26/08/2022

En una nueva jornada de repudio a los crímenes de Estado, el reclamo se hizo oír en Plaza de Mayo

En el contexto de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que también tuvo movilizaciones en numerosas localidades de todo el país, miles de personas se movilizaron de Congreso a Plaza de Mayo acompañando a familiares de centenares de personas asesinadas por instituciones represivas. Estuvo presente el homenaje a una incalculable cantidad de víctimas pero también los nombres de gran cantidad de asesinos y responsables políticos de dichas muertes, como de fiscales y jueces que encubrieron casos o maltrataron a familiares de las víctimas durante los procesos judiciales. Por ANRed.


La movilización comenzó a las 14hs. Allí numerosas columnas de organizaciones de Derechos Humanos, barriales, territoriales, y partidos de izquierda acompañaron a familiares, amigas y amigos de una incalculable cantidad de víctimas de crímenes de Estado.

Cada año, a finales de agosto, sucede este impacto: el de ver a una enorme cantidad de víctimas de la violencia institucional juntas. Los nombres resuenan y se suceden unos a otros. El grito de justicia, el llanto de madres, padres, hermanos… el pedido desesperado de justicia, el repudio al asesinato, al desamparo, a la desidia judicial. Los casos, además de muchos, son diversos: desde jóvenes asesinados por un balazo sin mediar ningún llamado, personas asesinadas en cárceles, personas heridas que no fueron atendidas en hospitales y fallecieron tras una larga agonía, mujeres víctimas de redes de trata que se encuentran desaparecidas, personas trans asesinadas en las calles, o desaparecidas como el emblemático caso de Tehuel, desaparecido luego de ir en busca de un empleo hace casi un año y medio. Suenan nombres como “kiki» Lezcano, Pablo Alcorta, Horacio Fabian Barrientos, Chrstopher “Bocha” Rego, Carlos Vazquez, Ariel Valerian, Angel Nicolás Romero, Fabio Basualdo, Federico Perrota, Camilo Escobar, Miguel Bru…. Por solo mencionar algunos. Pero todos tienen un elemento en común: el rol del Estado desde sus instituciones represivas.

«Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar», fue uno de los cantitos que mas sonaron, junto a otros como el que sentencia que la policía «defiende a los que tienen plata, mientras el pueblo va a prisión», en una movilización cuyas principales consignas fueron: “Ni una bala más. Ni un/a pibe/a menos. El Estado es responsable. Basta de Gatillo Fácil. Basta de crímenes estatales”.

Una vez en la Plaza de Mayo, mientras el acto se empezaba a desarrollar, los familiares fueron hasta la puerta de la Casa Rosada a hacer oír su reclamo ante la mirada recia del personal de seguridad. Allí dejaron comunicados y las fotos de muchas de las víctimas como también de responsables materiales y políticos de dichos asesinatos. También de autoridades judiciales que obstruyeron el avance en la búsqueda de justicia.

El reclamo de justicia por Lilian Mariana y María Carmen, las niñas víctimas de infanticidio en Paraguay, junto al reclamo de “aparición con vida ya” de Carmen Elizabeth “Lichita” Oviedo Villalba , desaparecida en el país vecino también fue parte de la movilización.

Estuvieron presentes familiares de víctimas en el Chaco, como Sebastián Ponce de León, asesinado luego de ser torturado por policías, que va a ser el primer caso en la provincia en ser juzgado, o Diego Emanuel Barreto, quien cayó de un balcón trabajando y en lugar de ser auxiliado por la policía fue asfixiado por un policía que le apoyó una pierna en el cuello siendo un caso similar al de George Floyd, el joven afrodescendiente asesinado en Estados Unidos en mayo del 2020. Estuvo también presente Alejandra, la madre de Ismael Ramírez: el niño asesinado en Roque Saenz Peña, Chaco, el 3 de Septiembre del 2018 y cuya causa actualmente está archivada. En dicha provincia se está convocando a una movilización para el próximo 6 de septiembre, poco tiempo después de que se cumplan los 4 años del asesinato de Ismael, pero donde también se hará mención y pedirá justicia por muchos otros casos en dicho territorio.

