La CIDH pide informe al Estado argentino por la Lof Quemquemtrew
Foto: Nelson Avalos (La Chamiza).
Orlando Carriqueo, werken – vocero – de la Coordinadora de Organizaciones Mapuche-Tehuelche de Río Negro, que agrupa a 150 comunidades en la provincia, manifestó en una entrevista con ANRed las medidas en las últimas horas en el Sistema Interamericano y en la Justicia provincial de Río Negro en favor de la comunidad mapuche Quemquemtrew: desde Washington la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pide al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, información sobre las condiciones en que se encuentran los integrantes de la comunidad y la justicia rionegrina hace lugar a un habeas corpus preventivo. Desde la APDH Regional Noroeste de Chubut denuncian que continúa la militarización y hostigamiento hacia niños y niñas en la escuela «Lucinda Quintupuray». Por ANRed.
En las últimas horas, dos medidas judiciales importantes han sido emitidas en favor de la comunidad, que se encuentra en un proceso de reivindicación territorial desde hace un mes en la provincia de Río Negro, a unos 80 kilómetros de Bariloche (Furilofche). Una de ellas es un pedido de informe que solicita al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, desde Washington la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La solicitud fue presentada, tal como relataba Javier Carriqueo a ANRed, a raíz de la situación represiva en la reivindicación territorial de la Lof Quemquemtrew. Carriqueo nos manifestaba que «cuando se produce la reivindicación, inicialmente, el fiscal Arrien se dispone a acordar con la comunidad, se realiza un trawn (reunión), se llega a un acuerdo que no se respetó. Como es sabido se dio una situación de represión, con detenciones policiales de cuatro integrantes de la lof y un desalojo encubierto, con el pretexto de identificar a las personas. Ingresaron violentamente, con la caballería montada, ingresaron los grupos COER. Las personas que estaban en el lugar corrieron hacia la montaña». Javier manifestaba que “se dio una situación represiva idéntica a cuando fue lo de Rafael Nahuel”.
El sábado 25 de setiembre se produjo otro hecho violento: desde la ruta este Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) ataca a la comunidad con gases lacrimógenos y dispara balas de plomo. Se difundieron en su momento imágenes de las vainas de 9 milímetros. Ante esta situación, la comunidad Quemquetrew se acercó a conversar sobre la posibilidad de acciones que pudieran ayudar. Se presentó ese mismo sábado a la noche un habeas corpus preventivo a la justicia, por la seguridad de las personas, que es rechazado al otro día.
Se logra por el accionar de organismos de derechos humanos regionales, a través del procurador adjunto y el fiscal general, crear una comisión que ingrese al lugar, donde estuvieron una hora y media reunidos diversos organismos de Derechos Humanos. Allí, Carriqueo ingresó por la Coordinadora. Ingresaron acompañados con una ambulancia. En el lugar constataron que faltaba abrigo y comida. Al salir pidieron una mesa de diálogo y el ingreso de alimentos, así como una audiencia con el Juez de Garantías Ricardo Calcagno y es ahí cuando se decide levantar el campamento humanitario en la ruta, en cercanías a la Cuesta del Ternero, que se encuentra hasta el día de hoy.
Se presentaron varios hábeas corpus más que fueron rechazados, y ante esto es que se vio la necesidad de presentar una medida cautelar, dado el rechazo del juez de crear una mesa de diálogo, así como impedir el ingreso de alimentos. Las impugnaciones presentadas ante estas decisiones judiciales también fueron rechazadas.
Es entonces que el abogado Juan Manuel Salgado y Javier Carriqueo presentan una medida cautelar ante el sistema interamericano (la CIDH). En esta solicitud manifestaban: “la gravedad y urgencia consisten en que las personas miembros de la Comunidad, aproximadamente 20. Se hallan sin provisión de alimentos desde hace cinco días, pues lo impide la Policía provincial por orden del Ministerio Público Fiscal y también están sin poder recibir ropa de abrigo en un lugar en donde las temperaturas nocturnas son inferiores a cero grado centígrado”.
En dicha presentación “se solicita que se requiera al Estado argentino que permita la provisión de alimentos y abrigo, y también de medicamentos, a los miembros de la comunidad que se encuentran encerrados por funcionarios policiales en el paraje Cuesta del Ternero, Departamento Ñorquinco, Provincia de Río Negro. De ser posible, que también se ordene la realización de una mesa de diálogo puesto que el Estado argentino, como resulta del caso ‘Asociación de Comunidades Lahka Honhat’, carece de legislación adecuada para resguardar la propiedad indígena”.
