¿Por dónde desarticular a las organizaciones piqueteras? De la masacre del Puente Pueyrredón a la denuncia por los aportes
Días atrás los grandes medios de comunicación y algunos funcionarios arremetieron contra el Polo Obrero por percibir un aporte del 2% de sus integrantes para costear los gastos que no cubre el Estado, ya sea equipamiento para los comedores y fletes, entre otros. La discusión no es nueva y desde el macrismo a esta parte se han impulsado un sinnúmero de causas contra las organizaciones intentando mostrarlas como asociaciones ilícitas que se quedan con el dinero de la gente. ¿Qué tiene que ver esta situación con la masacre del puente Pueyrredón, de la que el próximo 26 de junio se cumplen 20 años? El Estado, los grandes medios de comunicación y operadores de todo tipo y pelaje vuelven a la carga para desarticular a las organizaciones piqueteras, principalmente aquellas que se mantienen en la calle cuestionando las políticas de ajuste y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tanto consenso genera entre la casta política, los empresarios y los grandes medios de comunicación, tanto oficialistas como opositores. Por Nicolás Salas, para ANRed.
Dos décadas atrás, el ex presidente Eduardo Duhalde llevó a cabo la principal ofensiva que las clases dominantes argentinas realizaron en su historia para terminar con las organizaciones piqueteras. Los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki buscaban responsabilizar y encarcelar a las direcciones de las organizaciones sociales según los pautado en la causa “complot”, iniciada desde el ejecutivo nacional antes, durante y después de la masacre[1]. Toda la estrategia se derrumbó con la aparición de las fotos que mostraban a la misma policía fusilando a los militantes de la CTD Aníbal Verón.
Pasaron los años y el crecimiento económico generado por la recomposición institucional y el crecimiento a tasas chinas fue quitando centralidad al sector desocupado y precarizado, hasta que una nueva crisis económica volvió a darle centralidad en la agenda pública. Así llegamos a los últimos años del gobierno de Cristina Fernández y el período de Mauricio Macri como presidente. Sea cual fuera el poder de turno, desde las altas esferas del poder estatal se había comprendido que represiones a lo «duhaldista» podían convertirse en un boomerang que, en el caso del dirigente oriundo de Lomas de Zamora, le costó el adelantamiento de las elecciones, la imposibilidad de una candidatura y una crisis de legitimidad al grueso de la conducción estatal.
Así es que se fueron ensayando diversas iniciativas para desarticular a las organizaciones, las cuales iban desde las clásicas judicializaciones contra dirigentes y represiones, hasta los múltiples intentos por correr a los movimientos en la intermediación con el Estado [2]. Todo esto sería combinado y acompañado por una nueva (vieja) estrategia que apuntaba a judicializar a los dirigentes sociales por presuntas asociaciones ilícitas a partir del aporte que lxs trabajadorxs de las cooperativas realizaban a sus respectivas organizaciones. Así se llevaron a cabo una serie de denuncia y detenciones contra activistas y «doñas» de barrios que se encargaban de juntar el dinero para la compra de ollas, de verduras, para la recarga de garrafas o el pago de los fletes para la mercadería que se distribuía en los comedores.
Estos aportes permiten a las organizaciones y a cada espacio en el territorio romper la lógica clientelar planteada desde el Estado, en el sentido que logran autofinanciarse sin necesidad de pedir a intendentes, punteros o gobiernos de turnos que, como se sabe, exigen una devolución de «favores» que implica la supeditación política de los movimientos a los gobiernos, lo cual se expresa en la participación en actos políticos, fiscalización en elecciones o cualquier tipo de exigencia vertida por el que “pone la plata”. Como en una casa, familia o sociedad de fomento, la autonomía económica es la garante de la independencia en las decisiones, y así lo entienden el grueso de los movimientos.
Este hostigamiento estatal no es nuevo y ya había sido impulsado por Hilda «Chiche» Duhalde. El 12 de abril de 2002, el ejecutivo de entonces había enviado al Congreso un proyecto de ley que buscaba penalizar a quienes administraran planes y subsidios. El mismo contemplaba la modificación del Código Penal para tipificar como “delito agravado a toda acción que interfiera en la correcta distribución de los planes sociales para jefes y jefas de hogar desocupados”.
En uno de sus boletines informativos ANRed, en diálogo con periodistas que hacían las coberturas desde Casa Rosada, reconstruía la perspectiva que trazaba el gobierno de Duhalde: «a las seis de la tarde del 4 de febrero la primera dama Hilda «Chiche» Duhalde exigió estricta reserva a los periodistas destacados en la Casa Rosada. A pesar de que se había cuidado en ocasiones anteriores, esa vez no pudo evitar referirse a los más de diez piquetes que cortaban el acceso a la Capital Federal. ‘A esos sinvergüenzas no hay que darles nada, son ellos los que se enriquecen con la administración de los Planes Trabajar’, espetó la mujer enfurecida por el plan de lucha que la Coordinadora Aníbal Verón había resuelto poner en marcha ese día junto al MIJD, conducido por Raúl Castells [3].
