El saqueo vial
El discurso de Cristina Fernández de Kirchner, en su defensa sobre la llamada Causa de Vialidad, terminó elevando las sospechas sobre los negocios de la principal obra vial de Córdoba, y la que ha generado mayores causas judiciales contra los militantes socioambientales, como es la Autovía de Punilla. Por Lea Ross (La Luna con Gatillo).
Quiero despertar sabiendo que vale la pena, sin más dilema
Estoy en el fondo de todo, acá la luz no llega
Todo quema, tengo una cadena
Que aprieta el corazón mientras yo cumplo mi condena
Parece que mi carne es fresca, quieren una muestra
Entre Dios y el diablo pelean por llevarme de fiesta.
Buitres. Wos.
Entre extremistas y defensores ambientales
El martes 23 de agosto, tres personas fueron detenidas e imputadas por participar de las manifestaciones en contra del paso de las topadoras, al pie de la montaña, en la zona de la reserva natural de Río Yuspe, por donde pasaría la traza de la Autovía de Punilla, la obra vial más importante y polémica de la provincia. Los hechos ocurrieron a la altura de Cosquín-Molinari.
Al día siguiente de la liberación de los detenidos, la Radio Panamericana de Huerta Grande, con una línea editorial adherente a las manifestaciones contra ese proyecto provincial, recibió piedrazos en sus ventanas, como se ve en la fotografía de portada del presente informe. En el momento en que se realizó un llamado a la comisaría de la ciudad para iniciar la denuncia, recibieron como respuesta que no había personal para presentarse en el lugar, porque todo el personal fue a Molinari a custodiar los obradores de la construcción de la autovía.
Según una consulta realizada por La Luna con Gatillo, 15 habitantes del valle tendrían imputaciones en su contra por participar en este conflicto vial que atraviesa una docena de localidades. Las carátulas van desde resistencia a la autoridad hasta la turbación a la posesión. Cállenlos, sédenlos, que hagan lo que quieran pero sáquenlos, diría un comisario que escucha a Wos.
No solo las denuncias en su contra fueron por parar las máquinas desmontadoras en distintos días, sino también por haber hecho un escrache al intendente de Cosquín, Gabriel Musso, una de las autoridades municipales que habilitó el paso de la autovía. Paralelamente, otro intendente, en este caso de la mencionada ciudad huertense y principal alfil del gobernador Juan Schiaretti para mantener el funcionamiento del PJ punillense, Matías Montoto, declaró ante distintos medios de comunicación local que quienes se manifiestan en contra de la autovía son “extremistas”.
A pesar de la reacciones de los jefes municipales, un día después de las últimas detenciones, el 24 de agosto, la jueza de control María Ferreyra firmó una resolución donde incita a la Policía de Córdoba a no intimidar a “grupos defensores de derechos humanos en lo que respecta a asuntos ambientales, comunidades de pueblos originarios y pobladores de las localidades afectadas en el valle de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas”. También recomienda al Gobierno crear un protocolo sobre cómo deben actuar las fuerzas de seguridad cuando hay manifestantes que proclaman derechos ambientales. Finalmente, en el contenido del mismo, se adhiere a categorizar a los manifestantes como “defensores ambientales”, tal como lo señala el Acuerdo de Escazú, la convención internacional para la defensa de la participación ciudadana y el acceso a la justicia en temas ambientales. Es la primera vez que el Gobierno de Córdoba recibe un fallo de esta índole en su contra.
Entre extremistas y defensores ambientales hay un trecho republicano.
Números tocados
“El Yuspe no se toca”. Es una de las consignas que está presente por parte de los defensores ambientales (o extremistas, según la perspectiva de quién). Se trata de un río, que atraviesa una zona de alto valor ecológico y resguardado como reserva natural.
El estudio de impacto ambiental de la Autovía de Punilla había dividido la traza total (desde San Roque hasta La Cumbre) en diez tramos según las características geográficas y trabajos de obras. El llamado tramo 6 sería el lugar donde ocurrió el último desalojo. Si sumamos el tramo 7, que abarca la construcción de un puente sobre el río, hablamos de un área donde más del 90% de las plantas son nativas, cuyos árboles más notorios son los espinillos y los piquillínes, y entre las especies arbustivas se puede encontrar el palo amarillo.
