Potenciar Trabajo: el entramado detrás de la auditoría frenada por las universidades
Imagen del exministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y su par de Educación, Jaime Perczyk, que habían firmado el convenio de auditoría de los Potenciar Trabajo.
Tras las denuncias por irregularidades y el lanzamiento de la validación de identidades, poco se sabe del trabajo al que se habían comprometido a hacer las casas de estudios. Algunas se negaron a «prestar su sello y prestigio para propiciar la baja del plan social». Por Agencia de Noticias Solidarias (ANSol).
28 de noviembre de 2022, CABA (Ansol). – Mientras avanza a paso firme la validación de los beneficiarios del Potenciar Trabajo, que en cuatro días recolectó más de 170 mil formularios completados, poco se explicó sobre la trunca auditoría que el 14 de julio pasado se habían comprometido a hacer las Universidades Nacionales tras el acuerdo del entonces ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y su par de Educación, Jaime Perczyk. Desde esa fecha hasta la asunción de Victoria Tolosa Paz en reemplazo de «Juanchi», pasaron tres meses en los que, se esperaba, las casas de estudios pondrían su nombre y prestigio para confirmar o descartar las irregularidades en el programa. Pero, ¿Qué pasó con el polémico informe?
Uno de los asesores directos del ministro Perczyk confirmó ante la consulta de este medio que «cuando asumió Tolosa Paz lo primero que hizo fue cerrar la auditoría que tenían a cargo las Universidades, por lo que no va a existir el informe«. Esto da cuenta de dos posibilidades: que el trabajo que debían realizar la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la de La Plata (UNLP), la de Moreno (UNM), la de La Pampa (UNLPAM), la de los Comechingones y la de Hurlingham (UNAHUR) nunca salga a la luz o que en realidad poco se haya hecho al respecto.
Lo seguro es que el hermetismo es total y pocos quieren hablar al respecto. ANSOL contactó tanto a voceros de la UNAHUR como de UNM para conocer detalles de la auditoría trunca, pero dejaron en claro que no tenían intenciones de hablar del tema. Lo mismo ocurrió con la Secretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Oscar Alpa. Sin embargo, investigadores de otras casas de estudios confirmaron este medio que al comprometerse a auditar al Potenciar Trabajo, «las universidades les estaban alquilando el sello al Ministerio de Desarrollo Social para realizar una operación mediática en contra del programa» clave para las cooperativas y los Movimientos Sociales.
Esta versión fue asegurada a ANSOL por otro referente económico de una de las universidades del conurbano nacidas al calor del kirchnerismo, quién dejó entrever el malestar generado por el acuerdo entre Perczyk y Zabaleta: «El resto de las universidades no quería hacer la auditoría y se negaron a participar, pero a otras les pareció bien. En nuestro caso no nos interesó formar parte porque generar un informe que propicie la baja del Potenciar Trabajo es polémico, y nosotros estamos en contra ideológicamente de este tipo de medidas. Todo este debate hizo que luego los compañeros que debían hacer la auditoría se echen para atrás, la vieron venir y freezaron el informe«.
Vale recordar que apenas asumió Tolosa Paz, desde el Ministerio de Desarrollo Social informaron a La Nación que hasta ese momento «las auditorías con las universidades solo llegaron a revelar 35.000 beneficiarios de planes» y que «a ese ritmo no se podría terminar el proceso antes de que culmine el mandato de Alberto Fernández». ¿Es cierto entonces que las casas de estudios freezaron la auditoría ante el temor de que usen su sello para perseguir a beneficiarios del programa? Uno de los voceros de la ministra se lo negó rotundamente a ANSOL, aunque no brindo mayores explicaciones.
Lo que es seguro es que la filtración de que «más de 250.000 beneficiarios tenían a su nombre bienes registrables o declararon Bienes Personales o compraron dólares» a pesar de ser falsa y ser desmentida, sirvió no solo para que la Justicia Federal inicie una investigación sino también para que el Ministerio avance en hacer una validación de identidad a través de Mi Argentina para que los 1.383.279 de los inscriptos puedan mantener el programa social. Según aseguró la propia ministra, el 0.3% de casos incumplieron las normas cuando los Bancos les permitieron acceder al dólar ahorro o tarjeta.
¿Para qué un beneficiario del Potenciar Trabajo compraría dólares?
El Instituto del Conurbano (ICO) Bonaerense desarrolló en 2020 el mapa interactivo sobre asistencia social y alimentaria, que da cuenta del acceso e incidencia de los programas como el Potenciar Trabajo en los barrios. Carlos Martínez, investigador docente del ICO opinó que «claramente ese 0,3% que accedió a la compra de dólares no son estafadores, ponerlos en ese lugar es estigmatizador. Nadie que cobre un Potenciar Trabajo está en condiciones de ahorrar en dólares«.
Para el investigador, si un beneficiario compró la divisa extranjera fue «por el contexto de crisis en el que viven, para vender esos dólares y ganar un poco más». Es decir, haciendo uso de lo que la clase media y alta bautizó como «dólar puré»: con un Potenciar Trabajo de $27.275 llegas a comprar 100 USD oficiales, que al cambiarlo en el mercado informal o blue podrían significar $31.000. Es decir, 4 mil pesos más para parar la olla. La pregunta que se hace Martínez es «por qué el sistema bancario permitió que un beneficiario del Potenciar Trabajo tenga autorizada esa transacción».
Consultado sobre el impacto que podría tener la quita progresiva del programa social, aseveró: «el Potenciar Trabajo no tiene un impacto menor, porque es combinable con otros planes. No tiene una gran cantidad de beneficiarios, como pasa con la Asignación Universal por Hijo, pero sí es muy grande en transferencia de ingresos. En el conurbano hay varios barrios donde todos los vecinos lo cobran por formar parte de una cooperativa. Uno entiende la necesidad del equilibrio fiscal, pero tocar este programa puede ser muy problemático».