Chubut: procesan a 23 vecinas y vecinos por luchar en defensa del agua, el territorio y la Iniciativa Popular contra la Megaminería
Corte de ruta de vecines y ambientalistas chubutenses en mayo de 2021. | Foto: Aníbal Aguaisol.
En una nueva muestra de la escalada de la criminalización de la protesta social en la provincia gobernada por Mariano Arcioni, este jueves 27 de abril el Juez Federal de Rawson Gustavo Lleral procesó a 23 vecinas y vecinos de Trelew, Rawson y Puerto Madryn por luchar con cortes de ruta en mayo de 2021 en defensa del agua, el territorio y la Segunda Iniciativa Popular contra la Megaminería. El fallo es el mismo aplicado por la jueza correccional Marta Yañez, que condenó a la docente Estela del Valle Juárez a tres meses de prisión en suspenso por participar de las protestas de estatales de 2019 en reclamo del pago de salarios atrasados y la restitución de fondos gubernamentales. También se da a poco de conocerse el Proyecto de Ley 019/23 extractivista presentado por Arcioni en la Legislatura provincial, que propone explotar nuevas fuentes de energía, la creación de la Empresa Provincial de Energía Chubut S.A. y el funcionamiento de un Mercado Eléctrico Mayorista Regional. No se hicieron esperar los repudios al fallo judicial. Por ANRed.
Este jueves 27 de abril se conoció que el Juez Federal de Rawson Gustavo Lleral procesó a 23 vecinas y vecinos de Trelew, Rawson y Puerto Madryn por luchar con cortes de ruta el 3 de mayo de 2021 en defensa del agua, el territorio y la Segunda Iniciativa Popular contra la Megaminería.
No se hicieron esperar los primeros repudios al fallo criminalizador de la protesta social: la Asamblea No a la Mina de Esquel expresó «todo el repudio ante la criminalización de nuestros vecinxs. ¡Luchar por el agua no es delito«, remarcó la asamblea, que además convocó a una asamblea urgente para este sábado 29 de abril a las 19 en el Salón de la Cooperativa (ubicada en Avenida Alvear 767), para tratar el Proyecto de Soberanía Energética presentado por el gobernador Mariano Arcioni y el aumento de la criminalización de la protesta.
«Debemos prepararnos para enfrentar una nueva embestida del gobierno contra el pueblo de Chubut. ¡Los esperamos! Es muy importante que nos comprometamos y participemos activamente», agregaron.
— Asamblea No a la Mina – Esquel ✊🏼💧 (@NoalaminaEsquel) April 27, 2023
Por su parte, el Colectivo de Comunicadorxs de Chubut expresó que «observa con preocupación la creciente criminalización de la protesta social» mientras «avanza la imunidad de las fuerzas represivas con casos de abusos policiales y gatillo fácil, como el reciente asesinato de Lautaro Labbe, de 16 años, en Comodoro Rivadavia, en un contexto social y económico marcado por el ajuste y el derrumbre de las condiciones de vida de lxs trabajadorxs».
En la misma línea, agrega: «de este modo avanzan los procesamientos y condenas contra lxs más perjudicadxs por la política de ajuste que llevan adelante el gobierno nacional y provincial. El accionar de la justicia tras el Chubutazo de 2021, cuando una pueblada consiguió con constantes marchas la derogación de la ilegítima ley que aprobó que aprobó la megaminería, lo resume. Con sus fallos, entendemos, la justicia es una parte fundamental de las políticas implementadas en un rumbo preocupante: recortes en Salud y Educación durante los últimos seis años y ampliación de gastos en esferas tendientes a reforzar el aparato de las fuerzas policiales. Porque el ajuste sólo se puede implementar con represión«.
Comunicado de Comunicadorxs de Chubut ante la criminalización de la protesta en #Chubut
✍️ Adhesiones de comunicadorxshttps://t.co/7ePJgqn74v pic.twitter.com/9j9lG8Sh2f
— Martín Ulacia (@martinulaciaok) April 28, 2023
En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) remarcó en sus redes sociales: «la justicia federal procesó a 23 vecinxs de Rawson, Trelew y Puerto Madryn por cortar la ruta. El martes, la docente Estela Juárez fue condenada por el mismo delito. Mucha jurisprudencia establece que un corte en contexto de protesta social no puede ser interpretado como delito. Las 23 personas que hoy fueron procesadas se habían movilizado en 2021 porque el gobierno provincial no quiso hacer lugar a una iniciativa popular contra la megaminería. Se criminaliza a defensorxs del medio ambiente. #ProtestarNoEsDelito«.
La justicia federal procesó a 23 vecinxs de Rawson, Trelew y Puerto Madryn por cortar la ruta.
El martes, la docente Estela Juárez fue condenada por el mismo delito.Mucha jurisprudencia establece que un corte en contexto de protesta social no puede ser interpretado como delito.
— CELS (@CELS_Argentina) April 27, 2023
«La criminalización de la protesta y toma de decisiones a espaldas de la población son problemas cada vez más frecuentes ligados a la expansión del extractivismo. Chubut es una de las provincias donde estas situaciones se reiteran», señalan desde el organismo de derechos humanos.
Escala la criminalización de la protesta social en Chubut contra trabajadoras/es, vecines y asambleístas
En fallo es una nueva muestra de la escalada de la criminalización de la protesta social en la provincia gobernada por Mariano Arcioni, que se suma al fallo de la jueza correccional Marta Yañez, que condenó a la docente Estela del Valle Juárez a tres meses de prisión en suspenso por participar de las protestas de estatales de 2019 en reclamo del pago de salarios atrasados, la restitución de los fondos para el funcionamiento de la Obra Social, el Transporte Educativo y los edificios escolares.
La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) repudió el fallo en conferencia de prensa, que contó con la presencia de Estela del Valle Juárez, la docente condenada, y su abogada Silvia de los Santos.
En una conferencia de prensa donde estuvo acompañada de su abogada y «Fuimos y somos víctimas de un sistema perverso que trata de llevarnos a un estado de creernos degradados. Hoy recibo el peso de la ley. Pero yo no tengo el peso de ninguna condena moral. La condena social no existe para mi, porque tengo el apoyo de cientos y miles de personas que dicen que hoy no tengo que bajar los brazos. Nos quieren esclavos, sumisos y callados. Yo voy a seguir luchando», expresó docente condenada, que trabaja como maestra de grado en escuelas primarias y profesora de Lengua en secundarias.
Ambos fallos criminalizadores de la protesta social también deben entenderse en el marco del Proyecto de Ley 019/23 extractivista presentado por el gobernador Mariano Arcioni en la Legislatura provincial, que propone explotar nuevas fuentes de energía, la creación de la Empresa Provincial de Energía Chubut S.A. y el funcionamiento de un Mercado Eléctrico Mayorista Regional.
Imagen: Asamblea de vecinos Rawson Playa.
Una ley que rápidamente generó el repudio y rechazo de asambleas ambientalistas, como la Asamblea No a la Mina de Esquel, que expresó: «¿Nuevas fuentes? Litio, petróleo offshore, ¿qué más? No es no«. En tanto, la Asamblea de Vecinos Rawson Playa Unión en contra de la Megaminería remarcó que el proyecto «constituye la puerta abierta a todo tipo de extractivismo y una ventana que este gobierno abriría otra vez con la creación de una supuesta disfrazada y encubierta empresa para el manejo de la política de recursos que afectarían al agua, mar y tierra, y a la explotación de la totalidad de los bienes comunes, empezando por lo energético, que concluiría en la energía nuclear y, en consecuencia, la futura megaminería».