29/10/2021

A un año de Guernica, la última oleada de tomas de tierra

Foto: Germán Romeo Pena (ANRed).

Hace un año, un 29 de octubre a las 5:30 de la madrugada, unos 4500 efectivos comenzaban el desalojo en los cuatro barrios que se habían organizado en la toma de Guernica, al sur del conurbano bonaerense. Los medios de comunicación hegemónicos transmitieron en cadena nacional cómo las topadoras arrancaban las casillas y culminaba el conflicto que durante tres meses había estado en el centro de la escena política nacional. Quizás el hecho político más relevante, Guernica fue la expresión de una nueva oleada de tomas de tierras empujada por la crisis económica agudizada por la pandemia. Se calcula que hubo más de 2 mil intentos de ocupaciones en el período abierto desde el inicio del 2020. Hoy las tomas y desalojos continúan en todo el país y la única repuesta estatal sigue siendo la represión y el desalojo. Las familias de Guernica, en tanto, aún esperan que el gobierno de Axel Kicillof y su ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés «Cuervo» Larroque, cumplan con su compromiso de entregarles lotes con servicios. Se lo recuerdan este viernes 29 con un corte en el Puente Pueyrredón. Por ANRed.


El 20 de marzo del 2020 el gobierno de Alberto Fernández decretaba las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) para contener la pandemia del Covid-19. Las consecuencias restrictivas agravaron aún más la situación económica. Sectores de la clase trabajadora más golpeada sufrieron reducciones salariales o fueron perdiendo el trabajo. Trabajadoras de limpieza, obreros de la construcción, trabajadores del comercio y gastronómicos fueron algunos ejemplos de los más afectados, pero también hubo un fuerte impacto en el sector informal por la paralización de “las changas”, para algunas familias el único sustento.

Los testimonios entre las y los “ocupas” se reiteraban en que “es imposible pagar el alquiler”, que hace un año oscilaba entre 8 y 10 mil pesos la tarifa mensual, para vivir en la habitación de un barrio popular en las principales ciudades. Algunas medidas tibias desde el ejecutivo apenas lograban contener el empobrecimiento generalizado (como el IFE y la AUH extraordinaria). Según el INDEC, el primer semestre de 2020 arrojaba un aumento de 5,5 puntos porcentuales respecto al mismo semestre del año anterior, alcanzando un 40,9% el índice de pobreza. Unas 2,5 millones más de pobres que no accedían a una canasta básica de bienes y servicios. Miles de inquilinos informales quedaban afuera del congelamiento de tarifas y desalojos del decreto 320/20, luego prorrogado hasta el 31 de marzo del 2021.

El viernes 22 de enero del 2021, a 9 días de su vencimiento, se anunció la extensión del DNU 766/20 hasta el 31 de marzo de este año. Sucesor del DNU 320/20, ésta es la única herramienta legal a nivel nacional sancionada a pocos días de iniciado el ASPO que prohíbe algunos desalojos (sólo los del sector formal o con contrato), congela el valor del alquiler al de marzo de 2020 y prorroga contratos de alquiler de manera automática. (leer)

La tomas de tierras fueron la principal forma procurar un terreno para la vivienda de los sectores populares desde fines de la dictadura cuando se expulsaron villas del centro de la ciudad porteña y se encareció el valor de la tierra. Por eso, se calcula que sólo en el Gran Buenos Aires hay casi medio millón de hogares viviendo en asentamientos y según el RENABAP hasta el momento hay un total de 5005 barrios populares registrados. Según el Observatorio del Conurbano Bonaerense, el 35,8% de los hogares en el Gran Buenos Aires tiene problemas de vivienda: unas 4 millones de personas.

A inicios de los 80′ el hacinamiento y la falta de políticas públicas para acceder a lotes, como se había dado en las generaciones anteriores, fue una gran olla a presión que estalló con las primeras ocupaciones masivas entre los años 1981 y 1982 en la zona sur del conurbano. La primer oleada fue acompañada por una organización de tipo territorial como la comunidades eclesiales y un sector de la jerarquía eclesial, lugar desde donde militaban sectores de la izquierda perseguidos por la represión. Las tomas comenzaron en los meses de septiembre y noviembre de 1981 en Solano, Quilmes y Almirante Brown con la formación de seis barrios: La Paz, Santa Rosa de Lima, Santa Lucía, El Tala, San Martín y Monte de los Curas. En esas tomas participaron unas 4.500 familias y 20.000 personas, ocupando un espacio de 211 hectáreas, explica el sacerdote Raúl Berardo, protagonista de la gesta. Para 1990 las tomas de tierra ya superaban el centenar.

