Garro, la “Gestapo” y la persecución de militantes en La Plata

“Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría», dijo el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas. Al lado de él y acompañando los dichos se encuentra el intendente de La Plata, Julio Garro. Todo ocurría en tiempos de María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. El escándalo producto de la filtración de dicho video puso al descubierto algo que se sabía pero sobre lo que no había pruebas concretas; la existencia de una mesa judicial/política para perseguir opositores. Por ANRed

En el caso platense, Garro fue un furibundo perseguidor de aquellas organizaciones, sindicales o sociales, que no se subsimieran a sus directivas. En principio pudo disimularlo como un acto de transparencia de gestión al enfrentarse a dirigentes como Juan Pablo “pata” Medina (UOCRA) o Marcelo Balcedo (SOEME), deslegitimados socialmente por ser parte de una burocracia empresarial que desde hacía décadas desarrollaba todo tipo de negociados a costa de las y los trabajadores que decían representar. Lo cierto es que el marco de acción del jefe comunal era mucho mayor y trascendía a los pesos gordos del sindicalismo platense. Pasado un año de gestión y más consolidado en la estructura municipal, la estrategia del PRO en la capital provincial se inició con la judicialización de prácticamente toda la dirigencia de los movimientos sociales de la ciudad, a quienes denunciará de “intimidación pública” por movilizarse en las calles de la ciudad y hasta de “coacción”.

Otro segmento del video. Acá El ex ministro de trabajo plantea que le gustaría “tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios” pic.twitter.com/Bu5rzdKhkB

— Rosario Ayerdi (@rosarioa) December 27, 2021

Cuando representantes de las organizaciones ingresaban a las negociaciones estipuladas por el gobierno local se les pedía nombre y apellido, acto seguido esa nómina se plasmaba en una denuncia judicial contra las organizaciones. Las denuncias tomaban por sorpresa a los movimientos que tras las instancias de negociación se enteraban al otro día que habían sido acusados judicialmente por los mismos funcionarios que los habían recibidos.

La motivación del accionar gubernamental era claramente política, ya que las organizaciones se encontraban en la calle reclamando mejores condiciones salariales y de trabajo de las cooperativas que desarrollaban tareas para la comuna y que no eran manejadas ni por los delegados de las localidades ni por punteros municipales. Aquella disputa de carácter territorial y laboral buscará ser zanjada – por parte de Garro – a través de varios expedientes judiciales.

Durante 2016/2017 cuando se desarrolló el conflicto de la línea de colectivos “Este” Garro se alió a la burocracia sindical de la UTA y acompañó, judicial y públicamente, la denuncia contra los trabajadores que se encontraban de paro y movilizándose en la ciudad. Un grupo de choferes luchaba por el reconocimiento gremial de sus delegados y por mejoras en las condiciones de trabajo. El conflicto terminó con la detención de cuatro de los referentes de aquellas protestas que tras estar en la cárcel un tiempo se les dio la prisión domiciliaria. Tanto en las causas contra las organizaciones sociales como contra los choferes, el intendente platense tendrá una aliada judicial que será la fiscal Virginia Bravo a cargo de la UFI 7.

Cada causa que caía en sus manos tomaba vuelo inmediato sin la necesidad de pruebas que lo ameriten, pidiendo su elevación a juicio de manera casi exprés. Por lo general, las carátulas serán por “coacción” o “coacción agravada”, esta última no excarcelable. En la ruleta judicial, muchos de los expedientes judiciales eran desestimados por “flojos”, mientras que otros casos, con jueces adictos, se les daba curso y se avanzaba como ocurrió con los choferes. A estos casos se les podrá sumar aquellos en los que acompañó a Vidal, como su pedido de terminar con las “mafias” del Astillero Río Santiago en medio de las movilizaciones que los y las trabajadoras realizaban contra el cierre del establecimiento productivo.

Un hombre propio en la Justicia

Casi en el cierre de la gestión vidalista, Garro logró ubicar a un alfil propio en la Justicia. Fernando Padován, quien formó parte de su gestión tanto en el área de seguridad como de Legales, fue el alfil elegido para ocupar otro lado del mostrador. Antes de terminarse la experiencia macrista en la provincia de Buenos Aires, la Legislatura lo nombró, en mayo de 2019, a cargo de Unidad Funcional de Instrucción 12 de La Plata, especializada en delitos culposos. Su designación realizada mientras era funcionario municipal buscaba cubrirle la espalda a la gestión PRO y a Garro en particular. Para muestras basta un botón. En abril de 2021, un camión municipal perteneciente a la delegación de El Peligro colisionó en la ruta 2, donde terminó falleciendo su chofer. El choque generó otros heridos y dejó expuesto al municipio en términos de precarización. Es decir, la mayoría pertenecía a cooperativas, eran trasladados en la caja del camión, no contaban con ART, y muchos no tenían que estar trabajando por estar en situación de riesgo al COVID-19 (uno de los heridos graves tenía 64 años). La Justicia excusó de responsabilidad alguna al municipio, quien obligaba a lxs trabajadorxs a movilizarse en la caja de camiones que no estaban en condiciones ¿Dónde se tramitó la causa? En la UFI 12 a cargo de Padován.