Descolonizar la conservación

“Primero fuimos despojados en nombre de reyes y emperadores, luego del desarrollo del Estado y ahora de la conservación”, dijeron los delegados indígenas al Quinto Congreso Mundial de Parques organizado en 2003 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) en Durban, Sudáfrica. Su contundente testimonio contra la definición unilateral de áreas protegidas en sus territorios parecía anticiparse al mensaje de Kofi Annan, por entonces secretario general de la ONU, en el que afirmaba que en algunas áreas los pueblos son parte del ecosistema, pero otras “demandan protección estricta, bordes rígidos y una ausencia de actividad humana”. Este modelo conservacionista es tributario de las ideas de Theodore Roosevelt, 26° presidente de Estados Unidos, quien desde 1901 creó centenares de bosques nacionales y decenas de reservas y parques en más de noventa millones de hectáreas habitadas por nativos americanos. Con diferencias y matices locales, la conservación estricta o de fortaleza (fortress conservation en inglés) se extendió a todo el globo. ¿Las áreas de conservación estricta son una división artificial que complica más de lo que ayuda? Peor aún: ¿son una idea terrible? Por Valeria Foglia (Emergencia en la Tierra).

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Un trabajo reciente de Colin Luoma, profesor de la Facultad de Derecho de Brunel, en Londres, e investigador del Minority Rights Group International (MRG), echó luz sobre algo siniestro: el modelo tradicional de conservación de la naturaleza que llevan adelante algunas ONG se traduce en violaciones a los derechos humanos de poblaciones indígenas.

https://twitter.com/ColinLuoma/status/1522194096609271808

¿Colonialismo ecologista?

Escrito en francés, un cartel de ingreso al Parque Nacional Kahuzi-Biega (PNKB), en la República Democrática del Congo, antigua colonia belga, define el lugar como “santuario de gorilas”. Pero en esos seis mil kilómetros cuadrados de selva tropical también vivían los batwa, para quienes el bosque es un lugar sagrado. Allí cazaron, recolectaron y comerciaron entre comunidades durante milenios hasta que en 1970 fueron expulsados por la fuerza para crear una reserva natural pensada y financiada por ONG “del norte global”, dice Luoma. Bajo falsos cargos, organizaciones internacionales –Luoma apunta directamente contra la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS en inglés), la Unesco y la UICN– culparon a los batwa por la degradación de las tierras en las que habían convivido en armonía con los ecosistemas de generación en generación. La comunidad conoce la selva y la cuida como nadie: en lugar de talar árboles, recogen la madera “muerta”; cazan animales pequeños y recolectan frutos. Hasta se mudaban periódicamente al interior del ecosistema para no agotar los elementos de la naturaleza.

Mientras el sitio, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1980, se convirtió en el “paraíso” de los safaris “ecológicos”, a los batwa se les prohibió la caza de subsistencia, acceder a sus hierbas medicinales y sitios sagrados. Pero la rica biodiversidad que hizo al parque acreedor de ese notorio galardón no había sido producto de “lo dado”, sino del saber ancestral batwa.

Los “ecoguardias” que protegen los confines del parque son en realidad una fuerza paramilitar, entrenada en el uso de armas letales, que violenta y asesina a indígenas batwa que se esfuerzan por sobrevivir y recuperar sus tierras. Los guardias del parque no actúan solos contra los batwa: en ocasiones patrullan y atacan junto a las Fuerzas Armadas.

Una viuda batwa relató: “No sabíamos que venían. Entonces de repente uno de ellos forzó la puerta de nuestra casa y comenzó a gritar que teníamos que irnos inmediatamente porque el parque no es nuestra tierra. Primero no entendí de qué estaba hablando porque todos mis antepasados ​​han vivido en estas tierras”.

La exclusión de la tribu hizo que donantes extranjeros, ONG y funcionarios del llamado “norte global” dicten las agendas de conservación del PNKB. En cambio, “los derechos, las cosmovisiones y el conocimiento tradicional de los batwa se distorsionan o silencian de manera rutinaria”, denuncia el investigador británico.

Medio siglo después y pese a su “historial de sostenibilidad”, como lo define Luoma, este pueblo ancestral aún no fue reintegrado a la gestión del PNKB de manera significativa. Para el especialista de MRG, la protección de la biodiversidad y el combate a la crisis climática “se usan como arma contra ellos, proporcionando cobertura a las autoridades estatales para cometer abusos a los derechos humanos”, como los ocurridos dentro del PNKB entre 2019 y 2021.

Salió La geología del Antropoceno, publicación de Roberto Andrés sobre la que les conté en una edición anterior | Descarga gratuita

¿Qué protegen las áreas protegidas?En 2018, Victoria Tauli-Corpuz, por entonces relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, publicó un informe lapidario contra la “conservación de fortaleza”. Con el título de Acorralados por áreas protegidas, plantea la relación entre pérdida de bosques, efectos de la crisis climática y persecución a los defensores de la tierra, en gran medida pueblos indígenas.

