A gasificar que se acaba el mundo: el plan climático del Frente de Todos
Alberto Fernández en Vaca Muerta | Foto: Presidencia.
Alberto Fernández vive entre dos mundos. Por un lado, es el presidente extractivista que quiere sacar hasta el último centímetro cúbico de hidrocarburos en Vaca Muerta. Su alter ego, en cambio, habla de la “casa común” y de “poner en primer lugar la preocupación por el cambio climático”. Estas dos facetas, que despliega según auditorio y objetivos de ocasión, no son compatibles: la transición energética que promueve se basa en el fracking en Vaca Muerta, la explotación de hidrocarburos en aguas del mar argentino y la energía nuclear. El extractivista le gana por goleada al ambientalista. Por Valeria Foglia (Emergencia en la Tierra).
Junto a funcionarios de la cartera ambiental como Juan Cabandié y Cecilia Nicolini, el martes 1º de noviembre Fernández presentó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PNAyMCC) hacia 2030, que en los papeles propone metas y líneas estratégicas para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y ayudar a que territorios, ecosistemas, sectores y comunidades vulnerables se adapten a los impactos de la crisis climática.
La presentación en el Museo del Bicentenario llegó pocos días después de la publicación del 13º Emissions Gap Report (EGR) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cuyo título no deja lugar a dudas: “La ventana que se cierra: la crisis climática exige una rápida transformación de las sociedades”.
Desde Egipto, adonde viajó para asistir a la COP27, el asesor climático senior Enrique Maurtua Konstantinidis adelantó a Emergencia en la Tierra una primera lectura sobre el resumen ejecutivo del plan oficial, único documento disponible en la web hasta el sábado. Aunque habían circulado versiones del texto completo, recién ese día se pudo acceder formalmente a las 419 páginas del PNAyMCC, plagadas de oraciones inconclusas. Para ese entonces, una gran porción de los medios ya había realizado su cobertura.
Para Maurtua Konstantinidis es “positivo” que el presidente le haya dado “peso institucional a un documento de estas características”. Sin embargo, lamenta que no haya sido publicado completo desde un comienzo y que el evento no haya tenido mayor participación de la prensa.
Una lectura al plan completo deja ver que el Gobierno confirma su rumbo extractivista de agronegocio, megaminería y fracking. La novedad es la incorporación de su “Vaca Muerta bajo el agua”, la exploración y extracción de hidrocarburos offshore. ¿Cómo congeniar actividades extractivas a gran escala, lesivas para los territorios, con su objetivo de reducir emisiones?
https://twitter.com/alferdez/status/1587573348086661120
Declaración de intenciones
Con un abordaje “centrado en las personas”, el plan elaborado por el Gabinete Nacional de Cambio Climático dispone una meta de mitigación a partir de la segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), actualizada en 2021. El Gobierno se compromete a no exceder la emisión neta de 349 MtCO2e (millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente) para el 2030, con el objetivo de alcanzar un desarrollo neutral en carbono en 2050. Climate Action Tracker consideró “altamente insuficientes” los compromisos argentinos.La meta de adaptación para 2030 tiene cinco grandes dimensiones:
- La percepción de la sociedad sobre los impactos del cambio climático y las medidas de adaptación.
- El involucramiento social.
- La disminución de la vulnerabilidad.
- Incorporación de comunidades y grupos sociales vulnerables con perspectiva de género y equidad intergeneracional.
- La generación de cobeneficios.
Para cumplir estos objetivos el PNAyMCC establece seis líneas estratégicas, enmarcadas en enfoques transversales de género y diversidad, gestión integral del riesgo, salud y transición laboral justa:
- Conservación de la biodiversidad y bienes comunes.
- Gestión sostenible de sistemas alimentarios y bosques.
- Movilidad sostenible.
- Territorios sostenibles y resilientes.
- Transición energética.
- Transición productiva.
