Rafael Nahuel: 4 años de impunidad y persecución a un testigo clave
Al traer a la memoria las sensaciones de aquel 25 de noviembre de 2017, parece que fuera hoy mismo. La noticia de otro peñi (hermano) muerto, la movilización, la bronca, la resistencia. Nos toca recordar otro año del asesinato de Rafael Nahuel en medio de la conmoción por un nuevo fusilamiento, hace sólo 4 días, que se llevó la vida de Elías Garay e hirió a Gonzalo Cabrera. Por Corresponsal popular para ANRed
Nuevamente el pueblo mapuche pone los muertos cuando la violencia se coloca al servicio de defender la propiedad privada de la tierra. Y sea o no el Estado el que aprieta el gatillo, la impunidad parece garantizada.
En el caso de Rafael Nahuel el mecanismo actúa con total fluidez: un asesinato cometido por el grupo Albatros de Prefectura Nacional, en un territorio recuperado al Parques Nacionales, y cuyo testigo clave es perseguido por la Justicia.
Se trata de Lautaro González Curruhuinca, uno de los jóvenes que bajaron el cuerpo de Rafa durante esa jornada de represión, y cuyo testimonio no forma parte de la investigación. Lejos de eso, mientras la causa da vueltas entre pericias contradictorias sobre cuál fue el prefecto que hizo el disparo letal, Lautaro se encuentra procesado por delitos de usurpación y atentado a la autoridad.
En un hecho donde nunca se comprobó la presencia de otras armas que no fueran las de los Albatros, la Justicia sigue sosteniendo la teoría del enfrentamiento. La causa avanzó poco y en direcciones erráticas, sin detenidos, buscando sin buscar, y sin siquiera la opción de incorporar la voz de un testigo clave. Por el contrario, a Lautaro se lo obliga a la clandestinidad. Mucho menos queda lugar para avanzar sobre las responsabilidades políticas del gabinete de Seguridad encabezado entonces por Patricia Bullrich.
Así de sólida es la impunidad que hace posible cualquier uso de la violencia en defensa de la propiedad privada. Muestra de eso, nuevamente, fue la opacidad del comunicado oficial de la lof Quemquemtrew: «En el marco de un hecho delictivo ocurrido en Cuesta del Ternero, el Gobierno de Río Negro informa que desde la Policía de Río Negro no se dieron órdenes de actuaciones, ni se llevó a cabo ningún tipo operativo o intervención que tenga que ver con dicha situación».
Siquiera nombran el “hecho delictivo”, que tuvo lugar en un área custodiada y a la se impidió el ingreso de alimentos, abrigos o cualquier ayuda durante más de 50 días.
El gobierno nacional busca hacer equilibrio esquivando el costo político de un desalojo violento, pero sin poder correrse del todo frente a los reclamos políticos provinciales y locales que piden una intervención urgente.
Pero por más que el planteo de diálogo pueda tener algún cauce, el papel del Estado como garante de impunidad continúa igual de vigente que siempre.
Si la polarización se acentúa, cada vez queda menos margen para un papel conciliador de las instituciones. En estos cuatro años, el “conflicto mapuche” empezó a ocupar las pantallas con cada vez más frecuencia. Los medios financiados por el poder avivan el prejuicio racista de la opinión pública y amplifican las expresiones de una derecha envalentonada que levanta consignas nacionalistas con una retórica del siglo XIX.
Por otro lado, avanzan y se consolidan las recuperaciones territoriales protagonizadas por una nueva generación de mapuches que se levantan en todo Wallmapu.
A cuatro años del crimen de Rafa, la clandestinidad obligada de Lautaro González Curruhuinca, testigo perseguido como usurpador, es la muestra de una impunidad activa.
Hoy, en las tierras arrebatadas a Lucinda Quintupuray, es la rebeldía de sus hijxs y nietxs la que pone sobre la mesa la posibilidad de un final más justo.
