Tunuyán: familias campesinas corren riesgo de ser desalojadas de sus tierras
En la finca agroecológica “Mate Cosido”, de Los Sauces, Tunuyán, viven y producen, desde hace más de 20 años, familias agricultoras, que producen frutas y verduras, conservas y animales, para su autoconsumo y la comercialización local. “Hace más de 6 años que luchamos porque se respeten y reconozcan nuestros derechos” expresa Ángel Yugra, integrante de una de las familias, en referencia a lo que sucedió luego de que el estado provincial decidiera rematar la tierra en la que habitan y producen. Por UST Campesina y territorial
En un principio la Dirección de Activos del Ex Banco Mendoza (DAABO) debería haber regularizado la situación de la tierra y las familias “sin embargo en los más de 20 años que llevamos aquí nunca hicieron nada” señala Yugra. En el 2018, y con conocimiento sobre la posesión de las familias en la finca y sabiendo de las intenciones de regularización por parte de las mismas, el gobierno de la provincia puso en remate la finca.
“No nos quedamos callados, pedimos que se anule ese acto y que sea revocado además de presentarnos para que nuestra voz sea oída y sea impugnado el remate” manifestó Emilia José, productora de conservas y plantas aromáticas. En el remate, la finca fue adquirida, a un monto irrisorio la empresa “Comercial La Sebastiana SA”, que por todos los medios, incluso la violencia intentaron amedrentar a los y las agricultoras. En una oportunidad, el representante legal de “Comercial La Sebastiana SA”; Gabriel Alexis Porcel ingresa al inmueble “sin permiso, patoteando y amenazando a quienes vivimos aquí” denunció la campesina.
Mediante una medida cautelar, las familias, nucleadas en la Asociación Arroyo Creciente, solicitaron ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que sea suspendida la ejecución del remate y en ese marco, a finales de 2020 se realizó una inspección ocular en la finca: “todavía no sabemos que resolvieron” asegura Yugra.
A raíz de esta situación, presentaron un recurso jerárquico ante el Ministerio de Hacienda y el gobernador Rodolfo Suárez, quien resuelve que la posesión no se vería afectada porque el hecho de que sea vendida la finca, “dejándonos a merced de un privado, a lo que respondimos con una Acción Procesal Administrativa, en la que argumentamos entre muchas otras cosas por qué esta decisión nos coloca en una situación de desprotección de nuestros derechos como poseedores, por parte del Estado, una vez más” señala el campesino.
Un año después, en octubre de 2022, “Comercial La Sebastiana SA” demanda a las familias, presentando una escritura con fecha anterior al decreto del Gobernador Suárez, “en una acción totalmente ilegal conteniendo además, datos falsos, es decir, falsificando un documento público” explicó Emilia José.
“Queremos poner en conocimiento a la comunidad sobre este atropello y las irregularidades que se cometieron, y se siguen cometiendo … para los empresarios y ciertos políticos la vida de los y las trabajadoras no tiene valor, para ellos la tierra es una mercancía y se la pasan entre ellos por monedas, jugando con nuestra vida y sustento” señalaron las familias.