Chubut: comenzó el juicio a docentes por protestar en 2018
A partir de este martes 15 en la provincia sureña se dio el puntapié inicial al juicio por «entorpecer» la actividad de un yacimiento petrolero en Cerro Dragón, Comodoro Rivadavia, y que fuera reprimida por la policía local en 2018. Daniel Murphy, el actual secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH) – el mayor sindicato docente de la provincia de Chubut – y el secretario gremial del mismo, Carlos Magno, son los denunciados en el proceso judicial. El motivo de la imputación fue por reclamar contra el ajuste promovido por el entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el gobernador Mariano Arcioni. La causa está a cargo del juez federal de Esquel Guido Otranto. Los investigados están acusados de violar el artículo 194 del código penal, cuya condena abarca de tres meses a dos años. Aunque la audiencia inicial fue prevista de manera virtual, una concentración concurrida por diferentes sectores sociales se llevó a cabo en las puertas del juzgado. «Estos hechos no pueden verse desde un punto de vista judicial penal porque está claro que la única intención del Estado es disciplinar», sentenció Silvia De Los Santos, defensora de Murphy. Por Máximo Paz, para ANRed.
«En la actualidad, para que el sueldo de bolsillo del docente recupere el poder adquisitivo del año 2019, que fue el mejor de los últimos años, debería incrementarse a por lo menos 70.000 pesos por cargo y de esa manera volvería a cubrir el 82% de una canasta familiar. Luego quedaría pendiente el mecanismo de actualización y recomposición salarial para lo que resta del 2022, donde la inflación oficial se anuncia que rondaría el 40% y las consultoras privadas la proyectan por encima del 50%», expresa un artículo reciente de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH) a propósito de las discusiones paritarias que se vienen dando entre el gobierno de Mariano Arcioni y las y los docentes chubutenses.
En ese marco, donde hay mucha tela para cortar entre un cuerpo de educadores y educadoras retrasadas en sus haberes y una provincia quebrada, se dio inicio ayer, martes 15, el juicio contra Daniel Murphy y Carlos Magno, ambos dirigentes de la ATECh, quienes junto a otras dos personas se encuentran inculpadas de obstaculizar las operaciones petroleras en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
La acción ocurrió en 2018, cuando dirigieron una caravana y protagonizaron un acto en las adyacencias de la empresa Pan American Energy (PAE), locación donde se encuentra el mayor yacimiento de crudo del país, con el objetivo de reclamar contra los recortes presupuestarios promovidos por el entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el gobernador, Mariano Arcioni. Aquél plan de lucha se dilató por 70 días y, ante la denuncia de la empresa, la Justicia Federal lo concibió como un delito.
Además de ayer, las jornadas legales tendrán lugar hoy miércoles y mañana jueves, también de forma virtual. La investigación deberá determinar si los acusados incurrieron en la violación del artículo 194 del Código Penal, el cual estipula que «el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años».
Ante el suceso, el gremio Atech convocó a las distintas organizaciones sociales, sindicales, políticas y, a su vez, a la comunidad en general, a una concentración en las puertas del Juzgado Federal para repudiar el hecho.
«Este martes 15 de febrero del 2022 inicia el juicio oral y público contra Daniel Murphy (secretario general) y Carlos Magno (secretario gremial), en otra de las causas de persecución a los trabajadores que luchan hace tres años contra la política de ajuste del gobierno de Mariano Arcioni», lanzó el comunicado.
«En este caso, el juicio que llevará adelante el Juez Federal Otranto de Esquel se debe a las manifestaciones del día 19 de abril del año 2018 y la caravana a Cerro Dragón – señalando el saqueo que sufre esta provincia- el día 23 de mayo del 2018. La misma fue resuelta por la Mesa de Unidad Sindical (MUS), luchando contra el pago escalonado y el ajuste», también expresó.
«Convocamos a todas las organizaciones sociales, sindicales, políticas y a la comunidad en general a repudiar la criminalización a la protesta. Los esperamos el día martes 15 a partir de las 10 horas frente al Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia», concluyó el comunicado convocante.
Fue así que en plena mañana, se encontraron distintos actores sociales en las afueras del juzgado federal, ubicado en la calle 2 de abril de la ciudad, manifestando su repudio en el accionar de la Justicia para ratificar, a partir de la movilización, que nadie debería ser enjuiciado por luchar por sus derechos.
“Es la primera vez que se eleva a juicio dos causas acumuladas por criminalización de la protesta en donde se acusa a Carlos y Daniel por cometer delitos, cuando en realidad se estaban manifestando”, cuestionó Silvia De Los Santos, abogada de Daniel Murphy, en declaraciones efectuadas al medio local LaCienPuntoUno.
“En el 2018 comienzan los pagos escalonados a personal estatal. Llegaron a deber cuatro meses de salario. Entonces las manifestaciones empezaron en febrero del 2018 y continuaron prácticamente todos los días. Nosotros hemos manifestado que estos hechos no pueden abstraerse del contexto, porque justamente es la provincia de Chubut que deja de cumplir con sus obligaciones en violación de los derechos humanos«, sentenció la letrada.
A su vez, sobre la determinación de que el juicio se efectúe bajo la modalidad virtual, De Los Santos formuló en una entrevista al programa Tarde Para Miles que “lo llamativo es que se argumenta que es virtual por la pandemia, pero en todos los lugares hay aforo del 100%. Un juicio oral que debe ser público se hace en forma virtual pese a que todas las instancias del Poder Judicial ya están trabajando en forma presencial.”
“Estos hechos no pueden verse desde un punto de vista judicial penal porque está claro que la única intención del Estado es disciplinar«, concluyó la letrada.
Con al menos 7.600 afiliados, Atech se trata del sindicato educativo más significativo e importante en Chubut. Entre permanentes y temporarios, la provincia cuenta con 18 mil trabajadores y trabajadoras de la educación. El 41% de las y los docentes se encuentran afiliados a dicha asociación sindical.
Los mismos acontecimientos que derivaron en los procesamientos, fueron los que permitieron que los ahora imputados Daniel Murphy y Carlos Magno, a través de la Lista Lila, le ganaran la dirección a la desgastada agrupación Celeste, alineada con Roberto Baradel de SUTEBA y Hugo Yasky de la CTA y con el Frente de Todos, aunque también, en su momento, la nueva dirección apoyó la candidatura presidencial de Alberto Fernández y, en consecuencia, el sostenimiento del gobernador Mariano Arcioni.