Salta: alerta y rechazo ante descubrimiento de yacimiento de oro en Cachi
Un alarmante anuncio en el Boletín Oficial sobre el hallazgo de un yacimiento de oro y cobre en la naciente de aguas que afecta la cuenca del río Luracatao entre los departamentos de Cachi y Molinos ha movilizado a toda la comunidad del Valle. La explotación minera en el paradisíaco territorio de la nación Diaguita-Calchasqui terminaría con la actividad ancestral agrícola y ganadera de la zona. Ante el rechazo contundente, la minera Yacones SRL habría comunicado que «abandonaba» esa explotación minera. En entrevista, al abogado indígena Rafael Delgadillo denuncian que no hubo consulta alguna a las comunidades que se encuentran en ese territorio y que el expediente, a pesar de no haber consultados a las comunidades, tendría un informe de impacto ambiental aprobado por la autoridad minera provincial. «Se ha destapado una olla», hay numerosos pedidos de explotación minera que no se conocían y que amenazan al valle Calchaqui. Por ANRed.
El 24 de octubre comenzó a circular un alerta en los Valles Calchaquíes. El Boletín Oficial de la provincia publicaba un edicto judicial en la que se informaba que la sociedad Yacones SRL había descubierto un yacimiento de oro y cobre: “la Dra. María Victoria Mosmann, Jueza de Minas de la Provincia de Salta, hace saber a los efectos de los arts. 51, 52, 53 y 66 del Código de Minería (conf. text. ord. Dec. Nº 456/97) que la sociedad YACONES SRL ha manifestado el descubrimiento de un yacimiento diseminado de oro y cobre, ubicado en el departamento de Cachi. La mina se denominará YACONES III.”, expresa la página 43 del boletín.
El escueto texto indicaba que eran casi 3 mil hectáreas del yacimiento y que la dueña era Andrea Wayar, hija del senador Walter Wayar, quien enseguida salió a desmentir que “esa noticia es falsa”. A pesar que los Wayar ya tienen en su haber desalojos contra la comunidades originarias como ocurrió en diciembre del 2020 en un operativo contra el territorio de la comunidad Las Pailas que termino en una dura represión. En aquel entonces, los sobrinos de Walter Wayer motorizaron el despojo de la tierras con el apoyo judicial. (leer nota de Agencia Tierra Viva)
Nota del 10/12/2020, represión contra comunidad Las Pailas
Como escribió Analía Brizuela en Salta 12, la propiedad indicada en el Boletín corresponde a una propiedad en el centro de Cachi, de la cual sí es dueña Wayar, al igual que otra propiedad, que figura con el número de catastro 403, y que es una finca de 138 mil hectáreas, ubicada entre los departamentos de Cachi y Molinos, al oeste del Nevado de Cachi, una zona de vertientes de aguas que es la naciente del río Luracatao. Tierras apropiadas desde 1979 por empresarios bajo la firma de la empresa hoy denominada Luracatao S.A.
Rechazo contundente de las comunidades Diaguita-Calchaquí
El yacimiento minero anunciado por Yacones SRL, por su ubicación, contaminaría el agua de la zona y terminaría con las prácticas ancestrales de agricultura y ganadería que practica la Nación Diaguita-Calchaqui en el valle. El alerta de la noticia movilizó no solo a las comunidades sino a casi todo los sectores sociales que pueblan la región. Las asambleas rechazaron de forma contundente e hicieron común la expresión de las comunidades a través de un manifiesto en donde señalaron la ilegalidad del procedimiento.
“Denunciamos en ese marco, ante la sociedad, toda falta de consulta previa de cualquier proyecto minero que haya ingresado a territorio, denunciamos a las empresas que han ingresado a los territorios sin el consentimiento de nuestras comunidades y a espaldas del pueblo, denunciamos la complicidad del Estado por incumplimiento de las normas vigentes”. (Texto completo al final)
Las solidaridades de otros pueblos y personalidades comenzaron a activarse ante la amenaza. La presión social se hizo sentir y desde Yacones SRL anunciaron a través de un escrito firmado por la gerencia que no explotarían del yacimiento lo cual no mermo los ánimos entre los pobladores.
imagen del documento con la firma del socio gertnete de Yacones SRL
El intendente de Cachi, Américo Liendro, explicó: “en el 2007 el municipio de Cachi se manifestó contra la minería, hay ordenanzas municipales donde se planté este rechazo. Si se confirma que la mina está en jurisdicción de Cachi, no vamos a permitir que se explote. En Cachi tenemos una ordenanza al respecto. El posible yacimiento tendría oro y cobre. Lo que me dijeron en inmuebles, es que el catastro 403, es muy extenso y abarca Cachi, Molinos y Los Andes. El terreno pertenece a Yacones S.A., de acuerdo a lo que me informo inmuebles. Si está en Cachi, la mina estaría ubicada detrás del Nevado de Cachi», agregó para el portal Infórmate Salta.
