Estanflación: despidos, suspensiones y caída del salario
A raíz de la caída de la actividad económica y la aceleración inflacionaria, la empresa siderúrgica Acindar comunicó que frenará las cuatro plantas que tiene distribuidas en el país durante marzo. Según autoridades de la firma, experimentaron una contracción en las ventas que oscila entre el 35% y el 40%. La compañía paralizará la producción en San Nicolás (Buenos Aires), Villa Constitución (Santa Fe), Villa Mercedes (San Luis) y La Tablada (Rosario). Por Mario Hernández
“Tenemos en claro que lo principal en este momento es generar un diagnóstico de la situación. Ese diagnóstico nos lleva a, en el corto plazo, tratar de ajustar los niveles de producción a este nuevo nivel de actividad, y eso implica, en lo concreto, que vamos a estar parando todas las instalaciones en marzo. Las fechas se están por terminar de cerrar, pero a partir del 18 vamos a hacer una parada en todas las instalaciones”, explicó el gerente de relaciones institucionales de Acindar, Facundo Velasco.
En tal sentido, Velasco sostuvo que la macroeconomía «muy complicada y con altos niveles de inflación» propició «una fuerte baja de la actividad en general, y en Acindar eso se ve reflejado en una fuerte caída de sus ventas» a niveles que «no se tenían registros en los últimos años, que rondan entre el 35% y el 40%».
Como ocurre con empresas de distintos rubros industriales, el gigante de la siderurgia empleará el tiempo de cese de actividad en sus factorías para efectuar «tareas programadas y pendientes» así como dar días de vacaciones a los trabajadores.
“Entendemos que el nivel de complejidad de la realidad argentina nos afecta a todos. Las empresas no son la excepción. Le afecta a una persona en su vida cotidiana y cuando esto lo llevas a la industria, hay una caída en la construcción, hay una caída en la industria automotriz y ahí te podrías seguir nombrando una serie de sectores«, juzgó el directivo.
La industria pyme se desplomó 30% en enero
La industria manufacturera pyme registró un derrumbe interanual de 30% en enero. Así, hilvanó el segundo mes consecutivo a la baja y se redujo 9,1% en comparación con diciembre de 2023. Los datos surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
«El sector industrial está sintiendo fuerte el deterioro en el poder adquisitivo de la gente y la pérdida de competitividad en los mercados mundiales, que afecta a las empresas de perfil exportador. Igualmente, la reducción de la producción suele ser un proceso gradual, ya que implica decisiones sobre inversiones, empleo y otros factores», indicaron desde CAME.
Asimismo, advirtieron que la rentabilidad industrial «está siendo amenazada por diversos factores: la baja en el consumo, producto del debilitado poder adquisitivo, sumado a la persistente inflación y el inminente aumento de tarifas de servicios públicos como la electricidad, generan un clima de zozobra y riesgo para la actividad industrial».
En ese marco, buena parte de las industrias adelantaron las vacaciones de sus empleados o realizaron parates de la producción por reparaciones demoradas. A la vez, se evidenciaron «más complicaciones para sostener el personal frente a la caída abrupta en la demanda».
Aprietes, desvinculaciones y retiros «voluntarios» en Acindar Villa Constitución
La modalidad de retiros “voluntarios” que implementa ArcelorMittal Acindar no es nada nueva, tampoco es nuevo que esos retiros no son voluntarios, sino empujados por la extorsión de «andate ahora con plata o te vas sin nada». Apelando al manual del buen flexibilizador, la patronal avanza en reducir, aún más, los ya magros planteles.
Refugiados en una crisis generada por ellos mismos, el gobierno y las grandes patronales, la tarea del momento es reducir planteles y licuar salarios.
No alcanzó con bajar de turnos y con eso rebajar salarios, sino también sacaron a decenas de trabajadores contratados que venían cumpliendo funciones hace años. Son despidos encubiertos bajo una modalidad flexible del contrato. Además, se niegan, junto al grupo Techint, a firmar la paritaria que ni siquiera llega a cubrir la pérdida del salario con respecto a la inflación, ahora amenazan con cerrar la planta durante un mes y mientras tanto empujan a cientos de familias a la calle con los tristemente famosos «retiros voluntarios».
Ya conocemos lo voluntario de estos retiros, son claramente una extorsión para aquellos trabajadores que están en edad cercana a jubilarse o más grave aún, para aquellos que tienen juicio con la ART, que han tenido accidentes o enfermedades que les obligó a ausentarse por algún tiempo y para la patronal son «los faltadores».
La ofensiva ahora la están aplicando en las empresas tercerizadas, GISI (36 compañeros con la oferta de retiro), EMET (13 trabajadores), Egea (otros 13 trabajadores), y así casi todas las empresas y en el actual contexto de baja producción y posibilidad de un lock out durante un mes, significa que esos puestos no se vuelven a recuperar con plantel fijo, sino que se precariza aún más la estabilidad de esos compañeros que tengan la posibilidad de volver a ingresar.
