Tucumán: «el parto de una niña de 10 años es reflejo de un Estado ausente»
Nuevamente en Tucumán se vulneran los derechos de las infancias. Una niña de diez años víctima de abuso sexual y de una sucesión de abandonos y violencias, concurrió al Instituto de Maternidad de San Miguel de Tucumán, dónde debido a que el embarazo estaba avanzado (siete meses) se practicó una cesárea .»El parto de una niña de 10 años es reflejo de un Estado ausente. ¿Cuántos organismos estatales miraron para otro lado, para no advertir un embarazo de una niña de 10 años?» se preguntaron desde Anmistía Internacional. «Exigimos que el Ministerio de Seguridad y la justicia actúen con la celeridad necesaria para encontrar y juzgar al abusador de la niña y que el Poder Ejecutivo se haga responsable del bienestar de la nena, cubriendo todas sus necesidades y garantizando su recuperación luego de este hecho traumático» expresaron desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Regional Tucumán, quienes además solicitaron se deje de exponer a la menor en los medios de comunicación revictimizándola al trascender datos delicados sobre la causa. Por ANRed
Una niña de 10 años víctima de abuso sexual cursó un embarazo forzado y debido al estado avanzado del mismo (27 semanas), los profesionales debieron realizar una cesárea. El embarazo fue advertido por una vecina de nombre Isolina, que estaba a cargo de la crianza de la menor quien además realizó la denuncia en la Comisaría de Lastenia.
El abusador según el relato de la menor, es Carlos Alberto Merlos de 54 años pareja de Isolina, quien hoy se encuentra prófugo.
Isolina notó que la nena había engordado e hizo un test de embarazo, para confirmar su sospecha. Sin embargo, Carmen la madre biológica de la nena afirmó al medio La Nota, de Tucumán, “todo el barrio sabía que la chiquita estaba embarazada, pero ella (Isolina) decía que era gordura. Cuando supuestamente se entera de que estaba embarazada, no me cuenta a mí. Para mi ella sabe hace meses”.
Inmediatamente se conoció la denuncia se conformó un equipo multidisciplinario para la aplicación del Protocolo de Interrupción Legal del embarazo (ILE) el cual contempla las interrupción en casos de violaciones. Sin embargo, debido a que la gestación estaba avanzada se practicó una cesárea.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Regional Tucumán expresaron mediante un comunicado las responsabilidades del Estado en la protencción de las infancias y solicitaron que no se exponga a privacidad de la menor.
«Con este nuevo caso de abuso sexual y embarazo infantil, se pone de manifiesto una vez más la urgencia de implementar Educación Sexual Integral en todas las escuelas del territorio provincial. La ESI tiene un rol esencial en la detección de los casos de abuso sexual en las infancias y adolescencias.También se destaca la importancia que tiene el acceso a las interrupciones legales del embarazo sin dilaciones una vez que se confirma un embarazo, ya que las vidas de nuestras niñas dependen del pronto acceso a este derecho. No podemos dejar de mencionar el rol del Estado en estos casos: es el Estado el responsable de asignar presupuestos a los organismos competentes y de diseñar políticas públicas que tiendan a la prevención del abuso sexual infantil y del embarazo infantil forzado, como así también de la protección de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo cuando se trata de quienes dependen exclusivamente de la salud pública para ver garantizados sus derechos humanos fundamentales».
Agregaron «exigimos que el Ministerio de Seguridad y la justicia actúen con la celeridad necesaria para encontrar y juzgar al abusador de la niña y que el Poder Ejecutivo se haga responsable del bienestar de la nena, cubriendo todas sus necesidades y garantizando su recuperación luego de este hecho traumático».
Desde la organización internacional de derechos humanos Anmistía expresaron en sus redes sociales que «el parto de una niña de 10 años es reflejo de un Estado ausente. ¿Cuántos organismos estatales miraron para otro lado, para no advertir un embarazo de una niña de 10 años?» se preguntaron.
Según datos proporcionados por ésta misma organización en 2019, en la provincia de Tucumán hubo 70 nacimientos de niñas menores de 15 años. La mayoría son consecuencia de situaciones de abuso y coerción que terminan en embarazos infantiles forzados.
«Hace años reclamamos que se garantice la detección temprana del embarazo infantil forzado, el acceso a servicios de aborto seguro y de atención post-aborto; y que en el proceso las opiniones de las niñas siempre se escuchen y se tengan debidamente en cuenta. El interés superior de todas las niñas debe ser la prioridad del Estado» manifiestó Anmistía.