Durante el acto hablaron varios familiares de víctimas que tuvieron la posibilidad de contar su historia. También hubo muchos señalamientos hacia la corrupción de la policía en diversos casos. Las complicidades con redes de trata, o encubrimientos en diversos crímenes.

Esto fue lo que sucedió solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Se desarrollaron movilizaciones en muchas otras localidades de distintos puntos del país.

Documento de la 8va Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil

Buenos Aires, 26 de agosto de 2022

Nuevamente tomamos las calles llevando adelante esta gran jornada de lucha a nivel nacional que visibiliza y repudia y la represión que ejerce históricamente el Estado contra nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres y familiares, aquí nos encontramos para unificar el grito de bronca, dolor, amor y resistencia. Queremos que el poder nos vea, queremos que deje de ser SORDO Y CIEGO. Qué pasa que no nos ven?

La impunidad que pretenden imponernos tiene como respuesta esta iniciativa de los familiares de víctimas del gatillo fácil y la represión estatal, ya sea por acción u omisión, marcha  que hoy se replica en Córdoba, Chaco, Tucumán, Rosario, Salta, Santiago del Estero, Jujuy, Corrientes, Río Negro (Cipolletti  y Bariloche), Mar del Plata, Misiones, y en otras ciudades y pueblos del país.

Hoy decidimos marchar con las fotos de los asesinos de nuestros hijxs, tanto los victimarios directos como los responsables políticos, algunos de los cuales siguen formando parte de diferentes gobiernos. Sus rostros tienen que ser conocidos por todos y todas, son victimarios y son peligrosos.

Nuestras palabras pueden parecer repetitivas, pero es que la situación de represión e impunidad se profundiza año a año. Ningún gobierno, aun el que  se llama a sí mismo “progresista” ha terminado con la política de aplicar pena de muerte, que se llama gatillo fácil.

Denunciamos no sólo a los policías, prefectos, gendarmes, funcionarios o penitenciarios que asesinan, torturan y desaparecen, sino al Estado en su conjunto, del que forman parte esencial. Sabemos que estas prácticas represivas suceden a lo largo y a lo ancho del país, sin distinción partidaria y en todas las dimensiones de gobierno, Municipal, Provincial y Nacional.

El estado mata de muchas formas. Con una bala, pero también con la desprotección, con la desidia y con la corrupción.

El estado es también responsable por las muertes en contextos de encierro. El sistema penitenciario refleja un escenario de desigualdad social, discriminación, racismo y selectividad del sistema de justicia penal, que castiga a los grupos más vulnerados social y económicamente. Estos grupos no tienen celdas vip ni gozan de beneficios. Sus derechos son vulnerados, se los somete a violencias, desatención de la salud y alimentación, tortura física y psicológica,.

No podemos dejar de decir lo que ocurrió en el hospital  Borda el 14 de agosto ucurrio un caso de gatillo fácil  contra un paciente en el sector servicio NRO  2  perpetrado por un policía de la ciudad de buenos aires , alegando que en paciente asesinado tenía un cuchillo , ahora nos preguntamos que hacia un policía en un hospital ???

Que función cumplen ahí , porque  no se supo de este asesinato .en contexto de encierro por salud mental .

El 60% del total de personas privadas de su libertad son jóvenes de 18 a 30 años de edad. Más de la mitad no tiene condena, sino que cumple prisión preventiva como pena anticipada. Casi el 90% de las personas detenidas están acusadas o condenadas por delitos contra la propiedad (robos, tentativas, hurto, etc.) o por infracción a la ley de drogas, siempre por narcomenudeo, u otros delitos menores. Casi ninguna persona presa es funcionaria estatal o policial. Las causas contra funcionarios públicos de diversos gobiernos en general no prosperan, se diluyen o cajonean. Es por esta extrema desigualdad que la llamada “ley de víctimas” 27372, afecta básicamente a personas jóvenes con derechos vulnerados en una larga cadena de injusticias, y no a ningún “pez gordo” judicial, político o de fuerzas de seguridad.

