A Leandro Bravo lo mató la policía tras un derrotero de ausencia y violencia estatal

El pasado 26 de febrero el joven de 37 años, Leandro Bravo, fue detenido en su localidad de Charata, Chaco, con la excusa de una denuncia falsa. Esa tarde agentes de la policía lo persiguieron, lo golpearon delante de media docena de testigos y lo cargaron a un patrullero alrededor de las 14:30. Se dirigieron a Medicina Legal, donde nunca lo bajaron. A las 16 lo trasladaron al Hospital donde una médica tras tratar de animarlo, informó su muerte, constatando lesiones en su cuerpo. El forense legal firmó que la causa de muerte había sido por paro cardiorespiratorio no traumático. La primera autopsia estuvo plagada de falsedad ideológica y falsedad en el informe. Fue la familia que reconstruyó los hechos en base a testimonios y videos de cámaras de seguridad y exigió una segunda autopsia bajo los Protocolos de Minnesota en la cual participó la doctora Virginia Creimer y el equipo forense de Gabriela Lamparelli. El resultado fue contundente: Leandro Bravo fue asesinado por la policía a golpes y mediante compresión extrínseca del cuello que le provocó asfixia. Este 6 de abril se ratificó la prisión preventiva a 4 efectivos acusados de “torturas seguidas de muerte”. Por Estefa Gonzalez para ANRed. Fotos: Martina Korol y Florencia Barrionuevo. 

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El 26 de febrero Leandro Bravo fue asesinado por agentes policiales de la Provincia de Chaco, así lo confirmó la segunda autopsia realizada el 25 de marzo. La misma se realizó bajo el protocolo Minnesota, pedida por la familia constituida en querellante en conjunto con el Comité para la Prevención contra la Tortura y la Secretaría de Derechos Humanos y Género. Fue autorizada por la fiscal Silvia Slusar de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Participaron de la misma el equipo forense de Gabriela Lamparelli, Directora del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses y la perito de parte, la Dra Virginia Creimer.

En conferencia de prensa, el 31 de marzo acompañados por organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales, familiares de violencia institucional y querellas, la forense Virginia Creimer junto a la familia de Leo, dieron a conocer los informes preliminares de la reautopsia. Leandro Bravo había sido golpeado y muerto por asfixia. Presentaba lesiones compatibles con mecanismos de asfixia por compresión mecánica, distención alveolar, ruptura de los septos alveolares, hemorragia pulmonar, micro hemorragia en el hígado, lesiones de tipo contusa a nivel encefalocraneal, multitraumatismos en tórax, lesiones en casi toda la totalidad del dorso del cuerpo de tipo traumáticas, quemaduras en ambos brazos, escoriaciones y cortes a nivel de la cara. “Los politraumatismos, considerando que antes de que llegara la policía estaba con el torso desnudo sin ninguna lesión, se combinaron con la comprensión intrínseca del cuello y provocaron la muerte por asfixia”, informó la médica  en la conferencia.

Además denunció la falsedad ideológica y la falsedad en el informe: “No imaginamos que las falencias de la primera autopsia iban a ser tan graves. No se exploró el cráneo como debe hacerse cuando la muerte es en custodia del Estado, encontramos lesiones óseas, imágenes compatibles con traumatismos, haberlo hecho mal fue un acto delictual. Todo lo que se perdió y el tiempo transcurrido implica perder pruebas, eso no es inocente”

Encubrimientos: la versión oficial que se repite

El fiscal a cargo de la investigación en un primer momento, Hugo Baigorri, quien fiscalizó la primera autopsia, sólo dio lugar a la versión policial: Leandro había sido detenido a causa de una denuncia de robo y muerto en el traslado por paro cardiorespiratorio no traumático. Esto le comunicó a la familia de Leo. El Órgano de Control Institucional de Chaco, pudo comprobar que dicha denuncia había sido falsa.