¿Cómo proteger los bosques si se ataca a sus guardianes?

El caso de los batwa no es atípico: las poblaciones originarias han cuidado los ecosistemas que habitan desde mucho, mucho antes que los Gobiernos y las ONG conservacionistas levanten muros y alambrados sobre hectáreas de ríos y selvas. Además de una pésima idea para los ecosistemas, también implica una “fuente de injusticia” para comunidades locales y pueblos indígenas, que al decir de Tauli-Corpuz son “administradores efectivos de la biodiversidad y la conservación”. Un reporte reciente de MapBiomas da cuenta de esto: las tierras kayapó, munduruku y yanomami en la Amazonía brasileña forman una barrera contra la deforestación. En los últimos treinta años perdieron apenas el 1 % de su vegetación, contra el 20.6 % de áreas privadas.

Sin embargo, los originarios de Brasil fueron noticia recientemente por la denuncia del femicidio contra una niña yanomami, que había sido secuestrada y violada por garimpeiros –mineros ilegales– en Aracaçá, en el estado de Roraima. Más de cien indígenas murieron en 2021 por estas invasiones a sus territorios.

Parques y reservas de Perú, Panamá, República del Congo, Indonesia e India son cinco casos de estudio mencionados en el reporte de la exrelatora de la ONU. En 2019 una investigación exhaustiva de BuzzFeed reveló que la WWF financió y equipó a los “ecoguardias” acusados ​​de un sinnúmero de crímenes entre torturas, abusos sexuales y asesinatos en sus sitios de conservación en Camerún, Nepal, República Democrática del Congo y República del Congo. Tras encargar una “revisión independiente”, la organización expresó “un pesar profundo y sin reservas por aquellos que han sufrido” los abusos de los ecoguardias. “Nos horrorizan y van en contra de todos los valores que defendemos”.

Con la gente afuera: casos testigo

• Parque Nacional del Manu, en Perú. Ubicado en los Andes tropicales, una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo, surgió a fines de la década de 1960 con financiamiento y asistencia técnica de WWF y la UICN. El objetivo era establecer un área “libre de interferencia humana”, pero es parte de un territorio ancestral del pueblo indígena matsigenka, entre otras comunidades. El parque, declarado reserva de la biósfera en 1977 y Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1987, es sede de la Estación Biológica Cocha Cashu. Aunque se lo reconoció como territorio indígena, los pueblos dentro del parque no tienen el título de sus tierras ni se los admite como socios en la conservación de la biodiversidad, amenazada por minería y tala ilegales. Condenados a la caza y pesca de subsistencia, sufren desnutrición y enfermedades.
• Parque Nacional Nouabalé-Ndoki, en República del Congo. Esta selva tropical no talada fue declarada reserva en 1991 por la alianza de la WCS y el Gobierno. Dos años después, se lo nombró parque para conservar su “naturaleza virgen” y estudiar su biodiversidad, bajo la administración de la WCS. Esta zona al norte del país no estaba despoblada: junto a los elefantes, gorilas y chimpancés la habitaban los pigmeos ba’aka. Desde mediados de los 90 se expulsó a unas tres mil personas; en la actualidad, las comunidades indígenas están comprimidas entre las más de 420 000 hectáreas del parque y las tres zonas madereras activas en los alrededores, propiedad de una empresa de Singapur. Los ecoguardias, de la etnia bantú dominante, abusan, manipulan y extorsionan a los ba’aka, prohibiéndoles cazar y acceder al bosque.
• Parque Nacional Gunung Halimun Salak, en Indonesia. En las últimas décadas del siglo XIX el Gobierno colonial holandés estableció áreas forestales estatales sin consulta a los pueblos indígenas. Esto afectó a unos cincuenta mil kasepuhan, que habitan en las sesenta mil hectáreas de bosques de Halimun-Salak, en Java, designadas como protegidas en 1924. Con la independencia la situación no mejoró: Indonesia estableció el territorio como reserva natural en 1963, para convertirlo en “bosque de producción” en 1978, bajo control de la maderera estatal Perum Perhutani. Tras añadir más y más hectáreas a lo largo de los años, en 2003 el Ministerio Forestal crea el parque nacional. Mientras las madereras ilegales se aprovechan del bosque, a los indígenas se les impide talar madera de los árboles que plantan para reparar viviendas o quemarla como leña. Desaparecen prácticas ancestrales como la agricultura itinerante, y las mujeres pierden el derecho a participar en la toma de decisiones sobre la tierra, son hostigadas y criminalizadas.

