«Es un genocidio»: Bolsonaro y el agronegocio contra los guaraníes
Más de dos mil personas participaron en el entierro de Vitor Fernandes, asesinado por la PM.
La masacre de Guapoy, como la llamó la comunidad guaraní kaiowá, volvió a poner en evidencia por qué la ONG Global Witness califica a Brasil como “uno de los países más mortíferos del mundo para los defensores de la tierra y el ambiente”, en especial si pertenecen a pueblos indígenas. El 24 de junio la Policía Militar (PM), al servicio de un poderoso terrateniente, atacó a tiros por aire y tierra a familias que intentaron recuperar sus territorios ancestrales en Amambai, en el estado de Mato Grosso del Sur. En el operativo ilegal fue asesinado Vitor Fernandes (42), mientras que otros miembros de la comunidad, incluidos ancianos y niños, resultaron gravemente heridos. Aunque el 27 de junio retomaron la ocupación y dieron sepultura a Fernandes, el área sigue militarizada y los kaiowá continúan movilizados y en alerta. El ataque ocurrió a menos de un mes del brutal crimen del periodista Dom Phillips y el experto indigenista Bruno Pereira, ocurrido mientras investigaban la destrucción de la selva amazónica y las amenazas a los indígenas. Por Valeria Foglia (Emergencia en la Tierra).
Emergencia en la Tierra dialogó con Sarah Shenker, investigadora de Survival International en estrecho contacto con los guaraníes. La coordinadora de la campaña #StopBrazilGenocide habla de “crimen” y “catástrofe humanitaria”, y asegura que desde hace décadas Mato Grosso del Sur, en la región centro-oeste del país, es uno de los estados donde más violencia hay contra esta comunidad.
⚠️Nos llegan terribles noticias desde Brasil. Por favor, DIFUSIÓN: Al menos 2 jóvenes han muerto y 10 resultaron heridos (aún no confirmados) en un ataque policial/militar contra la comunidad #guaraní de Guapo'y.
📽️Momento en que la policía se aproxima y se lanzan disparos🔊 pic.twitter.com/gJW2dHtAv0
— Survival International – en español (@survivalesp) June 26, 2022
Tierra para vivir
Las 269 hectáreas de la hacienda Borda da Mata, adquiridas en 2009 por Waldir Cândido Torelli e hijos, se asientan sobre tierras ancestrales robadas a los kaiowá. No son las únicas: según De Olho Nos Ruralistas, observatorio del agronegocio en Brasil, más del 55 % de las 3792 hectáreas que el empresario tiene en total en Amambai están en territorio indígena.
La realidad de la comunidad de Guapoy es muy diferente, cuenta Sarah Shenker: “Fueron despojados de sus tierras hace muchos años atrás y estaban viviendo en una reserva que se llama Amambai”. Y añade: “Están haciendo esas retomadas porque no tienen otra opción: necesitan su tierra para vivir”.
Las condiciones de la comunidad en la reserva son aberrantes: unas diez mil personas viven hacinadas y con poco espacio para cazar, pescar o plantar, actividades básicas de sus ancestros en los tiempos en que aquellos terrenos eran bosques. “En Amambai hay tasas alarmantes de desnutrición y enfermedades, y una de las tasas de suicidios más altas del mundo”, enumera la especialista.
El empresario Torelli, dueño de frigoríficos y haciendas, ya acumula varias fojas en su prontuario racista y extractivista: en 2013 figuró entre los procesados por deforestación ilegal y robo de madera, algo que se repitió en 2017 en otra de sus fincas en la región. Además, aunque la causa no prosperó, en 2018 denunció a la Fundación Nacional del Indio (Funai) y a la comunidad kaiowá por “hostigamiento” a su propiedad.
Tras años de esperar sin respuestas, la comunidad decidió ocupar una porción de Borda da Mata. Ese viernes de fines de junio las fuerzas de choque dispararon munición letal desde helicópteros y camionetas a jóvenes desarmados, y entre los heridos con balas de goma había niños. Además de destruir sus casas y pertenencias, a los indígenas los sometieron a torturas físicas y psicológicas, retirándolos con custodia policial del hospital.
