08/09/2022

Zaida Mamani, mujer migrante imputada por la (in)justicia argentina por el crimen de su hija

El crimen de Joselin Mamani, de solo 10 años, ocurrió en 2019. Tres años después, la única imputada es su madre. El 7 de enero Zaida Mamani salió a hacer compras. La niña de 10 años quedó sola en la casa y cuando Zaida volvió la encontró agonizando por las 40 puñaladas que recibió. La entrada no había sido forzada y no faltaba nada en la vivienda. La causa durante estos tres años y medio estuvo a cargo de Fabiola Juanatey, de la Unidad Funcional de Instrucción, especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial de Lomas de Zamora pero, llamativamente, la imputada y madre de la niña nunca conoció a la letrada y la causa no avanzó. A la fecha no hay detenidos y además de estar imputada Zaida, está imputado su ex pareja y el hijo de este. Por Mink’a Comunicación.


El abogado que tomó la causa hace pocos días, Ernesto Flores, indicó que “no se peritaron las pruebas de ADN, los celulares encontrados ni se investigó a los cinco principales sospechosos. Sin embargo, en octubre de 2021 la madre de Joselín fue imputada por el asesinato de su hija y durante este año fue sometida a pericias psicológicas”.

Tanto Zaida como las personas que la acompañan para que se pueda visibilizar el caso y así evitar que la justicia siga actuando de manera silenciosa y xenófoba con esta madre, indican que “ella pensaba todo el tiempo cuando le dijeron que tenía que ir al Tribunal de Lomas de Zamora que estaba yendo a un acompañamiento psicológico. Porque además era algo que le habían prometido desde el Ministerio de la Mujer, que nunca la acompañó. Ella va sin saber nada de lo que es una pericia psicológica, ni las consecuencias que podían llegar a tener. Ella cuenta toda su vida, sus cosas, como cuando alguien hace terapia”.

Esta situación de maltrato, al no informar con claridad a lo que ella se expone en estas citas con los peritos, no es una situación nueva para la (in) justicia argentina, ya que son varias las madres migrantes que se ven violentadas.

Un antecedente no muy lejano es el caso de Francisca Herrera, a quien el Juzgado de Familia 1 de Comodoro Rivadavia resolvió quitarle sus cuatro niños y entregarlos en adopción. Este caso ya llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero nadie le devolverá los minutos, meses y años perdidos y el dolor causado a esta familia en caso de que finalmente la (in)justicia argentina dictamine que se equivocó al dar a los niños en adopción.

Fuente: Mink’a Comunicación



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