Movilizan al Congreso para que se renueve la Ley 26.160 de Emergencia Territorial y respete la propiedad originaria
Este miércoles 6 pueblos y naciones originarias concentrarán a las 10 en el cruce de Avenida de Mayo y 9 de Julio para luego movilizar – junto a organizaciones sociales, políticas y sindicales – al Congreso Nacional en reclamo de la renovación de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial, que vence en noviembre de este año y que obliga la suspensión de desalojos y la realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de tierras en todos los territorios comunitarios del país. Además, exigen que se respete el derecho a la propiedad originaria. Vendrán contingentes de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Misiones y Santa Fe. «Hermanas y hermanos, Coyas, Guaraní, Ava Guaraní, Bya Guaraní, Wichí, Pilagá, Qom, Mocoví, Diaguitas, Quilmes, Ranculche, Mapuches, Quechuas, Aimaras, Lules estamos unidos para obtener la prorroga y el presupuesto necesarios para que se puede aplicar y hacer efectiva la ley 26160», remarcaron desde el Movimiento Naciones y Pueblos Originarios en Lucha. Por ANRed.
Desde el Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha remarcaron en un comunicado: «hermanas y hermanos, Coyas, Guaraní, Ava Guaraní, Bya Guaraní, Wichí, Pilagá, Qom, Mocoví, Diaguitas, Quilmes, Ranculche, Mapuches, Quechuas, Aimaras, Lules estamos unidos para obtener la prorroga y el presupuesto necesarios para que se puede aplicar y hacer efectiva la ley 26.160«, explicaron los pueblos convocantes.
Asimismo, agregan: «necesitamos que siga vigente la prohibición al desalojo de nuestros pueblos y que se resuelva definitivamente el relevamiento pendiente para poder encontrar una solución que sea justa para quienes habitamos estas tierras. Estamos comprometidos a hablar en todas las provincias con diputados y senadores de la nación. Y a la vez lograr que todas las legislaturas provinciales adhieran a la ley 26.160″.
Además, volvieron a reclamar que se trate y apruebe el proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena, que permitiría a los pueblos obtener los títulos de propiedad de los territorios relevados.
Por su parte, la Confederación Mapuche de Neuquén, otra de las organizaciones convocantes, en un comunicado del 27 de septiembre, también sentó su posición: «a 15 años de vigencia de ésta Ley, estos objetivos no se han cumplido: los desalojos se siguen aplicando con todas las consecuencias que se pueden prever y en relación al relevamiento de los territorios más del 50% de los territorios no se han relevados y de las tierras relevadas un importante porcentaje ha sido mal relevadas. No hay mecanismos para corregir las tareas mal realizadas ni tampoco hay vías de reclamos claras para denunciar», sentencian.
«Este incumplimiento y estado de amenaza no es solo responsabilidad de las provincias, sino del gobierno federal que es el órgano de aplicación de la ley 26.160. – amplían – La única mención en dos años de gobierno por parte del presidente Alberto Fernández fue el compromiso en la apertura de sesiones en marzo de este año de que iba a promover la renovación de la ley ante el vencimiento de su vigencia en noviembre próximo. Ninguna mención ni compromiso en aplicarla», remarca la confederación.
Es por eso que señala: «no podemos seguir mendigando una nueva renovación de una ley cuando está demostrado no hay voluntad política de aplicarla. Hasta ahora han prevalecido los intereses de los gobiernos provinciales que pretenden seguir aplicando un modelo de explotación y expoliación de los territorios. El gobierno federal no ha asumido un compromiso serio en su aplicación al no tener en su agenda la deuda histórica con las naciones originarias. De manera que solo la capacidad de movilización, denuncia y oposición a los planes de muerte que planifican sobre nuestros territorios de vida es la garantía de nuestra supervivencia«.
Finalmente, exigen: «el desafío que dejamos en su mesa es renovar la vigencia de la Ley y renovarla sin límite de vigencia. Pero fundamentalmente el compromiso de aplicarla, que es lo que no han hecho en 15 años. Esta acción debe ser el paso previo a la titularización de los territorios que es lo que la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y enorme jurisprudencia les exige. Para lo cual, ustedes mismos deben aprobar la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena que se ha renovado más de una vez su presentación ante la oposición a tratarla y aprobarla. Nosotros vamos a pararnos en el centro de nuestros territorios para defender nuestros Planes de Vida ante lo que ellos llaman Planes de Desarrollo. Nos costó vidas de nuestros mejores hombres y mujeres la base de derecho que sostienen nuestras acciones. Si cometen el desatino de hacer caducar la ley 26.160, nos habremos de parar firmemente en los derechos que la Constitución, las normas internacionales y los últimos fallos que marcan clara jurisprudencia. Es bueno recordar que fue vuestro Congreso Nacional quien el 05 de octubre de 1878, mediante la ley 947, aprobó la ‘Campaña del Desierto’ de Julio A. Roca, que marcó el inicio del despojo que la actual ley 26.160 quiere detener. Uds, diputades y senadores deben ponerse a la altura de la historia e incluir en su agenda urgente una reparación histórica desde sus instituciones fundadas sobre un genocidio. Es la deuda de la llamada Democracia con más de 40 naciones originarias. Una democracia que será autentica cuando nuestras instituciones sean reconocidas en el marco de un Estado Plurinacional», finaliza el comunicado.