Protesta de los trabajadores de Acindar
La caída de la actividad económica tiene un fuerte impacto en la industria. Un caso emblemático que demuestra el alcance de la recesión que atraviesa hoy el país es el caso de Acindar, la compañía siderúrgica que hace pocos días decidió apagar los hornos en sus plantas de Villa Constitución, Villa Mercedes, La Tablada y San Nicolás como consecuencia de una fuerte caída en sus ventas. Tras esta medida, trabajadores de la empresa llevaron adelante el jueves una protesta contra el cierre temporal de la fábrica, en defensa de sus puestos de trabajo y en rechazo a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.
Con una convocatorio la UOM y otros sindicatos, los empleados de Acindar realizaron un corte total de la Autopista Rosario – Buenos Aires a la altura de Villa Constitución, donde su ubica la planta principal.
Los trabajadores denuncian que alrededor de 3.500 personas podrían perder su fuente laboral, pero advierten que muchas otras compañías y actividades dependen de la continuidad de Acindar como “la construcción civil, la actividad petrolera, energética, automotriz y agroindustrial”.
Los trabajadores temen por la continuidad de sus fuentes laborales, pero llevaron adelante esta protesta no sólo para rechazar la paralización de las plantas sino para expresar su repudio a las políticas económicas que está llevando adelante el Gobierno nacional.
El delegado de la Comisión Interna de Acindar, Cristian Miguez, explicó que el objetivo central de la medida de fuerza es mostrar “la bronca contra todo este tipo de políticas que se están llevando adelante”.
“Lo que disparó esto es la parálisis de la empresa Acindar en cuanto a cortar su producción por un mes, y el impacto que esto lleva a la ciudad de Villa Constitución y el resto de la industria. Son muchos los talleres metalúrgicos afectados”, remarcó.
Huelga total en Acindar de La Matanza
La UOM de La Matanza realizó el jueves un paro histórico en Acindar: por primera vez logró un acatamiento del 100%. En simultáneo, crecen los conflictos San Nicolás y su vecina santafesina, Villa Constitución. Las plantas afectadas por la decisión de la acería multinacional ArcelorMital son esas tres y una de Rosario. Dos en la provincia de Buenos Aires y dos en la provincia de Santa Fe
En ese contexto, el secretario general de la UOM a nivel nacional y ex diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Abel Furlán, señaló que “Milei no tiene a los sectores productivos en su radar, y nunca habla de trabajadores ni de industria”.
También cargó contra uno de los grupos empresarios del sector al afirmar que “el grupo Techint, en diciembre, incrementó el valor de la chapa casi en un 100 %, han hecho un festival con los precios del acero en los últimos 90 días, y eso lo pagó el pueblo argentino”.
Su par de la seccional La Matanza, con jurisdicción sobre la planta de Acindar en La Tablada, Esteban Cabello, explica detalladamente la situación: “Van a cerrar las cuatro plantas, pero no en simultáneo, sino de acuerdo a la etapa del proceso industrial, porque no todas hacen lo mismo. Nosotros, en La Tablada, hacemos trefilación con lo que ellos funden. Si ellos dejan de fundir, no tenemos cómo hacer los alambres e insumos para el campo. Nos toca parar desde el lunes 18″.
El conflicto de fondo es salarial ya que, según dicen, la empresa quiere suspender a los trabajadores para no pagarles el salario completo durante ese mes, aunque los trabajadores advierten que esas suspensiones necesitan de sus firmas. “Nosotros tenemos el mismo salario de noviembre, con 70 puntos de inflación en el medio, entonces no vamos a aceptar ninguna suspensión si no actualizan salarios”, afirman. “Había una conciliación obligatoria que terminó el lunes. En estos días lo explicamos en asamblea y todos los trabajadores lo aceptaron. Por eso hoy no fue nadie a trabajar.”
La planta de Acindar en La Tablada tiene hoy 400 empleados. Llegó a tener 4.000 en su mejor momento, antes de la dictadura. Es tan grande que buena parte de lo que entonces era industria se aprovecha ahora como depósito.
Además del cierre transitorio de sus plantas en el país, la empresa despidió recientemente a 250 trabajadores, entre 150 tercerizados y 100 contratados. El principal argumento para el ajuste es la falta de demanda de sus productos, en el contexto de una caída general y abrupta del consumo y la actividad económica, que algunos economistas ya comparan con 2001.
Sus distribuidores no venden ni al campo ni a la industria ni a la construcción, sus principales mercados. Entonces los stocks no bajan y la empresa prefiere frenar la producción.
Uno de los grandes clientes de Acindar era el conjunto de contratistas del Estado, a través de la obra pública, que compraba varillas, perfiles y hierros de construcción en general. Se trata del primer sector atacado por la motosierra, cuyas consecuencias comienzan a hacerse visibles ahora.
Acindar cuenta con más de 3000 empleados y 80 años de trayectoria en Argentina. Tiene dos plantas en la provincia de Buenos Aires, una en la localidad de La Tablada, partido de La Matanza, y otra en San Nicolás. Esta última, pertenecía originariamente a Somisa, la empresa pública que el menemismo privatizó durante los años noventa, convirtiendo a la ciudad en una de las de mayor índice de desocupación del país.
La empresa no constituye un caso aislado. En la planta de San Nicolás de Siderar, empresa del Grupo Techint, que encabeza el aliado del gobierno Paolo Rocca, según denuncia el sindicato se dan “despidos hormiga, de a uno, dos o tres trabajadores, por debajo del radar, para evitar un conflicto masivo”, al tiempo que presionan a los trabajadores de más de 50 años para que acepten retiros voluntarios.