La toma de Guernica, junto con las protestas en Mendoza que frenaron a la megaminería y la lucha de las trabajadoras de la Salud en Neuquén, que paralizó la producción en Vaca Muerta, quizá sean los eventos políticos sociales más relevantes desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández al frente del gobierno. El conflicto, que duró tres meses, estuvo en el centro de la escena política y expuso la problemática de la vivienda que arrastra el país desde hace décadas. Condensó una nueva oleada de ocupaciones de tierras. Se calculan unos 2 mil intentos de tomas, la mayoría desalojadas por la fuerza. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, informaba en ese momento que rechazaban cinco intentos por semana.

Guernica fue cobrando relevancia y se coló en la interna política desde varios frentes: primero, impulsado por sectores de la oposición reaccionarios, representados por figuras de “Juntos por el Cambio” o empresarios ligados al negocio inmobiliario para presionar por “la inacción del gobierno de Alberto”. Pero, a la par, dentro del propio Frente de Todos se reflejó en la interna entre las carteras de seguridad de Buenos Aires y Nación. El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, conteniendo al electorado por derecha, mostrando que cabe la mano dura dentro del Frente de Todos y, la ministra de Seguridad de Nación Sabina Frederich desde el ala progresista, promoviendo “diálogo e inclusión” en los conflictos. A la par, la interna se reflejaba en la presión que aumentaba desde los intendentes y del sector que encabeza Sergio Massa, que exigía una respuesta represiva generalizada contra las tomas de tierras. En este marco, a inicios de noviembre un grupo de intendentes reunidos emitían un comunicado pidiendo al gobierno provincial firmeza contra las tomas de tierras. Al mismo tiempo, Sergio Berni publicaba un video de campaña llamando a respetar la “propiedad privada”.

La campaña mediática en defensa de la propiedad privada

La campaña mediática instaló «la amenaza de las tomas de tierra» y «la defensa a la propiedad privada», agitadas por el empresariado y utilizadas por la oposición al gobierno para tensionar la interna en el Frente de Todos. A medida que fue escalando el conflicto el arco de medios hegemónicos comenzó una campaña de miedo en defensa de la propiedad privada y una demonización de la toma de Guernica por los hechos de violencia realizados por patotas vinculadas a supuestos dueños y con complicidad policial.

Durante el desalojo los medios hegemónicos no mostraron grieta al momento de informar la represión que llevó a cabo un operativo policial comandado por Sergio Berni y con el aval del gobierno de Axel Kicillof: las señales de cable de la Televisión Pública, América, C5N, Telefe, Crónica, TN y, desde la gráfica, Página 12, La Nación, Clarín, Perfil, Infobae y La Prensa, evitaron a toda costa la palabra represión en sus titulares y gráficas, ni hacer foco en el derecho a una vivienda que tienen las familias de Guernica. Los medios actuaron de conjunto y usaron términos como «enfrentamientos», «disturbios» o «incidentes» para referirse a la represión más grande dirigida por Sergio Berni.

Para las usinas mediáticas, además de la falta de decisión del gobierno había un problema en la “justicia”, la misma que había “liberado a los presos por la pandemia”, y la que el kirchnerismo trataba de manipular a través de la iniciativa de reforma judicial presentada el 29 de julio en la Casa Rosada. Pero también pendía la crítica contra tres normativas que responsabilizaba al oficialismo y a la “burocracia judicial” como “trabas” para desalojar instrucciones a la propiedad privada. Primero, el DNU 320, resuelto a fines de marzo, que prohibía el desalojo a inquilinos, tanto formales como informales. Aunque el decreto tuvo poca eficacia, particularmente para inquilinos informales que no podían pagar alquileres, cuyas familias serán luego quienes protagonizarán las sucesivas ocupaciones de terrenos. Dicho decreto no incluyó las tomas de tierras pero sirvió como señalamiento. Segundo, la ley provincial 15172 y, particularmente, el protocolo para desalojos 707/19, emitido por la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires en abril del 2019, para garantizar un procedimiento que contemple los Derechos Humanos garantizados por la Constitución. “Los alcaldes responsabilizan a la Justicia por la inacción: no hay desalojo posible sin una orden judicial. Los fiscales y los jueces, a su vez, están atados a un protocolo que demora los desalojos una vez consumado”, escribía La Nación en referencia a la resolución 707/19.