Consultado al respecto, Maurtua Konstantinidis ve con buenos ojos que se destaquen los esfuerzos de adaptación, es decir, los ajustes que deben hacerse en los sistemas ecológicos, sociales y económicos para enfrentar impactos climáticos presentes y futuros. También celebra que haya “referencia específica el tema de daños y pérdidas, del que normalmente no hablamos mucho en Argentina. Ningún país está exento”.
Eso no impide que el consultor señale vaguedades en el resumen ejecutivo, única fuente oficial a pocas horas del inicio de la COP27: “Si es un plan de acción uno pretendería que fuera relativamente detallado, sobre todo en el nivel de las metas. Qué es lo que se espera, cuál es la reducción de emisiones que se quiere conseguir, cuál es la cantidad de vidas que se quiere salvar, las diferentes métricas que se consideran para la adaptación, la mitigación y los daños y las pérdidas”.
Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
El plan versus Vaca Muerta
El spot de un minuto y medio para las redes sociales mostraba imágenes de energías renovables e incendios forestales. Si en nuestro país las primeras son marginales, no es menos cierto que gran parte de los incendios son intencionales y no atribuidos directamente a los extremos climáticos. Las imágenes de Fernández con la gorra de YPF en Vaca Muerta no aparecieron en el clip, pero la formación geológica neuquina es una referencia obligada si se habla del aporte local en términos de emisiones de GEI como el dióxido de carbono y el metano.
La matriz energética nacional sigue dependiendo de los combustibles fósiles, especialmente el gas natural. Este tiene un papel protagónico, ya que cubre más del 50 % de la demanda de energía primaria del país (más del doble del promedio regional de América Latina y el Caribe).
El plan habla de aprovechar “la abundancia de reservas de petróleo y gas”. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, estos “recursos técnicamente recuperables” ubican a la formación neuquina en segunda y cuarta posición fuera de América del Norte en cantidad de gas y petróleo no convencionales.
En 2018 especialistas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen) calcularon que hacia 2030 las emisiones fugitivas derivadas de la explotación de Vaca Muerta pueden subir entre 205 y 240 MtCO2e según distintos escenarios. A la luz de la meta de emisiones definida en la NDC, el gas y el petróleo no convencionales representarían entre el 58 % y el 68 % del total proyectado. Los números no cierran: a esas cifras hay que sumar las emisiones de la quema de combustibles fósiles y otros sectores como el agro y las industrias.
Transición energética: sí pero no
El Gobierno plantea un “trilema energético” por la tensión entre seguridad energética, equidad social y mitigación del cambio climático. En su plan mencionan que trascender “el paradigma fósil implica un cambio estructural en los sistemas de abastecimiento y utilización de la energía”.
Pese a que habla de diversificación y menciona el potencial eólico y solar, las fuentes de “energía limpia” que prioriza el plan oficial son el shale gas y la nuclear, que son de todo menos limpios y renovables. El Gobierno plantea reemplazar los combustibles líquidos derivados del petróleo por el gas natural, etiquetando a este último como “menos contaminante” pese a que está compuesto mayoritariamente por metano (CH4).
Si bien es menos abundante, este GEI es veinticinco veces más poderoso que el CO2 para calentar la atmósfera. A 2018 el CH4 representó en Argentina 82,87 MtCO2e, el 22,6 % de las emisiones totales (365,8 MtCO2e). El sector energético es la tercera fuente de CH4 detrás de la agroganadería y la gestión de residuos.
La apuesta del Gobierno argentino por el shale gas no solo contradice los compromisos internacionales que suscribió. También resulta inconsistente con la necesidad de “una rápida reducción en las emisiones de GEI diferentes al CO2, particularmente el metano” que menciona en su plan.
A Maurtua Konstantinidis le parece “preocupante“ que la gasificación sea presentada como medida de reducción de emisiones: “Hay una intención clara y tácita dentro de una contribución climática de hablar de gas, un combustible fósil que es la principal causa de los gases de efecto invernadero y que genera cambio climático”.
