Repsol elude su responsabilidad a un año del mayor derrame de crudo de la historia de Perú

Organizaciones civiles y asociaciones de víctimas del derrame de crudo que asoló la costa central peruana el año pasado temen que la compañía petrolera responsable del incidente consiga esquivar buena parte de las sanciones derivadas de la catástrofe. Por Ramón P. Yelo

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El primer aniversario del mayor desastre ecológico registrado en el mar del Perú llegó con buenas noticias para Repsol: el Tribunal de Fiscalización del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) falló el pasado 15 de enero en favor de la apelación de Refinería La Pampilla S.A.A. (Relapasaa), subsidiaria de la transnacional española, para reconsiderar la multa de cinco millones de soles (casi un 1,2 millones de euros) impuesta por dicha autoridad en sanción de las omisiones cometidas por la empresa a la hora de identificar las zonas contaminadas por el vertido de 11.900 barriles de crudo acontecido el 15 de enero de 2022 en el mar del distrito de Ventanilla, perteneciente a la provincia constitucional del Callao (aledaño al departamento de Lima Metropolitana).

Según datos del informe elaborado por un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la mancha oleosa se extendió rápidamente por 80 kilómetros de costa y más de 1.400 hectáreas de superficie terrestre y marina, por lo que pudo alcanzar de otros cuatro distritos: Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay. El volumen de petróleo derramado triplicó el umbral marcado por la Tanker Owners Pollution Federation Limited para identificar las fugas de mayor envergadura y provocó graves daños sobre el ecosistema marino. Tal y como muestran los estudios del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), la contaminación impactó sobre miles de animales, entre los que se encuentran varios ejemplares de especies protegidas como el pingüino de Humboldt y la nutria marina.

La transnacional especializada en la transformación y distribución de hidrocarburos incurrió en varias infracciones a la hora de gestionar la contención y las labores de limpieza del vertido

La Defensoría del Pueblo determinó que el desastre también ocasionó la ruina de más de 15.000 personas en una región donde la población vive fundamentalmente de la pesca y el turismo estival. El derrame generó una crisis humanitaria que ha expulsado a buena parte de los afectados del mercado laboral, sobre todo en zonas especialmente deprimidas como el barrio de Pachacútec, y amenaza con producir mayores bolsas de pobreza.

Repsol, por su parte, ha sabido aprovechar la desesperación general a través de una estrategia basada en la fragmentación de las asociaciones de víctimas y en la firma de arreglos puntuales cuyas compensaciones distan mucho de cubrir las pérdidas causadas. Según Alejandro Chirinos, responsable de Gobernanza Marino-Costera de Cooperacción, la petrolera “ha concentrado todos sus esfuerzos en dividir a la gente y judicializar las demandas para dilatar los procesos y generar más incertidumbre entre las personas damnificadas”.

Es por eso que muchos pescadores, fileteadoras, jaladoras y comerciantes de diversos productos se preguntan si podrán obtener justicia tras perder su forma de vida y ante la perspectiva de que pasen muchos años antes de que los ecosistemas dañados se recuperen por completo.

¿Pagará Repsol por los daños causados?

La transnacional especializada en la transformación y distribución de hidrocarburos incurrió en varias infracciones a la hora de gestionar la contención y las labores de limpieza del vertido. Según los peritajes encargados por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima Noroeste, que inició diligencias preliminares contra los responsables del desastre por el presunto delito de contaminación ambiental, la fuga se ocasionó por un exceso de presión como consecuencia de un movimiento brusco por parte del buque italiano Mare Doricum, encargado de transportar el crudo, y se abrió paso a través de dos puntos de ruptura en la tubería submarina (PLEM, por sus siglas en inglés) a la que estaban conectadas las mangueras del navío en la terminal de la refinería.

Las fotografías de la estructura evidenciaron la corrosión de los tubos de metal y futuras indagaciones hallaron defectos de fabricación en el sistema encargado de bombear la sustancia oleosa hasta las instalaciones de la Pampilla. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), por su parte, sancionó a Relapasaa con una multa de 460.000 soles (casi 110.000 euros) por obstaculizar las indagaciones de la entidad fiscalizadora al no retirar el PLEM según los plazos establecidos por la normativa.

