Chubut: concentrarán por la absolución inmediata de la mujer mapuche Gloria Colihueque Catriman
El martes 26 de octubre desde las 8 de la mañana el Movimiento de Mujeres Indígenas por El Buen Vivir llama a concentrar frente al Juzgado Penal de Esquel (ubicado en Avenida Alvear 523), en el marco de la primer audiencia de la causa contra la mujer mapuche Gloria Colihueque Catriman, integrante de la Lof Colihueque-Catriman, contra quien la fiscalía pide cuatro años de prisión por el supuesto delito de «amenaza agravada por el uso de arma», en el marco de un conflicto territorial que mantiene con un terrateniente y un empresario de Esquel en la zona de Laguna el Martillo, en las cercanías del Parque Nacional Los Alerces. Mientras Gloria era injustamente investigada, los empleados de estos empresarios se instalaron en el campo, realizaron modificaciones en el mismo, cambiaron los candados de las tranqueras de acceso y le comunicaron que si quiere recorrer su campo, tiene que pedirles permiso a ellos, encerrando a Gloria y su familia en su propio campo. «Quieren despojar del derecho de territorio a nuestra lamgen para llevar adelante proyectos extractivistas«, sostienen desde el movimiento. Por ANRed.
Así lo comunicó el Movimiento de Mujeres Indígenas por El Buen Vivir: «en la provincia de Chubut los terratenientes organizados de la Sociedad Rural no sólo nos quitan territorio. También son administradores de las instituciones y, además, desde sus cargos de diputados y senadores han elaborado leyes que han favorecido sus intereses y justificado el despojo indígena», denuncian.
«Esta historia que les vamos a narrar tiene como protagonista a dos mujeres mapuche, madre e hija, y a dos hombres, uno terrateniente, miembro del partido radical, ex funcionario, que ocupó el cargo de procurador general y diputado de la provincia por dicho partido, y un empresario de la ciudad de Esquel. Éstos quieren despojar del derecho de territorio a nuestra lamgen para llevar adelante proyectos extractivistas«, relatan.
En la misma línea, desde el movimiento agregan: «estas dos mujeres de manera tenaz deciden defender la tierra, resguardando el bosque – señalan, con respecto a Gloria y a su madre Isabel Catriman – Como no han podido desalojarlas, le están inventando causas judiciales al llegar al delirio de acusar a Gloria Colihueque Catriman de amenaza agravada por el uso de arma. Estos hombres que se sienten expuestos y debilitados por la fuerza categórica de éstas mujeres mapuche, decididas a defender la vida y el territorio, se sienten amenazados en sus privilegios y en su accionar terricida. No actúan solos, todo el aparato judicial está de su parte», remarcan.
En este marco, convocan a concentrar este martes 26 de octubre desde las 8 de la mañana hasta las 14 en el Juzgado Penal de Esquel (ubicado en Avenida Alvear 523): «tememos que una gran injusticia sea la respuesta del Estado ante tanta valentía y dignidad de nuestras hermanas. La fiscalía pide cuatro años de prisión para nuestra lamngen Gloria. Les pedimos toda la solidaridad, visibilidad y el acompañamiento para que nuestra hermana sea absuelta. Las mujeres mapuche no son las que amenazan la vida, son las que la resguardan», destacan.
Compartimos la crónica con los antecedentes del conflicto relatados por el medio Gema en marzo de este año:
El inicio del conflicto: “nos encerraron en nuestro propio campo”
En el año 2000 Isabel Catriman, junto con su hijo Hipólito Ernesto Colihueque, hacen un acuerdo de palabra con Lucio Freeman para vivir y cuidar sus propios animales en las tierras fiscales que este tenía adjudicadas en la zona de Laguna el Martillo (en las cercanías del Parque Nacional Los Alerces, Chubut). Durante estas dos décadas, Isabel y su familia fueron diversificando su producción y sus trabajos. No solo aumentaron su hacienda –lo que les permitió tramitar su propia marca y señal–, sino que también construyeron un corral, armaron la quinta, construyeron una vivienda de madera e hicieron las “mejoras” necesarias para habitar en el campo.
