Amnistía denuncia que en Argentina se sancionan «leyes de vanguardia que luego no se implementan»

Así lo remarcó la filial local de Amnistía Internacional, en el marco del informe anual global 2021 de esa ONG sobre la situación de los derechos humanos en 154 países. «Aunque tenían más opciones, los gobiernos escogieron políticas y vías de actuación que aún nos alejaron más de la dignidad y los derechos. En lugar de acabar con las prácticas y estrategias que nos dividen, lanzaron a nuestros países a una competición autodestructiva por la riqueza y los recursos. Y al conflicto», adelantó Agnès Callamard, Secretaria general de la ONG, sobre la situación global. Mientras, en el caso de Argentina y la región, Mariela Belski, directora ejecutiva de la filial local, señaló que «la inestabilidad y las falsas promesas siguen haciendo mella en los derechos humanos». En la misma línea, señaló que en nuestro país «hubo algunos avances como la ley para la interrupción voluntaria del embarazo, etiquetado frontal, el cupo laboral trans y el documento no binario pero, sin embargo, hay deudas pendientes que pareciera no podemos superar. Sancionamos leyes de vanguardia que luego no se implementan», sentenció. Por ANRed.

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Amnistía Internacional difundió su Informe Anual 2021/2022 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, que hace un relevamiento de aquellos países a los que la ONG con sede en Londres hace un seguimiento durante el año, y que «en general, son Estados independientes sujetos a rendición de cuentas por la situación de los derechos humanos en su territorio», según aclara la misma Amnistía.

«Aunque tenían más opciones, los gobiernos escogieron políticas y vías de actuación que aún nos alejaron más de la dignidad y los derechos. Más que reducirse sistemáticamente, las desigualdades sistémicas derivadas de la pandemia se reforzaron aún más. En lugar de ofrecer mayor seguridad a más personas, nos empujaron hacia el abismo de la inseguridad y, en algunos casos, hasta la guerra. En lugar de acabar con las prácticas y estrategias que nos dividen, lanzaron a nuestros países a una competición autodestructiva por la riqueza y los recursos. Y al conflicto. El año 2021 debería haber sido un año de cura y recuperación. En cambio, se convirtió en el vivero de una desigualdad más profunda y una mayor inestabilidad. Y no sólo en 2021 y de cara a 2022; también para lo que quedaba de década», sentencia, a modo de adelanto de conclusiones globales, el prefacio del informe, firmado por Agnès Callamard, Secretaria general de la ONG.

La situación de Argentina y la región: «la inestabilidad y las falsas promesas siguen haciendo mella en los derechos humanos»

En cuanto a la mirada sobre Latinoamérica, el informe detalla cómo, «dos años después de empezada la pandemia, las Américas sigue siendo la región con más muertes causadas por COVID-19, en gran parte debido al acceso limitado y desigual a la atención sanitaria, a sistemas de salud pública con financiación insuficiente, y a políticas y medidas de protección social inadecuadas para las comunidades marginadas».

Asimismo, resalta que «la impunidad por violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional sigue siendo motivo de gran preocupación en más de la mitad de los países de la zona, al mismo tiempo que han aumentado los ataques contra la independencia judicial». Finalmente,

Además, destaca que «estados de todas las Américas llevaron a cabo en 2021 un ataque sostenido contra la defensa de los derechos humanos dirigido contra personas que se manifestaban pacíficamente, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en un intento de silenciar o erradicar la disidencia».

Finalmente, en el capítulo que se refiere a la situación de los derechos humanos en Argentina, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, expresó a modo de conclusión: «el 2021 debería haber sido un año de recuperación. En cambio, dejó un legado de profunda desigualdad. Si bien podemos mencionar esfuerzos como el plan de vacunación para contener el COVID o la continuidad de avances en políticas de género y diversidad, la inestabilidad y las falsas promesas siguen haciendo mella en los derechos humanos tanto de la población de nuestro país como en la de toda la región”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

En la misma línea, amplió: «hubo algunos avances la ley para la interrupción voluntaria del embarazo, etiquetado frontal, el cupo laboral trans, el documento no binario. Sin embargo, hay deudas pendientes que pareciera no podemos superar. Sancionamos leyes de vanguardia que luego no se implementan», sentenció.

A continuación, compartimos las principales conclusiones de Amnistía sobre la situación en Argentina en relación a los derechos sexuales y reproductivos, la violencia contra las mujeres, la paridad de género, la violencia institucional, los pueblos indígenas y la crisis climática:

• «Derechos sexuales y reproductivos: a un año de la aprobación de la ley de interrupción del embarazo, no se logró su efectiva implementación. Entre varias dificultades, se registra la escasez de información, la falta de acceso a medicación, el desarrollo de políticas públicas y la insuficiente capacitación. Además, se observa la injusta criminalización de una profesional.
• Violencia contra las mujeres: en 2021 se registró un femicidio cada 30 horas. La violencia de género en la Argentina es, a esta altura, una crisis endémica que ningún gobierno ha podido resolver.
• Paridad: Se perpetúa la histórica exclusión de las mujeres de los espacios de decisión en los tres poderes del Estado. El 15 de diciembre de 2021 venció el plazo para el envío del pliego al Senado para ocupar el cargo vacante tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco en el máximo tribunal de Justicia de la Nación. La perpetuación de la vacancia actual supone una situación de absoluta gravedad institucional, porque hoy está compuesta íntegramente por varones.
• Educación sexual integral (ESI): a 16 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral persiste una brecha significativa entre el marco normativo y su implementación real. Solo el 4% de estudiantes de nivel secundario afirma haber recibido la totalidad de los contenidos básicos. Por su parte, siete de cada diez docentes sostienen que necesitan más capacitación.
• Violencia Institucional: al finalizar el año quedó pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional por parte de funcionarios policiales en los Servicios de Seguridad y Penitenciarios. En los últimos años, Amnistía Internacional relevó casos en todo el país. Muchos de los que se siguieron registrando a lo largo de 2021 ilustran prácticas abusivas, fuertemente arraigadas y extendidas por parte de las fuerzas de seguridad.
• Pueblos indígenas: Según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hay en el país 1.760 comunidades identificadas por el Programa de Relevamiento Territorial. Pese a la obligación que surge de la Ley de Emergencia Territorial de relevar a todas a 16 años de su sanción solo el 43% concluyeron el proceso.
• Crisis climática: Las intensas olas de calor, sequías e incendios en grandes extensiones de tierras en todo el país volvieron a poner en la agenda la necesidad de tratar en el Parlamento, con la mayor celeridad posible, la Ley de Humedales.»