El primer exámen fue a cargo del doctor Hugo Rodríguez, médico del Poder Judicial. Según las forenses que participaron de la reautopsia, la misma estuvo plagada de irregularidades, falsedad ideológica y falsificación de informe. No se advirtió sobre los mútiples traumatismos, escoriaciones, quemaduras, que presentaba el cuerpo y además informaba sobre una infección crónica a nivel del riñon derecho , cuando según las profesionales los riñones no habían sido explorados y en la segunda autopsia comprobaron que estaban sanos. Para las forenses además la técnica utilizada en la primera autopsia fue mal realizada y debía ser bajo el protocolo de Minnesota por tratarse de una muerte bajo custodia policial.

La verdad reconstruida

Fue la familia, sus hermanas, su madre y su papá del corazón quienes no se quedaron con la versión oficial y reconstruyeron los hechos de aquel 26 de febrero, mediante numerosos testigos y más de 70 videos de cámaras del pueblo que registraron lo ocurrido.

Nora Nieto y Miguel Sánchez, madre y padre del corazón de Leandro, buscando verdad y justicia por su hijo.

Su hermana Florencia, contó a Anred, que días previos, Leandro estaba más asustado de lo común y había advertido a sus hermanas, vecinos y amigos de su temor a la policía. Por esto se refugiaba de conocidos, se movía en remis e incluso había dicho a una vecina, dos días antes de ser asesinado: “agenda estos números de mi familia por si me pasa algo, ando con miedo de la policía”.

Flor relató lo que sucedió esa tarde del 26, según los testimonios y pruebas que fueron recolectando. Comenzó: “El sábado a la mañana, día de su asesinato, mi hermano almuerza con un vecino, el mismo es testigo en la causa de que Leo no tenía lesiones visibles. Luego se cruza de un amigo al que le pregunta si puede pasar porque veía a la policía y sentía miedo. Allí llama a mi hermana Débora y le dice “estate atenta por si tenemos que hacer una denuncia, igual te voy avisando en estos días. Me tengo que hacer los papeles para internarme en Resistencia. Te paso el número de este amigo por si tenemos que hacer una denuncia a los del 911. Estoy bien, estoy tranquilo.”

Y continuó: “Leo sale de la casa del amigo y se encuentra con su primo con quien va a comprar una cerveza. Todo ocurre en el mismo barrio. En eso ve que se acerca un patrullero y empieza a gritar de una vecina amiga para que le abra la puerta. Ella le abre pero el móvil ya lo había alcanzado. Estaba manejado por el oficial Fleitas, sin el chofer asignado del patrullero, como dice en el libro de guardias.”

“La vecina testigo ve que discuten, que lo forcejean y que Leo logra escapar. Corre dos o tres cuadras, el patrullero lo sigue. Mi hermano cruza de vereda en la misma cuadra porque se ve que el móvil acelera y retrocede hostigándolo. En los videos se ve que esta vecina sale a ofrecerle agua y le dice a la policía: “no está haciendo nada, no es violento, dejalo, no lo molestes”. El policía le dice que se aleje que ya había llamado a refuerzo. Caen cuatro patrulleros más. En las filmaciones se ve a Leo parado y los vecinos dicen que él decía “basta, basta” con los brazos al lado del cuerpo, la cabeza agachada, rendido, sin presentar resistencia. Los patrulleros cierran la cuadra, esto es calle Patricios intersección 9 de julio. Lo esposan violentamente, lo reducen, lo tiran al piso y comienzan a pegarle entre tres o cuatro policías. El resto cerraban la cuadra.”, agregó Florencia al relato y afirmó que todos los testigos declaran de manera coincidente y se corroboran con los videos de las cámaras de seguridad.

“Luego de pegarle lo suben al patrullero, lo tiran como una bolsa de papas. Dos policías quedan en la vereda limpiando la sangre del piso. Eso declaran testigos. De ahí lo llevan a medicina legal, enfrente de la comisaría primera. En los videos se ve que el móvil estaciona afuera casi 8 minutos, se bajan los policías y nadie baja a Leo. Luego el patrullero entra marcha atrás con la parte de la caja hacia el estacionamiento y no se ve lo que ocurre. Esta maniobra dura segundos y el patrullero vuelve a salir. Salen dos patrulleros más y se dirigen al hospital.”, describió.