También peligran los casi 200 empleos de Motomel, que ensambla motovehículos con alto porcentaje de componentes procedentes de China, cuyo ingreso al país se encuentra muy restringido. El miércoles, a pocos kilómetros de allí, en el partido de Ramallo, el frigorífico Arre Beef suspendió a 200 trabajadores. El principal mercado del frigorífico es China y sus compras cayeron abruptamente a partir del inicio de la gestión Milei y su oscilante relación esa potencia.
El jueves, encabezada por la UOM de Villa Constitución, y apoyada por el resto de la CGT local y varios sindicatos nicoleños, una nutrida manifestación cortó la ruta 9 en el límite interjurisdiccional entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, por el cierre de la planta local de Acindar.
El secretario general de la seccional Villa Constitución de la UOM es Pablo “Piparra” González, quien sostuvo que “la movilización no es sólo en defensa de los trabajadores de Acindar sino de todo el pueblo, porque si Acindar cierra, acá no va a quedar nadie. Ellos ya anuncian suspensiones, sin haber hablado ni acordado con nosotros, si lo hacen realmente, el conflicto sigue y nosotros seguimos en la ruta como hoy”, explicó el dirigente. González agregó que “entre los despedidos hay gente que votó a Milei, muchos de ellos contratados y ahora, de a poco, van asimilando lo que significa. Si entra acero chino al país no hay más trabajo para nadie“, advierte.
“Villa Constitución tiene una cultura muy particular. Acindar es el principal empleador y principal contribuyente. Todos, del almacenero al empleado municipal, saben que el pueblo es Acindar dependiente. Entonces se movilizan para defender lo que les corresponde, del primero al último”, explica un sindicalista de la localidad vecina.
De hecho, se armó una multisectorial donde, además de los sindicatos, están los estudiantes, comerciantes y pymes entre otras representaciones. El viernes 8 culminó la conciliación laboral dictada por el gobierno y la multisectorial se encuentra alerta, a la espera de posibles anuncios de despidos.
Despidos y suspensiones en Metalsur
La empresa Marcopolo que fabrica carrocerías para colectivos, controla la planta Metalsur de Villa Gobernador Gálvez. Anunció el cese del contrato de 140 trabajadores y la suspensión de los 500 operarios de planta, a quienes les rebajará el 20% del sueldo. El argumento es la baja de la producción, pero todas las patronales están especulando con modificaciones de las leyes laborales que impulsa el gobierno de Milei.
En medio del feroz ajuste del gobierno, las empresas no se quedan atrás. Acindar anunció despidos en su planta de Villa Constitución. Paolo Roca, el empresario ferviente defensor del Gobierno de Milei que se quedó con el negocio de Vaca Muerta, YPF y que busca entrar al negocio del litio, anunció despidos en Siderar, la planta de San Nicolás. En Vassalli corren riesgo el puesto de los casi 300 trabajadores que la empresa tiene en su fábrica de cosechadoras de la ciudad de Firmat. En la “línea blanca”, el cordón metalúrgico de Rosario en el que se fabrican centralmente electrodomésticos, las fábricas despiden contratados, suspenden o cierran temporalmente bajando la producción.
“Durante años se llenaron de plata gracias a nuestro esfuerzo. Ahora lo primero que hacen es suspender, pero si ya con el sueldo no alcanza, imposible va a ser cobrando el 80%. Y si los trabajadores no agachamos la cabeza y aceptamos las rebajas salariales o las suspensiones te amenazan con el cierre. Cada compañero que queda en la calle es una familia que no puede comer, que no puede sostenerse. No hay que permitirlo”, señaló Javier Monzón.
La destrucción de 70.000 empleos en la industria metalúrgica
El secretariado nacional de la UOM, que lidera Abel Furlán, alertó que la apertura de importaciones y la reforma laboral en ciernes generarán que la merma de puestos de labor se cifre en 70.000 personas.
Para los metalúrgicos la situación no es una novedad, la mayoría de los integrantes de su conducción ya fueron parte de esa organización tanto de 2015 a 2019 como también bajo la estrategia política que llevó adelante la gestión de Carlos Menem en los 90.
Furlán subrayó que este rubro industrial sería uno de los principales damnificados, con miles de trabajadores despedidos, en virtud de la apertura de importaciones, el libre mercado y la reforma laboral que la Casa Rosada intenta concretar.
“No hay diálogo con el Gobierno. Y entendemos que no lo hay con nadie. Es como es esto o nada. Y no nos dejan alternativa. Tenemos una responsabilidad que no podemos dejar”, planteó.
La Unión Obrera Metalúrgica anunció tres paros nacionales para marzo
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) anunció un plan de lucha que consiste en tres medidas de fuerza de carácter nacional distribuidas a lo largo de todo marzo. El primero de ellos se llevará adelante esta semana. Esto tiene lugar tras fracasar las negociaciones paritarias entre el gremio y las Cámaras empresarias para acordar incrementos salariales en medio del contexto económico adverso actual.
