Ola de despidos injustificados en el Comité para la prevención de la tortura
Desde el 1 de abril el Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco comenzó a despedir a trabajadoras precarizadas de manera intempestiva y sin justificativo. Despidieron a una trabajadora de prensa y a una abogada que se desempeñaba en el equipo técnico del área indígena, y anunciaron que revisarían los contratos de más trabajadores. La medida se tomó luego de una reunión con ATE, el sindicato que nuclea a los trabajadores y trabajadoras del Estado, en la que las autoridades se habían comprometido a detener los despidos y realizar los aumentos de salario correspondientes. Por ANRed
El pasado primero de abril, el Comité de Prevención de la Tortura en la provincia de Chaco sumó dos despidos, a la ola iniciada durante la nueva gestión. Las nuevas autoridades del organismo asumieron sus cargos en julio de 2021 y ya en ese momento decidieron despedir a seis trabajadores y trabajadoras que cumplían sus funciones en el interior de la provincia. Los despidos efectuados en esta oportunidad se realizaron de la misma manera, bajo la modalidad de no renovación de contratos temporarios que en realidad encubren una relación de dependencia, con bajos salarios y condiciones de contratación precarias. En menos de un año despidieron a ocho (8) personas de un total de aproximadamente treinta (30) trabajadores con los que cuenta el Comité.
La trabajadora de prensa despedida declaró que hace pública su situación “movida por la profunda convicción de que hechos tan repudiables no deben repetirse en un organismo de Derechos Humanos, y para recordarles a las y los Miembros del Comité que el trabajo digno es un Derecho Humano, que las Mujeres también tenemos derechos específicos a los que se comprometieron a fortalecer y que deben ser impecables a la hora de hacer cumplir estos derechos hacia el interior del organismo tanto como lo hacen en sus discursos públicos”.
Y agregó: “Me mueve también, en un momento, tan difícil el profundo compromiso que me une a mis compañeros y compañeras que aún trabajan en el Comité, pero que están siendo amenazados también con perder su trabajo, y con los/as seis trabajadores/as que fueron despedidos/as el año pasado”.
Trabajadores y trabajadoras del Comité, organizaciones sociales y personas vinculadas a los Derechos Humanos se encuentran a la expectativa de una revisión de estas decisiones que vulneran el derecho al trabajo.