Tras fallecer Lucio Freeman las cosas cambiaron. En el mes de febrero del 2020 su hijo, Luciano Freeman, le informa a Isabel que tiene posibles compradores para el campo, y que es muy importante que ella firme unos papeles. Ante esta imposición repentina, Isabel se resistió a firmar el escrito, sabiendo que ella era parte de ese territorio y que nadie tenía derechos para sacarla de allí. Isabel fue interpretando el accionar de Freeman como práctica de “traición y engaño”. Por lo tanto, Isabel desconfió. Esto es así porque la familia de la comunidad entiende que esta fue, y es, una de las estrategias más usuales para obtener las tierras, por la cual los antepasados del Pueblo mapuche han sido despojados y corridos de sus territorios. Las expresiones como “vendieron el campo con nosotros adentro” o “nos querían hacer firmar papeles que no sabíamos que eran” evocan y sintetizan las relaciones asimétricas de una historia compartida por el Pueblo Mapuche-Tehuelche.
Isabel Catriman nos relató que en el mes de marzo llegaron a su casa unos señores llamados Alejandro Samame (vicepresidente de la Sociedad Rural de Esquel) y Nahuel Serra (uno de los socios principales de la sociedad denominada “SERRA SRL”, una empresa distribuidora y mayorista también de la localidad de Esquel) diciendo que ese campo les pertenecía porque habrían comprado los derechos de posesión a Luciano Freeman, hijo del fallecido Lucio Freeman. Desde esa fecha, Isabel y su familia — compuesta por su hija Gloria y su primo Gregorio Cayulef– están denunciando allanamientos de la policía, prepotencia de los supuestos compradores y tratos violentos de quienes quedaron en el campo como “cuidadores” de sus intereses.
El 5 de mayo del 2020 — y en plena cuarentena nacional– es la fecha en el almanaque que señala el día en el cual Isabel y su familia “quedaron encerrados en su propio campo”. Ellos recuerdan que ese día Alejandro Samamé y Nahuel Serra se presentaron en la casa de Isabel Catriman junto con un escribano para informarle a la familia que ellos eran “los nuevos dueños” y para dejar cuatro empleados vigilando el lugar. Desde ese momento el devenir habitual en el territorio se vio profundamente alterado por el empeño de estos sujetos en quebrantar la determinación de Isabel y Gregorio (primo de Isabel que vive en el campo hace varios años tras el fallecimiento de Hipólito, hijo mayor de Isabel) de permanecer en el lugar. Isabel denuncia que sufre diferentes hostigamientos de parte de esos empleados. Aquel día, esos hombres ingresaron al territorio, instalaron una casilla muy cerca de su casa y dejaron allí cuatro empleados con el propósito de “vigilar” a la familia. En pleno contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio estos privados circulaban libremente por el territorio del Lof obligando a dos personas mayores de 80 y 60 años a quedar acorralados en el medio del bosque. Todos estos privados (Luciano Freeman, en complicidad con Serra y Samamé) comparten el mismo interés: la firma de Isabel y de su primo cediendo sus derechos.
El conflicto pasó a ser también una contienda en las formas en que quienes llegaron a instalarse en el territorio de la familia cambiaron los candados de las tranqueras y controlaron los accesos y salidas del lugar designando arbitrariamente quiénes pueden entrar y quiénes no en el territorio. Isabel reclama y hace pública estas injusticias y exige a la justicia actuar inmediatamente, pero no obtiene respuestas. El litigio por el territorio se inscribe así en el proceso de construcción de una historia que sostiene el espacio de poder del Estado y los empresarios, y el espacio de desigualdad de las comunidades mapuche.
La ilegalidad evidente
El conflicto en Laguna El Martillo, donde se encuentra la Lof Catriman Colihueque, muestra la desigualdad con la que se administran y movilizan ciertas redes y circuitos de poder. Algunos jueces, fuerzas de seguridad y empresarios o terratenientes de la provincia de Chubut parecieran estar actualizando las mismas redes de connivencia que llevaron a cabo el despojo del Pueblo Mapuche desde principios del siglo XX (por ejemplo el desalojo de Boquete Nahuelpan en el año 1937).