El año pasado, La Luna con Gatillo había graficado los resultados cuantitativos del mencionado estudio ambiental, publicados en los anexos llamados matrices de valoración, que miden los impactos de cada actividad de las obras y su fase en operación.
En la primera gráfica, se expone los diez impactos más negativos para cada tramo. Podemos observar que el Tramo 6 tiene como principal impacto negativo, expresada en línea amarilla, las voladuras. Pero en la medida en que la traza va a travesar el río Yuspe, que sería el Tramo 7, lo que más crece es la remoción de vegetales (línea naranja), también conocido como desmontes, y es el de mayor pico de severidad en toda la traza. También se advierte que el segundo mayor peligro, en línea violeta, son los riesgos de incendios.
Por el contrario, si observamos las diez actividades más benéficas que traería la autovía, vemos que en los tramos 6 y 7, al igual que el resto de los ocho tramos, lo más beneficioso en línea azul es la forestación. O sea, la plantación de especies en algunas zonas ya desmontadas, lo cual expone la deficiencia metodológica y ontológica, al afirmar que la plantación de especies nuevas traerían mayores beneficios que las originarias que estuvieron por siglos. Incluso, nótese que a medida que se sumerge por la reserva (del Tramo 6 al 7), los beneficios que más difusión tiene de esta obra, que son el tránsito vehicular y el acceso a las localidades, no incide en nada en esa parte de la autovía.
De hecho, el presente cronista había detectado irregularidades de esas matrices, donde señala que el impacto que tendrían los suelos cercanos al Río Yuspe por los desmontes sería de un (-36). Pero el impacto positivo generado por la reforestación sería de (+40). No solo eso, desde la perspectiva de patrimonio, que refiere a la reserva propiamente dicha, señala que va haber un impacto severo de (-70) por el desmonte, pero en cuanto a la reforestación figura como espacio en blanco. Es decir, la reserva del Río Yuspe perderá parte de su cobertura vegetal, violando las normas que protegen estas zonas de conservación.
Todo este análisis fue expuesto en este video, que fue entregado a la Secretaría de Ambiente durante el debate del proyecto.
Cartel en Punilla
Pasamos de los diez tramos de la autovía que había dividido el estudio ambiental a las cuatro secciones que se dividieron para las licitaciones, donde cada una pasa por una determinada localidad. En la de Cosquín, donde ocurrieron los principales hechos de desalojo, las topadoras son manejadas por la empresa ganadora, la constructora SACDE, del magnate Marcelo Mindlin, quien es socio de Joe Lewis, el apropiador del Lago Escondido. En los tramos intermedios están a cargo del Grupo Roggio. Finalmente, en el tramo inicial de San Roque, los trabajos los lleva a cabo Juan Chediack SADIC.
La presentación de ofertas que realizaron las tres constructoras empujaron cifras que giraban alrededor de un 40% por arriba del promedio de las respectivas ofertas iniciales propuestas desde el Estado provincial, lo cual brinda la sospecha de un posible sobreprecio, bajo acuerdo previo de los empresarios.
Chediack es la empresa con más montos por kilómetro que ha recibido por esta obra: más de mil millones de pesos por cada mil metros de traza. Eso se explica porque el tramo de San Roque incluye la construcción de un viaducto para conectar la autovía al pueblo de Bialet Massé, con un costo total de $ 1.675 millones sobre el total de la obra, que son casi $ 5.200 millones. Lo segundo que genera mayores costos son los trabajos de movimiento de suelo con $ 1.060 millones. Y si se fijan en el gráfico de las diez actividades más perjudiciales, en los primeros tres tramos de la autovía, a cargo de Chediack, vemos que la línea azul, que representa el Movimiento de suelo, es la más perjudicial en cuestiones ambientales.
En el 2018, el sanluiseño Juan Chediack, dueño de la constructora homónima, se presentó ante Comodoro Py, en pleno escándalo de “los cuadernos de la corrupción”, luego de ser “botoneado” por su par Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de Construcción de la Argentina, por el pago de coimas a funcionarios. Chediack también presidió esa gremial entre los años 2014 y 2016.