Así lo oficializó la entidad, comandada por Abel Furlán, a través de un comunicado oficial. En el mismo, le pusieron fecha y duración a cada una de las acciones gremiales. El 6 de marzo llevaron adelante un paro general por 24 horas. El segundo será de 48 horas, comenzará el 13 y terminará el 14. Y, por último, harán uno de 72 horas entre el 19 y el 21 de marzo.
El comunicado de la UOM
“Tras decenas de encuentros fallidos en la búsqueda de consensos básicos y razonables sobre el valor del salario digno para las trabajadoras y trabajadores metalúrgicos, desde el mes de diciembre pasado el sector empresario se niega a reconocer incrementos salariales que acompañen el índice de inflación”, comenzó el extenso comunicado en el que dieron a conocer la medida.
Posteriormente, denunciaron que «tanto el sector del empresariado nacional», nucleado en la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) y la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), Federación Argentina del Comercio en Artefactos para el Hogar y Afines (FEDEHOGAR), Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica de Argentina (CAMIMA) y Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines (CAIAMA), como, directamente señaladas, «las empresas siderúrgicas Grupo Techint y Grupo Arcerol Mittal» pretenden, afirman, «desconocer la justicia de este reclamo» en medio de «subas del 100%» en el precio de la chapa y los bienes de acero.
Para continuar el escrito, señalaron: «Las empresas del sector se benefician por la caída abrupta del costo laboral unitario, que sólo en 2023 cayó 36% y, desde 2016 a la actualidad, acumula una baja del 66%, lo que da cuenta de la desproporción entre los ingresos de las empresas y la remuneración de las personas que trabajan generando su riqueza«.
Tras esto, recalcaron que los salarios que pagan las empresas «están por debajo de la Canasta Básica Alimentaria«, hoy en $92.415 pesos para una persona y en $285.561 para una familia tipo de cuatro integrantes. «Frente a la insensibilidad de los sectores empresarios, que acumularon mayores niveles de rentabilidad en la Argentina durante los últimos años, y en una actitud irresponsable pretenden perpetuar la pérdida de poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores, vamos a luchar por la recuperación del salario y el valor de nuestro trabajo», sostuvo el texto.
Para cerrar, y sumado al anuncio del «Plan Nacional de Lucha», resolvieron “promover la participación activa de las 54 seccionales del país enarbolando los principios de unidad, solidaridad y compañerismo”. Según indicaron, quienes se plieguen a la medida de fuerza lo harán “en honor” a los 80 años que transitan en “la defensa de los derechos y la dignidad de las trabajadoras y trabajadores metalúrgicos y de un modelo de desarrollo industrial con justicia social”.
Cabe remarcar que la Unión Obrera Metalúrgica había acordado, el mes pasado, un incremento del 25,5% (correspondiente a la inflación de diciembre) para los sueldos de enero, que se aplicó sobre los salarios vigentes en la actividad al 31 de diciembre.
La entidad gremial no es la única que atraviesa, según denunciaron, congelamientos salariales en este marco adverso. Es que, más allá de los avances paritarios en diversos rubros, hay sectores en donde, desde diciembre, y a merced de las Cámaras empresarias, los aumentos han estado por debajo del IPC o, directamente, no se ha llevado adelante incremento alguno, congelando los ingresos, en estos casos, desde diciembre del año recientemente finalizado, simbolizando un duro estacazo a los ya golpeados bolsillos de los argentinos.
Esto, según un reciente informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales ‘Scalabrini Ortíz’, forma parte de la estrategia del «plan de shock» de Javier Milei, utilizando el ajuste en el sector público como «disciplinamiento para los trabajadores del sector privado», tal y como indicó un documento.
Con esto, según CESO, el Gobierno Nacional busca «controlar la inflación» a partir de «reducir la emisión monetaria y provocar una recesión para controlar la demanda», que se puede traducir, en otras palabras, en la búsqueda de una disminución a partir una caída del consumo, con un fuerte declive en el último bimestre, tal y como lo demuestran las cifras recientes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con una baja abrupta del 27% en el índice que registra las ventas minoristas, con los alimentos y los medicamentos como los principales rubros afectados.
Automotrices de Córdoba: 140 contratados a los que no les renovaron, 19 trabajadores efectivos despedidos y 650 suspendidos
El registro lo realizó la UOM de Córdoba entre enero y febrero. La producción se desplomó.
El “Plan Milei” empieza a golpear a Córdoba, una de sus fortalezas desde la cual el Libertario llegó a La Rosada. Es que en la provincia mediterránea hay un polo automotriz que está sintiendo el embate de la estanflación y del cambio de reglas económicas.
“La recesión se está notando en todas las actividades, y en la nuestra se está sintiendo bastante”, dijo al secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Rubén Urbano.
El dirigente sindical calificó a este momento de la política y de la economía como “raro y extraño”. Tenemos los mismos problemas de años anteriores, pero potenciados: se profundizan los inconvenientes para importar y exportar, a la par que la actividad se deprime fuertemente. “Esto no es lo que votó la gente”, enfatizó Urbano.
El dirigente metalúrgico declaró que las terminales automotrices entraron en fase contractiva afectando también la performance productiva del tejido autopartista. En efecto, “han quedado muchos trabajadores suspendidos y otros tantos despedidos”.