En Argentina también

En nuestro país, la ley 22.351, sancionada en 1980, también divide las áreas del territorio que deban ser protegidas “por sus extraordinarias bellezas o riquezas en flora y fauna autóctona o en razón de un interés científico determinado”. Entre esas categorías está la de reserva natural estricta, como ocurre en sectores de los parques nacionales de Lago Puelo, Nahuel Huapi, Iguazú, Calilegua y Baritú.

Corrientes, que este verano fue noticia por los incendios que arrasaron más de un millón de hectáreas, se divide entre dos concepciones igualmente nocivas: el extractivismo que despoja, contamina y destruye, y la reserva de grandes áreas protegidas. Pareciera no haber término medio en la gestión capitalista de los ecosistemas: las comunidades siempre quedan afuera. La voracidad de las llamas en la provincia del litoral no se la puede adjudicar únicamente a las plantaciones forestales que avanzaron sobre humedales hasta secarlos. La conservación estricta, con su visión unilateral y fragmentada del territorio, también contribuye al perseguir a las comunidades del Iberá por su cultura del fuego, parte del ecosistema de pastizales y sabanas. No casualmente, aquellos sectores donde tenían prohibido el fuego acumularon vegetación seca, que, con fuertes vientos y altas temperaturas, es la receta “perfecta” para los incendios forestales. El Parque Nacional Nahuel Huapi, que ocupa más de setecientas mil hectáreas al sudoeste de Neuquén y el oeste de Río Negro, es otro ejemplo. Fue creado en 1934 sobre tierras donadas en 1903 por el perito Francisco Moreno, pero varias comunidades indígenas ya las poblaban al menos desde el siglo XVII. Aunque Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche son visitadas asiduamente por el turismo, las comunidades mapuches siguen reclamando la tenencia de sus tierras ancestrales, esenciales para su cosmovisión. Mientras en Río Negro el magnate Joe Lewis se apropió ilegalmente del acceso al lago Escondido, el Estado argentino sigue respondiendo con represión, militarización, acusaciones de usurpación y hasta asesinatos –Rafael Nahuel– al proceso de recuperación iniciado en Villa Mascardi en 2017 por la lof Lafken Winkul Mapu.

Descolonizar la conservación

La conservación de fortalezas y la crisis planetaria son contemporáneas. Mientras, como vimos, la primera repercutió negativamente en los ecosistemas y los derechos de las comunidades, la segunda avanzó en forma acelerada desde los últimos ciento cincuenta años, con el aumento desigual en el consumo de energía, la depredación de la naturaleza y la transformación de los paisajes planetarios.

La emergencia climática y de biodiversidad se retroalimentan, dice el reporte conjunto de Ipbes e IPCC. Este proceso se aceleró en la década de 1970: además del récord de especies en peligro de extinción, el calentamiento global pone al planeta al límite del punto de no retorno. Sin embargo, la relación de la humanidad con la naturaleza no empezó hace un siglo y medio. Un estudio publicado en 2021 por la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos asegura que las personas han dado forma a la ecología de la Tierra durante al menos doce mil años, y en su mayor parte en clave sostenible. Estos nuevos datos contradicen los que afirmaban que hasta el 1500 (EC) la mayor parte del planeta estaba deshabitada o en estado “salvaje”.

“En general, el uso de la tierra por parte de las comunidades indígenas y tradicionales sostuvo la gran mayoría de la biodiversidad de la Tierra durante milenios”, afirma el estudio llevado a cabo por un equipo interdisciplinario de geógrafos, arqueólogos, antropólogos, ecólogos y científicos conservacionistas de Estados Unidos, Países Bajos, China, Alemania, Australia y Argentina.

“El problema no es el uso humano per se”, define la profesora y coautora Nicole Boivin, del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana en Jena, Alemania. “El problema es el tipo de uso de la tierra que vemos en las sociedades industrializadas, caracterizado por prácticas agrícolas insostenibles y extracción y apropiación sin paliativos”. Darren J. Ranco, profesor de antropología y coordinador de investigación de nativos americanos en la Universidad de Maine, considera que el trabajo confirma que “los pueblos indígenas han manejado e impactado los ecosistemas durante miles de años, principalmente de manera positiva». Para Ranco, ciudadano de la nación penobscot, estos hallazgos tienen especial importancia para los derechos indígenas y los reclamos de autodeterminación actuales. El conservacionismo rooseveltiano aún es la norma en la mayor parte del mundo, pero ya no es indiscutible. La visión idealizada de la naturaleza, que considera que su esplendor se debió al aislamiento de los humanos, comienza a resquebrajarse. El abordaje interdisciplinario, con la participación decisiva e imprescindible de las comunidades locales y ancestrales, es clave para lograr un planeta habitable durante por lo menos otros doce mil años.

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Valeria Fgl | Cafecito

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Fuente: https://www.getrevue.co/profile/valeriafgl/issues/descolonizar-la-conservacion-emergenciaenlatierra-1171845