El ajuste de subsidios perjudica a los trabajadores
En el marco del debate entre Nación y Ciudad por la posible eliminación de los subsidios para más de 30 líneas de colectivos que operan en CABA, el ministerio de Transporte confirmó un aumento de 40% en los subsidios para el transporte público por automotor de pasajeros urbano y suburbano del interior del país, estableciendo una asignación mensual de 3.200 millones de pesos durante el primer trimestre de 2022. Según la Federación Argentina de Transporte de Pasajeros (FATAP), los subsidios que reciben las empresas del AMBA equivalen a poco más de $1.100.000 por cada una de las 18.000 unidades activas, mientras que las 13.000 del interior perciben $450.000 cada una. La satisfacción del reclamo de equiparación planea un incremento de los subsidios para el interior del país superior al 150%. Pero las condiciones impuestas por el FMI se orientan en sentido inverso. La crisis podría llegar a los usuarios, también trabajadores, a través de una suba de las tarifas y la consecuente pérdida del poder adquisitivo del salario. En ese marco, cayó un 40% la cantidad de beneficiarios de la tarifa social en el gas desde 2016. Por Mario Hernández.
La decisión fue oficializada con la resolución 82/2022 de la cartera de Transporte encabezada por Alexis Guerrera, publicada en el Boletín Oficial. El aumento había sido anticipado por el ministro en la reunión de gobernadores del Norte Grande, quienes también avalaron la decisión de Transporte de discutir con el gobierno porteño los eventuales subsidios de las 32 líneas de colectivos con recorrido dentro del territorio de CABA. Los mandatarios provinciales remarcaron que las tarifas de los colectivos en CABA son las más bajas del país ya que reciben más subsidios del Estado nacional que el resto de los distritos.
Luego, retomando un análisis de la Subsecretaría de Política Económica y Financiera de Transporte, se explica que “si bien en los últimos tiempos ha habido una mejora en lo que hace a presentación de información por parte de las jurisdicciones, sigue evidenciándose que hay jurisdicciones y empresas del interior que aún no han cumplimentado los oportunos requerimientos de información”.
En ese sentido, se establece la suscripción de convenios con Transporte como condición para que las provincias y/o municipios puedan acceder a los recursos de este fondo. Por estos convenios las jurisdicciones se comprometen a continuar aportando un monto que mantenga la proporción de 2021.
En 2021, bajo diversas modalidades, se repartieron $ 124.000 millones. Un 78% de ese monto fue percibido por las empresas del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mientras que las compañías del interior recibieron el 22% restante. Los gobiernos provinciales deberían aportar un 66% adicional que muchas veces queda sujeto a sus posibilidades de financiamiento.
Para intentar revertir este escenario, ya a fines del año pasado, las empresas de transporte urbano del interior agrupadas en la Federación Argentina de Transporte de Pasajeros (FATAP) consiguió que la Comisión de Presupuesto del Congreso elevara el monto de los subsidios destinados a las empresas del interior del país desde los $ 28.000 millones de 2021 hasta $ 46.000 millones para este año. Se trataba de una suba del 64% en términos nominales y de poco menos del 10% en términos reales si se tomaran los pronósticos de inflación del Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA.
Sin embargo, la votación negativa de la ley de leyes llevó ese acuerdo a foja cero. Ante el nuevo escenario, y a partir del acuerdo salarial que a fin de año pasado equiparó los haberes de los trabajadores del transporte en todo el país, la FATAP solicitó al gobierno que se habilitaran las cuotas mensuales de $ 4.000 millones producto del acuerdo. La resolución 82/22 dispuso el pago de tres cuotas de $ 3.200 millones para los tres primeros meses del año que a mediados de febrero se encontraban incumplidos. Por lo tanto, las empresas disminuyeron frecuencias durante el fin de semana de Carnaval, alegando que no contaban con los fondos para pagar el servicio.
Además, los empresarios alertaron “si desde Nación no ponen el subsidio, las jurisdicciones tampoco lo hacen. Nos deben $ 6.400 millones y algunas jurisdicciones todavía adeudan saldos de 2021”.
Para comienzos de marzo, la FATAP optó por sostener la medida de lockout que incluía la suspensión sin pago de haberes a los choferes. Se trata de alrededor de 13.000 unidades con una afectación de tres trabajadores cada una, casi 40.000 empleados. Así las cosas, los primeros perjudicados por la diferencia en los subsidios al transporte fueron los trabajadores.
Según FATAP, los subsidios que reciben las empresas del AMBA equivalen a poco más de $ 1.100.000 por cada una de las 18.000 unidades activas, mientras que las 13.000 del interior perciben $ 450.000 cada una. La satisfacción del reclamo de equiparación planea un incremento de los subsidios para el interior del país superior al 150%. Pero las condiciones impuestas por el FMI se orientan en sentido inverso.
La crisis podría llegar a los usuarios, también trabajadores, a través de una suba de las tarifas y la consecuente pérdida del poder adquisitivo del salario.