De acuerdo al registro de la UOM, en Córdoba, entre enero y febrero hubo 19 trabajadores efectivos despedidos, mientras que los suspendidos llegaron a los 650 asalariados. Por otro lado, a 140 de los trabajadores contratados no les renovaron sus contratos.
En lo que va de 2024 poco más de 800 trabajadores de diferentes unidades productivas cordobesas o fueron despedidos o tienen incertidumbre sobre su situación laboral.
Lo mismo expresó el secretario general de Smata Córdoba, Maximiliano Ponce, quien advirtió que se viven “momentos muy complicados”. Además de la incertidumbre económica que reina en el país, dos problemas afectan principalmente al sector: la alta inflación y la dificultad para importar insumos. Las casas matrices de las automotrices “miran con recelo a la Argentina” por la dificultad que tienen las subsidiarias para girar las divisas.
Esta es la causa de que no entren piezas, caiga la producción y tanto en las terminales automotrices como en las autopartistas peligren los puestos de trabajo.
Además, sostiene el dirigente de Smata, hay temor de que el gobierno anarcocapitalista desregule importaciones. En efecto, si cuando se logre acumular dólares son usados para importar vehículos terminados, en lugar de insumos, el complejo automotriz sucumbirá en una crisis densa. Si bien al momento, el problema “no ha impactado de lleno” en la plantilla de trabajadores, de no haber una solución pronta se pasará de las suspensiones a despidos, irremediablemente.
De acuerdo a reportes de la Asociación de Fabricante de Automotores (Adefa) la producción de vehículos cayó en enero por segundo mes consecutivo, habiendo registrado durante los primeros 11 meses del año un promedio mensual de 50.000 autos, en diciembre la fabricación de 0km se ubicó en torno a los 36.000. Mientras que en enero descendió a 22.000 vehículos.
Si bien es de esperar una merma estacional que tiene que ver con las vacaciones estivales, el año comenzó con números muy bajos. De los más bajos de la última década, justo cuando el sector comenzaba a mostrar números robustos.
Por la parálisis de las obras, Salta, Jujuy, Tucumán y La Rioja suman casi 10.000 despidos en la construcción
La desocupación entre los trabajadores de la construcción crece todas las semanas. Así se registra en las provincias del norte del país debido al corte en seco que puso en marcha la Casa Rosada de los fondos para las obras públicas que financiaba la Nación.
El cierre del grifo, vía transferencias discrecionales y otras modalidades de programas, comenzó desde el minuto uno de la asunción del presidente Javier Milei y persiste. En Salta, Jujuy, La Rioja y Tucumán algunas obras se encuentran en virtual estado de abandono, ante la imposibilidad de que las provincias cubran con fondos propios la mora o el retiro definitivo.
Desde Salta, Rubén Aguilar, secretario general del sindicato de la construcción, UOCRA, advirtió que están paralizadas las obras de viviendas y las viales, dos de las principales generadoras de trabajo. “Para peor, nos comunicaron sobre dos nuevas paralizaciones de casas, en Rosario de Lerma y en Rosario de la Frontera, que sumaban 150 obreros que ahora quedan en la calle”, señaló.
Al ser consultado sobre una cifra, estimó en 4.000 los despidos en el sector desde que asumió Milei. Este escenario fue confirmado por Francisco Agolio, a cargo del distrito de Vialidad Nacional en Salta, cargo al que llegó por pedido del gobernador Gustavo Sáenz. Según el funcionario, en esa provincia están paralizados todos los trabajos en las rutas nacionales, entre ellos, sobre la 9/34, la 51 y la turística 40. En los tres casos, tenían un avance promedio del 40%. “Hay incertidumbre con los fondos nacionales, pese a estar en la etapa de proyecto ejecutivo”, dijo.
En Jujuy la situación de preocupación no es menor. Según Ramón Neira, secretario general de la UOCRA de esta provincia, hay alrededor de 6.000 obreros sin empleo desde que asumieron las autoridades nacionales, por la parálisis de los trabajos.
La provincia mantiene con vida a proyectos de pequeña envergadura, que no pueden reemplazar la ausencia de los recursos nacionales, según el dirigente. Por ejemplo, aún se están ejecutando tareas en 42 escuelas que dan trabajo a cerca de 500 empleados, pero finalizarán, en breve. “Nadie sabe qué pasará después”, advirtió.
En Tucumán el escenario no es distinto. Las obras nacionales se han desfinanciado y suman 3.000 los nuevos desocupados de la construcción, según David Acosta, secretario general de UOCRA de esta provincia.
Entre los proyectos paralizados están la autopista que unirá San Miguel de Tucumán con Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, y las plantas de tratamiento de líquidos cloacales en las ciudades de Concepción, Famaillá y la comuna de San Andrés. “La situación es grave y el futuro es incierto”, sostuvo.
En La Rioja el impacto negativo del desfinanciamiento se sintió desde el minuto cero de la asunción de Milei. Está paralizada la construcción del Nuevo Hospital en Chilecito y un centenar de proyectos de menor dimensión, en escuelas y en municipios. De acuerdo al interventor de la UOCRA de esta provincia, Sebastián Di Fiori, hay 2.000 obreros del sector desocupados, desde diciembre. Desde entonces, cerca de un 70% de trabajadores que estaban activos fueron despedidos, por el desfinanciamiento de trabajos que se nutrían con fondos nacionales y locales.