Tras la masacre, el secretario de seguridad estadual, Antonio Carlos Videira, lanzó “mentiras y disparates”, denunció Aty Guasu, asamblea general del pueblo kaiowá y guaraní. El funcionario los acusó de ser “violentos”, “narcotraficantes” e “invadir la propiedad privada”. Además, en una operación semejante a la que realiza la derecha en Argentina cuando llama “chilenos” a los mapuches, Videira se refirió a los integrantes de la comunidad como “paraguayos”.
El ataque en Amambai fue el mismo día de la masacre contra la comunidad de Kurupi/Santiago Kue, donde hacendados y PM abrieron fuego contra las familias. Con los crímenes de Ambrósio Vilhalva, Marcos Veron y Nísio Gomes todavía impunes, la lista se sigue ampliando: en mayo pasado fue asesinado Alex Lopes, de diecisiete años. La PM actúa como “perro guardián del ruralismo y la pandilla política ruralista en el Estado”, sostienen desde Aty Guasu.
Esta organización señala las responsabilidades del gobernador y el secretario de seguridad del estado de Mato Grosso, el comando BOP/PM, mientras apuntan la complicidad y facilitación por parte de referentes de la Funai, el mismo organismo de donde fue expulsado Bruno Pereira.
Shenker coincide: a los intentos de recuperación de tierras ancestrales se les ha respondido siempre con violencia. “Una diferencia que estamos viendo ahora es que la Policía Militar está más y más involucrada. Fue ahí para atacar a la comunidad. Una Policía que está fuertemente vinculada con los agroganaderos de la región, que no quieren a los guaraníes ahí, claro”.
La referente agrega que el Gobierno estadual, liderado por Reinaldo Azambuja del PSDB, es “muy antiindígena y racista, proagronegocio”. Menos de una semana después de la masacre, el gobernador recibió la visita del ultraderechista Jair Bolsonaro en Campo Grande, la capital.
Três dias em campo por territórios Guarani e Kaiowá no MS: dor, injustiça e impunidade que não tem fim.
Na foto: local onde Vitor Fernandes Guarani e Kaiowá foi executado pela Polícia Militar do estado, que também feriu gravemente 8 pessoas. Retomada Guapoy, Amambai (MS). pic.twitter.com/36hFfclPL9
— Bruno Santiago Alface (@alfacebruno) June 29, 2022
Había una vez un bosque
“Como otros pueblos indígenas, los guaraníes son los mejores guardianes de sus tierras, sus bosques y su naturaleza”, sostiene Shenker. Habitaban unos 350 000 kilómetros cuadrados de un bosque saludable, donde construían sus casas, cazaban, pescaban, cultivaban y obtenían sus medicinas naturales.
“Ahora casi toda la tierra de los guaraníes, incluso las de los guapoy, está siendo usada para el agronegocio”, apunta la referente de Survival. Mientras los indígenas son forzados a vivir en condiciones inhumanas fuera de sus tekohas, los Gobiernos federal y locales defienden a punta de pistola la ganadería y los monocultivos.
“Cuando viajas en la región, ves kilómetros y kilómetros sin parar de caña de azúcar, maíz, soja o vacas”, dice Shenker, refiriéndose a los cambios en los usos y la cobertura vegetal del suelo en Mato Grosso del Sur. El lienzo allí se compone de retazos pequeños de bosques aislados sobre una tierra “fuertemente debilitada” por los monocultivos.
Esas parcelas forestales solo sobrevivieron porque allí viven comunidades guaraníes. “Las leyes en Brasil dicen que cada agroganadero o supuesto terrateniente tiene que mantener tal porcentaje de su tierra con el bosque intacto. Hay pequeños pedazos, pero en gran parte esa tierra ha sido destruida”, cuenta.
Sarah Shenker con la comunidad guaraní de Mato Grosso del Sur | Foto: Survival International.
Más de cinco siglos igual
“Es un genocidio actual que está ocurriendo, no es del pasado ni del futuro”, denuncia Shenker, mencionando las “tasas alarmantes” de ataques y asesinatos contra los indígenas y sus líderes, invasiones a sus tierras y deforestación en las últimas décadas, intensificadas durante la gestión de Bolsonaro. Sin embargo, este “proceso de contacto forzado con los guaraníes y robo de sus tierras”, como ella lo define, tuvo su origen en la colonización europea hace más de quinientos años.
