Sandra Mayol, de intendenta encubridora de la Masacre de Monte a funcionaria de Massa
Por su relación con el Frente de Todos, la exintendenta sigue impune desde 2019. Su complicidad con la Policía fue central en las horas posteriores al crimen de cuatro jóvenes que viajaban en un Fiat 147. Ahora maneja el área de Asuntos Institucionales del superministerio armado por Massa, Alberto y Cristina. Por Gloria Pagés, hermana de desaparecidos e integrante del CeProDH, para Izquierda Diario.
En medio del festival de nombramientos por parte de Sergio Massa a las diferentes secretarías y subsecretarías que integran su superministerio, hay uno, que a pesar de lo deslucido que resultó para la inmensa mayoría de los medios, sobre el que se impone echar luz: se trata de la de la flamante subsecretaria de Asuntos Institucionales de la Secretaría de Agricultura, Sandra Mayol. Tal vez su mayor mérito sea estar bajo el ala de Sergio Massa y caer bien parada luego de masacres policiales o pérdida de elecciones.
No es un eufemismo. Mayol tuvo una carrera política oscilante en relación a su filiación política. En 2005, llegó al Consejo Deliberante de la mano del Frente para la Victoria. Dos años después pasó a las filas del PRO, para postularse, sin éxito, como jefa comunal en 2011. Finalmente, en 2015 obtuvo la intendencia, pero desde Unidos por una Nueva Alternativa (UNA), el espacio en el que cerraron filas Sergio Massa con José Manuel de la Sota. Cuando se acercaba el final del mandato, fue la responsable política de la Masacre de San Miguel del Monte, donde a manos de policías bonaerenses fueron asesinados Camila López, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez y Aníbal Suárez, de entre 13 y 22 años.
A pesar del escándalo que recorría el país, un mes después pretendió hacerse reelegir bajo el ala del gobierno de Alberto y Cristina Fernández, pero perdió a manos del candidato de Juntos por el Cambio, José Matildo Castro. Allí fue su “mentor” Massa quien la rescató y la designó a cargo de directora titular de la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE), conocida como Trenes Argentinos, y ahora, nuevamente, le consiguió un carguito en su superministerio a quien fue jefa política de los policías de la Bonaerense que en Monte acabó con la vida de cuatro pibes.
Un 20 de mayo de 2019
Esa fecha fue un quiebre para Monte y principalmente para las familias y amigos de Camila López (13 años), Danilo Sansone (13 años), Gonzalo Domínguez (14 años) y Aníbal Suárez (22 años). Con ellos estaba también Rocío Quagliariello quien en ese momento tenía 13 años y a pesar de las graves heridas logró sobrevivir. Lo ocurrido conmovió al país entero.
En la madrugada del domingo 20 de mayo, dos patrulleros de la Estación Comunal de San Miguel del Monte persiguieron al Fiat 147 en el que paseaban los cinco jóvenes, hasta que el vehículo impactó contra un acoplado detenido al costado de la colectora 9 de Julio de la Ruta 3, a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
Camila, Gonzalo, Danilo y Aníbal.
La persecución policial fue salvaje, dispararon a matar, se encontraron casquillos esparcidos por toda la escena y uno de los chicos fue alcanzado por una bala. En el choque, el auto quedó literalmente partido en dos.
Se pudo determinar que se desplegó una extensa actividad para encubrir lo ocurrido e instalar la idea de un accidente. Cuando no pudo negarse la persecución, se falsearon testimonios y otras pruebas para ocultar los disparos policiales. A pesar de toda la maquinaria puesta a andar para el encubrimiento, rápidamente se conoció que los policías de la Bonaerense dispararon contra el auto.