El informe de Naciones Unidas indica que la empresa no fue “consciente de la gravedad del derrame y hubo una demora inicial en movilizar los recursos necesarios para contener y mitigar el derrame”

Osinergmin también ha incoado otros cuatro procesos por diferentes causas, como incumplir con la implementación de las actividades contempladas en el Plan de Respuesta a Emergencias o remitir información inexacta en el Informe Preliminar de Emergencias sobre las características del incidente. En un sentido similar, OEFA ha resuelto sanciones por aportar información falsa en el reporte de emergencia sobre el volumen del derrame, la duración del mismo y el área contaminada, así como presentado otra demanda por no desplegar las acciones de primera respuesta recogidas en el Plan de Contingencia.

En un primer momento, la refinería notificó que se habían diseminado 7 galones de petróleo (0,16 barriles) para ajustar unos días más tarde la cifra a 6.000 barriles de petróleo. Dos semanas más tarde, el Ministerio de Ambiente anunció que el vertido había sido mucho mayor, de 11.900 barriles. “Se supone que las empresas como Repsol disponen de herramientas de alta tecnología para saber en todo momento lo que está pasando y activar un mecanismo de emergencia, como el sistema breakaway, que selle la fuga”, argumenta el director científico de Oceana Perú, Juan Carlos Riveros.

Chirinos, por otro lado, reprocha a la compañía la falta de un plan de contingencia que hubiera permitido “la activación inmediata de las barreras de protección y otras medidas para la contención temprana del derrame”. Estas consideraciones fueron confirmadas por el estudio elaborado por Naciones Unidas, donde señala que la petrolera no reaccionó oportunamente ante la magnitud de lo ocurrido: “No fueron conscientes de la gravedad del derrame hasta que el crudo llegó a las playas de Ventanilla al día siguiente de ocurrido el incidente y hubo una demora inicial en movilizar los recursos necesarios para contener y mitigar el derrame”.

Repsol ha desembolsado hasta la fecha 3 millones de soles (unos 700.000 euros) pero ha optado recurrir varias sanciones pendientes de resolución definitiva por valor de 70,6 millones de soles (16,9 millones de euros)

La empresa ha desembolsado hasta la fecha cerca de 3 millones (unos 700.000 euros) de soles debido a sanciones dictadas con anterioridad por OEFA, sin embargo, es posible que Repsol pueda sortear buena parte de las restantes o dilatar su aplicación mediante el recurso de las mismas, como en el caso anteriormente mencionado, gracias a lo cual la compañía ha conseguido suspender el pago de 5 millones de soles (1,18 millones de euros).

Otros seis procesos sancionadores, que implicarían multas por valor de 70,6 millones de soles (16,9 millones de euros), han sido apelados o judicializados por la compañía: cuatro de OEFA que aluden a las omisiones cometidas por la empresa al no cumplir adecuadamente las medidas administrativas de contención, recuperación y limpieza del crudo, así como no remitir la información solicitada por la institución; y dos más de Osinergmin por no detallar a tiempo las valoraciones de compensación por los daños causados y no “implementar las medidas complementarias que garanticen la alerta oportuna ante una emergencia”.

La petrolera también podría enfrentar otras demandas de carácter civil como la interpuesta por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual el pasado 13 de mayo y aceptada a trámite por el 27° Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, en virtud de la cual exige una indemnización de 3.000 millones de dólares por los impactos directos sobre el medio ambiente y otros 1.500 por los más de 700.000 consumidores, usuarios y terceros que se han visto menoscabados por el derrame.

“La compañía ha sido muy eficiente a la hora de limpiar su imagen, mientras el Estado es un cero a la izquierda incapaz de monitorear la situación o de colocar las secuelas del desastre en la agenda pública”

Además, un grupo de 10.000 ciudadanos del distrito de Ventanilla han presentado una denuncia colectiva en la que piden una indemnización de 5.134 millones de soles (unos 1.200 millones de euros) por daños y perjuicios. El desarrollo de ambas causas, de todas maneras, es incierto, tal y como afirma Riveros: “Estamos hablando del sistema legal peruano, el proceso puede extenderse por varios años”. El representante de Oceana Perú considera que el Ministerio de Ambiente “debió de tomar las riendas y presentar su propio caso de compensación por los daños ambientales causados”.

La inoperancia de la maraña institucional

Percy Grandez es asesor legal en el área de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y sostiene que OEFA pudo “dictar medidas preventivas de contención y limpieza a la mañana siguiente de los hechos, cuando llegó a la zona del impacto”. En cambio, no se exigieron tales operaciones hasta el martes, casi tres días después de la catástrofe. “Para entonces, la mancha se había extendido a la costa de otros distritos”, concluye el especialista.