Y afirmó que una vez en el Hospital, los videos muestran que “se ve salir a las enfermeras, médica, lo suben a la camilla y lo ingresan muerto. La médica intenta reanimarlo pero no logra resucitarlo. Ella firma la hora de la muerte a las 16hs, hora que ingresa y aclara las lesiones que presentaba. Menciona escoriaciones, lesiones, en brazos, muñecas, rodillas.” Y agregó: “Pero además los registros captan como el forense en vez de ir atender a mi hermano, se queda casi 20 minutos hablando con los policías involucrados en la puerta del Hospital, se le ve al médico intentar entrar y volver a hablar con los agentes en dos o tres ocasiones. También se ve en los videos a uno de la comisaría primera y del 911 entrar y salir del hospital hasta el patrullero con botellas.”

Fue el fiscal Hugo Baigorri quien autorizó y comenzó la primera autopsia sin que las hermanas reconocieran el cuerpo. El funcionario, según contó Florencia les dijo que: “Leandro murió por paro cardiorespiratario, que no tenía golpes, que fue detenido porque estaba entrando a robar a una vivienda, que lo habían detenido, que se descompensó y murió. Mis hermanas intentaron entrar a ver el cuerpo pos autopsia y el fiscal se negó excusándose de que nos iba a hacer mal. Que solo tenía golpes viejos, que no tenía nada”.

La causa

El día del asesinato de Leandro, el Comité para la Prevención de la Tortura, actúa de oficio y le pide al fiscal en lo penal Hugo Baigorri que se declare incompetente y que se aplique en la autopsia el Protocolo de Minnesota, por ser muerte en custodia. El fiscal exige que los pedidos sean por escritos. El día miércoles luego del sábado 26 la familia se constituye en querellante y el fiscal se inhibe y la causa pasa luego de una fiscalía a la correspondiente en Derechos Humanos, en donde intervine la fiscal Silvia Slusar. La primera medida que se toma es detener a 4 policías y se les imputa “tortura seguida de muerte”. El 25 de marzo se realizó la reautopsia que arrojó los resultados de que Leandro fue torturado, golpeado y asfixiado. El 6 de abril se confirmó la prisión preventiva a los agentes: Alexis Fleitas, Franco Sosa, Agustín Diaz y Enzo Gómez.

Antecedente de ausencias y violencia estatal

En el año 2017, Leandro ya había sufrido violencia por parte de la policía de Charata. En la puerta de su edificio discutió con un hombre acusado de violencia de género a quienes mujeres vecinas no querían dejar entrar. Leo le decía a este sujeto que se fuera. Intervino el 911 y Leo fue cargado al patrullero, de allí lo llevaron a un descampado y lo golpearon brutalmente. Por insistencia de su hermana Débora, recibió atención particular y quedó en terapia intensiva. Presentaba fracturas costales, del macizo facial, lesiones contusas, traumatismo, le rompieron dientes y lo dejaron con dificultad respiratoria.

“Durante dos o tres meses vivió con mi madre porque no podía comer, caminar. Después de ese episodio mi hermano, agravó su consumo de sustancias, se convirtió en un consumo problemático. Ese año fue un quiebre para él. Fue dejando su trabajo, se alejó de sus vínculos. Su salud fue deteriorándose por la adicción. Él dijo me trataron como una basura, yo ahora me siento una basura.”, contó su hermana.

Y explicitó: “A partir de ahí fueron años muy difíciles para él y la familia. Intentó rehabilitarse, pasó por 5 espacios terapéuticos. Hizo tratamientos pero nada fue efectivo. Por momentos tuvo aciertos pero recaía. Estos espacios en su gran mayoría no están preparados para contener a los pibes y pibas en situación de consumo problemático. No hay apoyo profesional abocado a la recuperación de la salud.”

