Disparada de la Canasta Básica, inflación imparable y aumentos en marzo
Tras deslizar horas antes los índices de inflación del mes pasado respecto a enero y semanas previas a que el Gobierno diera el visto bueno a las subas en electricidad, gas, prepagas y alquileres, según el Indec, el costo de la denominada Canasta Básica Alimentaria (CBA) trepó 9%, lo cual implica que, para obtener la cantidad mínima de alimentos estipulada por el organismo, en febrero, un grupo familiar compuesto por cuatro personas (dos adultos y dos menores) necesitó contar con ingresos por $ 37.413. En doce meses –es decir, de febrero de 2021 a febrero de 2022-, la suba fue del 52,2%. La CBA, entre otras cosas, indica cual es el monto mínimo para no ser indigente. Por Máximo Paz, para ANRed.
En cuanto a la medición de la Canasta Básica Total (alimentos más insumos básicos para la reproducción de la vida y que, desde tal estipulación, pauta el límite para no ser pobre), el incremento trepó un 6,6% sobre el mes pasado. Por ello, el grupo familiar tipo requirió percibir ingresos por $ 83.807 para no caer debajo de la línea de la pobreza. Por su parte, la variación interanual de esta medición fue del 44,5%.
A nivel bimestral – es decir, la suma de las subas de enero y febrero en conjunto- la Canasta Básica Alimentaria registró un aumento de 13,5%. Por su parte, para el mismo período, la suba de la Canasta Básica fue del 10,1%.
Asimismo, para un grupo familiar compuesto por cinco integrantes, el límite para no caer en la indigencia fue de $ 39.351 y, a su vez, $ 88.147 para que el núcleo parental estudiado no se deslice hacia el umbral de la pobreza en febrero.
Horas antes del anuncio de los incrementos de las canastas de febrero, otro baño de realidad quedó plasmado a partir de los datos del mismo organismo, al informar que la inflación aumentó en el mes dos de 2022 un 4,7% y, con ello, se ubicó por encima del 3,9% de enero.
La descripción se agrava al considerar que dentro de ese promedio general, el apartado Alimentos, el más sensible a la hora de mirar a la pobreza, escaló el promedio mensual general y se situó en 7,5%, registrando así el alza más pronunciada en el marco inflacionario que, sin descanso, se encuentra en plena actividad especulativa y, con ello, anota un valor récord.
Verduras, legumbres y frutas fueron los productos que más impacto sufrieron en cuanto a sus valores. Por caso, la lechuga se disparó en un 72,7%. Tomates (40,8%), cebollas (30,8%) y papas (16,3%) le siguieron de atrás.
Respecto a las frutas, el limón, por kilo, sufrió un alza de 27%, la naranja, 19,8% y el kilo de manzana, una suba del 10,9%.
Los huevos, la leche en polvo y el pan también aportaron lo suyo: 22,5%, 15,9% y 7,6%, respectivamente.
Los cortes de carne también tuvieron que vérselas con el incremento en sus precios en el mes de febrero: la picada común tuvo un pique hacia arriba del 11,7%, la paleta un 7,8%, seguida por la nalga, que registró un alza de 7,7% y por el cuadril, con un incremento de 6,6%. En tanto, el asado subió un 2,8%, mientras que el pollo aumentó 4,8% y el filet de merluza tuvo una suba de 8,3%.
El transporte fue otro rubro con aumentos por encima del promedio (4,9%). Por debajo, la lista siguió: Equipamiento del hogar (4,4%), Bienes y servicios varios, a la vez que Restaurantes y hoteles (4,3% cada uno), Salud (3,6%), Prendas de vestir y calzado (3,4%), Vivienda, agua, electricidad y gas (2,8%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,7%), Educación (2,6%), Recreación y cultura (2,3%) y comunicación (1,5 por ciento).
Con el dato de febrero, en el primer bimestre la inflación acumuló 8,8%, cuando en los primeros dos meses del año pasado había sumado 7,8%. Esto deja la meta de hasta el 48% en 2022 del acuerdo con el FMI demasiada complicada. Sin olvidar que la marca interanual de febrero fue del 52,3%.
Dejando atrás el primer bimestre y sus agudos datos preocupantes, el mes de marzo corriente se encuentra en plena arremetida a partir de diversos aumentos que abrazan rubros cruciales como los servicios públicos y cuyo impacto en los bolsillos ahondarán aún más lo propinado sobre comienzos de 2021.
Las subas en los costos de electricidad, gas y prepagas, mientras que los incrementos de los alquileres para aquellos que se encuentran sometidos con la actualización anual de acuerdo con la polémica Ley de alquileres, serán los escoltas en las alzas en los precios de consumo básico, como los alimentos.
En el caso de la energía eléctrica, el Gobierno proyectó medidas específicas, cuyo estacazo puntualiza un 22% arriba si se promedia sobre el total de los usuarios del AMBA (Edenor y Edesur) y una crecida del 18% en la factura final para el promedio nacional. Ante esto, el Gobierno prevé aplicar una segmentación tarifaria sobre el corriente año por la cual los usuarios de aquellos sectores económicos más altos pasarán a pagar la tarifa completa sin subsidios aunque, de todos modos, sectores medios y bajos de la clase trabajadora se verán afectados en tanto se aprecien los múltiples frentes de ataque inflacionario.
Sobre la cuestión del gas, con fecha anterior a que aflore el “conflicto” suscitado entre Rusia y Ucrania y las consecuencias a nivel mundial para el precio de tal combustible, el Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) había aprobado los correspondientes cuadros tarifarios y que ya entraron en vigencia a comienzo del mes. El golpe promedio sobre la factura es del 20% para las y los usuarios residenciales del servicio de gas por redes en todo el territorio.
Resolución mediante, el ejecutivo dio el visto bueno a la patronal dueña del negocio de la llamada medicina prepaga a aplicar una suba en su servicio a través de dos aumentos: 6% en marzo y 6% en abril próximo, esto a pesar de que las cuotas de las prepagas ya habían tenido un incremento del 9% en enero de este año.
Ahora, en marzo, para los inquilinos de casas y departamentos que tengan que costear el plus anual previsto sujeto a la polémica Ley de Alquileres, tendrán que abonar una suba nada menor: el 52%. Es que el apartado específico para el caso, la actualización de los contratos deberán hacerse utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales (RIPTE), que es elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina. En el último mes, este aumento fue del 52,7 % anual.