueno del Ministerio de Trabajo provincial, con la excusa de que están haciendo lo posible para no despedir. Este engaño les sirve para despedir y suspender de manera encubierta: con retiros voluntarios que de voluntarios no tienen nada, los trabajadores son presionados y extorsionados para acogerse a estos falsos retiros. También con diferentes modalidades de suspensión: con rebaja salarial, con banco de horas para devolver las horas cuando a la patronal le convenga, o mediante el adelanto de las vacaciones, como Electrolux.

Todos estos mecanismos empresariales son para no perder ni un centavo de sus ganancias, todo a costa de la flexibilización, de la explotación y la degradación de la vida de miles de trabajadores que fueron despedidos, o que tienen que hacer malabares para sobrevivir con los recortes salariales, con el miedo constante de quedarse en la calle. Si estas empresas realmente tienen crisis que abran los libros de contabilidad y lo demuestren, que muestren qué hicieron con las enormes ganancias de todos estos años.

Ante la ola de despidos, piden declarar la emergencia laboral en Santa Fe

Los diputados del bloque Igualdad y Participación, Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger, presentaron un proyecto para que en Santa Fe se declare la emergencia laboral por 180 días y así brindar al Estado más herramientas para proteger a los trabajadores. La iniciativa ya cuenta con el aval de otros bloques partidarios.

El proyecto establece que, de declararse la emergencia, el Ministerio de Trabajo deberá convocar a quienes ordenen despidos o suspensiones con el fin de conseguir que se revea la medida. También Indica que en caso de que el empleador no acate la intimación de retrotraer el estado de situación, “dicha actitud será considerada como infracción y calificada como ‘muy grave’”.

La iniciativa de Giustiniani y Augsburger propone también la creación de una Comisión de Seguimiento, que tendrá como función controlar el cumplimiento de la ley, observar la situación del empleo en Santa Fe y atender otras contingencias que se produzcan en el territorio provincial y que afecten a las relaciones laborales. “Creemos necesaria una respuesta del Estado en esta difícil coyuntura”, remarcaron los legisladores.

Los diputados tomaron nota de los últimos conflictos laborales en la región y los mismos fueron enumerados entre los considerandos del proyecto. Las suspensiones en la General Motors y las licencias en Electrolux son algunos de los tantos ejemplos.

“Estamos ante una situación de extrema gravedad para los trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia y de todo el país. El contexto de ajuste y recesión, contrae las expectativas de creación de empleo, afecta las relaciones laborales existentes e incrementa la desocupación”, sentencia el proyecto que será debatido en la Legislatura.

El paro convocado por la CGT y las CTA para el martes 25 de septiembre expresó la bronca que existe por abajo a los durísimos ataques que viene recibiendo la clase trabajadora con tarifazos, inflación, despidos y suspensiones. Esa bronca organizada es la fuerza para pararles la mano y pelear por que la crisis no la paguen los trabajadores, sino los que la generaron: los empresarios y el gobierno del FMI-Cambiemos.