La narrativa no es nueva: hace tiempo que los Gobiernos buscan presentar al gas natural, cuyas emisiones aumentaron un 29 % desde 1990, como “combustible puente” en la transición energética. Sin embargo, no solo es más contaminante: también es más costoso y genera muchísimos menos puestos de trabajo que las energías renovables.
Como afirma Maurtua Konstantinidis, las inversiones en proyectos gasíferos “son de largo aliento” y buscan “una perpetuidad que no está en línea con la urgencia climática. Uno tendría que estar ya hablando de energías renovables”. El especialista considera que debería haber “medidas mucho más agresivas en materia de penetración de energías renovables, eficiencia energética y generación de hidrógeno”.
Gasificar el país implica no solo el fracking en Vaca Muerta, sino el desarrollo de cuencas hidrocarburíferas costa adentro y costa afuera. Con el incremento en la producción, el Frente de Todos propone que Argentina se autoabastezca e incluso sea proveedora regional y global de gas natural. La hermana menor de la “gasificación” es la “nuclearización”, potenciando las centrales existentes e instalando nuevas.
La transición pensada por el Gobierno de los Fernández pretende una “armonía” entre el mantenimiento de “servicios ecosistémicos” y la estabilización macroeconómica. A simple vista, suena bien para un país vulnerable como Argentina, con escasas fuentes de financiamiento para llevar adelante las transformaciones necesarias.
La letra chica, sin embargo, la escribe el FMI, en especial cuando habla de “un sendero compatible con la disponibilidad y la generación de divisas” o “consistencia social, económica, fiscal, financiera y en materia de endeudamiento”.
https://twitter.com/unep_espanol/status/1587746346622230529
Cuidado con la brecha
¿De qué brecha hablamos? De la que hay entre las NDC presentadas por los Gobiernos y los compromisos necesarios para alcanzar los objetivos de temperatura global establecidos en el Acuerdo de París, que quedó muy lejos y cada vez más inalcanzable. Según el EGR, la ventana de tiempo para limitar el calentamiento global a 1.5 °C podría cerrarse en solo ocho años (aunque The Economist ya sepultó ese límite científico).
De acuerdo al PNUMA, para cumplir la meta del Acuerdo de París se necesita reducir un 45 % las emisiones actuales para 2030, y un 30 % para los 2 °C. El hipotético 1.8 ºC a partir de la implementación total de las NDC condicionales y los compromisos adicionales de cero neto ya no es creíble.
Aunque las emisiones globales siguen creciendo, en los últimos diez años la tasa se desaceleró con respecto al período 2000-2009 (1.1 % contra 2.6 %). Es positivo, pero no alcanza ante la perspectiva de que la famosa ventana se cierre. Inge Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, expresa la gravedad del asunto: ¿Es una tarea difícil transformar nuestros sistemas en solo ocho años? Sí. ¿Podemos reducir tanto las emisiones de gases de efecto invernadero en ese período de tiempo? Tal vez no. Pero debemos intentarlo. Cada fracción de grado importa: para las comunidades vulnerables, para las especies y los ecosistemas, y para cada uno de nosotros.
La implementación de los compromisos climáticos actuales mantendrá el aumento en la temperatura entre los 2,4 °C a 2,6 °C para finales de siglo, según se trate de compromisos condicionales e incondicionales, respectivamente. ¿Y esto qué quiere decir? Mientras las NDC condicionales son aquellas que los países pueden ejecutar con ayuda internacional o si se dieran otras circunstancias, las incondicionales pueden ser cumplidas gracias a sus propios recursos y capacidades.
En total, y si se implementan por completo, se estima que las NDC incondicionales nuevas o actualizadas darán como resultado una reducción anual adicional de 4,8 GtCO2e para 2030 en relación con las NDC iniciales. El progreso desde la COP 26 es de 0,5 GtCO2e, principalmente como resultado de los nuevos compromisos de Australia, Brasil, Indonesia y la República de Corea.
