San Clemente: la Bonaerense y la Federal quisieron camuflar la muerte de Martínez, pero les salió mal
Comisaría de San Clemente | Momento en el que Martínez es retirado esposado, descalso y sin sus lentes del Hotel Fontaineblue.
Subordinados de Berni y Fernández crearon un “informe pericial” según el cual el hombre murió en la comisaría de San Clemente en 2021 sin que nadie lo atacara. Buscaban liberar a tres policías acusados de homicidio agravado con alevosía y ensañamiento. Para el juez de la causa el informe es un mamarracho. Siguen presos, pero sus cómplices siguen actuando y el encubrimiento oficial no se detiene. Por Daniel Satur (La Izquierda Diario).
El caso de la muerte violenta de Alejandro Martínez en un calabozo de la comisaría de San Clemente, ocurrida el 18 de noviembre de 2021, no es el único ni mucho menos el último protagonizado por la Policía Bonaerense. Alcanza recordar que seis meses y medio después, Daiana Abregú apareció ahorcada dentro de la comisaría de Laprida. En ambos casos, como tantos, la fuerza represiva provincial asegura que sus efectivos no tuvieron nada que ver. Versión que levantan y refuerzan el ministro de Seguridad Sergio Berni y su jefe Axel Kicillof.
En el caso de Martínez (como en el de Abregú) hay elementos que lo convierten en un símbolo incontrastable del modus operandi de la Bonaerense (y del Gobierno que la conduce) cuando se trata de garantizar la seguridad… de sus criminales uniformados.
Abogados defensores digitados por el Ministerio, un discurso oficial que cuestiona todo menos a la Policía, pruebas fraguadas o borradas, estigmatización de la víctima, engaños a la familia, protección de los imputados, entorpecimiento de la investigación y hasta la ayuda de la Policía Federal en “informes periciales” plagados de irregularidades. Todo eso es moneda corriente en la gestión de la “seguridad” del Frente de Todos.
La Izquierda Diario ya ha dado cuenta del accionar de policías, abogados y funcionarios en la causa de Martínez, un caso que originalmente causó conmoción y fue cubierto por muchas empresas periodísticas, pero que con el correr del tiempo (y de la pauta publicitaria) fue silenciado. Mientras, Berni nunca deja de ser entrevistado acríticamente por periodistas a uno y otro lado de la grieta política.
Alejandro Martínez.
Novedades y sorpresas
La causa por el “homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento, por el concurso premeditado de más de dos personas y por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad abusando de sus funciones” ya está elevada a juicio oral y público. Pero aún no hay fecha de inicio del mismo.
Entre tanto, las defensas de los oficiales José Pereyra, Christian Rohr y Maximiliano Munche (los tres más comprometidos de nueve imputados) intentan conseguir que sus clientes lleguen al juicio en libertad o, de mínima, con prisión domiciliaria. Para pedir formalmente ese beneficio esperaron al mes de enero, cuando “expertos” de la Policía Federal Argentina (PFA) aportaron al expediente un informe en el que, tras analizar pericias y testimonios, exculpan sin reparos a los bonaerenses. El informe fue ordenado a mediados de 2022 por el fiscal Martín Prieto, de la UFI 2 del Partido de la Costa, a cargo de la investigación.
Aquí hay que volver a mencionar el caso de Daiana Abregú. En agosto del año pasado, al igual que en este caso, la PFA confeccionó un “informe pericial” con resultados que también le quitaban toda responsabilidad a la Bonaerense en los hechos. Con esa “prueba”, las defensas de los cinco policías imputados lograron el fin de sus prisiones preventivas. La familia de Daiana y la Comisión Provincial por la Memoria (querellante institucional) no sólo se opusieron sino que recusaron al fiscal José Ignacio Calonje. Pero no tuvieron éxito.
En el caso de Martínez la cosa fue un poco distinta. En ambas causas los informes de la Federal fueron realizados por el mismo personal de la Dirección General de Criminalística de la fuerza. Pero, a diferencia del caso Abregú (donde participó la perita Virgina Créimer y firmó en disidencia) aquí las diligencias de la Unidad Criminalística de Alta Complejidad se hicieron sin presencia de peritos de las querellas. Una irregularidad permitida por el fiscal Prieto.
Quienes sí participaron y firmaron satisfechos fueron los peritos del Ministerio de Seguridad. Y no estuvieron solos. Al menos el 19 de enero (cuando se firmó el acta con las “conclusiones”) estuvieron presentes el imputado Maximiliano Munche y el doctor Marcos García, defensor de los policías José Pereyra, Sandro Mujica y Carla Cantarella. Sus presencias violaron los códigos procesales nacional y provincial. En trámites de este tipo está prohibida la participación de toda persona que no sea perito, juez o representante del Ministerio Público. Otra tortuga que se le escapa al fiscal Prieto.
Superintendencia de Policía Científica de la Policía Federal – Azopardo 670 CABA.
