La Unidad Piquetera definió seguir con el plan de lucha
Noche del 10 de agosto en Plaza de Mayo. Foto: Nicolas Solo ((i))
El jueves 11 de agosto por la mañana, los manifestantes plegaron las carpas en las que habían pasado la noche, en asamblea decidieron levantar el acampe en Plaza de Mayo. Entre varias demandas del sector figura el pago de un Salario Mínimo Vital y Móvil de «105.000 pesos» y un bono para jubilados y monotributistas. Por Mario Hernández.
Eduardo Belliboni defendió la organización de los comedores que lleva adelante el Polo Obrero, y las distintas organizaciones de la Unidad Piquetera, frente a la persecución por parte del gobierno que tuvo su última expresión en el anuncio de las auditorías de los planes sociales con el fin de dar de baja miles y volcar otro tanto al control de los intendentes y sus punteros.
El dirigente del Polo Obrero declaró que “a los comedores, en el país de la leche y el aceite, no les llega la leche, ni el aceite. Ahora, al gobierno que le agarró las ganas de auditar, le vamos a hacer algunas sugerencias, ¿Por qué el ministerio de Economía no audita los talleres clandestinos de trabajo en negro y superexplotación que hay en los barrios y en las fábricas? El trabajo bajo un sistema de monotributo, que existe sobre todo en el Estado y fuera de convenio, auditen, por supuesto. ¡Auditen la deuda externa, que es una estafa, que la contrajo Macri y este gobierno sigue pagando!”.
Permanencia del 10 de agosto en Plaza de Mayo. Foto: Indymedia Trabajadoras/es.
A su vez, las organizaciones que integran la Unidad Piquetera denunciaron que el gobierno ha postergado la convocatoria al Consejo del Salario, para subordinarlo al supuesto acuerdo con las patronales, mientras la inflación sigue devorando los ingresos de los trabajadores. En ese sentido también desarrollaron una fuerte crítica a la pasividad y complicidad de las Centrales obreras ante el ajuste, señalando que el camino para derrotar la ofensiva patronal y fondomonetarista es la ruptura con el gobierno que aplica esta política, la movilización y acción directa, con el paro nacional y el plan de lucha como primera instancia. La Unidad Piquetera sigue en las calles organizando a los desocupados por todos sus reclamos y exigiendo una respuesta por parte del gobierno ante la situación que padecen millones de trabajadores.
El secretario de Articulación de Política Social del ministerio de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, afirmó que el Gobierno «ve con preocupación» la realización de estas protestas «con gente que está pasando frío cuando debe estar en la casa, con la familia».
«Se trata de gente que está a expensas de una dirigencia que hace medidas de fuerza desmesuradas; parece más un capricho político que una protesta concreta. Este Gobierno conoce lo que está pasando. Hace cinco días que el Gobierno nacional otorgó un bono de 11.000 pesos a los titulares del Potenciar Trabajo», aseveró el funcionario. «En junio y julio pasó algo similar, con 9.000 pesos», señaló Aguilera.
Además, recordó que el 24 de agosto las organizaciones mantendrán una nueva reunión con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.
«Pedimos un bono de emergencia, un IFE para todo ese universo de 20.000 pesos. Estamos pidiendo ahora que sea de $20.000. El Gobierno lo implementó en mayo y junio y ahora no lo tiene en carpeta a pesar del agravamiento de la situación social», remarcó Belliboni.
Al ser consultado sobre cómo pasaron la noche, Belliboni contó que fue «muy fría», pero que trataron de que «no haya ningún chico» en el acampe.
Los manifestantes montaron algunas carpas sobre la superficie la histórica plaza ubicada frente a la Casa Rosada y prendieron pequeñas fogatas para mitigar la baja temperatura.
Fuentes oficiales indicaron que una delegación piquetera fue recibida ayer por funcionarios de Economía y autoridades de la Subsecretaría de Economía Social del ministerio de Desarrollo Social que se trasladó hasta la cartera que conduce Sergio Massa.
Entre varias demandas del sector figura el pago de un Salario Mínimo Vital y Móvil de «105.000 pesos» y un bono para jubilados y monotributistas.
Sergio Massa.
Los anuncios económicos de Sergio Massa tuvieron sabor a poco y nada para los movimientos sociales
Tras los anuncios económicos de Sergio Massa, el Frente Patria Grande, que tiene como referente a Juan Grabois, anunció que podría retirar sus diputados, concejales y legisladores del bloque oficialista. “El sentimiento general de nuestra fuerza es de que nuestro gobierno no está defendiendo los intereses populares”, planteó en un comunicado.
En los movimientos sociales, las medidas tomadas por el nuevo ministro de Economía recibieron muchas críticas y pocos apoyos. Desde la Unidad Piquetera también hicieron fuertes cuestionamientos a que Massa haya omitido tomar acciones para recomponer los ingresos para los trabajadores formales e informales -la excepción fueron los jubilados.
Por su parte, en los movimientos albertistas, como el Evita y Somos Barrios de Pie, hubo silencios y algunos respaldos, centrados en el hecho de que Massa rechazó devaluar, una medida que ocasionaría una nueva suba de los precios y de la pobreza.
La Unidad Piquetera realizó una conferencia de prensa ante el ministerio de Economía, donde presentó una nota dirigida al nuevo “superministro”, Sergio Massa, en concordancia con el planteo realizado a su antecesora, Silvina Batakis, quien en su corto paso por el ministerio llegó a reunirse con el FMI, pero se negó a atender a los desocupados. Los grupos piqueteros rechazan la profundización del programa de ajuste, que tiene a los beneficiarios de los programas sociales entre sus principales víctimas, y reclaman por medidas urgentes para paliar el hambre y la pobreza.
