Trabajadoras migrantes tailandesas en Israel aseguran sufrir acoso y abuso sexual
A partir de un informe elaborado por agentes del propio estado israelí, la totalidad de mujeres trabajadoras tailandesas que llegan al país han sufrido por sus contratadores algún tipo de agresión de género relacionado con lo sexual. A través de dos acuerdos entre ambas naciones es que se dio el proceso de inmigración extranjera para desenvolverse en los terrenos palestinos ocupados de la Franja de Gaza, en donde sobresalen las malas condiciones de trabajo y de vida de las y los extranjeros, a la que el documento le agrega una nueva y abominable problemática. La falta de controles, el temor a denunciar por miedo a represalias y la carencia de otras oportunidades de subsistencia de las mujeres para abandonar aquella realidad, son los factores principales para que la situación persista y se profundice. Por Máximo Paz, para ANRed.
Las y los tailandeses componen la mayor parte de la fuerza laboral agrícola de Israel y se concentran, principalmente, sobre la controvertida Franja de Gaza. Según se estima, la mayoría de las y los trabajadores rurales del estado israelita son migrantes de aquél país del extremo asiático. Suman más de 25.000. Aunque además del trabajo en los campos, las y los tailandeses se desempeñan en otras faenas, como la limpieza doméstica y la higiene urbana.
Las características de sus condiciones se describen a simple vista desde sus endebles condiciones de vida, los bajos salarios y el acatamiento a órdenes peligrosas, como la pulverización de productos químicos.
Pero ello no es todo. Según un nuevo informe, presentado estos últimos días a la Comisión Especial de Trabajadores Extranjeros de la Knesset (el parlamento), cuenta que sobre la totalidad de las trabajadoras agrícolas extranjeras encuestadas, estas fueron agredidas sexualmente en Israel. El informe, cuyos autores advirtieron de que «el Estado de Israel ha abandonado a estas mujeres», ha revelado niveles de abuso escandalosos.
Tal informe fue elaborado por la y el especialista –respectivamente- en inmigración Yahel Kurlander y Shahar Shoham. En él se reveló, sin más, que el 100 por ciento de las trabajadoras agrícolas extranjeras sufrieron agresiones sexuales. De las 654 contratadas extranjeras tailandeses encuestadas, todas aseguraron haber sufrido algún tipo de agresión de índole sexual.
«Los trabajadores tailandeses vienen a Israel en programas temporales y viven en remolques y contenedores que a menudo están abarrotados y en malas condiciones sanitarias», expresó a medios Yahel Kurlander, investigadora de la Universidad de Tel Aviv, especializada en trabajadores tailandeses en Israel y autora del estudio.
«Estas viviendas no tienen los elementos de seguridad que exige la ley o que se describen en los contratos de estos trabajadores, que no tienen dónde esconderse», agregó.
El hecho se dio partir de dos acuerdos entre aquellas naciones. El primero se produjo en 2010 y fue elaborado bajo la gestión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas. El traslado fue de alrededor de 5.000 contratadas y contratados agrícolas por año.
El nuevo acuerdo fue firmado en el mes de julio de 2020 por el Departamento de Empleo de Tailandia (DOE), lo que implicó que la OIM ya no se encuentra dentro del proceso y control del contrato, incluido el reclutamiento, la capacitación y el manejo de quejas y denuncias.
«El Estado de Israel ha abandonado a estas mujeres», afirmó Kurlander para el medio Jerusalem Post. «Una mujer que quiera quejarse no tiene un curso de acción claro».
Sin embargo, y a pesar de los notorios resultados, estos, dado el escaso universo encuestado, no están del todo representados en las estadísticas del gobierno, que no ha captado toda la magnitud de la crisis. Es sólo el comienzo.
Asimismo, lo que aclara el estudio, es que actualmente no parece haber un medio adecuado y seguro para que las trabajadoras extranjeras que han sido víctimas de abusos sexuales puedan presentar una denuncia. Una de las principales preocupaciones de las y los trabajadores tailandeses son las consecuencias en manifestar legalmente la situación de abuso.
Por ello, se destacó el temor de las asalariadas migrantes a perder su empleo y su residencia tras una denuncia. «Si una trabajadora extranjera tiene que dejar su trabajo debido a una denuncia que ha presentado, también está perdiendo de hecho su lugar de residencia», señaló Shiri Lev-Ran, comisionada para los derechos de los trabajadores extranjeros en el Ministerio de Economía israelí.
Por su parte, representantes del Instituto Nacional de Seguros (NII) y de la Policía de Israel reconocieron que sus sistemas no disponen de los datos necesarios para las denuncias de trabajadores extranjeros e inmigrantes.
El riesgo de que aumenten los abusos sexuales a contratadas extranjeras en Israel se había previsto el año pasado, cuando el gobierno concertó el nuevo acuerdo para supervisar el flujo migratorio. Las conjeturas, ahora, y en parte, se visibilizaron.
El suceso, que afecta a sectores de indefensión y miseria, encuentra sus fisuras por varios lados. En ese sentido, el estado tailandés también carga con su parte de responsabilidad: «El gran problema es que el Departamento de Empleo de Tailandia tiene un historial de mala calidad en la protección de los derechos de los trabajadores agrícolas tailandeses en Israel», dijo al respecto Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch.
«El nuevo acuerdo seguirá los mismos procedimientos implementados por la OIM, por lo que los trabajadores seguirían pagando una tarifa de contratación de alrededor de 70.000 Baht (2.200 Dólares) para asegurar un trabajo en Israel», expresó el director general del Departamento de Empleos tailandés, Suchat Pornchaiwiseskul, cuando se firmó el nuevo tratado, dando cuenta de lo que eran sus prioridades.
La exclusión de las OIM en la supervisión –ya de por sí insuficiente- y el sistema de tarifas implementado, puso en alerta a varios que siguen de cerca el tema. Miriam Anati, coordinadora de la organización benéfica israelí por los derechos de los trabajadores Kav La’Oved, aseguró en su momento que «el acuerdo corre el riesgo de traer de vuelta prácticas de explotación como tarifas de contratación y corretaje excesivamente altas, que a menudo se utilizan para atrapar a las personas en la servidumbre por deudas, una de las formas más comunes de esclavitud moderna». La realidad, hoy, muestra lo peor de las estipulaciones.