Organizaciones sociales volverán a marchar contra el ajuste
La UTEP rechazó el bono otorgado por el gobierno y marchó el viernes a Desarrollo Social comenzando la primera de tres jornadas que continuarán esta semana con manifestaciones el martes frente a distintas empresas productoras de alimentos y el jueves con cortes de calles y rutas en distintos puntos del país. Mientras tanto, “Chiquito” Belliboni de la Unidad Piquetera adelantó que retomarán las protestas durante la semana y analizarán llevar adelante acampes en la 9 de Julio, como hicieron en diversas oportunidades ante la falta de acuerdo con autoridades del gobierno. Por Mario Hernández
Las organizaciones de la llamada Economía Popular volvieron a salir a la calle el viernes pasado. Miles de manifestantes agrupados en la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) marcharon en la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país en rechazo a las políticas de ajuste.
“No podemos aceptar el aguinaldo miserable que se anunció para el sector, es un derecho que conquistamos hace tiempo y nuestras familias también merecen terminar el año con un piso de dignidad. Exigimos que recapaciten y aumenten lo que llaman “bono”, que es un reconocimiento al trabajo que hacemos”, señalan en un comunicado difundido.
Allí también se indica que reclaman «las herramientas necesarias para fortalecer nuestro trabajo en las diferentes ramas de la economía popular y que cumplan con la entrega de alimentos para los espacios sociocomunitarios que sostenemos en los miles de barrios populares de todo el país».
El bono anunciado es realmente insignificante frente a la magnitud de la crisis social. Se trata de una suma de $ 13.500, que se abonará en dos cuotas, la primera el 21 de diciembre y la segunda el 6 de enero. Las encargadas de darlo a conocer habían sido las ministras Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y Kelly Olmos (Trabajo).
La movilización de las organizaciones nucleadas en la UTEP marchó al Ministerio de Trabajo, institución de la que depende el plan Potenciar Trabajo, que se abona a más de 1.300.000 personas en todo el país. Ese plan es el que hoy, a tono con los pedidos de ajuste del FMI, el propio Gobierno nacional intenta recortar. Esto viene generando múltiples tensiones al interior del Frente de Todos, entre los responsables políticos de esa cartera y los dirigentes de las organizaciones y movimientos sociales integrantes del Frente de Todos.
Contra ese ajuste también se movilizaron el jueves 15 las organizaciones agrupadas en la Unidad Piquetera, que realizaron cortes de calle y rutas en el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires y en otras localidades del país. Estas organizaciones, que mantienen una posición independiente en relación al Gobierno, vienen denunciando desde hace tiempo el monto bajísimo que implica el Potenciar Trabajo, al mismo tiempo que exigen mayores recursos para comedores populares.
Cientos de miles de integrantes de la Unidad Piquetera cortaron accesos a Buenos Aires y las grandes ciudades
La Unidad Piquetera salió a las calles y puntos estratégicos de todo el país para continuar la lucha por los reclamos de desocupados y precarizados y evitar que prospere el ataque del gobierno, el FMI y las patronales, en el marco de distintas luchas obreras que unen a los trabajadores. Por la derrota de la ofensiva fondomonetarista, y la conquista del bono del 100%, aumento y apertura de los programas sociales, trabajo genuino, alimentos y salario mínimo igual a la canasta básica.
Cientos de miles de piqueteros y piqueteras cortaron los accesos a grandes ciudades, se plantaron en rutas nacionales e internacionales con sus banderas y reclamos. Nadie pudo ignorar a esa marea humana empobrecida, que apunta con sus movilizaciones al corazón del sistema y, sobre todo, pone en evidencia al gobierno del Frente de Todos que con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, llegó para profundizar una línea de ajuste anti obrera, con recortes en las partidas y presupuesto para los trabajadores desocupados, bajo un gobierno que no solo no crea trabajo genuino sino que opera para deprimir los salarios, en consonancia con los reclamos de las patronales.
Bono de sub indigencia
Para el caso de los beneficiarios del Potenciar Trabajo el “bono” asciende a miserables $13.500, lo que no representa ni la mitad del propio plan (actualmente $30.000), ni una canasta individual de indigencia de $20.000, por lo que representa las migajas de un gobierno que orienta todos los recursos a garantizar el pago de la deuda externa.
Mientras tanto, el gobierno anunció para las Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia y dependencias de Seguridad un bono de $30.000 (sic).
Este bono de miseria viene después de que se efectivizaran 20.400 bajas en base a los cruces con la Afip, utilizando argumentos como la compra de dólares, a pesar que fueron autorizados por el Banco Central.
Tampoco hay perspectiva de que lleguen las entregas de alimentos para los comedores populares en el mes de diciembre, un reclamo que viene levantando la Unidad Piquetera.
El gobierno subordina la precaria política asistencial al ajuste fondomonetarista, con el recorte de las partidas para hacer frente a las consecuencias del desempleo, la inflación y la devaluación producto de las políticas económicas aplicadas. Además, allanan el camino a los reclamos patronales de liquidación de los programas sociales con miras a la baja de los salarios.
En un país dominado por una pobreza que supera el 43,1% de la población y los 20 millones de habitantes, el reclamo de un “doble aguinaldo” o bono del 100% se extiende como consigna para compensar parte de lo perdido por la inflación.
Llegado el final del año, los planes sociales -en consonancia con el salario mínimo- han aumentado alrededor de un 80%, contra una canasta alimentaria que acumula un 100,8% de aumento y una canasta básica que ascendió el 93,1%. Este deterioro en los ingresos se expresa en las dificultades económicas de miles de trabajadores desocupados y precarizados.
Aun así, desde el gobierno intentaron avanzar en su agenda antiobrera, fueron detenidos por el momento por la respuesta de las organizaciones piqueteras, incluso de las organizaciones sociales oficialistas, las cuales no pueden disimular el marcado rumbo antipopular de la política oficial, que persigue y audita a los pobres y les brinda facilidades y beneficios a los capitalistas.
Tolosa Paz ahora pretende desentenderse de la responsabilidad del ataque emprendido, colocándose como supuesta rehén de la Justicia; sin embargo, el origen de la ofensiva contra los programas sociales se remonta a las tratativas e internas del propio gobierno, con el pedido de informe del ex ministro Juan Zabaleta y el “informe estadístico” del kirchnerista Carlos Castagneto, al frente de la Afip, que inició la campaña sucia contra los trabajadores desocupados.
La Justicia ya le ha puesto un “precio” al juego del gobierno, donde se habla de la baja de 150.000 programas sociales y la insistencia para que se culmine el proceso de auditoría virtual para la primera quincena de enero.
La lucha contra esta ofensiva anti obrera sigue en pie, con un movimiento piquetero con respuesta rápida y capacidad de organización de los reclamos populares, y que levanta entre sus reivindicaciones el bono del 100%, aumento y la apertura de los programas sociales, el aumento del salario mínimo y el trabajo genuino para terminar con la pobreza y el hambre.
Se trata de una respuesta urgente ante la crisis económica vigente, que no debe exceptuar la lucha por una recomposición general de los salarios y la pelea por el trabajo genuino.
Fuentes: Prensa Obrera, La Izquierda Diario, Página 12, La Nación, Perfil, Resumen Latinoamericano, Anred