Las muertes en comisarías e instituciones penales se disfrazan como “suicidios” o “accidentes” que todas las familias denuncian. Así ocurrió con Daiana Abregú, una joven de 26 años cuyo cuerpo fue hallado el 5 de junio pasado en un calabozo de la comisaría de Laprida provincia de Buenos Aires; asesinato amparado por el médico legista que realizó la primera autopsia;  y el fiscal sin embargo, en la segunda autopsia se demostró que no había marcas de lazo en su cuerpo, pero sí síntomas de asfixia mecánica , en ese contexto estaban detenidos 5 policías 3 mujeres y 2 hombres

Repudiamos con toda  bronca y asco  la libertad de los 5  policías asesinos  el Día 22/8

Alegando que Daiana se suicidó y sabemos que no que la torturaron y asesinaron con prácticas de los  peores años de nuestra Argentina la dictadura cívico militar eclesiástica .

En este mismo sentido denunciamos el asesinato de Leo Bravo, de 37 años, en Charata, provincia de Chaco, el 26 de febrero de este año, del que se cumplen hoy, 6 meses. Leo fue hostigado y perseguido en los últimos 5 años por la policía, – bajo la excusa de su consumo problemático- hasta culminar en una golpiza de la cual hay testimonios; asesinato que también fue disfrazado en una trama de complicidades y falsas autopsias, que actualmente están siendo investigadas, y 4 de los policías implicados están detenidos.

Los casos de Daiana y Leo no son aislados, ya que el informe oficial del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura indicó que, en 2021, hubo 83 muertes de detenidos en seccionales policiales en todo el país.

Las formas que algunos llaman “ausencia del estado” también son maneras de matar, como lo demuestran, entre otras, la falta de políticas frente al aumento sideral de los feminicidios y el maltrato constante a las víctimas y familiares dentro de las dependencias que debieran contenerlas.  Desde  enero hasta julio de este año, se produjeron 171 feminicidios, 3 trans/travesticidios y 10 feminicidios vinculados; en esta misma situación, 191 hijos e hijas quedaron sin madres.

No podemos dejar de mencionar aquí la sentencia por el crimen de Cecilia Basaldúa, cuyo cuerpo se encontró en Capilla del Monte en abril de 2020, con signos de violencia física y sexual. Por el mismo, sus familiares denunciaron que el único acusado por el crimen era lo que llamamos “un perejil”. Recientemente se realizó el juicio, repudiado por la familia, donde este único acusado fue absuelto, pero donde la fiscal nunca escuchó a los padres ni siguió línea de investigación que implicara a los policías. Otra de las tantas causas armadas, a veces para encubrir, y a veces para frenar nuestras luchas.

Es común que a familiares y amigos/as, además de condenarnos a investigar y desocultar, se nos ningunee y hasta amenace. Así ocurrió con la familia de Facundo Ferreira, el niño de 12 años baleado en la cabeza en San Miguel de Tucumán en 2018. Durante todo el proceso judicial los familiares del niño fueron hostigados inclusive con disparos frente a su casa, y en la lectura de la sentencia, fue atacada una periodista. Por este asesinato se logró condenar a cadena perpetua a los policías Cáceres y González Montes de Oca, demostrándose que alteraron la escena del crimen mientras Facundo agonizaba, intentando crear la teoría de un enfrentamiento, que fue difundida por las cúpulas de las fuerzas de seguridad de Tucumán y por la propia Patricia Bullrich, que era en 2018 Ministra de Seguridad Nacional.

Bullrich es la ex ministra que justificó al asesino Chocobar, la misma que propuso que se arme quien quiera, mientras fue gobierno; pero su discurso e intención no están lejanos a Berni, actual Ministro de Seguridad de la provincia de Bs As, quien recientemente volvió a pedir la baja de la edad de imputabilidad. Ese mismo Berni acaba de declarar que: “hay una complicidad, a veces por necesidad, de algunas familias que no quieren ver”. Ese mismo ministro que no ha sido llamado a interpelación por ninguno de los diputados o diputadas que se definen como “progresistas”. ¿No saben que mensaje de mano dura de estos personajes, reforzado a toda hora por los medios masivos de comunicación, significa más control social, más represión, más injusticia social y más pibes muertos? Se pretende mostrar a las fuerzas represivas como heroicas, pero en realidad son parte del problema y no de la solución. Las zonas liberadas donde operan las fuerzas de seguridad se cobran muchas vidas, y son los mismos personajes que operan en las redes de trata y corrupción.