Desde ANRed entrevistamos al abogado Rafael Delgadillo, abogado de Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) y también parte del equipo jurídico de las comunidades Diaguita-Calchaquíes para que nos cuente como se esta viviendo la noticia y que respuesta se ha activado en la comunidad:
«A raíz de la difusión del edicto judicial sobre el hallazgo del yacimiento de oro y cobre se genero un gran malestar social. Imagínate que alertó mucho en la población y particularmente a las comunidades que habitan el territorio. Sobre todo el anunció de una inminente minería de oro que sabemos que está vinculada a la utilización del cianuro y a grandes cantidades de agua que es vital en nuestra zona.
La noticia tuvo repercusión en medios locales. Hubo una buena investigación de Ana Brizuela en Salta 12 en donde identifico que hubo un error en el edicto que se publico en el catastro de Cachi cuando en realidad era en el departamento de Molinos que es lindero. Claro es un catastro minero grande que abarca parte de Cachi.
A partir de esto, nos hemos comenzado a reunir para ver que hacer. Creo que muchos veíamos la minería lejos, que siempre nos preocupaba pero que no había llegado hasta aquí. Bueno, con esta noticia, resulta que no era así; la minería ya esta amenazando. Si bien hubo una experiencia hace 12 años de re-intento de explotación de uranio en la zona de Tin Tin que fue rechazada mayoritariamente por el pueblo.
Lo bueno es que la repuesta del pueblo fue un rechazo contundente. Se realizaron reuniones y se auto-convoco una asamblea que se hizo el viernes pasado (4 de noviembre) y fue muy concurrida. Estuvieron presentes muchos actores más allá de las comunidades, organizaciones sociales, partidos políticos incluso concejales y hasta se acercó el Secretario de Gobierno, etc. Las cinco comunidades en Cachi se reunieron y emitieron un manifiesto contra la minería (publicado al final de la nota).
Hace unos días supimos que la empresa comunico el «abandono de mina» que significa que no realizarán la explotación del yacimiento. Esto fue una noticia alegre en cierto punto trajo algo de tranquilidad pero que no detiene el proceso de asamblea que ya arrancó. Y es que todavía no hemos podido ver el expediente y constatar la veracidad de los documentos. Aun que circulo una imagen del documento con la firma del socio gerente y con la fecha y cargo.
Entendemos que el proyecto minero estaba en su etapa inicial. Pero lo preocupante es que tenía un informe de impacto ambiental aprobado por la autoridad ambiental de la provincia.
Viajamos a la ciudad de Salta y no pudimos leer el expediente que aunque esta en estado público había sido enviado a inmuebles para corregir el error de catastro. Esto nos informó la secretaría, que aviso que no nos podía recibir la jueza que se encontraba en una audiencia. Pero supimos que el expediente tenía aprobado este estudio de impacto ambiental. Es decir, que venía avanzando sobre ruedas…
Sabemos que la minería estaba avanzando mucho. Estamos cerca de Salinas Grandes donde la explotación del Litio crece. Pero esta zona que es de valle, hay mucha población que realiza agricultura, hay una tradición de miles de años de practicas agrícolas de los pueblos originarios. Una cultura milenaria que se encuentra amenazada por la minería.
Veremos que estrategia legal utilizar para tratar esta problemática. Por ejemplo, un caso sería realizar un referéndum pero sabemos que esto debería convocarlo la Legislatura provincial pero sabemos que el Gobierno esta alineado con que avance la minería. Estamos viendo que el gobierno actúa para ello. Salta viene triplicando las exportaciones de minería y justamente con el protagonismo principal del oro.
Con la llegado del equipo jurídico tenemos que revisar que delitos ambientales se han producido. En un comienzo se han vulnerado los derechos indígenas de estas comunidades. ya podemos denunciar la falta de consulta de hecho estuvo presente la autoridad tradicional de la comunidad Alumbre y Condor Huasi quienes son poseedores de este territorio y se estuvo pensando estrategias. Desde el vamos la falta de consulta es un derecho especifico que le asiste a las comunidades y fue vulnerado. El entramado jurídico es un enredo en el cual debemos estar constantemente exigiendo que se cumplan estos derechos.
Las comunidades están analizando pedir el revelamiento de la Ley 26.160 al INAI para que lo haga en forma de emergencia. A partir de todas estas averiguaciones a salido a la luz que hay un montón de pedidos de castro mineros en Cachi. Se ha destapado una olla. Las empresas le piden al juzgado de minas la autorización para explotar determinados lugares. Entonces estamos analizando que hacer porque nos enfrentamos a que la explotación minera es un proceso legal que tenemos que enfrentar. Hay grupos de pobladores en todo los pueblos que han venido juntando firmas. Se esta movilizando la zona y debemos pensar estrategias para canalizar la voluntad popular. Que logremos sacar una ordenanza no significa que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. El proceso minero tiene luz verde a nivel provincial y ha nivel nacional. Lo popular tiene que hacer sentir su decisión más allá de una ordenanza y sabiendo que iremos contra la voluntad del gobierno provincial.
La minería es un nuevo proceso de despojo de la tierra que hay y no es el primero en el valle. Acá se vienen dando distintos procesos y quizá el minero es el que esta más mediatizado pero el avance de las bodegas (viñedos) viene avanzando en los últimos años en manos de empresarios nacionales y extranjeros. Y es un proceso de despojo más silenciosos y lento. Y también se viene resistiendo».