Ante las acciones llevadas a cabo por Freeman (hijo), Samame y Serra, se torna evidente la facilidad con la que ciertas prácticas pueden devenir legales –a través de engaños, artilugios y violencias– en un Estado que habilita circuitos de “legalización de engaños”.
1. El modus operandi de las elites locales:
Quienes están violentando a Isabel, a su primo y a su hija son familias de Esquel que operan impunemente utilizando las oficinas del Estado como despachos personales y atropellando los derechos del Pueblo Mapuche Tehuelche vigentes desde hace varias décadas en nuestro país. Sorprende que en el año 2021 todavía haya una elite que puede ocultarse en las mismas redes ilegales de connivencia.
Al morir su padre, Luciano Freeman publicó la venta de esas tierras en la inmobiliaria Yagüe (este último es el apellido de otra familia involucrada en la venta de territorios indígenas), aún sabiendo que allí vivía, desde hace 20 años, Isabel y su familia. A esta maniobra se le suma que si bien Isabel Catriman denuncia que los que llegaron con prepotencia a su casa y quienes llevaron a cabo las amenazas verbales a la anciana– gritándole que debía irse porque ellos eran los dueños– fueron Alejandro Samamé y Nahuel Serra, ellos no son quienes figuran ante el IAC como compradores. Estos optaron por realizar la transacción a nombre de otras personas — una persona con domicilio en Buenos Aires, la madre de uno de ellos y la hermana de otro–.
Los tres sujetos presentan ante el IAC una escritura que hicieron en la escribanía Lagos-Mac Karthy la cual los “avala” como adjudicatarios del territorio de Isabel. El IAC, sin ningún tipo de requerimientos y obligaciones legales, los autorizó. Es decir, en una misma resolución de tracto abreviado aceptan la sesión en vida que había hecho Lucio Freeman a Luciano Freeman y, a su vez, en la misma resolución/ adjudicación aceptan una sesión que Luciano habría recibido en vida, antes de fallecer su padre a estas tres personas. En otras palabras, esta institución no sólo toma como válida la escritura hecha en la escribanía pública de Lagos, sino que además emite un acto administrativo que es una resolución.
La abogada de Isabel Catriman presentó el pedido de nulidad de esa resolución, pero el presidente del IAC, Máximo Pérez Catán, contesta que ellos no tienen acreditado que Isabel Catriman haya sido real ocupante al momento de la inspección. Al chequear la fecha de esa inspección, según consta en el expediente, se hace evidente que el inspector oculta la posesión de Isabel –en ese entonces la única poseedora de mejoras, animales y adelantos en el territorio–, ya que solo constata la posesión de Freeman, quien nunca vivió en el campo. A pesar de ser Isabel la ocupante real del territorio, el inspector también podría haber decidido plantear una co-posesión pero tampoco lo hizo (en la ley de tierras fiscales de la provincia existe la figura de co-posesión de las tierras fiscales). En el año de la inspección no solo vivía Isabel Catriman en el territorio sino también su hijo Hipólito.
En esa supuesta inspección del IAC no solo se desconoció que la familia Catriman-Colihueque era ocupante del territorio durante todo el año, sino también que Freeman no residía allí. Si bien era adjudicatario de tierra por una mensura, su lugar de residencia –domicilio real— estaba ubicado en otro lado.
2. Policías, fiscales y jueces:
El 6 de marzo del 2020 es cuando llegan a la casa de Isabel para amenazarla y violentarla para que firme el escrito. Ella nunca cedió sus derechos porque nunca firmó nada. Pero ese día Isabel llamó a su hija Gloria Colihueque porque la prepotencia de aquellas personas hizo que le subiera la presión.
