La Pampa: allanaron las sedes de la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita
La Justicia Federal de La Pampa ordenó el allanamiento de distintas sedes de organizaciones sociales por “averiguación de delitos, documentación de planes sociales”. A partir de una denuncia que tiene al menos cuatro años, el magistrado Juan José Baric ordenó operativos también en domicilios particulares de dirigentes del Movimiento Evita y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Walter Brandimarte, uno de los referentes de la CCC, dijo que buscaban “documentación que tenga que ver con altas y bajas, y listas de marchas”. “No tenemos ni tuvimos porque las altas y bajas no son potestad nuestra. Y con el tema de las marchas no obligamos a nadie. Nosotros damos el debate acerca de por qué hay que luchar”, resaltó en diálogo con Radio Kermés. Por Agencia Farco.
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Imagen: Dagna Faidutti / Radio Kermés.
“Lo que sí tenemos son las inasistencias. Hay un total desconocimiento de parte del juez de cómo se maneja el asunto, porque lo que nosotros sí tenemos es una obligación administrativa con el Ministerio, de que las personas que no cumplen con el horario de laburo, es decir, con la jornada laboral, hay que registrarle la inasistencia. Y es el Ministerio el que se tiene que encargar de comunicarse con ese beneficiario y ver por qué no está trabajando, por qué no mantiene la contraprestación y buscarle una solución. Nosotros no damos altas y bajas. De hecho hay muchos compañeros que son de otra organización y han hecho el cambio formalmente”, explicó.
A pesar de la situación, afirmó que se encuentran “tranquilos porque no tenemos nada que ocultar, somos muy transparentes”. Sin embargo, advirtió: “esto es totalmente con una connotación política”.
“Es como lo prometieron, vienen por las organizaciones sociales, sindicatos y todo aquel que quiera levantar la voz en contra de esta derecha fascista que ya está en funciones y que no está esperando al 10 de diciembre para empezar a actuar”, denunció.
Imagen: Dagna Faidutti / Radio Kermés.
Los allanamientos también alcanzaron al Movimiento Originarios en Lucha. Su coordinadora, Ayelén Morales, indicó que se trata “de una ofensiva hacia nosotros como pueblo”.
“Venimos diciendo que las reservas que se necesita para poder enriquecerse unos pocos están en los territorios que habitan las comunidades. Por eso querían derogar la Ley 26.560, que es la que prohíbe los desalojos y la realidad es que vienen contra los derechos de varios de nosotros”, agregó.