Las políticas existentes, en tanto, implican una suba de 2,8 °C, lo que expone la disparidad entre las NDC comprometidas y los esfuerzos para hacerlas efectivas. El pronóstico es reservado. La caída sin precedentes en las emisiones durante la pandemia fue efímera: se proyecta que en 2021 habrán sido iguales o superiores a los niveles récord de 2019. El escenario de “procrastinación” de los Gobiernos empuja a la ONU a declarar que ya no hay lugar para un enfoque gradual de la emergencia climática. El PNUMA demanda una transformación rápida de todo el sistema y una acción climática urgente sin descuidar otros objetivos de desarrollo sostenible (ODS), con cambios en el suministro de electricidad, la industria, el transporte, los edificios y los sistemas alimentarios, principales fuentes de emisiones.
Pese al lenguaje “radical” y “de emergencia”, el informe del PNUMA enfatiza que el camino es la “reforma de toda la economía”. Las transformaciones que señala no son compatibles con el norte de la ganancia que orienta inequívocamente al sistema más allá de declaraciones de intenciones. El capitalismo no puede gestionar las múltiples crisis que genera: energética, climática, humanitaria, alimentaria, de contaminación y pérdida de biodiversidad.
Alberto Fernández durante la COP26 en Glasgow | Foto: Presidencia.
Ética sin las comunidades
“Argentina no es responsable de esto. Solo el 0.8 % de los gases que se emiten son emitidos por Argentina”, sostuvo el presidente durante la presentación del PNAyMCC. Es cierto que las emisiones son muy desiguales entre regiones, países y hogares. Pero Fernández se jacta de la escasa contribución de Argentina en el total como si eso le diera al país la oportunidad de ponerse a tono con los principales contaminantes.
Aunque Argentina no figura en el ranking que encabezan China, la UE, India, Indonesia, Brasil, Rusia y Estados Unidos, no es menos cierto que integra el G20, causante colectivo del 75 % de las emisiones globales. Con su impulso a Vaca Muerta contradice las recomendaciones del IPCC, el PNUMA y hasta la Agencia Internacional de Energía sobre dejar de subsidiar y expandir la infraestructura de los combustibles fósiles y desarrollar las energías renovables.
Mientras Fernández habla de “ética y moral”, su impulso a nuevos proyectos de gas no convencional en Vaca Muerta choca con la “reducción progresiva y justa de los combustibles fósiles” propuesta por el PNUMA. La alusión a la justicia no es azarosa ante un Gobierno que sigue profundizando el fracking, una actividad insostenible de principio a fin, sobre territorios ancestrales mapuches.
El acelerador sobre Vaca Muerta no es el único atentado del Gobierno a su propio plan climático. “Aprovechar los recursos del país” parece una buena idea cuando se mira una planilla de cálculo, pero el diagnóstico dista de estar completo si solo se contabilizan emisiones y no se dimensionan otros impactos sobre la vida en los territorios.
Aunque en el texto se hable de bienes comunes y conservación de la biodiversidad, el extractivismo que militan el Gobierno nacional y los provinciales sacrifica ecosistemas claves para la mitigación de la emergencia climática. Así, dejan indefensas a las comunidades ante fenómenos cada vez más extremos, como olas de calor, sequías, aludes e inundaciones.
En el llano se traduce, por ejemplo, en deforestación, contaminación con agrotóxicos y otros químicos industriales, estrés hídrico, quemas y relleno de humedales, alteración del ecosistema marino y movimientos sísmicos inducidos por perforaciones petroleras. El plan oficial reconoce el aumento de enfermedades como el cáncer o el dengue, la falta de agua potable, los cortes de luz y el deterioro de los medios de vida de productores de la agricultura familiar, campesinos e indígenas.
Mientras habla de valorar saberes tradicionales y ancestrales en tanto guardianes de la biodiversidad, el Gobierno persigue y criminaliza a las comunidades mapuches. De manera inconmovible, la gestión del Frente de Todos está siempre en la vereda de enfrente de los sectores populares que defienden la vida en los territorios. En eso tampoco se diferencia de Cambiemos.
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