Con la firma de la secretaria ejecutiva de la CIDH se exige al ministro Cafiero informe sobre la situación en que se encontrarían los integrantes de la comunidad Quemquemtrew, específicamente sobre la situación de riesgo por la falta de alimentos y abrigo, motivo del pedido de medida cautelar y toda información que consideren pertinente. El Estado argentino tiene ahora siete días para brindar la información.
A su vez, en las últimas horas el Tribunal de Casación de Viedma, adonde se había apelado el rechazo (por parte del juez Mucillo) de uno de los hábeas corpus preventivos, decidió conceder el recurso de Casación y remitir las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia.
Los habeas corpus preventivos son acciones jurídicas que sirven para proteger la integridad física y garantizar la vida en el marco de posibles represiones. En este caso, para garantizar la libertad física, de circulación, la vida e integridad física de integrantes de la Lof Quemquemtrew, tal como afirman, “actualmente privadas ilegalmente de su libertad -secuestradas de manera extorsiva en su territorio ancestral, transformado en un verdadero campo de concentración, y sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, privadas de alimento, abrigo, comunicación, acceso a la salud, acceso a la justicia”.
Foto: Germán Romeo Peña
Desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche sostienen que transcurrido ya un mes del operativo «la situación no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado: no sólo porque continúa la prohibición de acercar alimentos y abrigo al territorio recuperado, si no porque se ha vuelto mayor el hostigamiento con el envío de fuerzas federales a pedido de la gobernadora Carreras y avalado por el gobierno nacional. A esto se suma el despliegue de una campaña mediática racista, de estigmatización y criminalización, que apela una vez más a la construcción del pueblo mapuche como enemigo interno. El uso del mote ‘terrorista’ profundiza la herida colonial que supuso el genocidio fundante de este estado nacional y contra la que se levantan las comunidades que vuelven a la tierra para seguir resistiendo como pueblo». Esta aceptación del Habeas Corpus implicará que se abre una mesa de diálogo que permitirá el ingreso de alimentos en lo inmediato y, a su vez, que acompañe el proceso y supervise el cumplimiento de los derechos humanos de la comunidad.
Foto: Nelson Avalos – La Chamiza
La Lof Quemquemtrew es una comunidad autónoma. En todo este proceso de presentaciones y acompañamientos diversas organizaciones locales y nacionales han acompañado. La misma coordinadora, comunidades autoconovocadas de la zona, organismos de derechos humanos, como la Liga argentina por los Derechos Humanos, la APDH, el SERPAJ, así como gremios y organizaciones sociales han estado movilizados en la causa este mes.
Carriqueo manifestaba a ANRed que con estas dos medidas esperan que se abra el diálogo, se resguarde de la seguridad de las personas y se avance en la discusión sobre la cuestión territorial: “no es cierto que Rocco, a quien la provincia lo consideró fiscalero, tiene derechos sobre estas tierras. No es ni dueño, ni poseedor”.
Asimismo, nos manifestaba también que esperan se abra con esto un diálogo y que esperan que cese la militarización de la zona. Manifestó estar muy preocupados por esa situación: “parte del discurso del terrorismo tiene que ver con que le sirve a la derecha y para deslegitimar el tratamiento de una ley como la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que es hoy una garantía, para que no se desalen a 600 comunidades judicializadas en argentina». Una ley, según manifestó, «valorada por las comunidades aunque muchas veces la policía ha desalojado desconociendo la ley. Se trata de una ley que muchas comunidades exigen su salvaguarda”. Asimismo manifestó que tanto el gobierno nacional como provincial no garantizan que se haga el relevamiento territorial.
Nelson Avalos, integrante de la Secretaría de Pueblos Originarios de la APDH Regional Noroeste del Chubut, también entrevistado por ANRed, y en la misma línea, manifestó la expectativa de que se abra la mesa de negociación y nos manifestó la preocupación por la militarización creciente en la zona, la presencia policial del C.O.E.R en la Escuela “Lucinda Quintupuray”, así como los retenes que realizan, supervisando al interior de combis escolares, ejerciendo un control, disciplinamiento y hostigamiento sobre los niños y niñas de las comunidades.
También manifestó que a las familias de los niños que asisten a la escuela intercultural mencionada no les está permitido ingresar a la escuela y manifestó que el sindicato docente UNTER tampoco está pudiendo ingresar a la escuela.