05/10/2021

CABA: movilizan al Tribunal Superior de Justicia contra el «avasallamiento» de la Legislatura porteña sobre derechos laborales

Imagen de Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno porteño. | Foto: El Litoral.

La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) convoca a concentrar este miércoles 6 a las 11 frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires – ubicado en Cerrito 760 – en reclamo al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de que no promulgue la ley aprobada por la Legislatura porteña, que dispone la revisión de causas nacionales por la justicia local porteña, lo que le permite constituirse en tercera instancia en causas civiles, comerciales y laborales resueltas por tribunales nacionales. «La aplicación de la ley aprobada implica que las sentencias que dicten jueces nacionales sean revisadas por los ministros de ‘la Corte porteña’, quienes ha demostrado una parcialidad notoria a favor de los grandes grupos económicos y en perjuicio de las personas trabajadoras», remarcó Cynthia Benzion, presidenta de la AAL. De la movilización participarán varios sindicatos, como el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), y la Asociación Bancaria (AB). Por ANRed.


Así lo comunicó la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL): «ante la aprobación en la Legislatura porteña de la ley que dispone la digitalización de causas judiciales en trámite, en la que se incluyeron dos artículos que permiten que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se constituya en tercera instancia en causas civiles, comerciales y laborales resueltas por tribunales nacionales; materias sobre las cuales los tribunales de CABA no tienen jurisdicción conforme lo establecido por la ley 24588, todo lo cual constituye un avasallamiento al sistema republicano de gobierno y a las materias legislativas propias del Congreso de la Nación conforme lo establece el art. 75 de nuestra Constitución Nacional, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) exige al gobierno de Rodriguez Larreta que dicha norma no sea promulgada«, remarcó la asociación.

En ese marco, convocó a una «movilización ante la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de CABA para este miércoles 6 de octubre a las 11.00hs en Cerrito 760″.

«La aplicación de la ley aprobada, no sólo implicaría que las causas que se sustancien ante los Juzgados Nacionales se prolonguen en el tiempo como consecuencia de una nueva instancia, previa a la extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino -además- que las sentencias que dicten jueces nacionales sean revisadas por los ministros de ‘la Corte porteña’, quienes ha demostrado una parcialidad notoria a favor de los grandes grupos económicos y en perjuicio de las personas trabajadoras«, remarcó Cynthia Benzion, presidenta de la AAL.

De la jornada participarán también delegaciones de sindicatos. Entre ellos, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Bancaria (AB) y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA).

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación señaló: «una vez más asistimos al burdo intento del oficialismo de afianzar su centralismo colonizando la Justicia Nacional mediante la eliminación de derechos protegidos. En la Legislatura porteña se está promoviendo un proyecto de ley que – de concretarse – significaría una gravísima regresión en materia de derechos garantizados por nuestra Constitución Nacional y las leyes vigentes», remarcó la organización que conduce Julio Piumato.

Mientras que la Asociación Bancaria confirmó también su participación en la jornada de protesta y destacó: «el hecho es grave, afectando a las y los trabajadores que necesitan acudir a la Justicia Nacional del Trabajo en defensa de sus derechos, pretendiendo someterlos a tribunales amañados. Por ello Bancarias y Bancarios adherimos a la marcha de repudio a la Ley CABA de sometimiento de la Justicia Nacional. Vienen por nuestros derechos, no nos quedaremos cruzados de brazos», remarcó la entidad conducida por Sergio Palazzo.

En tanto, también se sumará el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera, integrante de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), en rechazo a esta nueva ley de la Legislatura porteña.

La federación recientemente rechazó también había rechazado otros proyectos de Juntos por el Cambio que van contra los derechos laborales, como el que apunta a eliminar la indemnización por despido y suplantarla por un seguro: «según estas iniciativas, el nuevo ‘seguro’ se conformaría con los aportes mensuales de los empleadores y al momento de la extinción del contrato de trabajo – por la causa que fuese – sería utilizado para el pago de una especie de remuneración mensual hasta que la persona obtenga un nuevo empleo. Desde nuestra organización gremial reafirmamos nuestro rechazo de forma contundente«, expresó la federación aceitera, que además puntualizó los motivos del rechazo:

«1) Implica la derogación de un derecho fundamental de la persona trabajadora, el derecho a ser -al menos- indemnizada, frente al ilícito patronal de segregación del empleo.

2) El despido “sin causa” es un acto ilícito. Afecta la protección contra el despido arbitrario (artículo 14 Bis de la Constitución Nacional) y el derecho “al trabajo” (artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, entre otras normas internacionales con rango constitucional). La persona despedida no solo pierde su salario -derecho fundamental- si no que se le afectan todas sus dimensiones vitales y las de su familia (alimentación, vivienda, salud, educación, vestimenta, seguridad social, acceso al crédito, proyectos familiares y personales, entre otros).

3) De todos los sistemas de despido posibles, la “tarifa” del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo no es el más protectorio. Por ejemplo, por la normativa de emergencia, desde hace un año y medio, los despidos sin causa o por falta de trabajo o fuerza mayor se encuentran prohibidos y son nulos.

4) El proyecto de seguro de garantía de indemnización (SFI) viola la Constitucion Nacional, con lo cual generaría una catarata de litigios, ya que no sería avalado por la justicia laboral.

5) Los proyectos de Juntos por el Cambio no pretenden generar puestos de trabajo. Muy por el contrario, propician el despido libre, masivo y sin consecuencias económicas para el empleador.

6) El seguro de garantía no solo afecta la indemnización del trabajador y la trabajadora, sino que implica que “sería gratis” despedir para las empresas. De este modo, no cumple una función esencial de la indemnización, que es el desaliento del despido.

7) La potestad patronal de despedir sin causa es el máximo poder de disciplinamiento sobre los reclamos de las y los trabajadores y atenta contra el ejercicio de sus derechos colectivos. De esta manera, sería muy sencillo para las patronales sacarse de encima a las y los trabajadores “molestos” que participan, reclaman y se organizan en el lugar de trabajo», enumeró el la federación aceitera.

«Por las razones planteadas y por nuestra conciencia de clase, rechazamos estos proyectos que pretenden hacernos retornar a los inicios del capitalismo, cuando la explotación de la fuerza de trabajo era ilimitada y no existían los derechos laborales conquistados a lo largo de siglos gracias a la lucha de nuestra clase trabajadora y al movimiento obrero organizado. Advertimos que como organización sindical llevaremos a cabo todas las acciones gremiales necesarias para defender nuestros derechos fundamentales. Nos pronunciamos por la continuidad de la vigencia de la prohibición de los despidos, la doble indemnización, y todas aquellas medidas que garanticen la efectividad de la protección contra el despido arbitrario y la estabilidad en el empleo. Reafirmamos que el único camino para salir de la compleja situación que atraviesa nuestro país es preservando y creando trabajo digno, con ingresos como dictan el 14 bis de la Constitución y el 116 de la Ley de Contrato de Trabajo», remarcó la Comisión Directiva de la federación.


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