Santa Fe: Gremio docente denunció una veintena de amenazas narco en Rosario
Según un relevamiento del área Salud de la asociación Amsafe, sede Rosario, al menos 22 trabajadoras y trabajadores de la educación revelaron haber sido sometidas a aprietes y actos violentos directos por parte de sectores relacionados al mundo del narcotráfico. Las denuncias se extienden desde noviembre del año pasado a la actualidad y se articulan con los 132 asesinatos a la población cometidos en 2023. «Tenemos compañeros y compañeras que recibieron amenazas directas. A veces algunas tienen que ver con cuestiones de la tarea escolar misma, pero en otros casos hay denuncias de docentes que han sido baleados. Eso afecta mucho la salud mental de los maestros y maestras», declaró al respecto Juan Pablo Casiello, dirigente del gremio. Por Máximo Paz, para ANRed.
A los pedidos de reapertura de paritarias ante los sueldos que no alcanzan, mejoras en las condiciones de trabajo y todas las reivindicaciones que componen el universo de obstáculos docentes para ejercer su profesión en el país, las y los educadores de Rosario se encuentran franqueados particularmente por la problemática narco que mancha de modo fatal a la metrópoli santafesina.
Actualmente, la lucha reivindicativa de los maestros rosarinos ronda en el cuestionamiento al llamado Plan 25, una medida gubernamental implementada hace cuatro meses y que decidió que las y los docentes deben trabajar una hora más. Lo cuestionable está en que aun, por esa hora extra, no hay fechas de pagos. A ello se suma al no pago del proporcional de vacaciones a reemplazantes, el cobro del impuesto al salario y por el 82% móvil a los jubilados.
Aunque, sin ir más lejos, el martes 23 de mayo, una concentración docente en las puertas de la sede de la gobernación de la ciudad incluyó en el pliego de reivindicaciones el reclamo de “mayor seguridad” en los establecimientos educativos. “El tema de la violencia ha dado un nuevo salto; se ha cruzado un nuevo límite y hay muchas comunidades que no pueden ir a la escuela, lo que es muy grave. Por eso, la violencia es el centro de esta movilización”, manifestó Casiello, el titular de Amsafe en Rosario.
El lunes 22 de mayo, la secundaria Nº 411 Leónidas Gambarte, ubicada en pleno centro rosarino, y el establecimiento lindero, el colegio primario Nº 60 Mariano Moreno, cerraron sus puertas y optaron por el no inicio de clases. Horas antes, en la noche el domingo, la directora de la escuela media, Gabriela Andrada, había recibido una amenaza anónima en su celular: le advirtieron que la institución educativa iba a ser el blanco de una balacera de haber alumnos en la vereda. Ambos establecimientos, ante el miedo, retomaron sus actividades dos días después.
El martes 30, la escuela San Luis Gonzaga, ubicada en Carrasco 2545, cerró y suspendió las clases después de que sicarios balearan la Comisaría 20, situada al lado. El 13 de abril pasado, la misma escuela debió cerrar sus puertas luego de que en las inmediaciones de la delegación policial una persona ocasionara descargas con un arma de fuego.
“Es importante la presencia policial, que haya patrulleros, efectivos, pero esa no es la solución. Hay que empezar a buscar también políticas integrales donde las comunidades educativas puedan tener acceso a la iluminación, al asfalto, al trabajo, a la vivienda. Creemos que hay una serie de políticas que se tienen que implementar para garantizar la seguridad”, expresó Casiello en aquella concentración en reclamo de protección. Horas después de la marcha docente, la escuela Rosa Ziperovich, emplazada en Avenida Sabin y Juan B. Justo, fue blanco de las balas. Era su segunda vez.
Mismo, la primaria baleada, se trata de la institución donde cursaba Máximo Jerez, el niño de 11 años asesinado en Empalme Graneros durante una balacera de narcotraficantes.
Según denunció el gremio, compañeros y compañeras, tal como se describió, recibieron amenazas directas, personales, a través de celulares. En ciertos casos, las coacciones tienen que ver con la tarea escolar misma o la orden de que se trate bien a tal o cual hijo porque pertenecen a tal o cual grupo o banda delictiva. Otras amenazas son a través de las redes. A veces son perfiles falsos y otros verdaderos. También hay denuncias de docentes que han sido baleados. Amsafe, en ese sentido, formuló que, en su Centro de Salud, recibió desde noviembre del año pasado unas 22 consultas de docentes que sobrellevaron amenazas directas.
En el caso de intimidaciones no directas, pero sí a la institución, la asociación de educadores calculó, hasta la fecha, unos 95 casos más. Las amenazas recaen sobre las escuelas a través de notas amenazadoras y balas de plomo. Los casos más importantes se dieron durante este año.
La supuesta réplica desde el Ministerio de Seguridad fue a fines de abril a través de su titular Claudio Brilloni, quién tras una reunión con gremios docentes fue la de activar una suerte de proyecto de protección bajo el nombre de «Te acompaño», en donde una red de 63 comandos, de los 140 que actualmente patrullan Rosario, custodiarían las escuelas.
«Coincidimos en que tenemos que cuidar lo más preciado, que son nuestros hijos e hijas. El ministro presentó un plan y vamos a tener la posibilidad de evaluarlo dentro de 15 días. Apostamos a seguir trabajando en conjunto», lanzó luego del anuncio Martín Lucero, representante del sindicato de docentes privados Sadop.
Al tiempo, el gremio de docentes de la educación privada publicó un relevamiento sobre el programa ministerial, cuyos resultados no fueron muy prominentes: el 100% de los docentes entrevistados no han visto ningún cambio, el 84% reconoce que no hubo tal patrullaje y el 13% confesó que recibieron amenazas y balaceras pero no salieron a la luz ni hubo difusión pública.
“La autoridad policial no está garantizando la seguridad; el Ministerio de Seguridad se compromete a poner patrulleros y después no cumple. Hay escuelas que están abiertas por el compromiso de compañeras y compañeros que están esperando a las chicas y a los chicos, pero como en los barrios no se puede andar, no va nadie”, explicó Casiello, al tiempo que las estadísticas lanzan que, hoy por hoy, Rosario porta la tasa de crímenes más alta del país: 22 cada 100.000 habitantes.