El 13 de agosto, La Gremial de Abogados y Abogadas apelaba la orden de desalojo contra las más de 2500 familias, denunciando que ninguno de los “dueños” acredita la titularidad de las tierras y que no se habían respetado los procesos de defensa. Incluía un pedido de resguardo a los 3 mil menores de edad que habitaban la toma. 

El principal instigador del desalojo era un grupo inversor, El Bellaco S.A., que desde el 2014 proyecta expandir un Club&Country a todo lujo en el predio. Al día siguiente, unas 5 mil personas se movilizaron en una histórica marcha al municipio de Guernica. La intendenta se desligó del reclamo diciendo que “corresponde al poder judicial” y se comprometía, junto con el comisario zonal, a detener las agresiones. Mientras sucedía la reunión, una patota incendiaba chozas en uno de los barrios y baleaba a uno de los delegados.

El 17 de agosto se realizaba el “Banderazo #17A” contra la cuarentena, la inseguridad y la reforma judicial. La convocatoria, resuelta más en las oficinas de los medios empresariales de comunicación que en la oposición política, expresaba que ya no quedaba ningún resquicio de tregua con Alberto Fernández y se iniciaba otra vuelta al “periodismo de guerra”.

Todavía estaba fresco el traspié de la “expropiación de Vicentín” (el 31 de julio, Alberto anulaba el decreto de intervención). La “defensa de la propiedad privada”, argumento que dio la iniciativa a las movilizaciones en apoyo a Vicentín, eran el nuevo ariete contra la amenaza de “las tomas y usurpaciones” y “la inacción del gobierno”. Se catalizaba la demanda de mano dura del empresariado inmobiliario con los sectores de derecha. En la misma semana, el grupo Clarín-Telecom, entre otros,  forzaba una devaluación, que llevó al dólar a 133 pesos (un 4% de aumento), comprando bonos AY24 por 2.400 millones de pesos para realizar operaciones con el dólar contado con liqui y el dólar bolsa.

La presión mediática-empresaria para desalojar las tomas de tierras en la periferia de la urbe catapultó una nueva ofensiva en zonas más codiciadas por el negocio inmobiliario, relacionado con el turismo y tierras vinculadas a la expansión del agronegocio. En el blanco quedaron los pueblos originarios y campesinos que ocupan tierras en el interior del país, que reclaman suyas, y que en algunos casos se hallaban en procesos de diálogo en torno a la restitución territorial, como es el caso de la comunidad Lafken Wincul Mapu del Lago Mascardi. La avanzada contenía también a empresarios inmobiliarios de las ciudades que ven amenazadas sus viviendas ociosas ante la creciente pobreza y desalojos, particularmente en el sector de inquilinos informales.

Por otra parte, dentro de la alianza de gobierno y ocupando la presidencia de la Cámara baja, Sergio Massa salió a reclamar desalojos sin contemplaciones contra las familias ocupantes e, incluso, fue más allá, ya que el ex-intendente de Tigre, implicado en la concesión de tierras a barrios privados, propuso «quitar beneficios» como el IFE o diferentes programas sociales a quienes tomen de tierras.

Asambleas, delegados y organizaciones sociales

La clave para entender la resistencia que protagonizaron los tres meses que duró la ocupación de tierras en Guernica fue la paulatina organización interna en asambleas y la elección de delegados en el camino de la construcción de barrios y exigir al Estado una respuesta frente a la crisis habitacional bajo la consigna «Tierra para vivir». La experiencia acumulada de las organizaciones territoriales de izquierda que han sido parte de la construcción de cientos de barrios populares en todo el conurbano, aportó en la consolidación organizativa a pesar de los ataques, en la búsqueda de solidaridades.

Durante todo el proceso que implicó la toma, fruto del trabajo de las familias y las organizaciones sociales, se garantizó la defensa legal de los vecinos, como así también se levantaron espacios de apoyo escolar, postas de salud donde se brindó atención pediátrica hasta psicológica, se organizaron ollas populares, se  acompañaron a mujeres víctimas de la violencia machista que habían escapado de sus casas en busca de un nuevo hogar, lejos de las situaciones abusivas que atravesaban. También fueron organizadas campañas solidarias a las que se sumaron miles de personalidades del ámbito de la cultura y los derechos humanos.

Otro dato relevante fue la articulación con profesionales provenientes de las universidades nacionales de La Plata y Buenos Aires, que dio como resultado un proyecto de urbanización concreto y posible, que implicaba la construcción de un barrio digno adecuado  a la Ley 14.449 de acceso justo al hábitat.

