«Vinimos con el nombre de pibes asesinados por la policía en Chaco para visibilizar casos que no logran romper la frontera de la provincia»
El pasado viernes, un grupo de mujeres vino desde la Provincia de Chaco para participar de la 8va Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, tomaron la palabra en Plaza de Mayo con el objetivo de visibilizar los casos de esa provincia, que en su mayoría no son conocidos en el resto del país. Allí mismo, al costado del escenario, pudimos conversar con ellas para que nos comenten algunos de esos casos. Además, para el próximo martes 6 de septiembre, convocan a una movilización por los 4 años del asesinato de Ismael Ramírez. Por Ramiro Giganti (ANRed).
“Vinimos trayendo el nombre de otros pibes asesinados por la policía porque nos parece importante poder seguir visibilizando estos casos que no logran romper la frontera de la provincia.”
“Está el caso de Sebastián Ponce de León asesinado por la policía, que en este caso hay algo muy importante porque es el primer caso en la provincia de Chaco, desde la vuelta de la democracia, donde van a juzgar a policías por el delito de tortura seguida de muerte. Van a ser los primeros policías sentados en el banquillo por este delito”. Sebastián Ponce de León fue detenido el 31 de enero de 2019 en una casa de la localidad de Barranqueras y sometido a torturas. Diez días después, falleció en el Hospital Perrando como consecuencia de los golpes recibidos. El dudoso procedimiento realizado por personal de la Policía de Chaco, generó sospechas que desencadenaron la investigación.
Otro caso, más reciente, de tortura seguida de muerte ocurrió este año con el asesinato de Leandro Bravo: “Se cumplen 6 meses de su fallecimiento, él fue torturado durante media hora. Encontramos en su cuerpo hasta quemaduras de entre 70 9 90 grados, generadas por chapas, le han reventado los pulmones, le reventaron el hígado y murió asfixiado, por ahorcamiento”, sostuvo Nora Nieto, madre de Leandro, asesinado por la policía en la ciudad de Charata, Chaco. Actualmente hay 4 oficiales imputados por el delito de tortura seguida de muerte, con prisión preventiva hasta el inicio del juicio. En total hay 11 policías implicados, de los cuales solo hay 4 detenidos: el resto están siendo investigados. “No queremos dejar de mencionar que en los primeros momentos de la investigación, tanto el fiscal como el cuerpo médico forense, no obró como debería haberlo hecho, no cumplieron con sus obligaciones. No se siguieron los protocolos acordes para la realización de la autopsia y la investigación de una muerte en custodia. Este tipo de accionar por parte de la justicia lo vamos a seguir denunciando porque son justamente las primera acciones que van entorpeciendo la causa y generan con el tiempo que sea complicado encontrar pruebas y poder demostrar cómo fueron los hechos”.
Diego Emanuel Barreto, cayó de un balcón mientras estaba trabajando. Cuando cae pide ayuda y en lugar de ser auxiliado por la policía fue esposado y luego asfixiado por un agente que le apoyó una pierna en el cuello mientras estaba en el piso, siendo este un caso similar al de George Floyd, el joven afrodescendiente asesinado en Estados Unidos en mayo del 2020. Mientras los vecinos le decían “se te está muriendo el pibe, se te está ahogando el pibe”, el policía no dejaba de asfixiarlo hasta que en un momento pidieron un balde de agua para reanimarlo: le tiraron el balde de agua, pero no pudieron reanimarlo y lo llevaron muerto al hospital. Este caso estuvo casi un año con la carátula de suicidio cuando el joven había pedido ayuda y la respuesta de la policía, en lugar de auxiliarlo fue torturarlo. Actualmente la causa está como homicidio culposo pero en su entorno exigen que la imputación sea tortura seguida de muerte.
“¿Por un indio vas a ir preso?”
“El 3 de septiembre se van a cumplir 4 años del asesinato de mi hijo y lo que yo exijo es que el fiscal Soto desarchive la causa de mi hijo” señalo Alejandra Ciriaco, la madre de Ismael Ramírez, el niño asesinado en la localidad de Sáenz Peña, provincia de Chaco. Actualmente la causa de Ismael Ramírez está archivada. Había cámaras que registraron el hecho. “Resulta que las cámaras desaparecieron. Todas las pruebas que tenían desaparecieron en fiscalía. Hasta hoy en día nosotros, la familia de Ismael, nos hacemos la pregunta ¿Qué pasó con esas pruebas? Porque cuando cuando le pegaron el tiro eran las 6 de la tarde, a 5 cuadras de un mercando donde estaban haciendo una protesta por las tarjetas alimentarias porque retenían las tarjetas y los documentos de los hermanos Qom. Sabemos que muchas veces ellos por necesidad, llevan sus documentos, llevan sus tarjetas y las dejan en el mercado. Ese día justo me hijo tenía que ir a jugar, porque él hacía básquet… y bueno, a 5 cuadras del mercado le metieron un tiro a mi hijo. En el video la mama lo agarraba al ex Policía Federal y le decía “Pelado, Pelado, por un indio vas a ir preso”. Vamos a hacer una marcha para exigir justicia por Ismael, porque las causas están todas archivadas. El 3 se cumplen 4 años, pero nosotros marchamos el 6 en Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco”.
El fiscal incluso había afirmado que su muerte fue por un disparo de escopeta pero Alejandra afirma que su hijo tiene una bala de una 9 milímetros, que es el arma reglamentaria de la policía. También resaltó el valor de las movilizaciones. «La justicia para nosotros es una mierda, porque nosotros somos humildes y nunca va a llegar, pero si: en la calle siempre nos va a tener a todas las madres, porque somos las voces de ella», concluyó.