¿Se puede vivir de un plan?
Los dichos de la vicepresidenta encendieron un debate que incluye discursos sobre la ineficiencia de los planes sociales para fomentar la “cultura del trabajo”. Sin embargo, un informe sostiene que en los hogares que los reciben, estos apenas cubren el 18% de los gastos. Por Canal Abierto.
El planteo de la vicepresidenta Cristina Fernández en relación al control del Estado sobre los planes sociales puso a esa política pública en el ojo de la tormenta. Pero también abrió la puerta a los discursos que hace tiempo sostienen que los planes “alimentan vagos” porque quienes reciben este beneficio “no necesitan trabajar”. Sin embargo, los números de un reciente estudio desmienten esas hipótesis.
“Los hogares desenvuelven distintas estrategias de manutención con el fin de garantizar la satisfacción de sus necesidades. Los datos indican la elevada incidencia que tiene el trabajo como vía de obtención de ingresos: 9 de cada 10 personas residen en hogares cuyos ingresos provienen parcial o totalmente del trabajo”, asegura el informe realizado por un equipo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que coordina el economista y director del Banco Nación, Claudio Lozano.
El número es, según detallan, “incluso algo mayor entre la población pobre, por lo cual no quedan dudas que si hay algo que no es necesario es promover ‘la cultura del trabajo’”.
“No necesitan trabajar”
Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, el 22,3% de la población vive en hogares que reciben transferencias del Estado dirigidas a sectores de bajos ingresos. Pero, si bien los programas sociales vigentes constituyen un instrumento fundamental para complementar ingresos en los sectores más postergados, lejos están de asegurar que un hogar pase hambre y, menos aún, que superen la situación de pobreza.
El Potenciar Trabajo —que alcanza a 1.300.000 personas y es la tercera prestación social con mayor cantidad de beneficiarios, luego de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar— será en julio (correspondiente a los haberes de junio) de $22.770, gracias al aumento del 17%. En junio el ingreso fue de $19.470. Por su parte, la AUH asciende a $ 7.332 y la Tarjeta Alimentar a $9.000 para una familia con un hijo, $13.500 para las de dos, y $18.000 a partir de tres hijos. En tanto, la Canasta Básica Total, que establece el límite de la pobreza, ascendía en mayo (último dato disponible) a $99.677 para una familia tipo y la Canasta Básica Alimentaria, que marca el umbral de la indigencia, era de $44.499.
De acuerdo con Lozano, entre los hogares que perciben estos subsidios “en promedio estos sólo representan el 17,6% del ingreso total familiar, mientras que los ingresos laborales explican el 69,6% del ingreso total”.
Para llegar a fin de mes, un 11,6% de la población total también “recurre a mercaderías, ropa o alimentos provistos por instituciones (Gobierno, Iglesias, etc.)”, y “1 de cada 3 personas (34,1%) debieron utilizar sus ahorros familiares afectando su patrimonio”.
“Los hogares también recurren a endeudarse, trasladando sus erogaciones a futuro: un 18,1% pidió préstamos a familiares o amigos y cerca del 13% utilizó créditos de bancos o financieras, mientras que las compras en cuotas con tarjeta fueron utilizadas por más de la mitad de la población (52,6%)”, detalla el informe.
Salario universal
Otra de las aristas del debate que suscitaron los dichos de la vicepresidenta tiene que ver con la creación de empleo formal. Sobre ese punto, el informe también se explaya.
Actualmente, si bien la desocupación cayó al 7% de la población económicamente activa, si sumamos la subutilización de la fuerza laboral (desempleo más subempleo) ésta asciende al 19,1%. “Si se agrega a quienes, si bien no buscan activamente otra ocupación, desean trabajar más (ocupadas/os disponibles no demandantes) la disponibilidad de la fuerza de trabajo alcanza al 30,4%”, sostiene el IPyPP.
Sobre el empleo, resalta los crecientes niveles de informalidad y autoempleo de subsistencia: “casi una cuarta parte de las/os trabajadores son cuentapropistas, de los cuales casi el 77% corresponde a ocupaciones de baja calificación (versus el 69% del promedio), ya sea operativa o no calificada. Por su parte, dentro del 73% de la población asalariada, un tercio son informales, indicador que asciende al 61,8% para la población juvenil”. Y agrega que “casi 4 de cada 10 trabajadores obtiene ingresos mensuales inferiores al Salario Mínimo”, actualmente en $38.940. En los cuentapropistas, es porcentaje asciende al 41,9%, y al 48,2% en la población asalariada informal.
Con estos niveles de pobreza, para el IPyPP, además de apuntalar la política salarial sostiene que “es imprescindible generar una política de ingresos que supere el esquema fragmentado y focalizado de la política social vigente” que fije un “umbral de dignidad para el conjunto de la sociedad” y garantice un piso salarial efectivo “que favorezca la capacidad de discusión del conjunto de trabajadores/as”.
“En una Argentina que atravesó en los últimos años un extenso período recesivo agravado por la pandemia, con capacidad ociosa y un mercado interno deprimido, sostenemos que el principal estímulo para la reactivación es la recuperación de los ingresos populares”, sintetiza.
Fuente: https://canalabierto.com.ar/2022/07/01/se-puede-vivir-de-un-plan/