Flor afirmó que la muerte de Leandro está atravesada no sólo por la violencia estatal que terminó con su vida sino también con las ausencias del Estado a la hora de un abordaje de la salud pública: “Siempre sentimos en ese sentido la desidia, el abandono del Estado. En mi pueblo Charata, ni siquiera existe una guardia de salud mental. En un momento hicimos distintas intervenciones con la familia en términos judiciales para intentar una derivación judicial, una internación involuntaria. Porque cuando recaía muy mal, se negaba. Eso nunca lo pudimos lograr. Porque para la derivación judicial él tenía que estar detenido.”

“El aparato represivo usa el consumo problemático de sustancias para criminalizar. No existen protocolos o los que hay no sirven para asistir a un paciente de salud mental. Todo lo contrario, arremeten contra sus vidas, lo maltratan, lo torturan y los matan. Hacemos el foco en la violencia del Estado, el ensañamiento que tienen contra los pibes, los apremios, las torturas.”, agregó.

“Todos estos últimos cinco años, Leandro sufrió muchas veces persecución y hostigamiento de la policía. Tenía mucho miedo. Donde veía un patrullero se escondía.”, cerró.

Los sueños de Leandro, arrebatados

Leandro intentó muchas veces superar su consumo problemático de sustancias. Meses antes de su asesinato había manifestado a sus hermanas Débora y Luciana, su intención de volver a internarse en un centro.

“Era muy filosófico, amante de la música y del arte. Desde chiquita él me fue acercando a la música del flaco Spinetta, de Charly García. Siempre su herramienta de comunicación era la música. Nos llevaba a recitales, a escuchar bandas. También escribía y dibujaba muy lindo, era muy poético, relataba sobre sus sueños.

Los vecinos y vecinas cuentan que era muy amoroso con todos los y las niñas del barrio. Lo querían mucho. Vivió un tiempo conmigo en Corrientes y después se volvió a vivir a Charata, a nuestro pueblo, con su familia. Tuvo dos hijos. Era un buen padre de familia, amaba a sus hijos y a su compañera.”, así recordó Flor a su hermano.

Organizarse para que un día por fin sea: “Nunca Más”

Ser pobre, trabajador, trabajadora, militante, de un barrio, usar gorrita, tener consumo problemático de sustancias o alguna condición de salud mental es blanco para ser perseguido, hostigado o asesinado por las fuerzas policiales.

La familia de Leandro cuenta con recursos económicos, intelectuales, sociales que les permitió moverse en la causa en búsqueda de la verdad. Pero no siempre es el caso. “Nosotras tuvimos el privilegio y las oportunidades de formarnos en la Universidad, de tener un techo, apoyo afectivo y material para enfrentar esta situación pero muchas familias no y son abandonadas y desoídas. Frente a esos pibes y pibas estamos levantando la voz, porque mi hermano no vuelve pero muchos jóvenes que si están y a ellos y ellas se los debemos. Nos toca esta lucha por los que quedan.”, afirmó Flor.

A raíz del asesinato de Leandro, la familia se organizó por justicia junto a numerosas organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos. También se encontraron con otros familiares de víctimas de violencia estatal. Flor es parte de Pañuelos en Rebeldía y el Equipo acompaña el caso desde el primer momento.

En Charata por primera vez, se marchó un 24 de marzo para repudiar el golpe genocida y decir Nunca Más. “Hicimos la marcha y actividades, una de ellas fue una mesa de denuncia de abusos policiales. En paralelo realizamos diálogos con estas familias, se mencionaron muchos casos de impunidad, causas archivadas, el mismo fiscal que aparece. Pudimos desentrañan el encubrimiento que hay en el pueblo. Fue un hecho histórico para Charata, nunca se había marchado un 24 de marzo. Participaron muchas personas de las barriadas populares. Tocaron amigos de Leo y canciones de Spinetta en homenaje a él. Hubo mucho encuentro, abrazo, cariño, solidaridades de todo el país y de feministas de todo el Abya Ayala, eso fue reconfortante y que eso sea extensivo a otras familias”, destacó Florencia.

«Queremos que sean juzgados todos los responsables, aquellos que por omisión o acción fueron parte del asesinato de mi hermano. El fiscal, el forense, el perito de parte, el comisario y los 12 policías involucrados», concluyó la hermana de Leo.