Por cada condena que le arrancamos a un poder judicial lento, negligente y hasta cómplice, hay cientos de casos que no llegan a juicios, o donde hay condenas ridículas frente a la gravedad de la muerte de nuestros pibes y pibas.

Ha sido un logro la condena, en agosto de 2021, al prefecto Brites, asesino de Cristopher Bocha Rego, a cadena perpetua y a otros miembros de la fuerza a penas por encubrimiento, así como la condena – en 2022- por el asesinato a Nicolás Vázquez ocurrido en 2013, cuando se encontraba desarmado, asustado y con las manos en alto.  Por este crimen se logró la perpetua para el ex comisario Héctor Amarilla.

Al mismo, tiempo y denunciando las tramas cómplices políticas, judiciales y policiales, repudiamos el lamentable resultado del juicio por el asesinato de Marcos Acuña, fusilado en 2015 por el prefecto Juan José Silva. El asesino alegó defensa propia, después de disparar 3 veces contra un joven desarmado. Solo tenía 2 encendedores en su bolsillo .

La sentencia, de 2022, le llegó a la familia y abogados a través de un correo electrónico, posiblemente porque el Tribunal no se atrevió a enfrentarlos cara a cara; y fue de un año de condena  en ejecución condicional y cinco de inhabilitación para portar armas, considerándose que actuó en un exceso de legítima defensa y  (sin poder probar en ningún momento de qué se estaría defendiendo).

Vergonzoso es también el resultado del juicio por el asesinato de Pablo “Paly” Alcorta, fusilado por el policía Diego Ariel  Tolaba en 2013. En este juicio se evidenció la terrible complicidad de la fiscalía con la fuerza policial. Una fiscalía que leyó su alegato y solicitó absolución para el asesino. Diego Ariel  Tolaba está en libertad, dejó de ser miembro de la bonaerense para ser policía de la ciudad.

Otro asesino suelto que le duele la condena social  que se pasa de jurisdicción protegido por la fuerza.

Son incontables también las causas que se caen por inacción de la llamada justicia, o por sospechosas “pérdidas de pruebas” que benefician a los asesinos de nuestros pibes y pibas. Citamos el caso del asesinato conjunto de Huguito Arce y Carlos Vázquez, fusilados por el cabo de la policía Sergio Bobadilla, quien solamente fue llamado a declarar como testigo. Posteriormente, en 2015, la pericia balística determina que los jóvenes no tenían armas; esta pericia “desaparece” del juzgado y si bien la familia la recupera, con la excusa de la pandemia se demoran los tiempos y actualmente la causa está en proceso de cierre.

Estas injusticias no son casuales ni son excepcionales, es por eso que, si bien seguiremos llenando los tribunales y las calles ante cada juicio, sabemos que es en inferioridad total de condiciones.

En mayo de 2023 comenzará el juicio por Brandon Romero, asesinado en Mar del Plata el 5 de julio de 2020. Su asesino, Pedro Arcángel Bogado, vació su cargador entero en el cuerpo de Brandon.  En ningún momento le hicieron el test de alcoholemia ni el de toxicología al oficial Bogado. Luego de una larga lucha, sus familiares y amigos han conseguido que la causa se eleve a juicio, en este caso por jurados, pero sin acusación por parte del fiscal.

Nos preguntamos

¿Por qué el fiscal no acusa, cual es la función de un fiscal ?

¿De acusar o de defender ?

También comenzará en esa fecha, el juicio por la Masacre de Monte, donde Danilo Sansone, Camila López, Gonzalo Domínguez y Aníbal Suárez   murieron en 2019, tras una persecución policial a los tiros y un choque posterior; en el mismo acto fue herida gravemente Rocío Quagliarello. Los policías están imputados por homicidio agravado.

En todas estas luchas, peleamos por la sentencia, pero también y sobre todo por la conciencia. Para que exista de verdad un NUNCA MAS que nunca lo fue.

Tenemos claro que el asesinato de nuestros pibes y pibas no es producto del mal funcionamiento de las instituciones, sino de la represión estatal necesaria en una sociedad con un sistema injusto. En este sistema injusto el peor crimen es la desigualdad social, que se profundiza.