La UIA reconoció que la producción industrial cayó a mínimos históricos y que el empleo se desplomó 14% en enero
La producción industrial registró una caída récord y el empleo se desplomó 14% en enero, según el último informe del Centro de Estudios de UIA. Se trata la mayor merma desde que se mide la serie y la cifra se conoce en medio del apoyo cerrado que la institución sostiene a la gestión libertaria de Javier Milei.
En enero, la producción se ubicó en 29,9%, el nivel más bajo de la serie y sufrió una caída de 6,9 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mismo mes del año pasado.
En el primer mes del año, se registraron los niveles más bajos de la serie en las variables de producción y ventas, lo que demostró una agudización de las dificultades en el entramado productivo industrial, con especial incidencia en las pymes.
Asimismo, la caída de la producción y ventas redundó en más empresas con dificultades para hacer frente a los pagos.
A raíz de la caída de producción y ventas también marcó una tendencia negativa la serie de empleo, al registrar un desplome del empleo en el 21% de las empresas encuestadas.
Por segundo mes consecutivo, más empresas reducen su nivel de empleo (21%) que aquellas que lo aumentan (7%). «La diferencia se amplió y se advierte un cambio de tendencia», señaló el informe de UIA.
El índice de difusión, porcentaje de empresas con subas menos las que registran caídas, se ubicó en 14,3 p.p negativo y alcanzó su valor mínimo.
Paro total contra los despidos en Aysa
El gremio denunció los recientes despidos y distintas acciones intimidatorias de la firma contra los trabajadores. La medida se realizará el lunes 11 de marzo, por 24 horas y solo funcionarán guardias mínimas por emergencias.
Desde SGBATOS (Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias) aseguran que desde la asunción de Javier Milei están pidiendo una reunión con el Gobierno y no fueron recibidos. Los despidos son una decisión arbitraria y persecutoria de las autoridades.
Lingeri aseguró que el Gobierno está «asfixiando» a Aysa ya que es la mayor consumidora de energía eléctrica en el AMBA y los aumentos de luz impactan en los costos de la empresa.
Recordemos que la empresa pretende aumentos superiores 200% sumado a incrementos mensuales el último miércoles de marzo se realizará la audiencia pública para definir el nuevo cuadro tarifario que regirá desde abril.
Aerolíneas lanza 8000 “retiros voluntarios”
El año comenzó con un traspié para el plan de Milei de privatizar Aerolíneas Argentinas, entre otras empresas. La Ley Ómnibus fracasó en el Congreso, tras días de debates y movilizaciones.
Pero el gobierno no canceló su plan de vuelo. Primero comenzó con un ataque al salario aeronáutico, con paritarias a la baja, que fueron respondidas con un fuerte paro el 28 de febrero. A las pocas horas se conocieron 40 despidos en GPS, una de las principales tercerizadas de AA. Este viernes el diario Clarín informó que la gerencia de la empresa “envió una nota de comunicación interna a sus casi 12.000 empleados con los detalles para ingresar al «Plan de Retiro Gratificado». ¿En qué consiste? Un proceso de “retiros voluntarios” para personal de tierra con más de 2 años de antigüedad. El objetivo “sacarse de encima” 8.000 empleados. Según dice la empresa, aquellos que quieran acceder al retiro podrán anotarse hasta el 31 de marzo.
Estamos ante un claro chantaje. Mediante el congelamiento salarial, los aprietes, los ataques como en GPS y los 8.000 despidos encubiertos, la campaña antisindical y contra la aerolínea de bandera quieren debilitar a los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones, para avanzar con el plan de vaciamiento y privatización.
Pero ese plan tiene un problema. El paro del miércoles, que canceló 340 vuelos, fue una demostración de quiénes son los que hacen funcionar el transporte aéreo. La importante asamblea general de GPS, con la participación de trabajadores y trabajadoras de todos los turnos, pero también de una importante delegación de dirigentes y delegados de APA (personal de tierra), así como organizaciones solidarias, son otra muestra de que fuerzas hay.
Desde la Comisión Interna de GPS y distintos sectores autoconvocados de Intercargo y Aerolíneas vienen planteando la necesidad de enfrentar el plan de Milei. Lo han hecho ante el paro del 24 de enero, las movilizaciones contra el DNU y la Ley Ómnibus y esta semana nuevamente. Y han difundido propuestas concretas.
Como planteaba Martín Brat, delegado de GPS-Aerolíneas, “estamos ante una misma batalla: por el salario y en defensa de Aerolíneas Argentinas. Es momento de que en todos los sectores se hagan asambleas para que cada trabajador sea parte de pelear por su fuente de sustento y de sus familias, así multiplicamos nuestras fuerzas. Este paro debe tener continuidad y la más amplia unidad entre los aeronáuticos y con los distintos trabajadores en lucha, como estatales, docentes, bancarios, ferroviarios y trabajadores audiovisuales por nombrar algunos de los tantos atacados por Milei. La unidad se vuelve fundamental ante el plan brutal que están llevando a cabo. Por eso se viene escuchando el reclamo del paro general para que las peleas no sean aisladas”.