Investigar la corrupción
Dos de las tres empresas constructoras de la Autovía de Punilla fueron nombradas por Cristina Fernández de Kirchner en su “Derecho de Defensa”, el video que subió en Youtube a la hora de dar su mirada del juzgamiento en su contra en la llamada Causa de Vialidad.
A CFK se la acusa de encabezar una asociación ilícita, durante su mandato como presidenta, basado en la transferencia de fondos públicos nacionales para obras de la provincia de Santa Cruz, para privilegiar al empresario Lázaro Báez, dueño de la constructora Austral. Para su humilde servidor, las palabras de Cristina estuvieron muy flojas, desde lo estrictamente judicial, a la hora de responder sobre esas supuestas irregularidades a las que se les machaca en su contra. Pero más allá de eso, es interesante que sus dichos permiten amplificar más el panorama sobre cómo funciona la relación entre las constructoras y quienes ejercen la función pública.
La vicepresidenta aseguró que las investigaciones en su contra no tomaron en cuenta que su ex secretario de Obra Pública, José López, tristemente recordado por intentar ocultar bolsos con nueve millones de dólares en un convento en el año 2016, había mantenido intercambios de mensajes con empresarios fuertemente ligados a la gestión de Mauricio Macri. Entre ellos: Eduardo Gutiérrez y Nicolás Caputo. Según un relevamiento que hizo su defensa, en base a un peritaje del teléfono de López, se detectó que el tercer empresario de la construcción con mayor números de mensajes intercambiados fue Juan Chediack, el mismo que el de las obras ganadas alrededor del lago San Roque.
Según CFK, Chediack le había pedido a López, en enero de 2015, una reunión “con algunos de la comisión de obras viales de la CAC” para hablar sobre el “tema presupuestario y del bono asfaltos”. La CAC es la Cámara Argentina de la Construcción. Al año siguiente, Chediack dejaría la presidencia de esa gremial e inmediatamente después, ganaría la licitación para la obra del puente “Gobernador José Manuel de la Sota” sobre el lago San Roque, junto con Astori Construcciones. Un lustro después, iniciaría la construcción de un segundo puente sobre el cuerpo de agua, como parte del tramo de la autovía.
Finalmente, SACDE fue mencionada sutilmente por la mandataria, en referencia a su nombre anterior que fue IECSA, cuando era administrada por la familia Macri. Para el año 2007, cuando Mauricio Macri asumió la jefatura de gobierno porteño, la dirección de la compañía fue cedida a su primo Ángelo Calcaterra. Una de las obras públicas más cuestionadas de IECSA fue la construcción del soterramiento del tren Sarmiento, anunciada en 2006, con la licitación ganada junto con la hipercuestionada Odebrecht, y que nunca se concluyeron las obras. En los pliegos, se puso como condición inédita que el financiamiento tenía que ir por cuenta de las empresas y no del Estado. Pero en 2016, poco después de que Mauricio asumiera como presidente de la Nación, se firmó un conocido DNU llamado “Reparación Histórica”, donde incluyó el financiamiento con fondos públicos para la magnánima obra en 45 mil millones de pesos. El curioso decreto no incluyó la firma del propio presidente, lo cual para la ex-presidenta es extremadamente sospechoso. Al año siguiente, 2017, IECSA cambió de nombre a SACDE y con nuevo dueño: Marcelo Mindlin, socio de Joe Lewis, también amigo reconocido por Macri. “Nunca me creí que dejaran de ser los dueños”, sostuvo Cristina.
Este es el fragmento donde CFK hace mención de SACDE:
Y este, es el fragmento referido a Chediack:
“Si había un caso, en la República Argentina, para poder investigar la corrupción en general, pero en particular en materia de obra pública, era este: el de José López, secretario de Obra Pública, revoleando los bolsos con nueve millones de dólares por el convento. ¿Qué era lo que había que hacer, entonces, con este teléfono? Porque había que ver de dónde salieron esos nueve millones de dólares. ¿Qué pasó con eso? ¿Hubo algún tipo de investigación?”, declaró.
Para investigar eso, se puede arrancar por cualquier tramo serrano cordobés.