Diputados aprobó el proyecto que reforma la Ley de barrios populares
Con las calles fuera del Congreso y los palcos del recinto repletos de militantes de movimientos populares, la Cámara de Diputados aprobó la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. «Estamos hablando de una política pública que pueda desarrollarse a largo plazo y tienda a brindar las soluciones que propone la normativa: generar condiciones dignas y de calidad para los sectores populares, en aquellos barrios que merecen una atención profunda para su transformación», destacó el miembro informante, Lucas Godoy (FdT), quien recordó que se estaba prorrogando una ley sancionada en 2018, la cual había declarado de interés público la integración de los barrios populares -lo que implica acceso a servicios públicos, saneamiento, infraestructura, etc. -, así como la suspensión de los desalojos por cuatro años. El proyecto aprobado, sin embargo, incorpora algunas modificaciones: incluir más de 1.200 barrios populares relevados -llevándolos a más de 5.600- y extender la prohibición de los desalojos por 10 años más. Por Mario Hernández
Les diputades de JxC y el resto de los bloques de la oposición reivindicaron la ley como una «política de Estado». «Esta es una ley que se promovió durante el gobierno de Mauricio Macri y se mejoró y continuó durante el gobierno de Alberto Fernández. Y es importante reconocernos todos como parte de esta política. Porque cuando las políticas terminan siendo apropiadas por un sector le hacemos daño a la política pública y a las personas que tienen que beneficiarse», señaló Silvia Lospennato (PRO), en un juego de atribuirse la autoría de la política que se desarrolló a lo largo de toda la tarde.
«Sin la calle ni la movilización popular esta ley no habría nacido«, zanjó, por su parte, Eduardo Toniolli, diputado del Movimiento Evita.
Las exposiciones más emotivas vinieron de la mano de les legisladores que representan a las organizaciones populares, principales impulsoras de la ley. «Pocos conocen el sacrificio que se lleva adelante cuando uno queda despojado absolutamente de todo. Y lo digo con conocimiento de causa porque en 2014 me vi en la obligación de irme con mi familia a un terreno a construir mi vivienda», comenzó Federico Fagioli, diputado de Patria Grande que vive en Pueblo Unido, un asentamiento que surgió tras una toma de terrenos de la que fue protagonista. «La integración socio-urbana no es solamente tener luz, agua y cloacas. Es discutir cómo queremos que se desarrolle nuestro barrio y para eso se necesita una planificación a largo plazo«, destacó.
La encargada de cerrar el debate fue Natalia Zaracho, la primera diputada cartonera de la historia del Congreso. «Con la ley del 2018 conseguimos que se suspendan los desalojos y también algo muy importante que son los certificados de vivienda. Hoy traje el mío, que me llena de orgullo», manifestó, mostrando en alto su certificado de vivienda en Villa Fiorito, en donde vive junto a su familia. «Cuando asumí muchos me dijeron que me iba a ir de Fiorito y la verdad es que no me quiero ir, quiero que todos mis vecinos y vecinas tengan los derechos garantizados», finalizó, con el recinto estallando en aplausos.
Leandro Ramírez, referente del Movimiento Evita y de la COTEP San Alberto explicó que la ley fue un avance muy significativo para los barrios y además se traduce en fuentes de trabajo: “la ley prevé que un alto porcentaje de la obra pública que se destina para la infraestructura social de esos barrios la realicen compañeros y compañeras que residen en los propios barrios”.
Los movimientos sociales se movilizaron a nivel nacional para exigir a los diputados que traten la reforma de la Ley de Barrios Populares y de esta manera que se garantice la continuidad de las obras que se están haciendo.
Como referente del Movimiento Carlos Mugica, Marco Galán, participó de la asamblea general y explicó: “para nosotros es fundamental que esta ley que se sancionó hace cuatro años se prorrogue por lo menos por diez, yo estimo que podría ser un poco más, hasta 15 años teniendo en cuenta que uno de los artículos suspende los desalojos y obliga al Estado nacional a expropiar las tierras privadas para poder regularizarlas”.