Operativos de Gendarmería y policía intimidan y detienen colectivos en la jornada convocada por la CGT en Tribunales
Gendarmería detiene micro de delegaciones sindicales de Jujuy en Zárate y les impide llegar a la marcha convocada por la CGT
El protocolo anti protestas se reactivó nuevamente con un operativo represivo en todo Buenos Aires, que incluye al conjunto de Policía de la Ciudad, la Federal y Gendarmería. Consiste en la detención de colectivos que trasladan a manifestantes a la jornada de la CGT contra el DNU 70/2023 de Javier Milei. «Estamos prácticamente secuestrados», aseguró el dirigente social Carlos «Perro» Santillán, quien viaja con el SEOM Jujuy en un colectivo que fue interceptado por Gendarmería. Denuncia que no los dejaron ni seguir hasta Tribunales ni tampoco volver a Jujuy y es custodiado por la policía desde Zárate hasta la terminal de Dellepiane. Por ANRed.
La jornada de protesta del movimiento obrero convocado por la CGT y otras organizaciones para presentar el rechazo al DNU 70/2023 de Javier Milei en Tribunales está atravesado por intimidaciones de la policía a manifestantes en las principales vías de acceso a CABA. Las organizaciones sindicales denuncian que se cumplió la amenaza del operativo anti protestas de Patricia Bullrich y se genera un «estado de sitio», como en la marcha convocada la semana pasada a 22 años del Argentinazo.
El canal más seguro que encuentran es el transporte público, como la línea Roca de trenes y el subte línea C, dado que la policía detiene a los colectivos que circulan, impidiendo y retrasando la concentración de la CGT y organizaciones en Tribunales.
En la justicia ya hay 14 denuncias al DNU de Javier Milei, que deroga más de 300 leyes y fue anunciado por cadena nacional a una semana de su asunción, y que generó cacerolazos masivos frente al Congreso Nacional, La Plata, Córdoba y otros puntos del país.
Las denuncias judiciales contra el DNU exigen que se investigue al Presidente Javier Milei y a todas y todos aquellos funcionarios que hayan estado involucrados en el armado del DNU 70/2023. Los cargos son abuso y usurpación de autoridad y el delito tipificado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, que establece la «responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al presidente en una posición de supremacía por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y de su gobierno».
Gendarmería y policía intimidan y detienen colectivos
#URGENTE Gendarmería detiene micro de delegaciones de Jujuy y les impide llegar a la marcha de la CGT@JujuySEOM denuncia que Gendarmería retiene en Zárate el micro donde viajan Carlos "Perro" Santillán junto con una comitiva del SEOM-JUJUY y del Movimiento Tupaj Katari. pic.twitter.com/pow1SI0Sh1
— ANRed #30Años (@Red__Accion) December 27, 2023
El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) de Jujuy denunció que la Gendarmería retiene a la altura de Zárate el micro en el que se trasladan el dirigente social Carlos «Perro» Santillán junto con una comitiva del SEOM-JUJUY y del Movimiento Tupaj Katari, impidiéndoles que lleguen a la marcha convocada por la CGT, sindicatos y organizaciones sociales.
Desde el colectivo en marcha que traslada a 45 personas entre el SEOM, militantes de derechos humanos y el Movimiento Tupaj Katari, el Carlos «Perro» Santillán fue entrevistado por Radio Con Vos. «Veníamos a ejercer el derecho a la protesta, terminar la marcha y nos volvíamos, si no tenemos un mango para quedarnos en ninguna parte», expresó.
Pero la situación es incierta, mientras la policía los escolta hasta la terminal Dellepiane: «estamos prácticamente secuestrados nosotros y el colectivo», remarcó. Y agregó: «he pasado por todos los gobiernos, hemos estado presos y ahora están haciendo esto, me remite al gobierno de Menem y de Macri«, dijo.
Cordones y retenes policiales y de gendarmería se apostaron en las autopista y en Zárate detuvieron un micro de delegaciones de Jujuy y les impide llegar a la marcha convocada por la CGT.
Sobre el operativo policial en el marco del protocolo anti protestas contó: «dicen que nos falta un papelito pero hemos pasado controles anteriormente, subieron, nos miraron las caras, se bajaron y dijeron no. Le dijimos que en Zárate nos volvíamos y deliberaron media hora y nos dijeron que no, que nos traían a Dellepiane por General Paz».
«La Gendarmería pretende secuestrar el colectivo, escoltarlo hasta Dellepiane, sin dejar descender ni al dirigente histórico ni a los militantes que lo acompañan. El colectivo tiene todos los papeles en regla y, a pesar de eso, están amenazando al conductor con multas millonarias», denunciaron desde el SEOM Jujuy en un comunicado. El referente en la entrevista precisó: «primero los gendarmes nos dijeron que nos llevaban a Pacheco, no sabemos si nos vamos a poder bajar o no, ni siquiera sabemos si van a secuestrar el colectivo, no tenemos en qué volver (a Jujuy)».
Sobre la situación represiva en la que gendarmería y policía intimidan y detienen colectivos, Santillán dijo: «el problema en este país es que no tenemos derecho de protesta y circulación. Nos han quitado la patria. Realmente no tenemos plata para volvernos, si nos dejan sin colectivo no nos podemos volver, nos vamos a tener que poner en manos de la ministra Patricia Bullrich».
¿Cómo funciona el protocolo anti protestas?
Patricia Bullrich, quien encabeza el Ministerio de Seguridad de la Nación, dijo hoy por la mañana que el objetivo del protocolo antiprotestas funciona para «lograr un orden público, para que los ciudadanos puedan trasladarse y lograr sus objetivos en la vida», y que «aquellos que quieran manifestarse que lo hagan en los lugares habilitados para hacerlo». En los hechos, el protocolo solo establece limitaciones pero el marco legal es endeble.
En este marco, las manifestaciones masivas de trabajadores y trabajadoras que toman lugar contra las medidas antipopulares del gobierno de La Libertad Avanza, defienden el derecho a la protesta ejerciéndolo. Incluso, el ministerio lanzó un comunicado donde anuncia que las organizaciones convocantes deberán «pagar la factura del operativo», pero las organizaciones vuelven a salir a las calles.
Em este contexto, el gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich pretenden mostrar que el protocolo es un éxito y no hay carriles cortados. «La CGT le mandó el pedido de espacios públicos de la Ciudad y una poliza de 10 milones de pesos por los daños provocados. Esto significa un cambio muy importante, el hecho de la CGT que si rompe algo lo paga, además van a limpiar y van a dejar el espacio tal cual se les dio así que esto es un avance importante», dijo Bullrich por la mañana.
Sin embargo, hay derechos constitucionales que se están cercenando, como el derecho a manifestarse y a circular libremente, que para el gobierno pareciera que debería ser cumplible solo para quienes no protestan.