Ataques a la marcha contra el FMI en Córdoba: vuelve la teoría del «enfrentamiento entre los manifestantes»
El fiscal Raúl Garzón, encargado de «supervisar el cumplimiento de las normas en las protestas sociales» según el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, de buena relación con el poder político y que aspira a la fiscalía general, declaró que todo apunta a que se trató de un «enfrentamiento entre los manifestantes».
Tras las denuncias que organizaciones sociales y políticas hicieron de los ataques coordinados y organizados que sufrieron por parte de grupos de encapuchados en la masiva marcha en la Ciudad de Córdoba contra el acuerdo con el FMI, el fiscal Raúl Garzón expresó que todo apunta a «una cuestión que se desarrolla por enfrentamiento entre los manifestantes». Ante esta situación, diversas agrupaciones anunciaron que recusarán este viernes a las 11 al fiscal en los Tribunales II bajo el patrocinio de Soledad Díaz García, dirigente del Partido Obrero y abogada, por realizar un «planteo anticipado, prematuro y tendencioso». Las declaraciones recuerdan a los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán durante la represión policial del 26 de junio de 2002, donde el discurso oficial del entonces gobierno de Eduardo Duhalde fue que se «habían matado entre ellos» en un «enfrentamiento entre piqueteros», y se dan en un marco donde personajes como Ramiro Marra y Javier Milei alientan la represión y prohibición del derecho a la protesta social, y varios medios de comunicación masivos estigmatizan diariamente las marchas y piquetes. Por ANRed.
Tras las denuncias que realizaron este jueves 10 diversas organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos en una conferencia de prensa que realizaron en el Obelisco porteño – que luego continuó con una movilización a la sede de la Casa de Córdoba – el fiscal Raúl Garzón, encargado de «supervisar el cumplimiento de las normas en las protestas sociales» según el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, de buena relación con el poder político y que aspira a la fiscalía general, concluyó que lo ocurrido fue culpa de las propias organizaciones.
«Los registros fílmicos muestran corridas en distintos lugares como la Catedral, la Lotería y las inmediaciones del Arzobispado. En las cámaras se establece que estos grupos, por algún motivo que se intenta precisar, se lanzan a correr. No se logra observar ningún tipo de elemento utilizado, ni disparos efectuados. No se pudieron constatar heridas ni utilización de ningún elemento agresivo. También se observa que el personal policial no interviene», declaró el fiscal Garzón en una entrevista Radio Mitre Córdoba, por lo cual consideró que todo apunta a «una cuestión que se desarrolla por enfrentamiento entre los manifestantes», expresó, sin presentar ninguna prueba pericial, documental ni testimonial que indique esa hipótesis.
Ante esta situación, diversas agrupaciones de izquierda anunciaron que recusarán este viernes a las 11 al fiscal en los Tribunales II bajo el patrocinio de Soledad Díaz García, dirigente del Partido Obrero y abogada, por realizar un «planteo anticipado, prematuro y tendencioso» sobre los hechos, «sin pruebas» y sin tener la versión de las organizaciones sociales y políticas que encabezaron las diferentes columnas de manifestantes. Además, argumentaron que en «una marcha de 20 mil personas es imposible saber qué paso» sin una investigación a fondo.
Las declaraciones del fiscal recuerdan a los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán durante la represión policial del 26 de junio de 2002, donde el discurso oficial del entonces gobierno de Eduardo Duhalde fue que se «habían matado entre ellos» en un «enfrentamiento entre piqueteros», cuando en realidad había sido la Policía Bonaerense quien disparó, bajo la responsabilidad política de Aníbal Fernández, actual Ministro de Seguridad de la Nación.
Estas declaraciones se dan en un marco donde los llamados «libertarios» Ramiro Marra y Javier Milei vienen alentado la represión y la prohibición del derecho a la movilización y la protesta social. El legislador porteño Marra, anunció que había presentado un proyecto de ley para prohibir los piquetes en la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, su jefe político, el economista neoliberal Javier Milei, se refirió a la propuesta de Marra, asegurando que «tiene una dimensión local» y que «a nivel nacional es una cuestión que tendría que encarar el Ejecutivo como un problema de inseguridad directamente.
A esta campaña reaccionaria también se suman las coberturas estigmatizantes de los grandes medios de comunicación, que demonizan a diario piquetes y movilizaciones.