Permanencia del 10 de agosto en Plaza de Mayo. Foto: Indymedia Trabajadoras/es.
Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, advirtió que la Unidad Piquetera se va a reunir y va a discutir un planteo para todas las organizaciones sociales y piqueteras, las que están en la calle y las que no, para salir a luchar contra esta “declaración de guerra contra los trabajadores”, de no tener ninguna respuesta del gobierno.
Los anuncios de Sergio Massa no solo no traen ningún alivio al pueblo trabajador, sino que implican reafirmar la senda de ajuste fiscal, recorte del gasto público, tarifazos y beneficios patronales emprendidas por las gestiones anteriores.
Massa difundió la convocatoria a los sindicatos y patronales para discutir la “situación salarial” de los trabajadores del sector privado, y se acaba de dar a conocer la convocatoria al Consejo del Salario, que deberá determinar un aumento del salario mínimo tras el 45% de ajuste que ha quedado rebasado ampliamente por la inflación, empujando a millones de trabajadores y jubilados a la indigencia, con un salario mínimo en $47.850.
En lo respectivo a los programas sociales volvió a repetir el libreto del tan mentado “empalme” de los mismos con supuesto trabajo genuino, algo que no ha ocurrido bajo ninguna de las numerosas gestiones que lo han anunciado y que ha sido el pretexto para hacer pasar mayor precarización laboral en las intendencias y municipios, de la mano de la superexplotación de los beneficiarios de programas sociales y el fraude laboral.
Massa también hizo alusión a la auditoría de los programas sociales que el gobierno prepara para el 15 de agosto con las universidades nacionales, cuyo propósito es ir por la baja de miles de programas, para avanzar en el recorte del gasto público, y profundizar el ataque contra las organizaciones sociales y piqueteras independientes del Estado, las que se encuentran en la calle movilizadas contra el ajuste.
Al respecto, las organizaciones piqueteras señalaron que no tienen ningún inconveniente en ser auditadas, y que la auditoría es una práctica permanente del Estado sobre las organizaciones. Sin embargo, denunciaron que no se trata con el mismo rigor a la gestión de los programas que hacen las intendencias, ni mucho menos de lo que ocurre en las dependencias públicas, con contratos basura e infinidad de irregularidades legales y laborales.
La propuesta de transformar planes en empleo privado no genera expectativas en ninguno de los movimientos. Incluso en los más cercanos al presidente Alberto Fernández, como el Evita, señalan que es una idea para la tribuna, que da pocos resultados.
“El problema es que no hay patrones que te contraten. No se entiende que hay un proceso de concentración económica que nos dejó sin patrones a 12 millones de personas. ¿Van a inventar los patrones?”, se preguntó el titular de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro.
Daniel Menéndez, de Somos Barrios de Pie, dio su apoyo a algunas de las medidas anunciadas por Massa. “El momento previo a la llegada de Massa está cruzado por un proceso de desestabilización y de extorsión de los sectores concentrados, sobre todo de los exportadores, para maximizar ganancias con una devaluación. Me parece que el pre requisito para enfrentar esa agenda es fortalecer el poder político, la cohesión del Frente de Todos resuelve esa ecuación”. Sobre las medidas, Menéndez valoró que el ministro haya descartado una devaluación.
“Esperaba anuncios sobre el ingreso; me parece que hay algunas medidas, como el salario familiar, los nuevos topes, y el llamado al Consejo del Salario para definir el nuevo salario mínimo, que se traslada al Potenciar. Hay que seguir reclamando un IFE para los sectores que están debajo de la línea de indigencia, que son cuatro millones de personas”.
Sergio Massa y Alberto Fernández en la Casa Rosada el 3 de agosto de 2022. Foto: Matías Baglietto.
Auditoría a los movimientos sociales
Fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 475/2022 que oficializa la decisión, anunciada por el superministro Massa la semana pasada, de auditar a los beneficiarios de planes sociales. «Quién no cumpla, recibirá la suspensión del plan”, había dicho en ese momento Massa. Mientras la crisis social se profundiza, la lógica gubernamental es el castigo a los sectores más pobres.
La resolución tiene fecha del martes 9 de agosto y las firmas del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.
Entre los fundamentos, en el texto se plantea que el objetivo es “evaluar el desempeño de los programas sociales ejecutados por las jurisdicciones nacionales con fondos del Gobierno Nacional, por el Convenio N° 27 del 28 de febrero de 2002 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL”.
Por este motivo, se estipula “la creación de un sistema de control que integrara y complementara a las estructuras estatales nacionales de fiscalización y auditoría”.
Esta medida, que busca atacar a las organizaciones sociales sobre las que pesa en estos últimos tiempos una campaña de criminalización, y profundizar el ajuste ya había sido anunciada por Sergio Massa cuando asumió su nuevo cargo.
“El 15 de agosto empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quién no cumpla, recibirá la suspensión del plan. En paralelo, la liquidación se cruzará con las bases de datos de la Anses. Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia, y el trabajo lo permanente”, había dicho Massa en ese momento.
Ni en los anuncios de Massa, ni en el texto del decreto quedan establecidos cuáles deben ser los requisitos que las y los beneficiarios de los planes sociales deben cumplir para no perderlos. La oficialización se da el mismo día en que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anuncia una medida con una lógica similar: les quitarán los planes a las familias cuyos hijos en edad escolar no cumplan con el 85 % de asistencia escolar.
En ambos casos, lo que se busca es castigar y ajustar a los sectores más afectados por la pobreza, en vez de incentivar la creación de puestos de trabajo con salarios dignos (no empleo precario con salarios de hambre), aumentar la escolarización y buscar resolver los problemas más acuciantes de las familias trabajadoras y sectores populares en el marco de una crisis social muy profunda.