Chubut: una amplia diversidad de personalidades confluyen en Rawson contra la criminalización de la protesta

Asambleas socioambientales, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, originarias y políticas de todo el país concentraron el lunes 3 frente a la Oficina Judicial de Rawson, para acompañar a vecinos y vecinas detenidas ilegalmente y torturadas en comisarías y alcaidía de Rawson y Trelew el 5 de diciembre de 2019, tras una protesta en la Legislatura. Y este martes 4 realizaron intervenciones artísticas frente al Juzgado Federal de Rawson en apoyo a los y las 16 vecinas procesados por luchar en defensa del agua, el territorio y la Iniciativa Popular contra la Megaminería. Luego movilizaron al Centro Vecinal Luis Vernet, donde realizaron una olla popular y dos conversatorios: uno con referentes de organismos de derechos humanos y otro con personas criminalizadas por protestar. Durante las jornadas, los organismos de DD.HH. se reunieron con el Comité Provincial de Prevención de la Tortura provincial, el Procurador General de Chubut, Jorge Luis Miquelarena, y el fiscal federal de Rawson, Fernándo Gelvez, con quienes repasaron el panorama represivo en la provincia gobernada por Mariano Arcioni. Por ANRed.

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«El modelo de ajuste y extractivismo se garantiza con la represión, la impunidad y la criminalización de quienes luchan por sus derechos»

De ambas jornadas participaron destacadas figuras de asambleas socioambientales, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas de todo el país, que durante dos días confluyeron en la ciudad de Rawson, capital de la provincia de Chubut, gobernada por Mariano Arcioni, para reclamar contra el avance cada vez mayor de la criminalización de la protesta sociales y decir que «Luchar no es delito«.

El lunes 3 de julio, desde las 8, concentraron frente a la Oficina Judicial de Rawson para acompañar a vecines que fueron detenidos ilegalmente y torturados en comisarías y alcaidía de Rawson y Trelew el 5 de diciembre de 2019, luego de una protesta frente a la Legislatura contra megaminería. Allí también realizaron intervenciones artísticas.

«Quisieron criminalizarlos, pero demostraron su inocencia y fueron sobreseídos. Con mucho esfuerzo se logró llevar a juicio a los policías que golpearon y torturaron psicológicamente a nuestrxs compañerxs en comisarias y alcaidia de Rawson y Trelew durante toda la madrugada. ¡Basta de impunidad para las fuerzas represivas! ¡Exigimos el juicio y castigo de los responsables!«, remarcaron en un comunicado.

Sobre la jornada, expresaron en un comunicado conjunto: «el avance de la criminalización de la protesta social está inmersa en un contexto de represión y criminalización de las luchas y los movimientos populares en todo el país y particularmente en la región patagónica. A les 16 vecines procesades por defender el agua se suman las condenas del ex secretario de la ATECH Santiago Goodman, de la docente Estela Juárez condenada recientemente en Comodoro Rivadavia, de las presas políticas Mapuche que gracias a la resistencia y a la lucha fueron liberadas hace unos días atrás y decenas de causas que siguen avanzando en contra de comunidades originarias y demás personas que se manifiestan en contra del avasallamiento de derechos a través de los distintos sectores», remarcaron.

Y agregaron: «en la última semana, la brutal represión en Jujuy, las detenciones ilegales y los allanamientos, demuestran que el modelo de ajuste y extractivismo se garantiza con la represión, la impunidad y la criminalización de lxs que luchan por sus derechos», sentenciaron en la convocatoria la Comisión Contra la Criminalización de la protesta Social – Chubut, integrada por la Multisectorial No a la Mina Trelew, la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC Trelew), la Asamblea de Vecinxs contra la Megamineria (Rawson-Playa), la Asamblea en Defensa del Territorio (Puerto Madryn), la Catedra Abierta de Pueblos Originarios UNPSJB, ATECH, Votamos Luchar, el PTS en el FITU, el MST en el FITU, el PO en el FITU, Poder Popular y Marabunta – Corriente Social y Política.

«Los procesamientos del Juez Gustavo Lleral son un método para aleccionar y disciplinar a quienes luchamos en contra del extractivismo y el ajuste»

En tanto, este martes 4 de julio desde las 9 concentraron frente al Juzgado Federal de Rawson en apoyo a los y las 16 vecinas procesados por luchar en defensa del agua, el territorio y la Iniciativa Popular contra la Megaminería. «Repudiamos este nuevo intento de criminalización de la protesta ante los procesamientos dispuestos por el Juez Federal de Rawson, Gustavo Lleral, contra 16 vecinxs de Rawson, Trelew y Puerto Madryn con motivo de la protesta realizada en el mes de mayo de 2021 en la Ruta Nacional N° 3, cuando el pueblo de Chubut salió masivamente en distintos puntos de la provincia a defender la Iniciativa Popular 2020, que intentaba prohibir definitivamente en todo el territorio la instalación de la megaminería», comienza el comunicado que convocaba a la jornada de lucha del martes 4.