Todos éstos condimentos hicieron de Guernica una experiencia relevante que presionó a las autoridades a hacerse presente en el territorio. Es así que varios ministros, como el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés «Cuervo» Larroque, y Estela Díaz, titular del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, se hicieron presentes en la toma para entablar diálogos con los vecinos y vecinas que necesitaban respuestas concretas y urgentes.

En el devenir del conflicto se construyó un dispositivo interministerial que buscaba arribar a un acuerdo con las familias. Fue así que el gobierno provincial, por medio del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad decidió realizar dos censos. El último, realizado a mediados de octubre de 2020, que tuvo como veedores a los organismos de derechos humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), arrojó como resultado oficial que había más de 1400 familias en el lugar. En ese momento la propuesta del Estado fue otorgar 650 lotes inciertos (tanto en su ubicación como en el plazo en que serían adjudicados), generando el repudio generalizado de los vecinos. Como respuesta, y al no arribar a una solución en dicha mesa de diálogo, la decisión política del gobierno provincial fue una campaña mediática de estigmatización de las organizaciones sociales, señalándolas de ser responsables de entorpecer las negociaciones, tachándolas de intransigentes.

Las negociaciones y la decisión de desalojar

La campaña mediática y política para el desalojo limitó cada vez más los espacios para la negociación. La presión devaluatoria y la necesidad de dólares llevó al Gobierno nacional a terminar con represión el conflicto con las familias en Guernica. Mandar un mensaje al empresariado que pedía orden a cambio de acuerdos. La interna dentro de Frente de Todos también estaba tensionada por la toma en un campo de la familia Etchevehere por parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que lidera Juan Grabois. El 27 de octubre, luego de negociaciones maratónicas, se llega a un acuerdo que fracasará apenas un día después, cuando el ministro Larroque confiese que al día siguiente Guernica pasaba «a manos del Ministerio de Seguridad» (a cargo de Sergio Berni). El 29 de octubre a la madrugada vendrá la épica resistencia de los barrios ante las fuerzas del desalojo.

ANRed entrevistó a la abogada María del Rosario Fernández, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, quien llevó adelante la defensa legal de los barrios, para conversar sobre la última etapa de las negociaciones con el gobierno. «Se llegaron a hacer actas y acuerdos hasta que llegamos al modelo final, el gobierno haciéndose cargo que iba a entregar tierras. Nos habíamos puesto de acuerdo todas las organizaciones. La Gremial, que siempre apoyó de una manera jurídica, hicimos el acta con el Ministerio de Justicia. Incluso se fue a ver los lugares donde iban a llevar a la gente, como una transición previa al otorgamiento de las tierras. La otra posibilidad era que el gobierno ofreciera 30 mil pesos por única vez», explicó.

«Una vez que tuvimos el acta final el 27 de octubre por la mañana, se acuerda con la gente del ministerio que se va a firmar por la noche a última hora en Guernica. Las organizaciones tenían que llegar con ese acta a los cuatro barrios y comentar el acuerdo al que se había llegado, y esto fue un día antes del desalojo, luego de meses de negociación. Eran las 23 y no se llegó a poder conversar con todas las familias. Habían muchas discusiones y era imposible resolver tan rápido. El Barrio la Unión era con el que se había podido hablar bien», continuó.

«Lo que mas pesó fue la desconfianza de la gente en el Gobierno de que no iba a entregar nada y es lo que pasó después de un año. El 28 de octubre se ingresa a los barrios y se termina de discutir. Vamos a hacer un cierre en uno de los locales de un movimiento social mientras el gobierno nos llamaba para que vayamos a firmar. Vamos a la plaza de Guernica, donde está la Fiscalía a un lado, la Municipalidad del otro, estaban las carpas, la gente de tierras, representantes del ministerio de Justicia, el Ministro de desarrollo, nos sentamos todos y se aprobó el acuerdo. Primero procedían a hacer el desalojo del Barrio La Unión. Pero en un momento interrumpe el ‘Cuervo’ (Andrés Larroque) y dice: «yo no garantizo mañana». Se hizo un silencio y le digo: ‘¿cómo no garantizás un mañana?’, y me dice: ‘se me terminó el tiempo, el Gobierno me dijo que es hasta hoy y que mañana éste tema cambia de ministerio, dejo de trabajarlo yo para pasarlo al Ministerio de Seguridad’. Entonces yo le respondí: ‘no vamos a poder a hacer el desalojo de la toma en 12 horas’. Me dice: eso déjalo a quienes sabemos y mañana se verá. Entonces contestamos: ‘¡esto es así: o somos todos o ninguno!’. Me responde: ‘esto es lo que hay, en 24hs salgo yo y mañana 00:01hs entra Berni’. Obviamente, nos tuvimos que levantar y nos fuimos, no podíamos salvar el pellejo a un cuarto de la toma. Se cerró la negociación y nos fuimos a la toma a explicar lo que pasaba y todos estuvieron de acuerdo. Era imposible mover a esa cantidad de gente en un día. Lo que se había arreglado era un desalojo paulatino, primero un barrio, luego otro. Por eso no firmamos».