Fusilamiento de Rafael Nahuel
El 25 de noviembre de 2017 Rafael Nahuel, integrante de 22 años de edad de la comunidad Lafken Winkul Mapu era asesinado en Río Negro, como consecuencia de un disparo por la espalda realizado por un integrante del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Rafael Nahuel hacía changas para aportar a la casa. En el Semillero del Colectivo Al Margen aprendía el oficio de carpintería. Las distintas intervenciones de las fuerzas federales comenzaron el 23 de noviembre cuando efectivos ingresaron a las tierras que habían sido recuperadas dos meses antes por integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, cerca del lago Mascardi, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Con orden del juez federal Gustavo Villanueva, efectivos de la Policía Federal y de Prefectura detuvieron a varias personas mapuches, entre elles mujeres y niñes que estuvieron precintades durante varias horas. Algunas pudieron escapar hacia las montañas.
En el contexto de estas persecuciones, el 25 de noviembre efectivos del grupo Albatros de la Prefectura dispararon con balas de plomo contra un grupo que se encontraba refugiado: mataron Rafael Nahuel e hirieron a otras cuatro personas.
Ese mismo día en la ciudad bonaerense de 25 de mayo se realizaba el velatorio de Santiago Maldonado, el joven encontrado muerto en el río Chubut 78 días después de haber desaparecido tras un operativo represivo de Gendarmería contra la comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen, en la provincia de Chubut.
Ante el fusilamiento de Rafael Nahuel, desde un comienzo el gobierno nacional optó por hacer propia la versión de Prefectura: intentaron instalar que los agentes fueron atacados por un grupo armado. Alimentaron la teoría de un supuesto enfrentamiento. A su vez, la reacción oficial, similar a lo sucedido con Santiago Maldonado, fue anunciar que se abriría un sumario interno sobre los integrantes de Prefectura y no separarían de su puesto a ninguno de los involucrados. Fausto Jones Huala, hermano del líder mapuche Facundo Jones Huala, y Lautaro Alejandro González fueron quienes bajaron al joven moribundo hasta la base de la montaña. Los dos quedaron inmediatamente detenidos tras auxiliar al chico. Los prefectos quisieron incriminarlos, pero las pericias que les hicieron demostraron que ellos no tenían rastros de pólvora en las manos. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) e integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu aseguraron, desde un comienzo, que los mapuches no estaban armados, que respondieron con piedras y que los prefectos “los corrieron a tiros”.
Tras el asesinato de Rafael Nahuel se hicieron marchas en Bariloche para exigir justicia. Aunque también hubo movilizaciones en apoyo a la Prefectura. El CELS presentó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad de la Nación para que explicara e hiciera públicos los motivos por los cuales había involucrado a este grupo Albatros, de rasgos militarizados, para intervenir en un conflicto social.El asesinato y su investigación se dieron en el medio de un contexto de estigmatización y persecución del pueblo mapuche. En febrero de 2018 integrantes del Centro Atómico Bariloche tuvieron que salir a desmentir rumores sobre las pericias: el diario Clarín llegó a publicar que habían encontrado restos de pólvora en las manos del chico asesinado.
En enero de 2019 el juez federal, Leónidas Moldes, procesó a cinco integrantes del grupo Albatros: Juan Obregón, Sergio García, Sergio Cavia, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos. Moldes los acusó del delito de «homicidio agravado en legítima defensa». Replicó, así, la versión de los prefectos y del gobierno nacional a pesar de que no había indicios de que los mapuches tuvieran armas. También procesó a los muchachos que trasladaron el cuerpo. Los acusó de usurpación y atentado a la autoridad. Más tarde, la Cámara de Roca procesó a Pintos por “homicidio agravado”. Desde el comienzo de la investigación él fue señalado como el autor material del crimen. La Cámara también le dictó prisión preventiva y otorgó la falta de mérito a los demás prefectos. Sin embargo, Pintos terminó en libertad tras la aparición del peritaje de Gendarmería a su favor. En febrero de 2020, la Cámara Federal de Apelaciones de Roca determinó la falta de mérito del prefecto para Pintos. Los camaristas argumentaron su decisión al señalar que había «dos pericias absolutamente contradictorias entre sí».