Y continúa: «aquel 6 de mayo, el gobierno provincial y la legislatura actuaron una vez más de espaldas al pueblo chubutense en una escandalosa y fraudulenta sesión, donde se negaron a tratar el proyecto de ley presentado por iniciativa popular, con más del triple de las firmas que exige la constitución provincial. La manifestación en la ruta 3, como tantas otras, fueron y son acciones de resistencia en defensa del agua y el territorio frente a la ofensiva del gobierno nacional de Alberto Fernandez (y el FdT) y provincial de Mariano Arcioni – Sastre, que con la clara definición política de imponer la zonificación minera, buscaron abrir las puertas a las corporaciones trasnacionales para el saqueo de los bienes comunes al servicio de las mineras y el FMI, en detrimento de todo un pueblo que ya dijo NO. El Chubutazo de Diciembre de 2021 demostró que este pueblo no se doblega ante los gobiernos entregadores y, que por eso protagonizó la mayor expresión popular de la historia de la provincia, que derribó la zonificación minera luego de 7 días de masivas movilizaciones y luchas callejeras, dejando en claro que cuando el pueblo se levanta, los corruptos retroceden».

Finalmente, señalarn: «entendemos que los procesamientos del Juez Gustavo Lleral, son un método para aleccionar y disciplinar a quienes luchamos en contra del extractivismo y el ajuste, y que sobran ejemplos en todo el país para demostrar que la justicia está siendo utilizada para criminalizar a la protesta social, como lo fueron las presas políticas mapuche de Lafken Huincul Mapu, lxs 24 vecinxs imputadxs por el chubutazo, las condenas de Arakaki y Ruiz y tantos otros procesos contra militantes sociales y populares. Sigamos entonces demostrando que no dejaremos que criminalicen a quienes hemos sido parte de un movimiento popular gigantezco, totalmente legítimo, por esto es que llamamos a todxs lxs vecinxs, asambleas y organizaciones a manifestar su repudio contra la persecución judicial, expresar su solidaridad para con lxs compañerxs que se encuentran imputadxs y que serán sometidxs a un proceso injusto», finaliza el comunicado conjunto.

Luego, movilizaron por las calles de Rawson hasta el Centro Vecinal Luis Vernet, ubicado en Remedios de Escalada 937, donde llevaron adelante una olla popular, una muestra fotográfica y de video a cargo de Luan Colectiva de Acción Fotográfica, y dos conversatorios: uno a cargo de organismos de derechos humanos y otro con testimonios de personas criminalizadas por protestas, como trabajadores/as, asambleistas ambientales e integrantes del pueblo nación mapuche. También participó Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, joven que sufrió su desaparición seguida de muerte en el marco de una represión llevada adelante por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017 en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, bajo el mando Patricia Bullirch, entonces ministra de Seguridad de Mauricio Macri y hoy precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio.

«Hay una total inacción en casos de tortura y violencia policial y una celeridad absoluta criminalizando el derecho a la protesta o en causas armadas»

En el marco de la actividad realizada este martes 4 de julio en el Centro Vecinal Luis Vernet, entrevistamos a una de las personas que la organizaron – que prefirió resguardar su identidad, justamente por el nivel de persecusión y crimilización de la protesta reinantes en la provincia gobernada por Mariano Arcioni – para que nos comente sus impresiones sobre las dos jornadas de lucha y reflexión en torno a la situación represiva y crininalizadora de las luchas populares en Chubut.

– ¿Han venido organismos de derechos humanos del resto del país?

– Sí, la verdad que vinieron muchísimos organismos. Creo que es una de las primeras veces que vemos tanta presencia de organismos nacionales. Se acercó el CELS, el SERPAJ, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, el CEPROD, la Defensoría de Laburantes, APDH Noroeste, APEL y compañeros con los que estamos trabajando en red desde hace mucho tiempo. También estaba Sergio Maldonado acompañando las jornadas y las diversas actividades que se llevaron adelante.

Una cosa interesante es que hay una la preocupación de estos mismos organismos, que de alguna manera son los que más tienen o hacen seguimiento de los hechos de violencia institucional y criminalización de la protesta, que siempre están muy atentos y de hecho han mandado pedidos de informe, recomendaciones al Ejecutivo sobre hechos de tortura, hechos de violencia policial o también de la criminalización de la protesta, que proponían, ya que viajaban para estas jornadas, tener una serie de audiencias más institucionales con diversos organismos provinciales.

Así fue que ayer tuvimos una primera reunión con el Comité Contra la Tortura, que es el órgano local de prevención de la tortura que funciona en la legislatura. Allí fuimos recibidos por la presidenta del Comité, la Dra. Pérez Bogado, y en donde pudimos enumerar un sinnúmero de preocupaciones que tenemos respecto al accionar de los distintos entes estatales, no solamente de las fuerzas policiales, sino también, de alguna manera, del accionar de la Fiscalía, del accionar de lo que serían los órganos de control del ejecutivo. También pedir que rindan cuentas de qué acciones habían llevado adelante.