Santiago Menconi, delegado de la Línea 60: «para mantener los subsidios la Línea 60 utiliza de rehenes a sus trabajadores»
MH: Estuvieron de paro el pasado 24 de febrero.
SM: Estuvimos de paro por el despido de cuatro compañeros, todos activistas sindicales que se iban a presentar en la próxima elección del Cuerpo de Delegados en marzo. Despidos que tienen que ver con la quita de subsidios y una presión que quiere ejercer el Grupo DOTA, un monopolio de más de 100 empresas, para pelear por subsidios utilizando a los trabajadores de rehenes.
MH: Uds. ya venían advirtiendo de esta situación denunciando despidos por goteo.
SM: Comenzaron justo el día después que se anunciaron la quita de subsidios a las empresas de colectivos del AMBA.
MH: ¿Qué implica para la Línea 60 la quita de subsidios? Yo recuerdo que la empresa hacía un manejo al respecto. Las unidades salían a dar una vuelta para cobrarlos.
SM: A pasear los colores, le decimos nosotros.
MH: Y esto tiene directamente que ver con la quita de subsidios a la CABA por parte del gobierno nacional y los trabajadores han quedado como rehenes de la empresa.
SM: Es lo que estamos denunciando.
MH: Aparte hacen otras denuncias.
SM: Efectivamente. En primer lugar sobre los subsidios. El Grupo DOTA tiene más de 100 líneas de colectivos. Solo en la 60 alrededor de 300 colectivos. Y por cada uno, por mes, cobra un subsidio de alrededor de $ 800.000. Y no es el único subsidio que recibe. Tiene subsidiada la empresa que fabrica sus propios colectivos, la compra por ellos mismos, es un engranaje gigantesco de subsidios que nosotros denunciamos que los parasitan porque mientras despiden trabajadores y no tenemos condiciones de salubridad y seguridad, los colectivos están arruinados y los usuarios tienen que esperar un montón de tiempo en las paradas.
Han recortado 17 ramales. Entendemos que se están robando la plata de los subsidios y quieren seguir haciéndolo.
MH: ¿Cómo seguirá el conflicto?
SM: Seguiremos en estado de asamblea permanente y volveremos a otra medida de fuerza que seguramente implique la paralización de los servicios y cortes en puntos neurálgicos como lo hicimos en Puente Pueyrredón junto a otros trabajadores en conflicto y en Acceso Norte.
Cayó un 40% la cantidad de beneficiarios de la tarifa social en el gas desde 2016
La tarifa social apareció en 2016 como una suerte de paliativo que puso el macrismo a la Revisión Tarifaria Integral tanto de la luz como del gas, que derivó en aumentos del orden del 3000 % en las facturas.
En una primera instancia los beneficiarios y beneficiarias eran 1.700.000. Pero entre 2017 y 2018, la cantidad de beneficiarios cayó a 1.500.000. En julio de 2019, el entonces secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, solicitó a la ANSES que si un asalariado cobraba un bono, un adicional por presentismo u horas extras fuera excluido del beneficio. Así, al final del gobierno de Mauricio Macri, solo quedaban 1.100.000 beneficiarios
Durante el primer año del gobierno de Alberto Fernández, la caída continuó y el piso llegó a 1.000.000 de beneficiarios. Entre 2017 y 2020, 700.000 usuarios y usuarias dejaron de acceder a la tarifa social, un 40% del total.
En octubre de 2020, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a cargo de Federico Bernal, anuló los criterios impuestos en 2019. Así, en el último trimestre de 2020 se amortiguó la caída y en 2021 la cantidad de beneficiarios subió un 3%, con lo cual el total quedó en 1.077.882 usuarios.
En porcentajes, en 2017, accedían a la tarifa social el 20% de los usuarios; en 2018, el 17%; en 2019, el 13%; y en 2020 el 12%.
La tarifa social no solamente bajó en cuanto a cantidad de beneficiarios, sino también a capacidad de cobertura sobre el total de la tarifa.
En 2016 era equivalente al 30% de la tarifa plena media residencial, ubicada en $ 396. O sea, el subsidio cubría el 70%. En 2017, representaba el 40% de la tarifa plena, es decir, cubría el 60%. En 2018, el subsidio cubría el 44%. En 2019 solo el 29%. Estos números se mantuvieron hasta junio de 2021, producto del congelamiento que finalizó ese mes.
En la actualidad, la tarifa social representa el 74% de la tarifa plena, ubicada en $ 1.409, es decir el subsidio cubre el 26%. Según Enargas, de no haber mediado el congelamiento, la tarifa por la que en la actualidad se paga $ 1.409, estaría en $ 3.117.
Por el acuerdo con el FMI, el gobierno avanzará en una segmentación de tarifas que pone topes de aumento a diferentes sectores socio-económicos. Así, los aumentos para quienes tienen tarifa social no podrán superar el 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), que en el último año fue equivalente a un aumento del 20% de la tarifa. Pero hay 700.000 familias que quedaron en el camino y deberían recuperarla.