Abogados/as ambientalistas rechazan nueva versión de la Ley Ómnibus: «sigue representando una clara regresión ambiental»
Imagen: Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial / Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
«Consideramos que este dictamen, aún con las modificaciones propuestas, sigue representando una clara regresión ambiental respecto de la legislación de protección ambiental vigente y los estándares internacionales», señalan desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. Remarcan que «los glaciares y ambientes periglaciares, ahora protegidos, ya no lo estarán y podrían ser destruidos». También, que «la desfinanciación de la Ley de Bosques y otros cambios impuestos siguen representando una amenaza significativa a la preservación de nuestros bosques, comprometiendo la biodiversidad y la sostenibilidad de nuestros ecosistemas». Además, alertan que «se derogan las prohibiciones de cambio de uso del suelo después de un incendio» y que «los humedales, pastizales y bosques serán los principales perjudicados». Finalmente, puntualizan que el aumento de 30 a 90 días para la autorización de quema «representa, de manera tácita, la aprobación y la desregulación de las quemas en todo el territorio nacional». Por ANRed.
En una carta abierta a los diputados y diputadas nacionales emitida este lunes 22 de enero, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) expresaron su rechazo a la nueva versión del Proyecto de Dictamen de Ley Ómnibus que impulsa Javier Milei y que estos días se está tratando en los plenarios de comisiones del Congreso Nacional.
«Consideramos que este dictamen, aún con las modificaciones propuestas, sigue representando una clara regresión ambiental y una amenaza seria para el estado democrático de derecho y los principios fundamentales de justicia republicana que son parte. Habiendo realizado un análisis detallado del borrador circulante, queremos destacar como especialistas en materia socioambiental que las modificaciones introducidas son altamente preocupantes, inadmisibles por lo profundamente regresivas respecto de la legislación de protección ambiental vigente y los estándares internacionales«, remarcan.
Ley de Glaciares, amenazada por el avance de la megaminería. Foto: Walter Diaz / Télam.
En esa línea, puntualizan:
▶️ «Ley de Glaciares: glaciares y ambientes periglaciares, ahora protegidos, ya no lo estarán y podrían ser destruidos, de aprobarse el texto del dictamen. Las modificaciones propuestas allí para cambiar las definiciones de glaciar y ambiente periglaciar tienen un claro objetivo de reducir notoriamente el área protegida. Esta regresión de proyección ambiental será utilizada para avanzar con actividades extractivistas (megaminería fundamentalmente) sobre estos ecosistemas.
▶️ Ley de Bosques: a pesar de las modificaciones respecto de la redacción original, la desfinanciación de la ley y otros cambios impuestos siguen representando una amenaza significativa a la preservación de nuestros bosques, comprometiendo la biodiversidad y la sostenibilidad de nuestros ecosistemas.
▶️ Ley de Manejo del Fuego: se derogan las prohibiciones de cambio de uso del suelo después de un incendio, lo cual representa una clara regresión en la protección de los ecosistemas, promoviendo actividades que se dicen ‘productivas’ pero que pueden tener consecuencias ambientales devastadoras. Los humedales, pastizales y bosques serán los principales perjudicados que, además, fueron los protagonistas de los últimos grandes incendios intencionales para cambios de uso de suelos.
▶️ Autorización de Quema: Aumento de 30 a 90 días para la autorización de quema. Esto representa, de manera tácita, la aprobación y la desregulación de las quemas en todo el territorio nacional. Este cambio sigue siendo erróneo ya que nunca debiera haber una actividad de quema sin autorización expresa de autoridad competente. La necesidad de controlar actividades que perjudican la salud de la población, que tienen un impacto ambiental significativo y que pueden desencadenar megaincendios (como ya es habitual en el contexto de agravamiento de la crisis climática), afectan de manera directa a las economías regionales y el entramado social».
Modificaciones a la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema. Foto: Anna Baskakova / Greenpeace.
Por todo lo señalado, desde ambas entidades, consideran que «en definitiva, la combinación del DNU 70/23, la derogación de la Ley de Tierras Rurales y este proyecto de Ley Ómnibus constituyen una amenaza inminente y concreta sobre la totalidad de los bosques, glaciares y humedales».
Asimismo, señalan otras regresiones ambientales que se mantienen en el proyecto de ley, que «por sí solos ameritarían su rechazo». Es el caso, sostienen, de la privatización de las empresas públicas del sector energético, tanto nacionales como provinciales, que «intensificará y profundizará la dependencia en materia energética», ya que «no solamente tiene un impacto social debido al valor de la tarifa energética, generando mayor pobreza energética, sino que también ocasiona desbalances macroeconómicos al afectar la balanza de pagos», lo cual «posterga y demora innecesariamente el inicio de una transición energética, a la cual el mundo se dirige inexorablemente y que Argentina precisa poner en su propia esfera, como un ámbito estratégico», remarcan.
Asimismo, en cuanto a la propuesta de la privatización de la Administración General de Puertos, alertan que se consolidan «las políticas hacia la privatización de los ríos, en particular, el Paraná, imposibilitando aún más el control nacional y provincial sobre nuestra principal vía de exportación y negando la gestión pública, en el contexto del federalismo de concertación, negando la titularidad de las provincias de sus bienes naturales».
«A su vez, son hechos altamente preocupantes la creciente desregulación del sector minero y la profunda desregulación sobre la propiedad de las semillas, aspectos que comprometerían la soberanía nacional y la salud de nuestras comunidades», indican.
Y agregan: «no podemos pasar por alto las groseras deficiencias y vicios democráticos que tiene este proceso en cuanto a la falta de deliberación, transparencia, publicidad, participación y sobre todo, tiempo razonable para debatir abiertamente. Evidentemente, los sectores que se beneficiarán con estas reformas encontraron una oportunidad de hacer una política pública, escribiendo sin ningún escrutinio público ni pudor, leyes para beneficio propio«, denuncian.
Por último, destacan: «la humanidad es cada vez más consciente de la emergencia climática y socioambiental que atraviesa nuestro planeta. Temperaturas cada vez más extremas y variables, eventos cada vez más frecuentes como los tornados, incendios, inundaciones y sequías, azotan nuestro país e interpelan de modo directo los modelos de desarrollo hegemónico. Para hacer sostenible la vida, se hace cada vez más necesario pensar una economía adaptada a la crisis climática y a la defensa del planeta. Más que nunca debemos fortalecer las legislaciones e institucionalidades ambientales, en lugar de debilitarlas. Sin embargo, en vez de preguntarnos por políticas públicas integrales que asuman desde una perspectiva a la vez nacional y global, los grandes desafíos del siglo XXI (protección de los bienes comunes, transición energética y ecosocial justa, adaptación y mitigación al cambio climático), la Argentina se instala a contramano, aislándose con posicionamientos negacionistas y retrocediendo con políticas públicas privatistas, corporativas y neocoloniales de corte devastador, propias de lo peor de los siglos XIX y XX. Por todo ello, exhortamos a cada uno de ustedes a considerar la gravedad de las implicancias de este proyecto y a votar en contra del mismo. Cada voto en contra de estas iniciativas debe ser un acto de defensa de la soberanía, de la salud de nuestras comunidades y de respeto al ambiente y la Naturaleza», finaliza la carta del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.