Los «tires y aflojes» se sucedieron a lo largo de todo el proceso. Sin embargo, a pesar de todos los intentos de dialogar y arribar a una solución concreta que pusiera fin al problema habitacional de los vecinos, el sueño de construir los barrios comunitarios encontró su fin el 29 de octubre del 2020, cuando mediante un operativo policial descomunal comandado por el Ministro Sergio Berni desalojó el predio.

Promesas incumplidas

Luego del desalojo las familias y organizaciones sociales continuaron movilizadas y lograron sentar en la mesa de diálogo a funcionarios que venían llevando las negociaciones en Guernica. Llegaron a un acuerdo con  alrededor de 800 familias de «pre-adjudicación de lotes con servicios» y un subsidio de 30 mil pesos que se concretaría en 6 meses. La promesa nunca se cumplió, aunque el cuerpo de delegados y delegadas continuó movilizado, puesto que las promesas de vivienda no se concretaron.

Parte de acta de pre-adjudicación de terrenos firmada el 6 de enero del 2020El 13 de agosto del 2021, en una conferencia de prensa realizada en los terrenos desalojados, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, junto a la intendenta del municipio de Presidente Perón, Blanca Cantero y a otros funcionarios, anunciaron un Plan de desarrollo urbano para entregar dichas tierras a los vecinos y vecinas que desalojaron hace un año atrás. «Vamos a poder acceder y tener la suerte de hacer un barrio para los vecinos de Presidente Perón que hoy luchan y trabajan día a día, pero que el mercado no les da la posibilidad de comprarse su tierra propia. Hoy lo podrán hacer porque el Estado está presente. Éste es un Estado sensible que se ocupa de la gente. Vamos a poder hacer lo que el mercado no hace, que es darle la posibilidad a los vecinos que paguen su tierra, pero con la facilidad que podamos acordar«, decía Cantero en dicha conferencia de prensa.

Pasaron mas de dos meses pero aún ningún lote fue adjudicado a las familias que participaron de la toma de tierras o que fueron inscriptas. Por tal motivo, este viernes 29 por la mañana, junto a las organizaciones sociales, realizan un corte en el Puente Pueyrredón desde las 8:30. «Una vez más somos empujados a salir a las calles para exigirle al gobierno que cumpla con lo prometido en las actas que tenemos las familias. Esos documentos públicos fueron firmados por funcionarios del gobierno de Axel Kicillof y avalados por el mismo Andrés Larroque, donde se comprometieron a entregarnos lotes con servicios en un plazo de 180 días. Esos plazos ya pasaron hace meses y nuestra situación sigue empeorando», denuncian desde la Coordinación de Vecines y Organizaciones de la Recuperación de Tierras de Guernica y Asamblea Permanente de Guernica mediante un comunicado.

«No podemos seguir así. Muchos nos mudamos de casa en casa desde hace un año con nuestros hijos, de un lado a otro, dónde hay vecinos que están en situación de calle y que solo podemos afrontar esas situaciones gracias a nuestra organización y la solidaridad. No podemos sostener la escolaridad de nuestros hijos. Las mujeres y disidencias víctimas de violencia de género seguimos en grave riesgo sin tener ninguna respuesta», agregaron, en medio de una protesta que fue recibida por un fuerte operativo de la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal sobre el ingreso al Puente Pueyrredón.

Mientras tanto, la lucha por la «Tierra para vivir» continúa a lo largo y ancho del país, agravada por el contexto de crisis social y económica, frente a gobiernos (nacional y provincial) que no brinda respuestas concretas, más que proceder a desalojar las tomas por medio de las fuerzas de seguridad, sin solucionar el problema estructural que padecen millones de personas.



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