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Como lo indica el manual del “encubridor policial”, la antes nombrada intendenta hoy subsecretaria Sandra Mayol, salió por todos los medios a instalar junto a su “fuerza” la hipótesis del accidente. El propio Procurador General Conte Grand, no muy afecto a denunciar a la policía ni a sus defensores, tuvo que reconocer, días después, que «No fue solamente un accidente. Hay una relación causal inmediata e ineludible; sin los disparos no se hubiera producido la colisión». Pero recordemos que esa versión fue armada junto al entonces ministro de Seguridad Cristian Ritondo y la gobernadora Vidal, quienes luego tuvieron que reacomodarse y “entregar” a la justicia al grupo más comprometido con la masacre (tanto por por el crimen y por el posterior encubrimiento) con el fin de preservar al conjunto de la fuerza represiva, que era cuestionada en cada movilización por justicia para las pibas y los pibes.
Las familias y los amigos de los pibes asesinados no dudaron un segundo. Fue Masacre y Fue la Policía gritaban a cuatro vientos. Hubo marchas por centenares, incluso a Plaza de Mayo.
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Exigían también la renuncia de Mayol, y en redes sociales hacían saber su profundo repudio. Yanina Zarzoso, mamá de Camila López, difundió por las redes sociales un mensaje a la intendenta: “Sandra Mayol sigue su vida como si nada, sigue en su puesto con las manos bien limpias, y no justamente por ser inocente, sino por habérselas lavado muy bien”.
La mujer se preguntó “¿por qué Sandra Mayol no sabía que en su pueblo la Policía trafica merca, no sabía que en su pueblo los policías amenazan, coimean, golpean a inocentes por nada, no sabía que la Policía mató a cuatro pibes, no sabía que el secretario de seguridad (Claudio Martínez, uno de los detenidos) tiene responsabilidad sobre los hechos”. Y vuelve a preguntar: “Sandra Mayol ¿no sabe que ella también es responsable?”.
La causa de justicia por los pibes de Monte se convirtió en bandera para la juventud que vive todos los días la persecución, el acoso y la muerte a manos de la policía. La Izquierda Diario hizo suya esta denuncia y una profunda cobertura de los hechos que siguieron a la Masacre, expandiendo la voz de las familias y amigos.
Sandra Mayol, impune
Luego de tres años de lucha incansable, Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibañez, los cuatro policías que iban en el patrullero y están acusados de coautores de “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público”, serán llevados a juicio oral, aunque el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de La Plata se está demorando en ponerle fecha de inicio del debate. Las familias y la comunidad de Monte exigen que sean condenados a cadena perpetua.
En el marco de la causa penal por el cuádruple asesinato y las lesiones sufridas por Rocío se imputó a 24 policías, entre los que estaba el excomisario y por entonces secretario de Seguridad de Monte, Claudio Martínez, recientemente fallecido por las mordeduras de uno de sus rottweilers (estaba con prisión domiciliaria). Sólo nueve de los 23 procesados están presos, mientras que el resto esperará el juicio bajo el beneficio de la prisión domiciliaria.
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Por fuera de los cuatro que iban en el patrullero, el resto enfrenta cargos menores de «encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público», «violación de deberes de funcionario público” y «falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público».
La que hasta el momento ha quedado impune es la entonces intendenta, quien operó para que el caso no cruzara las fronteras del pueblo y quedara en un «trágico accidente de tránsito», ella es sobre quien pesa la responsabilidad política de la masacre y el posterior encubrimiento, pero también del hostigamiento y la persecución que sufrieron las familias de las víctimas, y la propia Rocío que estando internada recibió la “visita” de policías al hospital donde estaba internada.
En sus intentos por encubrir y embarrar la cancha, llegó a acusar a las familias de los chicos asesinados de “politizar” la masacre de sus hijos.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sostuvo que la trama de encubrimiento que se desplegó en las horas posteriores a la masacre no pudo haberse realizado sin el conocimiento e, incluso, la anuencia de la intendenta Mayol. De ese modo, en calidad de patrocinante de dos de las familias de las víctimas, la CPM había pedido que se investigue penalmente a la jefa municipal; pedido que también fue realizado por los demás particulares damnificados.
Se abrió en su contra una investigación penal, pero no se ha avanzado gracias al manto de impunidad con el que desde Vidal hasta el Frente de Todos, la han cubierto.
Es un buen momento para recordar y seguir denunciando quién es la nueva funcionaria del gobierno de Alberto, Cristina y Sergio Massa.