Aunque su conexión con sus tierras ancestrales siempre fue muy profunda, en la mirada de aquellos españoles y portugueses el hogar de los pueblos originarios en las fronteras de lo que hoy se conoce como Brasil, Paraguay y Argentina era “una zona desierta”. Hace casi trescientos años que los guaraníes se instalaron en el sur del estado, que hasta fines de los 70 era parte de Mato Grosso.
En las últimas décadas del siglo XIX, la compañía brasileña Matte Larangeira arrendó y monopolizó tierras ancestrales de los kaiowá y ñandevá para explotar yerba mate, natural y abundante en la región. Esto dilató la aparición de colonos blancos que pudieran competirles y posibilitó que hasta la década de 1930 los kaiowá permanecieran en sus montes –e incluso algunos trabajaran en los yerbatales–. Tres décadas después comenzaría el despojo sistemático.
Bolsonaro paseó en moto con Tereza Cristina, exministra de Agricultura, en Mato Grosso del Sur.
“Bolsonaro les declaró la guerra”
“El Gobierno de Bolsonaro ha declarado la guerra contra los pueblos indígenas”, opina Shenker. Apenas asumió, el ultraderechista hizo saber que no respetaría los derechos indígenas. Entre ellos, la activista menciona la obligación de demarcar sus territorios y devolverlos para su uso exclusivo, como se prescribe en el artículo 231 de la Constitución que Brasil sancionó en 1988. “El Gobierno, sobre todo ahora, con la política genocida del presidente Bolsonaro, ha dejado claro que no va a demarcar y proteger esas tierras para ellos”.
Aunque no llega al nivel del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, única ley internacional que reconoce el derecho de los indígenas a ser dueños de sus tierras, la demarcación constitucional no se lleva adelante por “la gran presión política de políticos locales y federales, y los supuestos terratenientes”, señala la investigadora.
Su elección de palabras no es azarosa: mientras algunos hacendados directamente tienen “papeles falsos”, la instalación en territorios indígenas pone en cuestión la legitimidad de quienes detentan documentación oficial. En cualquier caso, sin demarcación, a los guaraníes no les quedan demasiadas opciones: algunos viven con poca tierra en las reservas, mientras otros se ven forzados a hacerlo al borde de las carreteras.
Con el despojo de sus tierras, los guaraníes deben depender del dinero para procurarse alimentos que antes obtenían del entorno natural. Para la representante de Survival, una de las grandes tragedias es que acaben “trabajando en condiciones de esclavitud en las propias plantaciones y haciendas que están en su tierra ancestral”.
Ese es el contexto del rechazo de Aty Guasu a la aplicación del “marco temporal”. Con esta tesis jurídica, el Supremo Tribunal Federal solo concede a los pueblos indígenas el derecho a reclamar territorios que estuvieran ocupados cuando se promulgó la Carta Magna de 1988. En los hechos implica un freno a las demarcaciones, lo que fue denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las críticas de la organización guaraní a Bolsonaro no se limitan a la cuestión territorial. Denuncian que durante la pandemia los dejó morir por falta de atención médica, lo que consideran una forma de diezmar la comunidad “sin necesidad de que la Policía haga el trabajo sucio”.
Niña kaiowá herida por las balas de la PM en Mato Grosso del Sur.
Guerreros incansables
La dureza de los ataques del Estado brasileño y los empresarios no ha amedrentado a las comunidades guaraníes, que siguen luchando sin descanso para regresar a su tekoha, su “tierra sin mal”. Shenker, que conoce a la comunidad, considera que “su resistencia es una inspiración” y que sus cantos, bailes y rituales les dan fuerza para seguir adelante.
“A pesar de todo lo que han enfrentado y de tanta violencia y tantos líderes asesinados, no paran de luchar porque para ellos su tierra es todo”, enfatiza la especialista. Si bien destaca que los pueblos originarios son “aliados fundamentales para todos nosotros en la lucha contra el cambio climático”, Shenker sabe que el reclamo es mucho más profundo. “Independientemente del hecho de que son muy importantes para la salud del planeta, tienen el derecho de sobrevivir y vivir bien”, concluye.
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