Hace pocos días, en la ciudad más rica del país Buenos Aires, murió una niña de 11 años por desnutrición. Los y las docentes de la escuela  denuncian en el día a día las problemáticas de la comunidad, las condiciones edilicias y de alimentación en los comedores escolares. El estado vulnera los derechos de los niños y niñas. El problema no es la gente más castigada que recibe subsidios. Hay que hablar de la falta de presupuesto para educación que siempre es una de las partidas más afectadas en los recortes, junto a las partidas de los comedores y un menú que no resuelve el aporte calórico de quienes están en crecimiento. La muerte de esta niña es un crimen de estado, fue una muerte anunciada y fue una muerte evitable. El estado es responsable!

Cuanto más hambre y pobreza, cuanto más ajuste, habrá también mayores estallidos, mayor indignación, y por tanto mayor represión de los distintos gobiernos; mayores permisos para accionar con impunidad por parte de las fuerzas represivas.

La verdadera seguridad no se asienta en el aparato represivo del estado sino en el cuidado y bienestar de todo el pueblo. No permitamos que los discursos de odio se instalen, el problema de la violencia lo crean los poderosos.

Esta situación no ocurre solamente en nuestro país, sino que más allá de las fronteras debemos denunciar la criminalización que sufren los pueblos. Repudiamos  nuevamente al Estado genocida, femicida e infanticida de Paraguay por la violación, torturas asesinato de las dos niñitas argentinas, Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, de 11 años el 2 de septiembre del 2020 y la desaparición forzada de Elizabeth Oviedo Villalba «LICHITA» el mismo día. Exigimos su aparición con vida y la libertad de Laura Villalba, víctima de una causa armada, en un contexto de persecución a toda la familia Villalba.

En esta lucha desigual estamos, en esta lucha desigual nos encontramos, en esta lucha hacemos visibles las injusticias. Queremos que nos vean y escuchen, queremos no ser invisibles. Qué pasa que no nos  ven qué pasa que no nos oyen?

Nuestra lucha es contra la impunidad de ayer y de hoy. Nuestra lucha es con los ejemplos de otros y otras luchadores/as, y con la bandera de sus hijos que nos mostraron las Madres. Hoy queremos abrazarlas, y en particular recordar que un 27 de agosto pero de 1976, milicos asesinos secuestraron Ana María Baravalle, hija de nuestra Madre Mirta Baravalle, y a su  marido Julio Cesar Galizzi. En ese momento Ana María tenía un embarazo de 5 meses de gestación, es decir que seguramente dio a luz a su hijo o hija en cautiverio.

Desde ese momento, Mirta encara su lucha por aparición con vida, y también por recuperar a Camila o a Ernesto. Seguiremos buscando, Mirta, seguiremos luchando como nos enseñan Mirta, Nora, Elia y tantas Madres!

Los familiares sabemos que la acción colectiva es lo único que potencia nuestra lucha, sin distinguir entre víctimas de primera o de segunda, para nosotros todos los pibes y pibas son iguales. Aunque el dolor nos atraviese, tenemos que seguir buscando las formas de denunciar y organizarnos. Nos tienen que oir, nos tienen que ver. Las fotos de nuestros pibes y pibas asesinados, GRITAN desde sus miradas.

 

* * BASTA DE  LIBERAR  A LOS REPRESORES ASESINOS DE NUESTROS PIBES Y PIBAS

* * LIBERTAD a los y las presos por luchar

* * NO la baja de edad de imputabilidad

* NI UNA MENOS en las cárceles también

* BASTA de redes de trata

*BASTA de persecución y estigmatización a las personas lesbianas, gays, travestis, trans, y a todas las diversidades sexuales

* BASTA de torturas y muertes en lugares de detención

* BASTA de desapariciones forzadas

* BASTA de detenciones arbitrarias

* BASTA DE  causas armadas

* BASTA DE FEMINICIDIOS Y TRAVESTICIDIOS

* BASTA DE GATILLO FACIL

* NI UN PIBE MENOS

NI PIBA MENOS

NI UNA BALA MÁS

EL ESTADO ES RESPONSABLE

 

POR EL NUNCA MAS QUE NO  FUE

QUE SEA VERDADERAMENTE

NUNCA MÁS.



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