Según el informe de la ONU sobre el particular, las autoridades implicadas tardaron más de tres días en establecer mecanismos efectivos de coordinación y comunicación con las entidades ligadas a Repsol, por lo que la dirección principal de las acciones de respuesta y las labores de limpieza recayó sobre la petrolera. De igual forma, abunda el dosier, “los ámbitos de competencia de los distintos organismos e institutos que participan en la evaluación del impacto ambiental no estaban claramente definidos al principio de la crisis”.

La superposición de competencias ha dificultado, de esta manera, la eficacia de los procesos de sanción y la gestión adecuada de la información disponible para realizar una valoración económica de los daños causados. Para Chirinos, el escenario es particularmente grave porque, “sin la publicación de un informe oficial de daños, es mucho más difícil sostener una argumentación sólida en las diferentes demandas”.

La debilidad de las organismos de supervisión, la falta de coordinación entre los brazos del poder ejecutivo y la pobre fiscalización de las actividades extractivas son los síntomas de una andamiaje normativo bien asentado en los preceptos constitucionales del país

Repsol, en cambio, si cuenta desde hace tiempo con su propio estudio de impacto que le permite defender sus intereses en el ámbito jurídico y mediático. “La compañía ha sido muy eficiente a la hora de limpiar su imagen, mientras el Estado es un cero a la izquierda incapaz de monitorear la situación o de colocar las secuelas del desastre en la agenda pública”, manifiesta Riveros con indignación.

El biólogo peruano también critica el proceder de entidades públicas como Osinergmin, dado que la estructura del PLEM fue instalado en 2013 bajo la supervisión del organismo, que reiteró el visto bueno en 2019 y 2020 tras obtener resultados satisfactorios en las pruebas de ultrasonido. Asimismo, denuncia los cambios de plantilla efectuados por Serfor, agencia estatal destinada a la protección de la fauna silvestre, en los dos meses posteriores al incidente: “Más de 50 cargos de responsabilidad con largas trayectorias en el sector han sido retirados y sustituidos de manera abrupta e inesperada por personal sin preparación o experiencia específica, una forma de debilitar la institución y demorar la apertura de procesos de sanción”. “No es casualidad que Serfor haya sido de las últimas instituciones en iniciar un proceso sancionador”, remata el director científico de Oceana Perú.

Por otra parte, las conclusiones del equipo de investigación de Naciones Unidas sugieren que las instituciones del Estado han cometido varios errores a la hora de articular una respuesta a la catástrofe. Inciden en que no se dispusieron canales efectivos de comunicación para informar adecuadamente a las víctimas sobre las consecuencias del desastre o el impulso de programas de asistencia, además de criticar la falta de mecanismos de participación para incorporar la voz de las comunidades afectadas en el diseño e implementación de dichos planes.

La debilidad de las organismos de supervisión, la falta de coordinación entre los brazos del poder ejecutivo y la pobre fiscalización de las actividades extractivas son los síntomas de una andamiaje normativo bien asentado en los preceptos constitucionales del país. Según Valery Jaqueline Castilla forma parte de Viernes por el Futuro Perú y considera que la constitución fujimorista de 1993 trajo consigo varias desdichas en el terreno legislativo como la introducción de los contratos-ley, que generan espacios de privilegio para las empresas contratistas, o el requisito de notificar con antelación las inspecciones programadas por la autoridad pública. “Las entidades que controlan las actividades extractivas han reducido demasiado los montos de sanción y la ciudadanía se está dando cuenta de que, pese a la enorme tecnología con la que cuentan las empresas, si las autoridades no tienen la voluntad de promover políticas de protección ambiental, no se puede garantizar la seguridad de los ecosistemas y la población”, añade la joven activista.

La sensación general de las organizaciones civiles implicadas en denunciar los graves impactos sociales y ambientales del derrame es que podría volver a ocurrir de nuevo y que poco o nada se ha aprendido de la desgracia de miles de personas y la muerte de las especies más preciadas de la costa peruana.

Álex Ordóñez, pescador artesanal en las playas de Ancón, tiene 26 años y acudió a varias de las protestas para exigir que se cumplan sus derechos junto a cientos o incluso miles de compañeros afectados por el desastre ecológico provocado por Repsol. Sus palabras son reveladoras: “Han matado la playa, han matado la pesca artesanal y el Estado no hace nada, nos pasean mientras protegen los intereses de Repsol”.

Material de El Salto Diario