Aerolíneas Argentinas: el Gobierno avanza con el plan privatizador
El viernes 1° de marzo desde el mediodía los trabajadores y trabajadoras de GPS, tercerizada de Aerolíneas Argentinas, comenzaron una serie de medidas en defensa de sus puestos de trabajo. A las 12:30 realizaron una asamblea general donde analizaron los despidos que habían sufrido el miércoles.
Como denunciaron los delegados de base, «los ataques en Aerolíneas Argentinas, en el marco del plan del gobierno para privatizarla, empezaron atacando a los tercerizados pero sabemos van a intentar avanzar sobre el resto». Además, denunciaron que «despidieron trabajadores/as con hijos con discapacidad, dejaron 40 familias en la calle. A esto hay que sumar el congelamiento salarial en los efectivos que derivó hace unos días en un paro con cancelación de casi 400 vuelos».
En la asamblea se hicieron presentes dirigentes y delegados de APA (personal aeronáutico de tierra), que vienen de un paro de 24 horas junto a otros gremios del sector. También referentes de otros gremios, asambleas populares y del sindicalismo combativo.
Al mismo tiempo, se conocía otra noticia que confirma que el congelamiento salarial que motivó el fuerte paro del miércoles, así como estos despidos en GPS, son la primera etapa de un plan privatizador. El diario Clarín señaló al mediodía que «Aerolíneas Argentinas abrió este viernes un proceso de retiro voluntario para personal de tierra con más de 2 años de antigüedad, lo que alcanza a unos 8.000 empleados de la línea de bandera. Según les indicó la empresa a sus empleados, aquellos que quieran acceder al retiro podrán anotarse en un listado hasta el 31 de marzo».
Los «retiros gratificados» se pagarán en cómodas cuotas. Pero lo importante es que se trata en realidad de despidos encubiertos. Mediante el congelamiento salarial, los aprietes, los despidos como en GPS y la campaña antisindical y contra la aerolínea de bandera buscan funcionar como un chantaje. Debilitar a los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones, para avanzar con el plan de vaciamiento y privatización.
El plan de retiro voluntario en Aerolíneas Argentinas para su personal en tierra es el primero de esta naturaleza adoptado en los últimos 15 años.
La empresa informó que el retiro “se abonará en un plan de pagos mensual, equivalente al 50% de antigüedad en años al momento de la firma. Por ejemplo, si se posee 20 años de antigüedad, se abonará en 10 cuotas mensuales”.
En caso de avanzar con el acuerdo por parte de los trabajadores, la fecha de salida deberá ser validada por la dirección correspondiente y la fecha límite para inscribirse es el 31 de marzo.
Tras el caso de Topper, los despidos también llegan a TN&Platex
Como uno de los primeros efectos de la recesión en la industria textil y del calzado, 85 trabajadores fueron cesanteados en la planta que Topper posee en la ciudad de Aguilares. La empresa, a manos del empresario brasilero Carlos Wizard Martins, planteó que la decisión se basa en una fuerte caída de ventas. El ajuste recayó en los despidos de jóvenes de la zona, generando incertidumbre en el resto de la planta que tiene un poco más de 1.000 operarios.
En las plantas de TN&Platex en Tucumán la situación es parecida. La semana pasada comenzaron los despidos de aquellos operarios con menos antigüedad, dando de bajo más de 18 contratados. Tanto en la ex Pol Ambrosio como en la ex San Nicolás, que ahora pertenecen a la firma de Teddy Karagozian, están funcionando con el 50% del personal.
De acuerdo a lo que denuncian los trabajadores, la modalidad de la empresa es imponer una renuncia a cambio de la promesa de cuando “la situación mejore” volverán a ser llamados. Para dividirlos, la patronal los va citando por separado, condicionándolos para que firmen. “Si no firmás como ellos te dicen, quedás marcado como un conflictivo”, explican. También circula un rumor de una nueva lista de “retiros voluntarios”, el mecanismo patronal para no hablar de despidos.
Ni la Asociación Obrera Textil (AOT) ni el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) han planteado medidas para enfrentar este plan contra los puestos de trabajo. Ya bajo el macrismo, TN&Platex pasó de trabajar con 300 operarios por planta a hacerlo con 140. Ahora las perspectivas son las mismas o peores, mientras los mecanismos de las patronales parecen ser los mismos: suspensiones, “retiros voluntarios” y despidos. Descargar la crisis sobre las familias trabajadoras es una política que comienzan a implementar las patronales, comenzando por los contratados o tercerizados. En base al temor a los despidos, también se avanza sobre las condiciones laborales y los salarios.
La motosierra deja en la calle a 600 trabajadores de Capital Humano
Por Matías Ferrari
El único ministerio que según prometió Javier Milei iba a contar con «la billetera abierta para contener a los caídos” es paradójicamente el que está encabezando el proceso de desguace, ajuste y despidos en el Estado. La cartera de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello anunció este lunes el cierre de los 59 Centros de Referencia (CDR) con que contaba la Secretaría de Niñez y Familia (ex Desarrollo Social) en todo el país, con el correspondiente cese de los contratos de unos 600 empleados. La medida fue anunciada vía redes sociales: ésa fue la forma –un posteo en Twitter– en que los trabajadores y las trabajadoras, y hasta los propios delegados gremiales, se enteraron de que se quedaban en la calle.