¿Sin participación de terceras personas?
El fiscal le había pedido a la PFA que estableciera “con la mayor precisión posible la dinámica en la escena del crimen”. Para ello ordenó analizar las pericias ya realizadas (empezando por las dos autopsias), la relación “víctima-victimario” y “si existió manipulación de elementos en el lugar”, entre otras cosas. Además, a pedido de las defensas, solicitó que se determine un “orden cronológico de los acontecimientos”, la “participación de cada una de las personas involucradas” y “todo otro dato que permita entender cómo sucedieron los hechos”.
Con esas consignas, sin presencia de peritos de las querellas y ante la mirada de uno de los imputados y un abogado policial, los “expertos” federales redactaron un escrito de 74 páginas cargado de amalgamas y especulaciones.
De entrada definen que, sin importar el caso, los relatos de testigos valen menos que la “prueba indiciaria”, aún cuando ésta haya podido ser adulterada y quienes presenciaron los hechos sean totalmente creíbles. Así desvalorizan al testigo clave de la causa, que esa noche estaba detenido en la misma comisaría y escuchó las quejas de Martínez ante la agresión policial. Con cinismo, dicen que el hombre puede tener “una manera de percibir distinta a lo acontecido”.
Luego desautorizan, sin fundamentos, las conclusiones de la segunda autopsia hecha al cuerpo de Martínez (que, paradójicamente, fue pedida por el propio Ministerio de Seguridad). La pericia, realizada en el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora, fue contundente respecto a las heridas sufridas por Martínez y a su estado previo a la muerte (shock neurogénico y shock hemorrágico).
Por si fuera poco, le dan una entidad mayor a supuestos “indicios” que harían pensar que el hombre se autolesionó en la habitación 707 del Hotel Fontainebleau horas antes de ser detenido y llevado a la comisaría. Para ello hacen foco en supuestos “antecedentes” de consumo problemático de Martínez (lo que excede a los hechos analizados).
La “conclusión” del “equipo multidisciplinario” de la Policía Federal es que Martínez murió por “asfixia mecánica” por “compresión toracoabdominal-postural”, pero sin encontrar “elementos que permitan confirmar la participación directa de terceras personas en la dinámica de su muerte”.
¿Es posible pensar, seriamente, que Sergio Berni y Aníbal Fernández no estén al tanto de lo que la Bonaerense y la Federal hicieron en la causa Martínez? ¿Es posible, más aún, que desconozcan que ese accionar es habitual, como lo muestra el proceder casi calcado en el caso Abregú? ¿Qué más saben Berni y Fernández de estos casos y callan para no complicar la “gobernabilidad” de las fuerzas?
Responsable de la Policía Federal Aníbal Fernándezy responsable de la Bonaerense Sergio Berni.
El tiro por la culata
Con el informe de la PFA volcado al expediente, los abogados de Munche, Pereyra y Christian Rohr pidieron enseguida su libertad. Rubén Fernández, expolicía federal, defensor del primero de ellos y abogado de muchos otros criminales de uniforme (algunos del caso Abregú), exigió el cese de la prisión preventiva. Y hasta acusó a la Fiscalía (que le hizo el favor de pedir el informe a la PFA) de encabezar una investigación “viciada de delitos por acción y/o omisión”.
Apoyándose en esa amalgama con pretenciones periciales y, sobre todo, descalificando la reautopsia, las defensas insisten en que Martínez murió por una sobredosis y sin que nadie le hiciera nada. De allí que acusan al Poder Judicial de encarcelar “en forma injusta a los tres imputados”. Y, lógicamente, solicitan el sobreseimiento o bien la prisión domiciliaria de sus defendidos.
El viernes 27 de enero el juez Diego Olivera Zapiola, titular del Juzgado de Garantías N°4 de Mar del Tuyú, convocó a las partes del caso a una audiencia virtual para resolver sobre el pedido de las defensas. Allí estuvieron los propios imputados, sus abogados, el fiscal, la familia de Martínez (su expareja, su hija y su hermano) con sus abogados y la querella institucional de la Comisión por la Memoria.
Fue shockeante para los familiares de Martínez escuchar a los policías acusados de asesinar a golpes a su ser querido intentando convencer al juez de que, lejos de ser victimarios, ellos son víctimas en este asunto y hoy sufren horrorosas condiciones de detención lejos de sus familias. Alguno que otro se mostró quebrado al lamentar no poder estar cerca de su anciana madre.
Tal vez tocado en su orgullo, el fiscal Prieto se opuso al pedido de liberación. Para él los abogados de los policías intentan “volver al principio de la prueba tasada como forma de valoración de la prueba existente”, cuando en verdad está “acreditada la materialidad delictiva y la coautoría” de sus clientes.
