Niegan ingreso de alimentos al Lof Quemquemtrew
Imagen: Mariel Bleger (Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen)
El pedido de apoyo humanitario y la puesta en marcha de una mesa de diálogo para la comunidad que recuperó territorio ancestral en la Cuesta del Ternero, al norte de El Bolsón (Río Negro), fue rechazada por el juez de garantías Ricardo Calcagno, quien consideró: «entiendo, al igual que el Ministerio Público Fiscal (la fiscal Betiana Cendón), que el ingreso de alimentos consolida la usurpación». Además, mientras se realizaba la audiencia judicial en la que el magistrado debía definir estas solicitudes, agentes policiales hostigaban a quienes sostienen el acampe en reclamo para poder ingresar alimentos al Lof. Por Red Eco Alternativo.
Según relataron desde La Izquierda Diario, participaron de la audiencia miembros de las comunidades y organizaciones solidarias, además de los funcionarios judiciales.
En este marco, Nehuen Loncoman de la APDH-CODECI puntualizó sobre la necesidad de que se permita el ingreso de alimentos, a la vez que Orlando Carriqueo werken del Parlamento Mapuche de más de 150 comunidades mapuche-tehuelche de la provincia planteó la violación al convenio 169 que realizan con semejante militarización de la zona, con el ingreso de la policía montada, el grupo especial y la actuación de la fronteriza.
En la audiencia también se mencionó el secuestro que realizaron agentes policiales, tanto de alimentos y ropa, como de otros elementos que había en el territorio. A su vez se le planteó al magistrado que se había presentado un habeas corpus preventivo, que fue rechazado aun sabiendo que en el territorio se había constatado la presencia de vainas servidas de 9mm.
Entre otras argumentaciones, se hizo referencia a la historia del lugar y su relación con las organizaciones mapuche, que hace 30 o 40 años esos territorios se usaban sin alambrado. Nada que tenga relación con una propiedad del empresario forestal Rocco, quien hoy es poseedor fiscal, pero no dueño de esas tierras.
La fiscal Betiana Cendon justificó su accionar planteando que “se había solicitado una orden de allanamiento debido a la falta de identificación de quienes están en el territorio y que por no identificarse fueron detenidos”. En su intervención dijo que nadie estaría “privado de su libertad”, que “pueden retirarse a sus casas cuando lo quisiesen, que si tienen necesidades primarias pueden retirarse”.
El abogado de la querella, Ernesto Saavedra, adhirió a lo presentado por la fiscalía.
Por parte del Juez de Garantías Ricardo Calcagno planteó su negativa al pedido de las organizaciones dado que de ese modo “se consolidaría la usurpación por la cual ya se formularon cargos”. Y que son los propios miembros del Lof en el territorio quienes “se pusieron en la situación de no contar con los insumos”.
Ante la negativa de ingresar alimentos, se le requirió al magistrado que resuelva el pedido de una mesa de diálogo, pero Calcagno afirmó que no puede hacerlo “hasta que no cese la comisión de delito”.
Testimonio de Romina Jones, grabado el 29 de septiembre en el acampe