Muchas veces se entiende la tortura como hechos que suceden en lugares de detención, nada más, cuando en realidad lo que planteamos las organizaciones que estamos en territorio, es que muchos hechos de tortura se dan en el momento de la detención en las calles, o en las casas particulares, o manifestaciones sociales. Entonce,s allí pudimos dejar una serie de inquietudes. Se comprometieron a relevar casos, pedimos también que hagan seguimiento, que asistan a los juicios y también que puedan, si tienen una perspectiva real de derechos humanos, acompañar las causas en donde son manifestantes criminalizados por ejercer un derecho que es el derecho a la protesta.

Por otra parte, hoy a la mañana tuvimos una reunión con el procurador general Miquelarena, en donde fuimos una gran comitiva también de todos estos organismos, y pudimos plantear también nuestra preocupación pero en el accionar específico que tiene que ver con la fiscalía. Quienes estamos acompañando casos constantemente vemos por un lado una total inacción, una total inacción en casos de tortura y violencia policial o violencia institucional y una celeridad absoluta en todas las causas criminalizado por ejercer el derecho a la protesta, y también en las causas armadas. Porque en las mismas causas de violencia policial, donde la policía luego de golpear a alguien, le arma una causa por resistencia a la autoridad. Entonces, ¿qué vemos? La causa por resistencia a la autoridad avanza meteóricamente, pero las causas que tienen que ver con que se juzgue una violación a los derechos humanos, como es una tortura, una golpiza, un vejamen, no van a parar en ningún puerto. También los organismos nacionales se ofrecieron a estar mucho más en contacto, a monitorear estas situaciones. No dio respuestas concretas, pero sí se comprometió a intentar elaborar algún tipo de recomendaciones para, digamos, poder bajar una línea más institucional respecto al tratamiento de las causas de violencia institucional.

También se comprometió a pedir datos, porque no los tienen. No tienen datos, no tienen un relevamiento de causas en este sentido. Están metidas en el marco general de cualquier delito, cuando nosotros entendemos que una violación en los derechos humanos no puede ser justamente entendida en el mismo parámetro que un delito común.

Luego nos entrevistamos con el fiscal Gelvez, de la Justicia Federal, sobre todo por las causas vinculadas a los cortes de ruta y que justamente son la causa específica por la que están procesados estos 16 compañeros por el corte de ruta 3 en defensa de la iniciativa popular. Allí se planteó la inquietud sobre la perspectiva que tiene esa fiscalía en materia de derechos humanos y los dictámenes al respecto de la CIDH. Allí pudimos ponernos en tema de en qué instancia está la causa. Ahora la tiene que resolver el Fuero Federal de Comodoro Rivadavia, que es la que va a resolver cuál va a ser el futuro de los procesades.

De todas maneras, vemos muy ricas las jornadas en este aspecto, que tiene que ver con lo institucional, porque también todos estos organismos que viajaron por un compromiso con estos hechos y con la realidad Chubut nos hace creer que va a haber todo un seguimiento, y que van a estar no solamente los organismos locales nosotros, APDH Noroeste, las otras organizaciones locales detrás de estos temas, sino que todos estos organismos se han comprometido a tener un monitoreo mucho más cercano de todo lo que está sucediendo acá en Chubut.

Como Comisión contra la Impunidad estuvimos armando hoy un informe, muy artesanal. Porque los bancos de datos, de tortura, datos que tiene la defensa pública, los que se pueden consultar, ninguno contempla una categoría criminalización de la protesta. Entonces, el trabajo que hay que hacer es artesanal, según lo que recordamos, según lo que vamos recabando de uno u otro lugar. Es muy difícil. La Fiscalía se queda con esos datos y nosotros no los podemos relevar. Entonces, lo que les comentaba hoy, que de este pequeño informe, los números que se desprenden, sabiendo que son totalmente parciales y, sobre todo, relevados en el valle (Trelew, Rawson y Madryn) desde 2019 hasta el 2023, digamos, encontramos que hay 49 procesados con causas activas, de un total de 100 que han sido procesados en algún momento. O sea, tuvieron causa más de 100 personas, pero activas en este momento 49 personas procesadas en este 2019 a 2023. Y dos condenados docentes.

Y, por otra parte, un número que intentábamos buscar era de detenciones que se dieron en el marco mismo de una manifestación. O sea, gente que ha sido detenida en el marco de una manifestación. Y ahí nos encontramos con un número que llega casi a los 80. Por supuesto, el número más grande está vinculado a los hechos de diciembre del 2021, pero hay otros casos que se han dado aisladamente de una gravedad institucional muy tremenda porque, justamente, en el ejercicio de un derecho como el derecho a la protesta es gravísimo ese tipo de prácticas por parte de la fuerza del Estado.