Sobre el informe de la PFA, Prieto dijo que “no aporta elementos novedosos respecto al hecho”. Y recordó que los policías en cuestión integran “una estructura organizada y jerárquica de poder”, con lo que estando libres podrían “destruir, modificar, ocultar suprimir y/o falsificar” pruebas, algo inadmisible cuando aún restan realizarse “declaraciones testimoniales, pericias y demás medidas”.
Finalmente hablaron las querellas. Pusieron sobre la mesa los sobrados argumentos para rechazar de plano cualquier morigeración de la prisión preventiva de Munche, Pereyra y Rohr. A su vez rechazaron la realización del “informe” por parte de la PFA, de cuyas instancias de estudio y análisis no formaron parte y sí lo hicieron personajes que lo tenían prohibido. Del lado de la familia agregaron un sentido testimonio sobre todo lo que padecieron desde aquella noche de noviembre de 2021.
Movilización en Brandsen (donde vive la familia Martínez) en reclamo de justicia.
No ha lugar
Horas después de terminada la audiencia, la noche del mismo viernes 27 de enero, el juez Olivera Zapiola les comunicó a las partes su resolución. En un escrito de 107 páginas fustigó a los peritos de la Federal por su informe y al propio fiscal Prieto por “no controlar” esa diligencia que él mismo había ordenado. Sobre la “pericia” de la PFA, cuestionó que se haya analizado el “material probatorio” a través de “una mecánica cuasi arbitraria” de elección de la prueba, que deriva en “opiniones subjetivas” alejadas de conclusiones científicas, médicas y criminalísticas.
“Se advierte que el análisis efectuado por los firmantes excede las competencias de los mismos, que son simples apreciaciones personales, subjetivas, infundadas, que no son explicitadas y carecen de explicación concreta” para llegar a esas conclusiones. Así, dice el magistrado, elaboraron “una hipótesis alternativa en cuanto al origen de las lesiones, al sufrimiento de las mismas y a la causal de deceso”. Hipótesis que sólo puede expresarse desde una postura “orientada a exculpar a los encartados”.
Olivera Zapiola no se quedó allí. Recordó que “las muertes en comisaría, como en todos los lugares de encierro, tienen la particularidad de que la escena del hecho se encuentra absolutamente dominada por la fuerza que custodia el lugar. Si el fallecimiento está relacionado con la actividad de la fuerza que custodia, es muy sencillo para sus miembros manipular elementos de prueba y ocultar evidencia en los primeros minutos de ocurrido el hecho (…) así como coordinar un relato armónico de lo sucedido”.
“Nos encontramos ante un hecho de suma gravedad, que ha demandado una investigación muy compleja; se trata pues, de un hecho ‘prima facie’ cometido desde el Estado, por funcionarios del Estado”, sentencia el juez, para quien los relatos y coartadas de los policías y sus defensores “se tornan endebles” frente a “la prueba colectada” contra ellos.
Finalmente el magistrado resuelve “no hacer lugar a la solicitud de cese de la medida de coerción respecto de los imputados”, reafirmando que deben llegar a la instancia de juicio con prisión preventiva. Allí serán juzgados por el homicidio triplemente agravado de Martínez, junto a seis de sus compañeros acusados de “partícipes secundarios”: Laura Chiarullo, Evelyn Garófalo, Jaqueline Mansilla, Carla Cantarella, Miguel Boulos y Sandro Mujica (hoy todos en libertad).
Dos de yapa
Quizás sin proponérselo, Olivera Zapiola reveló en su escrito dos hechos que grafican la relación entre policías bonaerenses “complicados” penalmente y sus superiores institucionales y políticos. La idea sería: si torturaste o mataste pero te subordinás a lo que te pide la fuerza, hay protección.
El juez dice que, de ser liberados, los tres policías podrían complicar la investigación. Toma como ejemplo que otro de los imputados, Sandro Mujica, “al haber recuperado su libertad ya se encuentra nuevamente cumpliendo funciones en comisaría de Santa Teresita”. El pequeño y curioso detalle es que Mujica está libre por orden del mismo juez. ¿Habrá pensado que Berni y su tropa iban a mandar al oficial ayudante a su casa después de semejante experiencia en la comisaría de San Clemente?
Pero hay otro hecho aún más preocupante. En su resolución el juez detalla que el oficial Christian Rohr, procesado por el “homicidio agravado” de Martínez, tiene desde 2020 otra causa abierta (en la UFI 1 del Partido de la Costa) por el delito de “vejaciones y/o apremios ilegales a presos”. ¿Qué sanción o medida preventiva tomó el ministerio de Berni para con Rohr cuando se supo que fue denunciado por torturar detenidos? Ninguna. Y Rohr siguió haciendo de las suyas.
“No es un policía, es toda la institución”, versa un histórico lema del movimiento antirrepresivo y de derechos humanos en Argentina. Vaya si queda cada vez más demostrado, aunque ciertos alcahuetes se esfuercen en buscar diferencias entre gestiones “progresistas” y “derechistas”. El Estado es uno solo. Y sus gerentes, siempre, son responsables.