La iniciativa no avanzó y quedó cajoneada. ¿Por qué? Ninguna respuesta oficial puede confirmar el motivo pero si se puede decir que la potencial ley era una amenaza para el propio gobierno y su estructura de poder en los territorios, lo cual quedó demostrado en las 800 denuncias que existieron por irregularidades en los manejos de los planes entre abril de 2002 y octubre de 2003. Lo paradójico es que las presentaciones judiciales no apuntaban a lxs piqueterxs sino que recaían en su totalidad contra intendentes, funcionarios municipales, concejales y miembros de consejos consultivos impulsados por el propio gobierno [4].
La actualidad del debate
A principio del gobierno de Alberto Fernández hubo sectores de los movimientos oficialistas que le plantearon al ejecutivo nacional la necesidad de legalizar los aportes de manera similar a como ocurre en los sindicatos de cara a transparentar una práctica que suele ser definida en asamblea por los y las mismas integrantes de las cooperativas, y que garantiza que las actividades en los barrios se lleven a cabo. Hasta el momento, no hubo avance ni propuesta pública sobre las que las organizaciones pudieran expedirse. Tampoco desde el Estado se plantea asumir los gastos que demandan hacer llegar las políticas sociales a las familias más empobrecidas.
Ante la embestida mediática, a la que se sumaron funcionarios como el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, la mesa de conducción del Partido Obrero emitió un comunicado volviendo a explicar su posición: «la base de este ataque es sostener que existen cobros compulsivos en el Polo Obrero para alimentar ‘cajas’ políticas. Lo que en realidad ocurre es que las organizaciones de los desocupados organizan y defienden un financiamiento autónomo para las necesidades de la lucha y de los barrios. El movimiento piquetero sostiene, sin apoyo del Estado, miles de comedores populares en todo el país. Para eso es necesario, como cualquiera sabe, tener un lugar donde hacer la olla popular y, por lo tanto, pagar alquileres, comprar una garrafa, pagar los fletes para trasladar los alimentos que el Estado no entrega en la puerta de cada comedor si no en un depósito Central. Gastos que debiera financiar el Estado pero que terminan financiando las familias que concurren a los comedores. Además, el movimiento piquetero sostiene medidas de lucha y campañas nacionales de lucha por trabajo genuino y todos los reclamos de los barrios».
En el texto, titulado «Respondemos una campaña sucia contra el Polo Obrero, funcional al ajuste del gobierno», la organización social afirma que «financia su actuación del mismo modo que un club, que una sociedad de fomento, un sindicato o cualquier otra organización popular», con la «diferencia que, por ejemplo, los sindicatos producen descuento obligatorio por planillas, cosa que ninguna organización social puede ni debe hacer».
Más allá de la situación concreta observada en los últimos días en los medios masivos de comunicación, este tipo de acciones parecieran ser el as bajo la manga de las clases dominantes para «apretar», subordinar o atacar a aquellas organizaciones que pongan en discusión las políticas de ajustes llevadas a cabo desde las más altas esferas del poder local. Una apuesta más en el objetivo perseguido desde la masacre del Puente Pueyrredón e incluso antes de la misma: desarticular a las organizaciones piqueteras.
[1] Esta causa y la masacre están perfectamente relatas en el libro “Darío y Maxi, dignidad piquetera”, editado por los MTD Aníbal Verón, un año después de sucedidos los crímenes.
[2] Durante la gestión de Carolina Stanley en el gobierno de Mauricio Macri se quitó el carácter de contraprestación al “Argentina Trabaja” transformándolo en “Hacemos Futuro”, programa por el cual lxs trabajadorxs podían dejar desarrollar tareas y actividades en las organizaciones pasando a asumirlas en instituciones educativas o culturales cortando todo tipo de lazo con aquellas organizaciones que habían luchado para que pudieran acceder al programa. Se buscaba correr del medio la representación política y sociales de las organizaciones así como quitar la identidad de trabajadorxs a quienes cobraban un plan social. Esta perspectiva gubernamental fracasaría y el grueso de las personas organizadas en los movimientos se mantendrían allí reconociendo, en parte, el rol que los movimientos sociales cumplen ante el Estado en la defensa por el mantenimiento del programa de empleo.
[3] [80] “Escoba (I) – El plan del gobierno para penalizar y perseguir a las organizaciones de desocupados”, ANRed. Mayo de 2002.
[4] Eduardo Duhalde, Memorias del incendio. Los primeros 120 días de mi presidencia. Editorial Sudamericana, 2007, Buenos Aires. Pp. 181.