Su hija Gloria se dirigió a la Comisaría Primera para contar lo sucedido y hacer la denuncia, pero le dijeron que allí no tenían jurisdicción porque “esta solo llegaba hasta el puente rojo”, fue hasta la comisaría de Trevelin, donde le dijeron que allí “sólo tenían jurisdicción hasta la portada del Parque”. Fue entonces a Gendarmería de Parque Nacional; allí cuenta que trataron mal a la mamá y que quería ir a verla porque no sabía cómo estaba. Al final, y solo por el tema de salud, aceptaron movilizarse hasta el territorio, pero los agresores ya se habían ido del campo. El gendarme, después de hablar por teléfono, tampoco le tomó la denuncia a las mujeres, porque dijeron que Isabel estaba todavía demasiado nerviosa.
Al día siguiente, el 7 de marzo, Gloria interna a su mamá de urgencia. Cuando su mamá sale de la salita, ambas vuelven a encarar el tema de las denuncias. Llegan a Gendarmería y logran que se escriba su denuncia. Dijeron que el proceso continuaba en fiscalía y que la iban a notificar, pero eso nunca sucedió.
El 17 de marzo vuelve a entrar al campo Samame, quien volvió a cortar los candados y entró con tambores de combustible. El primo de Isabel, Gregorio Cayulef llamó a las mujeres, que en ese momento estaban en el médico, y avisó de esta nueva intromisión. Por este motivo, fueron a Gendarmería a hacer una nueva denuncia y le dijeron que tenían que volver con Gregorio, quien entonces viajó hasta la oficinas de Gendarmería y la efectuó. Sin embargo, nuevamente no tuvieron respuesta.
El 20 de abril y por una acusación de estos empresarios, la justicia le dictó una prohibición de acercamiento a Gloria al campo donde vive su madre, en pleno contexto de pandemia. Incluso se autorizó a la policía a realizar tres insólitos allanamientos en la casa de Isabel en búsqueda de supuestas “armas de fuego”, como así también en la casa de su hija Gloria. Sin embargo, dice Isabel, estos agentes entraron a la vivienda y “revolvieron sus pertenencias sin mostrar las órdenes judiciales” correspondientes.
En este contexto, Gloria también se dirigió a la comisaría y la Gendarmería a hacer las denuncias correspondientes y le comunicaron que estas no podían ser tomadas por orden del fiscal –cuando a Serra y Samame no solamente les toman la acusación, sino que a través de ella abren una causa penal a Gloria y realizan tres allanamientos en la casa de Isabel–. Además se abrieron extrañas investigaciones acerca de las relaciones de Gloria con algunas organizaciones sociales del Pueblo Mapuche Tehuelche o con el vecino que ella contrató como flete para llevar insumos y herramientas al campo.
Mientras Gloria era injustamente investigada, los empleados de estos empresarios se instalaron en el campo, comenzaron a realizar modificaciones en el mismo, cambiaron los candados de las tranqueras de acceso y le comunicaron a Isabel de que si quiere recorrer su campo, tiene que pedirles permiso a ellos.
Lo más escandaloso de este último episodio es el relato ficticio e insólito con el que Samame y Serra fundamentan la denuncia contra Gloria, el cual el fiscal tomó en cuenta y al que el juez Criado dio curso. En ese escrito de fiscalía se piden tres años y medio de prisión para Gloria, cuatro y medio para el fletero, y dos y medio para su tío, Gregorio. Aquel relato ficticio señala que Gloria, mientras estaba abriendo el candado de una tranquera, sostenía un arma y apuntaba con la misma a diez hombres bajados de sus dos camionetas cuatro por cuatro, y que se encontraban arrodillados en un descampado “rogando no ser fusilados”. A pesar de que la única arma que se encontró en la vivienda de Isabel es el cuchillo que Gregorio lleva en su cintura (como cualquier trabajador de campo), Gloria y Gregorio deben presentarse este viernes 19 de marzo en Tribunales para informarse sobre el curso de esta supuesta acusación.
A todo este corrupto panorama se le suma además que la causa penal “por amenazas” quedó a cargo del Juez de la ciudad de Esquel, Jorge Alberto Criado. Este juez es el mismo que fue recusado por su manifiesta animadversión y antipatía hacia los miembros de los pueblos originarios. Parcialidad y arbitrariedad que ha puesto en evidencia en anteriores causas en las que ha intervenido. Esta denuncia por parcialidad fue admitida por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU.-Colihueque.