La cartera que conduce Pettovello comunicó el cierre y los despidos como una buena noticia. Los CDR “funcionaban como cajas de la política y refugios de ñoquis”, dice el comunicado oficial de Capital Humano, a tono con la forma despectiva en que el Gobierno se refirió a los trabajadores de la Agencia Télam, el INADI y otros organismos. “De esta manera, se ahorrarán 5.000 millones de pesos anuales”, agrega.
La ministra utilizó los mismos argumentos, también este lunes, para justificar la eliminación de las “unidades de gestión” del Potenciar Trabajo, que eran administradas por las cooperativas y emprendimientos productivos de las organizaciones sociales. El ajuste en el principal programa de asistencia social del país, se vanaglorió Pettovello, suma otros “34 millones de dólares al año”.
Abandono de territorio
Lejos de ser un “refugio de ñoquis”, los CDR constituían la pata territorial y federal del ex Ministerio de Desarrollo Social, hoy degradado a secretaría. Con sedes en el interior de la Provincia de Buenos Aires (Bahía Blanca, Mar del Plata, Mercedes, Tandil, Dolores, etc.), y en casi todas las provincias del país (desde Formosa, Chaco y Corrientes hasta Chubut, Río Negro y Santa Cruz), los Centros atendían a diario trámites para acceder a distintas políticas públicas que de otra forma sólo se podrían hacer en la Ciudad de Buenos Aires: desde conseguir un Certificado Único de Discapacidad o el Monotributo Social hasta tramitar los medicamentos biomédicos de alto costo que entregaba la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) que, por otra parte, también fue desfinanciada por el gobierno libertario.
Sus trabajadores, además, realizaban tareas de acompañamiento a las familias beneficiarias de los distintos programas. “No nos vamos a cansar de decirlo: los laburantes no son ñoquis ni nuestro trabajo es «una caja de la política». Los compañeros de los CDR están formados y capacitados para atender situaciones de emergencia y de complejidad en todo el país, llegan a territorios donde el Estado no llegaría de otra manera, articulan políticas con los gobiernos locales y ponen la cara todos los días ante las necesidades de la población más vulnerable”, respondió Ingrid Manfred, delegada de ATE Capital en el Ministerio de Capital Humano.
Según comunicó Pettovello, personal de su ministerio visitó recientemente un CDR (uno sólo de los 59, sin especificar cuál) con «más de 50 empleados registrados», y «en plena jornada laboral, sólo estaban cubiertos menos de 20 puestos de trabajo». El gremio no sólo lo desmiente -en Corrientes hay muchos trabajadores asistiendo a la población afectada por las inundaciones-, sino que además agrega que desde el inicio de la gestión se dejaron fuera de funcionamiento las camionetas que permitían hacer recorridos por las distintas localidades, entre otros «boicots» al trabajo cotidiano. Eso hacía suponer un panorama de despidos por venir, pero la decisión sorprendió a todos: se comunicó antes por los canales públicos del ministerio que a los propios trabajadores.
«Solo demuestran un profundo desconocimiento del trabajo que se venía haciendo. Nunca tuvieron la más mínima intención de evaluar si era conveniente continuar con los CDR», describió Manfred. «En un contexto de 57 % de pobreza, la desarticulación de programas sólo demuestra que la motosierra empezó por los de más abajo», concluyó.
Las organizaciones como enemigo
El mismo día que anunció los despidos, Capital Humano también terminó de confirmar los últimos cambios en el Potenciar Trabajo, que habían sido comunicados la semana pasada. Además de segmentar el programa entre la población empleable y no empleable (recibirán talleres y capacitación laboral sólo aquellos menores de 49 años y que no sean mujeres con más de cuatro hijos), este lunes se informó sobre el cierre de las «unidades de gestión», es decir de la «intermediación» de las organizaciones sociales. Todo, bajo una misma idea rectora: que los movimientos son los culpables del «fracaso» -de acuerdo a las palabras del Gobierno- de los planes.
«Lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia», sostienen en el entorno de Pettovello sobre las organizaciones. El problema que surge es que, tras la eliminación de los «intermediarios», la gestión del programa queda acéfala. Si antes eran las organizaciones las que tomaban la decisión sobre las altas y las bajas del programa, ahora quedará a la sola discreción de los funcionarios de turno.
A propósito, en paralelo al anuncio de la medida renunció Rodrigo Aybar a su cargo en la subsecretaria de Economía Social, donde no había llegado a ser nombrado oficialmente. Aybar -cercano al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela- se ocupó de rediseñar el Potenciar Trabajo. Luego se fue, para no pagar el costo.
A la par del ajuste en el Potenciar, Capital Humano ya recortó en la asistencia a los comedores y en el programa que entregaba medicamentos de alto costo de forma gratuita. También pasó la licuadora por el Servicio Alimentario Escolar (SAE), que podría moverse a la órbita de Educación.
«El gobierno quiere responsabilizar a los trabajadores y trabajadoras de la puesta en marcha de su objetivo político expreso: la detención absoluta de las herramientas del Estado para asistir a la población», concluyó Manfred.
Fuentes: Diagonales, Red Eco Alternativo, Perfil, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, www.infogremiales.com.ar, Periódico El Roble, Anred, Página12
