Salta: nueve mujeres detenidas e incomunicadas tras represión a familias sin techo
Las madres y jefas de hogar llevan varios días presas luego de que el jueves, de madrugada, la Policía del gobernador peronista Gustavo Sáenz arremetiera contra decenas de familias sin techo del barrio Solidaridad. El “modelo Guernica” no afloja y la respuesta al déficit habitacional sigue siendo la represión. Organizaciones sociales y la izquierda exigen la libertad de las detenidas y el fin de la criminalización de la pobreza. Por Daniel Satur (La Izquierda Diario).
A mediados de la semana pasada unas cincuenta familias del barrio Solidaridad de la ciudad de Salta tomaron la decisión de avanzar sobre un predio (alrededor de ocho manzanas) que lleva años abandonado y se convirtió, según el propio vecindario, en un “cementerio” a cielo abierto y un basural que no para de crecer.
Esas familias representan a un número mayor de pobladores (se estima 300 familias) del sudeste de la capital salteña que carecen de vivienda o arrastran largo tiempo de déficit habitacional. Por eso, ante el estado de abandono del predio, llevan años pidiendo su urbanización. Sin embargo, ni la intendencia ni la gobernación hicieron caso a sus reclamos, permitiendo de hecho que los problemas se acumulen.
Desalojo violento
El miércoles 20, decenas de mujeres (madres y jefas de hogar) se congregaron sobre uno de los límites del predio. Poco después, junto a sus compañeros, hijas, hijos y demás familiares avanzaron y se instalaron en el lugar. El hecho, como era previsible, alertó a las autoridades políticas y judiciales, quienes no tardaron en enviar a la Policía.
Ante medios como El Tribuno y Qué Pasa Salta, las mujeres fueron más que claras al explicar la situación. Entre otras cosas recordaron que hace pocos días en ese terreno fue hallado el cuerpo de Silvano Maigua, un anciano del barrio que había estado seis días desaparecido. Y que tiempo atrás “también encontraron a otros chicos sin vida”, entre ellos a una joven de nombre Celeste, quien habría aparecido calcinada en el lugar. Por eso exigían que el predio “deje de ser un cementerio” y “tierra de nadie”, al tiempo que denunciaban: “vaya casualidad que cuando queremos ir a instalarnos, aparece la Policía”.
La exigencia de urbanización es más que entendible. “Tampoco es que lo queremos gratis, podemos pagarlos en cuotas pero antes de que estén como un terreno baldío los podrían dar a gente que no tiene dónde vivir y anda alquilando o en la casa de familiares”, sostuvo una de las mujeres a El Tribuno. La decisión de avanzar sobre esa porción de tierra abandonada cuenta, además, con el apoyo del resto del vecindario.
La respuesta del Estado salteño no se hizo esperar. ¿Solución habitacional? ¿Atención del reclamo para que el predio se urbanice? Nada de eso. Policía, represión, desalojo y detenciones. En la noche del miércoles y madrugada del jueves, por orden de la jueza de Garantías Ada Zunino, un operativo como nunca se vio en la zona, con patrulleros, motos y decenas de efectivos de la Policía de Salta reprimió a las mujeres movilizadas para evitar que más familias llegaran al lugar y se sumaran al reclamo. El hecho quedó registrado un un móvil de Qué Pasa Salta.
Horas antes de arremeter con la brutalidad que caracteriza a la fuerza represiva provincial, la secretaria del Juzgado de Garantías les había advertido a las mujeres que un supuesto propietario del predio, de apellido Ovejero, había iniciado acciones legales contra ellas por “intento de usurpación”. En el barrio desconocen siquiera la existencia de ese señor y, de realmente existir, lo culpan de que el lugar se haya convertido en una fuente inagotable de problemas.
La amenaza judicial no amedrentó a las manifestantes y, por eso, el Estado consumó un nuevo hecho de violencia contra familias pobres, tal como se está haciendo costumbre en la Argentina de la crisis, la pobreza y la precariedad extendidas. El operativo, que se mantuvo por un largo rato y se extendió hacia calles aledañas al predio, terminó con la detención de una decena de mujeres y dos varones, quienes fueron conducides a la Comisaría 15 del barrio Democracia, aledaño a Solidaridad, donde hasta el día de hoy permanecen incomunicades.
El jueves por la noche la policía de @GustavoSaenzOK desalojó a decenas de familias que estaban peleando por tierra para vivir. Hay detenidas 9 mujeres y 2 hombres. Incomunicadxs. Libertad ya! El gobierno y la justicia son responsables!
— Daniela PlanesS (@DaniPlanesS) July 25, 2022
“¡Que las liberen ya!”
Tras las detenciones, el vecindario salió a las calles a reclamar la liberación de las mujeres. Cortaron durante horas las avenida Pontussi y denunciaron maltratos físicos y psicológicos de la Policía hacia las detenidas. “Bajaron las cortinas de la comisaría, se escuchan gritos como si les estuvieran pegando y no nos permiten verlas”, dijeron sus compañeras y vecinas ante los medios el mismo jueves.
Pese a haber sido inaugurada hace menos de diez años, la Comisaría de Democracia (valga la ironía) ya cuenta con un frondoso prontuario de torturas y apremios ilegales. Su “presa” predilecta son los jóvenes de las barriadas de esa zona, una de las más pobres de la capital de Salta.
Este lunes, cuatro días después de las detenciones, la situación no mejoró para las mujeres. Por eso un conjunto de organizaciones sociales y políticas marcharon a la Ciudad Judicial para exigir la libertad de las presas y la anulación de la causa que se les inició tras el desalojo. “No sólo no las liberan sino que no nos están dejando entrar a visitarlas para llevarles ropa, artículos de higiene y alimentos”, denunció ante La Izquierda Diario un referente social.
Desde las organizaciones salteñas esperaban que en las próximas horas las once personas detenidas e incomunicadas fueran finalmente liberadas. Más complicada será la pelea por lograr que las sobresean en la causa penal, ya que esa es una de las herramientas privilegiadas del Estado para amedrentar a quienes luchan por derechos elementales como la vivienda, el trabajo, la educación y la salud.
El desalojo de familias sin vivienda que ocupan terrenos para sobrevivir ya es un “deporte” del gobierno peronista de Gustavo Sáenz. En 2020, en plena pandemia, casi cuarenta asentamientos o villas fueron “despejados” por la Policía en toda la provincia. Obviamente, ninguno de esos operativos fue acompañado de una política seria de respuesta al problema habitacional de cientos de familias. De hecho, desde el Frente de Izquierda vienen denunciando que el programa “Mi Lote”, anunciado hace tres años por Sáenz, es una estafa que no dio una sola parcela de tierra a quienes lo necesitan.
Sáenz, como se sabe, antes de ser gobernador fue intendente de la capital salteña. Y además en las elecciones de 2015 acompañó en la fórmula presidencial del Frente Renovador a Sergio Massa, el actual presidente de la Cámara de Diputados y una de los máximos exponentes del Frente de Todos, junto a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.